Informe alternativo. Examen periódico universal.

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1. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) fue fundado en el año 2010, como una iniciativa ciudadana organizada para producir y movilizar conocimiento crítico e independiente que aporte a la transformación democrática de Honduras. La Visión del CESPAD es: “Contribuir a través de la generación de conocimientos a la construcción de una de una sociedad hondureña más democrática, justa, sostenible e incluyente”. Por su parte, su Misión consiste en: “Trabajar en la generación de pensamiento crítico y en el fortalecimiento de capacidades (conocimientos, habilidades y valores) de los actores sociales interesados en la trasformación democrática de Honduras”.

2. En el marco del Examen Periódico Universal a Honduras (EPU-Honduras) 2015, el Centro de Estudios para la Democracia presenta, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los aspectos críticos más relevantes sobre el respeto y cumplimiento de los derechos políticos en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013 en Honduras. También se hacen recomendaciones para mejorar la situación de los derechos políticos en futuros procesos electorales.

3. Este documento se ha construido a partir de la observación y monitoreo electoral realizado de manera directa por el CESPAD y una plataforma de jóvenes (hombres y mujeres) que se constituyó para tal fin antes, durante y después de las elecciones generales; y de los informes de organismos internacionales que realizaron observación electoral como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

4. Este informe se inspira en la recomendación 1, del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a Honduras, que dice: “Examinar su legislación nacional para garantizar el goce pleno y sin restricciones de los derechos humanos por todos los miembros de la sociedad, incluidos los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas lésbicas, gay, bisexuales y transexuales, y los pueblos indígenas”; y en la 82.94 que recomienda: “Poner en práctica una política activa de prevención de la violencia y los actos de intimidación contra los medios de difusión y los miembros de la oposición política, y dotar a los mecanismos establecidos de los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en la esfera de la protección de los derechos humanos”.

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