El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), se suma a la demanda de un ALTO A LA VIOLENCIA en contra la comunidad de Punta Gorda, que hacen diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de defensa de la tierra y territorio, ante el desalojo y captura de los habitantes de esta comunidad situada al noreste de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras.
El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes 07 de noviembre de 2022, cuando elementos de la Policía Nacional irrumpieron en la comunidad, que habita el territorio desde hace 225 años, sin que, hasta el momento, el Estado y gobierno de Honduras les reconozca jurídicamente su posesión.
En medio de la violencia ejercida, la Policía Nacional detuvo arbitrariamente a Melissa Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en Punta Gorda. Asimismo, se le dio detención a Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moisés Dolmo, todos defensores de los bienes comunes de su comunidad.
El desalojo dejó daños materiales (robo de aparatos electrónicos con registro de los hechos ocurridos) y físicos contra los pobladores, incluida una mujer en estado de embarazo y varios menores de edad. Dos de las defensoras detenidas fueron dejadas en libertad al identificarlas como menores de edad.
“Nos patearon, nos golpearon, se llevaron nuestras pertenencias y dañaron nuestras cosas; nosotros solo defendemos nuestro derecho ancestral. ¿Dónde están los derechos humanos?”, dijeron los habitantes de la comunidad Garífuna a los medios de comunicación.
Miriam Miranda, coordinadora general de la OFRADEH, cuestionó al gobierno de Honduras, diciendo que “esta es la forma en que actúa el sistema judicial de este país, protegiendo los intereses de la oligarquía, en contra de los derechos ancestrales de nuestro pueblo. Los Garífunas no somos invasores solo reclamamos lo que es nuestro. ¡Alto al desalojo de Punta Gorda!”.
En uno de los videos que circula en las redes sociales se evidencia el uso excesivo de la fuerza, por parte de elementos de la Policía Nacional. Por eso, desde el CESPAD, nos sumamos a las denuncias de las y los defensores del territorio de la Comunidad de Punta Gorda y exigimos al gobierno de Xiomara Castro:
- Revisar, a la luz de lo que establecen los convenios y pactos internacionales sobre pueblos tribales, la posesión ancestral que tiene la comunidad Garífuna de Punta Gorda, sobre el territorio que ocupa desde hace cientos de años.
- Ordenar un alto a la violencia que ejerce la Policía Nacional en la zona, mientras se encuentra una salida pacífica al conflicto en Punta Gorda.
- Adicionalmente, exigimos al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), y la Secretaría de Derechos Humanos, velar por el cumplimiento de los convenios y protocolos internacionales, respetar y proteger los derechos humanos de la comunidad de Punta Gorda.
Tegucigalpa M.D.C., 07 de noviembre, 2022
