Escrito por: Rubén Escobar
La Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo que fue interpuesto en octubre del 2021, a nombre de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), contra una decisión de la Corte de Apelaciones que sobreseyó a la mayoría de los imputados en el caso de corrupción Pandora. ¿Qué significa esta acción?
La Corte aún no se pronuncia sobre el fondo de la petición que, de resultar favorable, abriría la posibilidad de llevar a la justicia a una treintena de políticos acusados de desviar más de 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) y a demandar que restituyan lo sustraído.
Este fallo se vuelve emblemático, particularmente porque varios de los políticos señalados en una trama que se urdió para sustraer dinero a través de programas sociales que beneficiarían a mujeres, campesinos y jóvenes, continúan como diputados en el Congreso Nacional o dirigiendo los partidos políticos a los que pertenecen.
Recursos agrícolas financiaron a políticos
El 13 de junio de 2018, fiscales anticorrupción respaldados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), presentaron ante los tribunales un esquema de saqueo en el que se acusó a 38 funcionarios, exfuncionarios, diputados, exdiputados y personas particulares por el desvío de 12 millones de dólares del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos somos Honduras.
El mecanismo de sustracción de fondos se echó a andar luego que la SAG solicitara una ampliación de su presupuesto, la que fue autorizada por la Secretaría de Finanzas en menos de 24 horas. La justificación era financiar proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, en Olancho, Intibucá y Colón. Además, se indicó que se mejoraría la capacidad de siembra de granos básicos en comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y se establecerían escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Sin embargo, los recursos fueron desviados para financiar las campañas políticas de los partidos Liberal, Frente Amplio y crear la estructura del Partido Nacional que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia en las elecciones de 2013.
En su momento el Ministerio Público informó que los fondos se utilizaron para financiar la «tarjeta cachureca», se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el “Día E” (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000 lempiras. También se sufragaron gastos personales de los acusados, como tarjetas de crédito, préstamos, compras y viajes.
Los investigadores documentaron un saqueo superior a los 12 millones de dólares, pero según una serie de reportajes de la cadena estadounidense Univisión, los recursos robados podrían llegar a los 70 millones de dólares, alcanzar a unos 360 diputados y exdiputados y a decenas de funcionarios, exfuncionarios y personas particulares, incluyendo a la familia del expresidente Hernández, que estaba siendo investigada justo cuando la Maccih fue expulsada del país.
Una investigación que se les fue de las manos
El destape de este esquema de corrupción se produjo cuando la sociedad hondureña estaba ensimismada en una serie de protestas, conocidas como “las marchas de las antorchas”, derivadas del saqueo del Seguro Social, por lo que la nueva denuncia generó más inconformidad, y dio inicio a una investigación penal.
“La investigación no fue por iniciativa del Ministerio Público, sino que la persona que dirigía esta operación de saqueo (Hilda Hernández), que era como la directora ejecutiva de la operación, se apersonó al Ministerio Público y se aseguró con sus leales que se iniciara una investigación simulada”, explicó, en condición de anonimato, uno de los abogados que llevó la defensa de uno de los implicados.
De acuerdo con la fuente consultada, bajo instrucciones de Hilda Hernández, difunta hermana del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, se estableció una “estrategia de investigación”, mediante la que se definió qué evidencia buscar, los delitos que se imputarían y se fijó una lista cerrada de solo 4 personas que serían acusadas. También se establecieron los argumentos de la defensa para acabar con las acusaciones de los fiscales. Esto se puso en un documento que se entregó a la fallecida hermana del expresidente para su aprobación.
Como parte de la estrategia se puso a la cabeza de esta investigación a una fiscal recién salida de la facultad de Derecho, cuya única experiencia era haber litigado en el Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Ella cuenta que no tenía idea de dónde comenzar, ni cómo hacer la investigación. Sin embargo, es una muchacha muy creativa, aplicada y trabajó el caso. Creo que eso no se lo esperaban: ella trabajó el caso”, indicó el profesional del derecho.
Luego de algunos meses de investigación, cuando se consideró que había pruebas suficientes para presentar una acusación en los tribunales, mostró el expediente al entonces director de fiscales, Arturo Duarte. Así comenzó un círculo vicioso en el que la investigación quedó engavetada por varios meses.
El expediente fue devuelto a la fiscal con una notita grapada en la que solo se leía “investigación inconclusa”, sin indicársele por qué estaba inconclusa, qué información debía buscar, dónde buscar, qué fuentes consultar o qué pericias debía evacuar. Mientras tanto, para calmar los ánimos, el Ministerio Público informaba públicamente que las investigaciones estaban en curso.
La joven fiscal profundizó sus investigaciones y amplió el expediente, logrando encontrar nuevos nexos entre personajes ligados a la corrupción. Sin embargo, llegó un momento en que comprendió que el caso nunca se presentaría y ella misma lo archivó ante el evidente desinterés de sus superiores. Cuando llegó la Maccih fueron informados sobre esa investigación y sus funcionarios solicitaron la remisión del expediente, y también pidieron la colaboración de la investigadora, que se sumó al equipo.
No obstante, todos los esfuerzos se diluyeron en los poderes Legislativo y Judicial. Se nombró a la magistrada Lidia Álvarez Sagastume, catalogada por diversos medios como afín al Partido Nacional, para juzgar a los 38 procesados. Mediante sus criterios judiciales se fueron desmontando gradualmente las acusaciones.
Sus primeras decisiones consistieron en sobreseer a tres imputados y descartar la comisión del delito de lavado de activos, uno de los más graves, y modificarlo por “encubrimiento”. Esto permitió que los imputados se defendieran en libertad, con excepción del exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado.
Otro ejemplo de las incongruencias de la justicia hondureña fue suspender las medidas cautelares y otorgar un permiso de salida de Honduras al aviador Félix Francisco Pacheco, bajo el peregrino argumento que era el único piloto disponible durante la pandemia para “ir por unos médicos cubanos”. Pacheco Reyes estaba acusado porque su empresa, Aviatsa, recibió unos 2 millones de lempiras de los fondos de la SAG. También es señalado de ser testaferro de la familia Hernández.
Finalmente, en agosto de 2020 la Corte de Apelaciones determinó que la mayoría de los imputados eran inocentes, dejando en el proceso solo al exministro Regalado, a Norma Keffy Montes, Laura Arita y a Fernando José Suárez, figura central en la trama y cuyas declaraciones debían ser claves. Sin embargo, Suárez determinó irse para El Salvador luego que la Fiscalía no le cumplió una promesa de protección y un juicio abreviado.
Un largo camino hacia la justicia
Con la reciente aceptación por la Sala Constitucional del recurso de amparo, la Corte Suprema adopta estándares internacionales que establecen que los actos de corrupción están vinculados al tema de derechos humanos y, por lo tanto, los Estados deben aceptar que las víctimas de esas acciones pueden participar como reclamantes de acceso a la justicia, dice Kenia Oliva, abogada y miembro del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos (BJP).
En representación de la CNTC, Oliva interpuso el recurso contra una decisión de la Corte de Apelaciones que sobreseyó a la mayoría de los imputados en este caso de corrupción. Su aceptación fue resuelta por la Sala de lo Constitucional en los primeros días de abril de 2023, dos meses después de haber asumido funciones.
“Al admitir el recurso de amparo a trámite, se da la posibilidad a las víctimas de que se persiga penalmente a estas personas, pero también a que se les deduzca responsabilidad civil por la apropiación de dineros del Estado”, refirió Oliva al Cespad.
La abogada constitucionalista Ana Pineda (quien fue la aspirante a magistrada mejor evaluada en el proceso efectuado en febrero de 2023), también consultada al respecto, explicó que el recurso de amparo debe pasar por una serie de filtros para ver si, al final, los altos jueces de la Sala Constitucional le dan la razón a la parte reclamante o la deniegan.
Una vez admitido, tal y como ya ocurrió, se procede a solicitar a la autoridad denunciada como violatoria -la Corte de Apelaciones-, que remita el informe del caso.
Al cumplir esta formalidad se notifica al Ministerio Público para que elabore un dictamen, en el que debe argumentar si el amparo debe ser declarado con o sin lugar. Si supera esta fase, el representante legal de la parte demandante, la abogada Kenia Oliva, debe presentarse a formalizar el recurso. En caso de que haya alguna clase de pruebas, deberán presentarlas para ser evacuadas dentro de los términos que la ley establece.
Finalmente, los magistrados decidirán si al peticionante le asiste la razón o, por el contrario, se declara sin lugar la solicitud, explicó la profesional del Derecho.
¿Hay esperanzas en la nueva Corte?
Róger Ordóñez, representante legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización defensora de derechos humanos y de la libertad de expresión, advierte que, si los magistrados dan la razón a la CNTC “este caso va a marcar un antes y un después en el sistema de justicia”.
De hacerlo, la nueva Corte demostraría que sí vela por el interés del pueblo hondureño y dejaría “una enseñanza de no repetición”, que es uno de los propósitos de las leyes: entender que si alguien más ejecuta actos similares no saldrá impune, advirtió Ordóñez.
Lamentó que, aunque se dio un cambio de gobierno, las estructuras de poder que avalan la corrupción y el crimen organizado siguen vigentes en el país y están presentes en el Congreso Nacional. “Por lo que habría que hacer un compás de espera para conocer si las decisiones de los jueces son apegadas a derecho o acomodadas a intereses selectivos, como ocurrió en el pasado reciente”, acotó.
Oliva considera que esta nueva Corte, particularmente la Sala de lo Constitucional, está mostrando una nueva cara del Poder Judicial. Por ejemplo, la anterior había declarado inadmisibles dos recursos bajo el argumento que los campesinos no eran parte del proceso penal iniciado por el Ministerio Público.
Además, mantuvo “engavetado” el expediente durante 16 meses, mientras que la Sala Constitucional actual resolvió aceptarlo tras dos meses de trabajo. De manera similar, está resolviendo otros procesos que habían quedado en el olvido por la Corte anterior pese a que la ley establece que los recursos de amparo deben ser admitidos, o no, de manera inmediata.
“Esto habla muy bien de la nueva Sala Constitucional puesto que la mora judicial ocasiona altos índices de impunidad y también la violación al derecho humano de la tutela judicial”, indicó Oliva.
CNTC: Se debe sentar un precedente
Para el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Franklin Almendárez, la aceptación del recurso es de suma importancia porque “sienta un precedente” y manda el mensaje a funcionarios: “esta clase de saqueos no van a quedar impunes”.
Él tiene la esperanza que al final la justicia le “devolverá lo robado” al pueblo hondureño y que el recurso será resuelto a favor de los campesinos. En reunión de junta directiva, la CNTC determinó llegar hasta el final del proceso para demandar que se deduzca responsabilidad a quienes resulten culpables, pero sobre todo que los fondos sean restituidos.
El saqueo de la SAG significó para miles de familias “más pobreza, más crisis” lo que terminó en el abandono de sus tierras porque muchos intentaron migrar ilegalmente a Estados Unidos y otros se fueron a incrementar las villas de miseria en las ciudades de Honduras. “Muchos están viviendo como mano de obra barata para ganaderos, terratenientes, maquilas”, dijo Almendárez.
Según datos del Banco Mundial, la población rural en Honduras ha ido disminuyendo en las últimas seis décadas, desde 1960, cuando se estimaba que el 77 % de los hondureños vivían en el campo; hasta el 2021, donde solo el 41 por ciento habita en zonas rurales. Eso ha tenido consecuencias. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, Honduras sufre de “inseguridad alimentaria crónica” a causa de la pobreza. La tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años alcanza el 23 por ciento, con picos del 40 por ciento en el Corredor Seco.
Almendárez dice que es primordial que quienes ejecutaron el saqueo no queden impunes “y regresen lo robado”. Pero también urge que se eviten en el futuro actos de corrupción que se gestan mediante préstamos a organismos internacionales a nombre de los campesinos. Para lograrlo, sugiere crear una comisión integrada por las centrales campesinas y representantes de la SAG, y del Instituto Nacional Agrario, para que se encarguen de supervisar la ejecución de los proyectos. Durante años la ejecución se ha dejado en manos del gobierno en alianza con alcaldes, diputados y gobernadores, con fines políticos.
También propone crear un gabinete agrario, en el que tengan representación los sectores mencionados con el propósito de rectorar las políticas de desarrollo agrícola.
Mientras tanto, queda esperar si la Sala Constitucional resuelve favorablemente el recurso de amparo o si la esperanza se diluye ante los mismos intereses y el poder de los involucrados en Pandora, un caso de corrupción de alta envergadura.
