Escrito por Mirna Flores
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En temas de seguridad ciudadana Honduras se encuentra en un círculo vicioso, con gobiernos de distintos signos políticos que han destinado cuantiosos recursos a la seguridad, al fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares mediante el presupuesto nacional, sin que exista evidencia sobre si esa inversión es proporcional a los resultados que se obtienen, incluyendo el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
Después del golpe de Estado del 2009, los gobiernos nacionalistas se enfrascaron en la ejecución de medidas “mano dura”, y de acciones como delegar el control de las cárceles en los militares, lanzar los militares a las calles, crear fuerzas policiales militarizadas y estructuras militares que desarrollan funciones policiales (Policía Nacional del Orden Público -PMOP-). También declararon estados de emergencia, dando vía libre a la participación de los militares en la seguridad pública.
Durante el actual gobierno que preside Xiomara Castro, ha habido continuidad de muchas de las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores: se han restringido derechos y libertades mediante la declaración de un estado de excepción permanente (poniendo en riesgo los derechos humanos); se regresó a la tesis que los militares son la solución a los grandes problemas de seguridad y los aumentos de presupuesto se justifican con el argumento que la presencia militar, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, es indispensable. Además, se le entregó a las Fuerzas Armadas el control de las cárceles debido a la corrupción e ineficiencia policial.
Varias preguntas surgen en medio de estos hechos: ¿cuántas de estas decisiones se basan en evidencia?, ¿cuál es la situación de violencia e inseguridad objetiva y percibida? y ¿qué ha pasado con las respuestas integrales a los problemas?
En este contexto de alta inseguridad objetiva y percibida en Honduras, sin duda, la disponibilidad de información oportuna, confiable y representativa de la violencia y la inseguridad es vital para la definición de políticas públicas de prevención y reacción. En ese sentido, los observatorios de la violencia son una herramienta útil para disponer de esa pertinente información que coadyuve a enfrentar estos flagelos sociales.
Honduras ha mantenido las cifras de violencia más elevadas de la región centroamericana durante más de una década, privilegiando el modelo reactivo sobre el preventivo, en contrapropuesta al enfoque de la salud pública y los enfoques sociales que indican otra ruta: prevenir la violencia implica definir el problema, identificar las causas y factores de riesgo y diseñar y evaluar las intervenciones[1], así como incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas.
En el presente trabajo interpretaremos y reflexionaremos sobre las cifras de violencia e inseguridad que registra el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para el año 2022. Complementamos los datos con otras fuentes como el Sondeo de Opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), 2023, y el Balance de Insigth Crime – homicidios 2022.
El documento está estructurado de la manera siguiente: primero, se retoman las cifras y datos más relevantes del Observatorio Nacional de la Violencia para brindar una reflexión sobre las tendencias; luego se plantean algunos de los retos para construir políticas públicas, con base en la evidencia; finalmente se presentan las conclusiones.
El Observatorio lleva cerca de dos décadas sistematizando la información más relevante de la violencia en el país, en contextos cambiantes: alzas vertiginosas o descensos notables de los homicidios; acompañamiento de la policía nacional y otras instituciones, o enfrentar las presiones que se producen en el manejo de las cifras. Contar con datos objetivos y oportunos, a través de una metodología que ha dado resultados, siempre será un reto.
[1] https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia.
