Escrito por Rubén Escobar
La llamaron Betty por el apelativo de la enfermera que atendió a su madre en el parto. Con sus raíces en Petoa, Santa Bárbara, dice sentirse muy orgullosa de ser lenca y de luchar por preservar el legado cultural de su etnia, pese a los esfuerzos colonialistas de borrar cualquier atisbo de identidad. Su lucha por defender los derechos comunitarios y preservar los recursos naturales comenzó pronto en la vida, cuando apenas era una adolescente y se involucró en los movimientos estudiantiles.
Su bregar por el activismo social la ha hecho parte de diversas organizaciones. En el 2009 fue una de las muchas voces que se levantó contra el golpe de Estado y se integró a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, estructura en la que coincidió con otros de sus compañeros que aportaron diversas experiencias.
Pero en el 2011, ella y cuatro de sus cercanos, cansados de ver la degradación ambiental y los proyectos extractivistas que se multiplicaron a inicios del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, decidieron fundar el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS). La firmeza de su mensaje la ha llevado lejos, literalmente. Recientemente regresó de visitar varias comunidades africanas, donde expuso sobre la “Ley, el derecho y la justicia agraria y ambiental”, y tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con grupos de mujeres.
“Soy feminista, ambientalista, defensora de derechos humanos y lenca”, afirma con certeza Betty del Carmen Vásquez Rivera, directora del MAS. Con ella conversamos ampliamente sobre su lucha y los retos que enfrenta desde la tierra que la vio nacer. Sus opiniones y respuestas se plasman de forma literal, a continuación.
¿Cómo surge el Movimiento Ambientalista Santabarbarense?
BV: Dentro de una connotación matemática, MÁS significa sumar: más participación, más agua, más tierra, más bosque, más bienestar, más derechos. Surge en una coyuntura de promoción del modelo extractivo del régimen Lobo-Hernández, en el que hubo una instalación y otorgamiento de concesiones de proyectos extractivos. Santa Bárbara es uno de los departamentos con mayores concesiones de extracciones mineras, metálicas y no metálicas, y de proyectos hidroeléctricos.
El MAS surge de un grupo de cinco personas, pero a medida que se fueron tejiendo procesos de organización, de concientización, se fueron sumando otros espacios y hoy somos una organización con un reconocimiento nacional e internacional que cuida, protege y defiende los bienes comunes y naturales, que alza la voz contra los proyectos extractivos, especialmente mineros, que acompañan y acuerpa a las comunidades para la construcción de procesos colectivos para defender los bienes comunes, para denunciar las violaciones de derechos, tanto ambientales como humanos, para la construcción y la recuperación de toda esa riqueza cultural ancestral que Santa Bárbara tiene. En MAS tenemos un plan estratégico, en el cual los ejes más importantes son los derechos humanos y el derecho ambiental para la justicia ambiental. Desarrollamos una serie de actividades, algunas emblemáticas, como los 75 días por el ambiente.
¿Cómo se involucra Betty Rivera en la lucha social?
BV: Vengo desde el movimiento social, vengo desde mi adolescencia desde el movimiento estudiantil, luchando por los derechos de los estudiantes en los centros educativos públicos. Vengo del movimiento feminista hondureño, soy parte de la Asamblea del Centro de Derechos de Mujeres, soy socia y asambleísta del Foro de Mujeres por la Vida en el Noroccidente y de igual manera me involucré en espacios nacionales, como en aquel momento la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en el marco de la defensa de la soberanía ante los tratados de libre comercio.
En la parte profesional soy egresada universitaria en el área de Ciencias Sociales, con una especialidad en Derecho Ambiental. Estoy culminando mi carrera de abogada; he cursado el 95% de la currícula académica. Decido estudiar derecho por una necesidad, ante los muchos formalismos de hacer defensa en este país, eso pasa por ser un profesional del derecho, colegiado, pero también el conocimiento es válido para avanzar y soportar cualquier proceso de acompañamiento y de acceso a la justicia.
Usted menciona que uno de los mayores problemas es el tema de las concesiones mineras, metálicas y no metálicas, ¿cuántos proyectos existen?, ¿cuál es el daño ocasionado?
BV: Conocemos de estadísticas que tardíamente informa el Inhgeomin sobre la cantidad de concesiones mineras. Santa Bárbara supera las 80 concesiones mineras, no están operando las 80, solo están a nombre de propietarios. La mayoría son de minería no metálica, producción de canteras y generación de materia prima para la fabricación de cemento, en cuatro municipios. Pero la conflictividad no es solo por concesiones, es la mina que funciona hace más de 70 años en el subsuelo del Parque Nacional Santa Bárbara. La mina de El Mochito. Una mina sobre la cual no hemos dimensionado la cantidad de materiales extraídos del subsuelo en una montaña que es área protegida. Una mina de la cual desconocemos sus planes de mitigación, no porque no hayamos tenido interés en el tema sino porque el acceso a la información es muy cerrado.
El Mocho (minera El Mochito) es una de las minas con más privilegios históricos, desde pagos de impuestos y relaciones con gobiernos, locales o nacionales, desde el enfoque de regalías. Recientemente la mina planteaba irse a paro de labores, porque el Estado les está cobrando la tarifa real de energía eléctrica, porque quieren gozar de privilegios de subsidio.
Es una empresa que tiene concesiones en Choluteca y Comayagua, a largo plazo. Su poder tiene que ver con que se instalaron hace 70 años y como que se sienten parte del Estado de derecho, así lo veo, de manera sarcástica. Más que tener un poder, es estar vinculados a intereses trasnacionales y que siempre va a defender la embajada norteamericana, porque es capital extranjero. Van a justificar, como está pasando con las Zedes, que se le violenta el derecho a la inversión, a la libertad para desarrollar sus proyectos amparados en el Tratado de Libre Comercio, en el acuerdo de Asociación con la Unión Europea, es la misma lógica.
El neoliberalismo extractivo se instaló no para estar una temporada o una década, sino para perpetuarse en los territorios, especialmente en países tercermundistas como Honduras.
¿De qué manera el contexto legal favorece el extractivismo?
BV: Santa Bárbara ha avanzado mucho en sus gobiernos locales en declarar municipios libres de extractivismo, libres de minería y municipios ecológicos. De una u otra manera estas declaratorias locales limitan el avance de estos proyectos extractivos, pero necesitamos que se revisen leyes como la actual Ley de Minería, que favorece la explotación minera. Esa ley no considera como primer ejercicio la consulta previa, libre e informada, sino más bien está dentro de las últimas acciones. Considera la inversión minera como una necesidad, generadora de riqueza, pero no generadora de desarrollo local.
Nos preocupa que existan gobiernos locales desinformados de los impactos ambientales, que tengamos operadores de justicia que desconocen el derecho ambiental al aplicar la justicia, los convenios y tratados vinculados a los derechos ambientales. Nos preocupa cuando encontramos falta de voluntad política en el Congreso Nacional y que no se revisen estas leyes. La Ley Forestal es una de las peores leyes en materia de uso de recursos, porque se modificó la titularidad del bosque. Es una ley que criminaliza y establece penas contra las personas o colectivos que se oponen a un aprovechamiento forestal, como si fuese un Código Penal.
¿Cuánta es la población lenca en Santa Bárbara?
BV: Al INE le correspondería definirlo. Yo me quedo corta con la información. Hay un mito porque se cree que los pueblos lenca sólo están en La Paz, Intibucá y Lempira. Santa Bárbara, junto con ocho territorios o departamentos del país, tienen población lenca. De los 28 municipios de Santa Bárbara podemos decir que 20 poseen población lenca, ya no con características de vestuario o algunas prácticas, que se dan especialmente en Intibucá.
Cuando se hizo el nuevo sistema de cedulación, una pregunta obligatoria fue cómo se reconocía étnicamente. Cuando hice ese proceso le pregunté al registrador ¿no me va a preguntar mis orígenes? “No”, me dijo, “ya sabemos que en Santa Bárbara no hay lencas”. Eso es una falta de respeto empezando porque la gente tiene su propia identidad. No preguntar a la población su identidad étnica es una manera de irnos borrando y esa es parte de la deuda que vamos a tener.
En el nuevo mapa de identificación nacional vamos a aparecer menos lencas, aunque en Yarula, La Paz existan; aunque estén en toda la orilla del valle de Comayagua, en Siguatepeque, en las orillas del lago de Yojoa, incluso Tegucigalpa y sus alrededores tiene población indígena lenca. Al no consultarse a la población, se quedan como grupos, y los pueblos originarios no somos grupos, somos territorios.
¿Cuáles son las principales problemáticas sociales que viven las comunidades lencas de Santa Bárbara?
BV: Los pueblos indígenas aún se encuentran en situaciones de pobreza, exclusión, discriminación y racismo. Hay un racismo local muy marcado hacia los pueblos indígenas. El acceso a la educación es limitado, condicionado a que si permiten algunos proyectos (extractivistas) se les puede desarrollar. No están en la agenda prioritaria de los gobiernos locales y ni siquiera hay oportunidad de hacer un cabildo abierto indígena.
En el tema de territorios, existen títulos ancestrales que datan desde antes de que Honduras se constituyera en República. Con el Instituto Nacional Agrario y la Reforma Agraria se han venido afectando esos territorios y a los pueblos originarios se les ha dado categoría de grupos campesinos, de empresas campesinas. Hay una debilidad al llamar campesinos a los pueblos indígenas. Existe una deuda social, política y económica.
En cuanto a salud hay centros de salud, clínicas de maternidad, en algunos municipios del centro sur del departamento. El Hospital de Santa Bárbara atiende población indígena lenca del norte de Lempira e Intibucá, del sur de Comayagua y del sur de Cortés. En el caso de las comunidades del norte de Intibucá, aledañas al río Gualcarque, no tienen una calle accesible que los conecte con La Esperanza y por eso se ven en la necesidad de venir a Santa Bárbara. Hay una sobrecarga en los servicios hospitalarios y por eso la presidenta Xiomara (Castro) prometió y están trabajando en un hospital regional para atender a la población lenca de Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá y Lempira.
¿Las actividades de la minera El Mochito y otros proyectos extractivistas cómo afectan a las comunidades lencas?
BV: Están los daños ambientales ocasionados al lago de Yojoa, a la montaña de Santa Bárbara, pero esos daños, trascienden más allá de la montaña de Santa Bárbara. Los impactos los estamos viviendo, pero no hay interés en revisar estas cosas porque estamos hablando de un gigante, un gigante que se instaló y se posicionó en nuestro territorio hace 70 años, con privilegios.
Tenemos problemas de agua. El agua se ha profundizado, cuando el agua se profundiza es que la mina ha desviado los mantos acuíferos al subsuelo. No necesitamos tener una especialidad en el tema agroecológico para entender la lógica ambiental, esto no es de expertos. Las aguas se han profundizado, las altas temperaturas evaporan la poca agua que hay.
Además, Santa Bárbara cuenta con ocho aserraderos. Da pena. Ocho aserraderos que están extrayendo el bosque de nuestro territorio porque la Ley Forestal está creada para eso, para el aprovechamiento forestal y no para la conservación como dicen las siglas del ICF (Instituto de Conservación Forestal).
¿Qué se puede hacer para mejorar la producción de agua?
BV: Tenemos un ordenamiento territorial especialmente relacionado a la declaratoria de cuencas de agua, ya sea de manera municipal, intermunicipal. Muchas de esas fuentes están en propiedad privada y yo creo que se deben de asignar recursos para la compra justa de predios donde haya fuentes de agua que beneficien a tres, cinco, diez, veinte comunidades. Que el agua sea declarada un derecho humano, con un PCM (Presidencia del Consejo de Ministros, decreto ejecutivo) que les dé la responsabilidad directa a los gobiernos locales para asignar por lo menos el 20% de sus transferencias a la materia ambiental.
Lo otro, es pedirle a las instancias del Estado que declaren una veda minera, así como la que anunciaron al principio del gobierno de Xiomara Castro y que luego aparecieron los mineros torciéndole el brazo, pese al daño ambiental que está ocasionando Minosa en Copán, El Mocho en el occidente (porque no solo es Santa Bárbara), y otras minas de cielo abierto como Los Pinares, en el Aguán, que están dañando, no solamente el acceso al derecho al agua, sino a un ambiente saludable y acelerando el impacto en el cambio climático en nuestras poblaciones.
Son poblaciones que ahora se están desplazando, que está afectando más a las mujeres por toda la carga que representa el no tener agua, poblaciones que ahora están migrando a otros países, buscando otras esperanzas de vida, porque ya en sus territorios no es posible ni cosechar maíz ni frijoles para la sobrevivencia.