Descargue PDF aquí
CICIH: ¿la apertura de una crisis entre la ONU y el gobierno hondureño o una nueva fase de negociación con mayor transparencia y participación ciudadana?
Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
29 de julio, 2024
Más allá del debate sobre si era necesaria o no la reforma constitucional para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), el proceso hacia el establecimiento de este mecanismo estaría ingresando a otra fase, marcada por dos hechos:
- la solicitud de la cancillería hondureña orientada a que se suprima la cláusula de secretividad del Memorándum de Entendimiento, viabilizando la difusión pública de la información intercambiada entre el gobierno hondureño y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y
- el reclamo de un sector de las organizaciones ciudadanas por más participación y transparencia en el proceso encaminado a la instalación del nuevo mecanismo internacional anticorrupción, especialmente de las organizaciones sociales que todavía creen que es posible la llegada de la CICIH.
Si se hiciera efectiva la publicación de la información existente, que ha estado bloqueada por la cláusula de reserva del Memorándum, es de asumir (en el escenario más optimista) que sería posible un debate público más informado y, por consiguiente, disponer de un espacio público más propicio para una mayor participación ciudadana. De esta manera, se estaría superando la opacidad y la limitada participación de la ciudadanía que ha caracterizado, hasta ahora, este proceso.
De nueva cuenta: ¿para qué queremos una CICIH?
Ahora el tema de la CICIH está colocado en clave electoral, por consiguiente, su balance final tendrá ganadores y perdedores. Pero es un debate y aspiración de país colocada desde el 2015, primero en las calles y luego en la competencia electoral del 2021, motivada por un factor común: la falta de funcionamiento del sistema de justicia y la impunidad estructural y sistémica a favor de actores poderosos corruptos, integrantes de las élites dominantes.
Con la oposición abierta o encubierta de un buen número de actores políticos en la lucha contra la corrupción, posiblemente sea la coyuntura electoral, el momento más propicio para avanzar en este tema.
Hasta el momento, el mayor logro en la lucha contra la corrupción ha sido la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH). La experiencia de la MACCIH, considerada por algunos sectores sociales y políticos como una iniciativa fracasada, por lo menos nos dejó una lección significativa: en sistemas de justicia cooptados por los intereses de las élites, solo mecanismos internacionales dotados con algunos grados de autonomía pueden actuar penalmente contra actores poderosos que son protegidos por la impunidad estructural. Con la MACCIH, por primera vez en la historia de Honduras, diputados y exdiputados, exministros, una ex primera dama y empresarios, fueron requeridos y procesados por el sistema de justicia.
Es un hecho que el éxito de la MACCIH fue fugaz y muy relativo porque sólo dos (2) casos de los doce (12) presentados no fueron bloqueados por el sistema judicial: “La Caja Chica de la Dama” y el “Fraude Sobre el Río Gualcarque”. Diversos estudios reconocen que la MACCIH careció de mayores herramientas para su trabajo de investigación y actuación penal, pero también su labor estuvo bloqueada por un marco jurídico favorable a los corruptos. De ahí la importancia de las reformas legales anticorrupción en el actual proceso hacia la instalación de un nuevo mecanismo internacional.
En los últimos meses, con nuevas normas de selección, se eligió una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un nuevo fiscal general, pero el sistema de justicia sigue sin actuar o por lo menos su desempeño aún está muy distante de lo esperado por la ciudadanía. Para el caso, observamos como intereses indebidos están impidiendo que la CSJ confirme las sentencias condenatorias de los asesinos de la líder social y ambientalista Berta Cáceres. Mientras el Ministerio Público, a pesar del dinamismo mostrado al inicio de esta nueva gestión, ha debilitado su empuje y no existen nuevos requerimientos que apunten a desmontar el entramado de la corrupción heredado en los 12 años de narcodictadura.
En este momento no existe ningún caso emblemático de corrupción que se esté ventilando en el sistema de justicia; los casos que siguen abiertos son los heredados por la MACCIH, pero despojados de sus acusaciones principales y los perpetradores sobreseídos por el sistema judicial.
En resumen, en Estados de derecho frágiles como el hondureño, insertos en estructuras de poder cooptadas y/o influenciadas por redes criminales y corruptas, el ejercicio de la justicia independiente solo es posible con el apoyo de mecanismos internacionales que apunten a dos propósitos: el primero, fortalecer las capacidades nacionales del sistema de justicia (tanto del poder judicial y del Ministerio Público), y el segundo, el enjuiciamiento ejemplar de casos emblemáticos de corrupción pública y privada que marquen la ruta para enfrentar la impunidad estructural y sistémica.
Entonces, está fuera de toda duda la necesidad en el país de un mecanismo internacional anticorrupción como la CICIH y la actual coyuntura electoral podría ser una de las pocas oportunidades para su instalación.
La hoja de ruta hacia la transparencia y participación ciudadana
El tiempo político para concluir con este proceso cada día es más limitado. En principio, se tiene hasta el 15 de diciembre de este año, porque es la fecha en que finaliza la última renovación del Memorándum de Entendimiento. En este corto tiempo habría que asegurar, por lo menos, tres resultados:
- completar la aprobación de la agenda de reformas anticorrupción, en el Congreso Nacional.
- firmar el convenio final entre la Presidencia de la República y el Secretario General de la ONU, y
- aprobar el convenio por el Congreso Nacional.
En tal sentido, no basta con la emisión de una Ley marco para la instalación de la CICIH, hay varios pendientes menudos y estratégicos.
La denuncia por el Estado hondureño de la cláusula de secretividad, podría abrir otras avenidas que no han sido consideradas hasta este momento. En este aspecto, queremos ser optimistas y atrevernos a esbozar una hoja de ruta (en la que predomine la transparencia y la participación ciudadana) con tres puntos clave:
El primero, democratización de los espacios de construcción de propuestas en el Congreso Nacional, a través de las comisiones ordinarias y especiales
- La ley marco para la instalación de la CICIH, presentada por la diputada Xiomara Hortencia Zelaya, ofrece la oportunidad para que en un único marco jurídico pueda asegurarse la inclusión de varias de las reformas legales que aún están pendientes. Pero es importante abrir un espacio para la consulta y participación ciudadana, especialmente de organizaciones expertas en el tema. Esto se plantea porque, a pesar de las bondades de la iniciativa de ley mencionada, todavía hay puntos por agregar, otros por mejorar y unos más por ajustar. En este punto, será importante aclarar: ¿cuáles son las reformas legales necesarias para asegurar la instalación de la CICIH y su viabilidad política? Al respecto, la transparencia de la información existente (hasta ahora, en reserva) aportaría luces en el debate informado y en la construcción de propuestas ciudadanas.
- Adicionalmente, existen otras reformas que aún están pendientes de ser aprobadas en el pleno, las cuales no necesariamente son una exigencia de la ONU para firmar el convenio como la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas al Código Penal, que perfectamente (mediante las comisiones especiales o la comisión ordinaria anticorrupción) podrían ser socializadas a diversos sectores de la sociedad, a través de audiencias ciudadanas e incorporar los aportes que pudieran surgir de esos espacios de debate público.
El segundo, socializar los insumos existentes sobre la suscripción del Convenio, tanto del gobierno central y de la ONU.
- La Comisión Nacional Negociadora, designada para negociar el Convenio, podría socializar la información existente mediante programas en los medios de comunicación públicos (canal 8 y otros), difundirlas en las redes sociales y estar abierta a reuniones especiales con diversos sectores de la sociedad para incorporar sus preocupaciones y propuestas.
- Promover y tener la apertura para participar en foros públicos de debate informado con expertos en el tema y representantes de la diversidad de sectores que constituyen la sociedad hondureña, retroalimentándose de las reflexiones y conclusiones que en esos espacios se generen.
Y, el tercero, tanto la Comisión Nacional Negociadora y congresistas anticorrupción, deberían mantener abierta la comunicación e información con la ciudadanía sobre los tiempos en que se someterá el Convenio final a discusión, en el pleno del legislativo.
Hasta este momento, resulta claro que la instalación de la CICIH no pasa por una reforma constitucional, es suficiente una mayoría simple. Pero no es fácil construir esa mayoría con la diversidad y polarización existente en el Congreso Nacional. Muy bien sabemos que esto pasará necesariamente por el diálogo, negociación y construcción de consensos entre las diferentes bancadas de los partidos políticos. Pero en estos contextos polarizados, el respaldo de la ciudadanía es importante para inclinar la voluntad política de los congresistas, especialmente en una coyuntura electoral, en la cual está en juego la continuación o pérdida de sus mandatos por la voluntad del electorado.
A pesar del optimismo de estas líneas, quedan sobre el tintero algunas interrogantes: ¿la ONU acompañará la solicitud del gobierno hondureño de renunciar a la secretividad de la negociación del Convenio?, ¿se abrirá una crisis entre la ONU y el gobierno hondureño que podría dar fin a la negociación? y ¿desde los representantes gubernamentales (en el Ejecutivo y Legislativo) se habilitarán los espacios hacia la transparencia y participación ciudadana?