Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
1 de septiembre, 2024
La coyuntura política hondureña se ha modificado dramáticamente en las últimas horas, marcada por sucesivos acontecimientos inesperados:
- La denuncia del Tratado de Extradición con los EE. UU por parte de la presidenta de la República, Xiomara Castro (28 de agosto).
- Las declaraciones de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y vicepresidente del Congreso Nacional, de haber recibido oferta de financiamiento para campaña política electoral por parte de narcotraficantes (31 de agosto).
- La renuncia de Carlos Zelaya a su condición de diputado y a su cargo de vicepresidente del Congreso Nacional (31 de agosto).
- La renuncia de José Manuel Zelaya (hijo de Carlos Zelaya) a su posición de Ministro de Defensa (31 de agosto)
La sucesión acelerada de estos hechos resulta confusa. Con la intención de aportar claridad, estos pueden agruparse en dos actos:
El primer acto. La denuncia del Tratado de Extradición en el marco de las crecientes diferencias entre el gobierno hondureño con la embajadora estadounidense, Laura Dogu, en diversos temas (la política de justicia tributaria, energía eléctrica y otras más). La más reciente discrepancia es la referida al cuestionamiento de la embajadora sobre la visita a Venezuela del Ministro de Defensa (José Manuel Zelaya) y del jefe del Estado Mayor Conjunto de Las Fuerzas Armadas (Roosevelt Leonel Hernández). Este primer acto podría entenderse como diferencias motivadas por las históricas relaciones de dominación y subordinación de los Estados Unidos con Honduras, y los esfuerzos del actual gobierno por redefinir estas relaciones en términos de respeto mutuo, cooperación y coordinación.
Y el segundo acto. La comparecencia voluntaria ante el Ministerio Público del diputado Carlos Zelaya, en buena medida presionado (según sus declaraciones) por la constatación de la existencia de un video de hace 11 años (2013), en el cual se registra la reunión de su persona con otros dirigentes del partido LIBRE (Rafael Sarmiento, Adán Funez y Carlos Muñoz), con un grupo de narcotraficantes (el Cachiro -no aclara cuál de los dos- y Ramón Matta). Según sus propias palabras, en esta reunión se ofreció financiamiento para la campaña electoral del 2013, por eso es necesario recordar que ese fue un año electoral, en el cual LIBRE participó por primera vez en una contienda política.
El segundo acto oscurece el primero y nos ayuda a entender las motivaciones profundas del primero, y nos coloca frente a una historia de poder político y drogas que, desafortunadamente, ha marcado la dinámica del país en las últimas décadas.
Este análisis pone en la mesa de discusión, las interrogantes que orientarán estas reflexiones:
- ¿Tiene la capacidad y voluntad política el actual sistema de justicia para combatir y juzgar la criminalidad organizada del narcotráfico, prescindiendo de la figura de la extradición?
- ¿Qué ha significado la extradición en la lucha contra el narcotráfico y cuáles son los riesgos de influenciar políticamente el proceso electoral del 2025?
¿Dónde estamos en la recuperación del Estado de derecho?
Honduras experimentó 12 largos años de un régimen político autocrático que tuvo como rasgo sobresaliente la protección de las redes del narcotráfico, que capturaron la institucionalidad estatal en función a sus intereses. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la captura del Estado es una forma de macro corrupción que permite “la cooptación del aparato del poder público completo con fines ilícitos”. Retomando la idea inicial, en el caso de Honduras, esta captura incluyó el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial (incluido el Ministerio público). Asimismo, de la institucionalidad policial y militar.
Los resultados de las elecciones del 28 de noviembre del 2021 significaron el fin del régimen autocrático, pero solo en términos simbólicos con el cambio de la figura de liderazgo y personal a nivel del ejecutivo, y meses después con la elección en segundo grado de una nueva Corte Suprema de Justicia y del fiscal general del Ministerio Público.
Pero desmontar una narcodictadura implica profundos cambios estructurales en el Estado en el corto, mediano y largo plazo. Con el agravante de que, en Honduras, desde la conformación oligárquica del aparato estatal, ha sido un “Estado de derecho truncado” (retomando en este párrafo, la concepción al respecto de Guillermo O´Donnell pensando en la región latinoamericana). Es decir, carente de efectividad legal para enfrentar a intereses poderosos, pero, simultáneamente poseído de un enorme poder para reprimir la desobediencia social. Esta situación ha dado lugar a una “escandalosa impunidad criminal”, permitiendo la existencia de “circuitos de poder privatizados” expresados en la presencia de zonas en las cuales el Estado ha estado ausente, estas zonas han sido propicias para la operación del narcotráfico en alianza con poderes locales y nacionales.
Las breves líneas anteriores nos ayudan a describir y dimensionar la grave fragilidad de la institucionalidad estatal hondureña. Superar esa situación solamente será posible con una sustancial reforma judicial que nos permita avanzar hacia la recuperación y transformación del Estado de derecho, complementada con la transformación de la cultura política semi patrimonial (de protección de interés particulares y de abuso del poder). Es más, sin una profunda auto depuración del sistema de los partidos políticos no será posible. Ambos tipos de reformas todavía están muy distantes de estar posicionadas en la agenda nacional, y mucho menos en la agenda del Congreso Nacional y en el sistema de partidos políticos.
Esta situación explica porque, hasta ahora, los únicos mecanismos efectivos en la lucha contra las redes de corrupción y del narcotráfico hayan sido dos herramientas internacionales: la MACCIH y el Tratado de Extradición con los EE. UU. Sin estos mecanismos, no se hubieran evidenciado los esquemas de operación de las redes corruptas público-privadas, tampoco el rol estelar del narcotráfico en el financiamiento de las campañas políticas y en la cooptación del Estado para favorecer sus intereses.
En esta situación, el sistema de justicia hondureño se ha evidenciado absolutamente ineficiente. En los doce (12) años de narcodictadura ningún caso relevante fue judicializado, a pesar de que la gran corrupción caracterizó la gestión gubernamental.
En el presente, con la elección de una nueva Corte Suprema y un nuevo fiscal general, la situación no se ha modificado significativamente, al extremo que sectores importantes de la ciudadanía continúan demandando la instalación de una nueva misión internacional contra la corrupción (CICIH).
Algunos datos preocupantes del actual sistema de justicia son los que siguen:
- La puesta al descubierto, por el mismo Ministerio Público, de la operación de redes de tráfico de influencia a los más altos niveles del Poder Judicial (el caso del juez Vallecillo). Es especialmente grave que esto se haya producido en el circuito de “criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente”.
- La inexplicable tardanza del Poder Judicial en dictar sentencia sobre los recursos pendientes para ratificar las condenas de los asesinos de la líder social Berta Cáceres, a pesar de las denuncias reiteradas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sobre las presiones de poderosos intereses al supremo tribunal de justicia.
- La mora acumulada sobre recursos de inconstitucionalidad presentados desde la administración anterior. Uno de ellos es el referido al “caso Pandora” que involucró a relevantes liderazgos políticos tradicionales en la malversación de fondos públicos originalmente destinados a proyectos sociales.
- Las limitadas acciones, tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial, en contra de redes de corrupción y de narcotráfico, probablemente explicada por la operación de las redes de tráfico de influencia, en este momento en proceso de investigación interna, en la misma Corte Suprema.
Con todas las consideraciones anteriores, no es posible eludir la conclusión de que el sistema de justicia hondureño no está preparado para enfrentar la criminalidad organizada y la macro corrupción; sin el apoyo internacional fácilmente se reafirmarán las tendencias conocidas hacia la impunidad estructural y sistémica.
Las recientes declaraciones públicas y ante el Ministerio Público de Carlos Zelaya, nada menos que del actual vicepresidente del Congreso Nacional y miembro relevante de la familia presidencial, ayudan a reafirmar la conclusión anterior.
El Tratado de Extradición, su influencia en la política hondureña y en las elecciones del 2025
El Tratado es un viejo instrumento que data desde el 15 de enero de 1909 (publicado el 13 de septiembre de 1912). Estuvo sin vigencia por largas décadas, hasta la reforma constitucional por adición del artículo 102, en enero del 2012, que permitió la extradición de hondureños/as por delitos del tráfico de drogas y criminalidad organizada. Ante la falta de aprobación de una ley de extradición por el Congreso Nacional, este Tratado se puso en operación mediante un Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia. Este Auto Acordado es el que ha sido denunciado por la presidenta Xiomara Castro, con el respaldo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
No es posible desconocer que las extradiciones realizadas (aproximadamente 40) nos han retratado un capítulo nefasto de la historia del país, en el cual el narcotráfico impactó en el Estado de derecho, la democracia, el sistema de partidos políticos y los derechos humanos. Y algo muy importante, dejó en claro la inefectividad del sistema de justicia nacional para enfrentar esta criminalidad. Por eso, han sido en las Cortes de los Estados Unidos donde se han procesado y condenado a un expresidente, un exjefe de la policía nacional, exdiputados, exfuncionarios policiales, exalcaldes, barones de la droga y hasta un par de empresarios. No ha sido suficiente, pero han constituido pasos importantes en desmontar el narco-Estado establecido desde el 2009.
El aprendizaje que nos ha dejado esta experiencia es que, en institucionalidades frágiles como la hondureña, enfrentar este complejo crimen sólo es posible mediante la acción coordinada con la justicia internacional. Por otra parte, una política de extradiciones implica ceder cuotas de soberanía nacional, pero también es la institucionalidad nacional (por muy frágil que sea) la que determina si un ciudadano nacional es entregado o no, a una nación extranjera, en el caso que nos ocupa al gobierno de los Estados Unidos.
Ahora bien, en el contexto hondureño la extradición, efectivamente, ha sido una herramienta política no porque así debería ser, sino porque en el corazón del narcotráfico se ha ubicado el sistema de los partidos políticos que, mediante el financiamiento ilícito recibido por una parte de su liderazgo, ha sido el camino hacia la cooptación de la institucionalidad estatal. Esto dejará de ser así, hasta que se transforme la cultura política y se adecenten los propios partidos políticos. Para el caso, hasta ahora, las extradiciones han retratado la penetración del crimen organizado en el Partido Nacional, un ente que ha pagado un costo político (perdió las elecciones del 2021 y tiene dificultades en el presente para presentar una candidatura ganadora y decente en el 2025). También ha afectado al Partido Liberal (caso de Yani Rosenthal) y ahora al mismo partido de gobierno (LIBRE) con las declaraciones del diputado Zelaya.
A esta altura del análisis, una interrogante necesaria es la que sigue: ¿la inevitable implicación que las extradiciones han tenido en el sistema político justifica la denuncia del Acto Acordado?
Definitivamente no, porque lo que plantea es un reto de país para enfrentar este tipo de criminalidad, en el marco de la cooperación internacional y con una agenda de reformas legales e institucionales sustantivas del sistema de justicia, como también, insistimos en el sistema de partidos políticos. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que las elecciones hondureñas del 2025 se desarrollarán en un complejo contexto internacional, con una nueva administración estadounidense, con la creciente disputa geopolítica de los poderes mundiales, así como entre el progresismo, la derecha tradicional y una nueva derecha en el conjunto región latinoamericana.
Si recurrimos a la historia, el gobierno estadounidense apelará, en el proceso electoral hondureño, si así lo considera, a diferentes instrumentos para promover sus intereses, con tratado o sin tratado de extradición (lista Engel, ley Magnitsky, declaraciones de altos funcionarios del Departamento de Estado y otras más). Y, en ese marco, lo que será esencial, en función del interés nacional, es asegurar un proceso electoral auténticamente democrático que generé confianza y certidumbre entre las diferentes fuerzas políticas contendientes y en el concierto internacional. Nos parece que esta sería la mejor estrategia para hacer frente a la eventual injerencia extranjera y asegurar el derecho a la autodeterminación.
Por eso, es esencial fortalecer la democracia hondureña, aún de muy baja calidad, como el sistema a través del cual es posible dirimir pacíficamente nuestras diferencias y avanzar en la conquista de derechos sociales básicos para la mayoría de la población (educación, salud, protección social y empleo digno). Al respecto, es importante subrayar, en base a la experiencia del proceso electoral de noviembre del 2021, las elecciones transparentes y democráticos requieren: autoridades independientes, registro creíble de los electores, presupuesto suficiente, vigencia plena de las libertades democráticas, libre competencia, transparencia en la mecánica de las votaciones, resultados prontos y aceptados por las diferentes fuerzas políticas contendientes. Asimismo, la más amplia observación electoral nacional e internacional.
Algunas conclusiones
- Hasta ahora, la institucionalidad de la justicia hondureña carece de las condiciones básicas para enfrentar y castigar ejemplarmente a las redes criminales de los narcotraficantes. Los limitados éxitos en la lucha contra este tipo de criminalidad se han debido a la vigencia del Tratado de Extradición con los Estados Unidos. En tal sentido, prescindir de este Tratado no es una conveniente opción como política de seguridad. Aún más, es necesario que se modifique la posición presidencial de denunciarlo.
- Hasta ahora, la extradición ha sido una herramienta política, no porque así debería ser, sino porque el corazón del narcotráfico se ha ubicado en el sistema de los partidos políticos, en sus propósitos por cooptar la institucionalidad local y nacional para promover sus intereses. Y esto dejará de serlo hasta que se transforme la cultura política y se adecenten los propios partidos políticos.
- En un contexto latinoamericano complejo, caracterizado por la intensa disputa entre fuerzas progresistas, de derecha tradicional y de una nueva derecha, es esencial reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con las elecciones como único mecanismo eficaz para dirimir pacíficamente nuestras diferencias y asegurar nuestro derecho a la autodeterminación. La larga crisis de la democracia hondureña nos ha enseñado que solo es posible enfrentarla y resolverla con más democracia. En tal sentido, es esencial, con vistas a las elecciones del 2025, que todas las fuerzas políticas y sociales nos comprometamos con un proceso electoral democrático y transparente.