Escrito por: Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
Las declaraciones vertidas por el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la ceremonia de ascensos de nuevos oficiales (12 de octubre), han generado inquietud entre la oposición política. Hernández manifestó su apoyo a la Ley de Justicia Tributaria y mencionó que, en los últimos años, las exoneraciones fiscales han alcanzado más de 66,000 millones de lempiras en beneficio de 10 familias. Afirmando puntualmente, “Me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político”.
Ante estas afirmaciones, los diferentes partidos políticos y otros sectores de oposición han reaccionado reclamando a las Fuerzas Armadas mantener su carácter apolítico y de defensa de la Constitución de la República establecido en su artículo 272. No obstante, el punto a destacar en este artículo es que las Fuerzas Armadas, desde su llamada profesionalización, a mediados de los años 50 del siglo pasado, lo menos que han sido es apolíticas y obedientes a la constitucionalidad. Muy al contrario, han sido los grandes deliberantes en la política hondureña, tal como lo afirmaba el académico y político Matías Funes. En otras palabras, han estado en el centro de las principales decisiones políticas del país en los últimos 65 años.
Es más, la Constitución de 1982 consagró ese papel al dejar establecido que entre sus facultades principales se incluía el asegurar “el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República”, responsabilidades que en cualquier democracia normal corresponden al poder judicial. En tal sentido, en clave democrática, el control civil sobre las Fuerzas Armadas no ha sido resuelto en Honduras y continúa siendo una de las tareas de la democratización. En términos de la real política, los militares siempre han estado y continúan estando presentes como un actor relevante en la vida del país.
De ahí que el debate informado sobre el rol de las Fuerzas Armadas es significativo en la actual coyuntura política. En este artículo nos centraremos en dos aspectos que pueden contribuir a este debate: el primero, una rápida mirada histórica sobre la presencia dominante de los militares en el desenvolvimiento político del país en las últimas décadas. Y, el segundo, algunas valoraciones sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el presente momento de la historia hondureña.
La presencia de las Fuerzas Armadas en la historia moderna del país
A pesar de que la historia oficial remonta la fundación de la institución militar a los años posteriores a la independencia de España, al año 1825 (Primera Constitución de la Cámara Legislativa), en realidad las Fuerzas Armadas se constituyen como tal en la llamada fase de profesionalización, en el marco del “Convenio Bilateral de Ayuda Militar entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos de América” (1 de diciembre, 1954), el cual continúa vigente. Por ello mismo, ha sido una institución formada en la concepción y valores de la seguridad nacional estadounidense, desempeñando misiones políticas y militares en defensa de esos intereses, en el período de la guerra fría.
En un país, en el cual la élite dominante ha padecido una permanente crisis de hegemonía, expresada en sus recurrentes pugnas internas y su incapacidad de generar el consenso necesario en la sociedad para ejercer su función de dominación, las Fuerzas Armadas han actuado como una especie de partido político, con autonomía propia y con la misión de gestionar las periódicas crisis políticas, asegurando la vigencia de los intereses estratégicos de la élite tradicional. En esta perspectiva política, hay momentos en que los militares han actuado como una fuerza represora, pero en otros como una fuerza reformista, pero en ambos casos siempre para contener la potencia social cuestionadora y de demanda de cambios de sectores populares movilizados. He aquí los momentos más significativos de esta irrupción de las Fuerzas Armadas para gestionar las crisis políticas.
-
- Golpe de Estado del 21 de octubre de 1956, en contra de la dictadura de Julio Lozano Díaz, para crear las condiciones que aseguraran la organización y realización de elecciones democráticas. Estas elecciones se realizaron en septiembre de 1957, convirtiéndose en la primera jornada de este tipo después de la larga dictadura “cariista”.
- Golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, para contener las demandas de diversas organizaciones campesinas, sindicales y otros sectores sociales por la profundización de la agenda de reformas abanderadas por el Partido Liberal (Villeda Morales), aunada a la percepción de amenaza que el eventual cambio de gobierno (Modesto Rodas) podría representar para los intereses estadounidenses en la región. En 1965, con el apoyo del Partido Nacional, Oswaldo López Arellano, el general golpista, fue nombrado presidente constitucional.
- Golpe de Estado del 4 de diciembre de 1972, en sentido contrario al de 1963, fue un golpe de carácter reformista (siempre encabezado por López Arellano), con el propósito de impulsar una nueva reforma agraria más profunda que la realizada en el gobierno de Villeda Morales, teniendo como fin contener la potencia transformadora y democratizadora en el acceso a la tierra de un poderoso movimiento campesino con acciones directas en la toma de centenares fincas rurales.
- Democracia tutelada 1981-1989. Los militares dejaron formalmente el poder en 1981, no obstante, continuaron tutelando la democracia hondureña como los actores centrales de la política del país. En alianza con el Partido Liberal, implementaron la estrategia de seguridad nacional en defensa de los intereses geopolíticos estadounidenses en la región, con un amplio saldo en la infracción de los derechos humanos (desapariciones políticas, entre muchas). En tal sentido, la transición y restauración de la democracia en los ochenta es un mito, una historia mal contada por los sectores políticos tradicionales.
- Golpe de Estado del 2009 y apoyo a los gobiernos post golpe. Ante las tímidas reformas por parte del gobierno del Poder Ciudadano y la percepción de amenazas geopolíticas por la cercanía de la administración Zelaya con el chavismo (Hugo Chavez), los militares, en defensa de los intereses de la élite, rompieron el orden constitucional ante el asombro de la comunidad internacional. De hecho, este fue el primer golpe de Estado victorioso en América Latina en la post guerra fría. Entre el 2010-2021, los militares continuaron teniendo una presencia dominante en apoyo a las diferentes administraciones del Partido Nacional, es decir, en el período conocido como el de la narcodictadura.
Este rápido resumen no deja asomo de duda sobre la preeminencia de los militares en la política hondureña, permitiéndonos afirmar que durante más de 60 años continuos la fuerza política de los militares ha delineado el contenido del Estado y definido los límites de la democracia hondureña.
Las Fuerzas Armadas en la actual coyuntura
Un punto de partida es constatar que, en América Latina, en su conjunto, el rol de los militares en el período de la post guerra fría se ha modificado, sin descartar por completo, el abandono de los golpes de Estado, pues aparte de los intentos fallidos, dos lograron concretarse en este período: el golpe de Estado en Honduras (2009) y el golpe de Estado en Bolivia (2019). Entonces, sin descartar esas excepcionalidades, se han impuesto otras maneras de dar fin a gobiernos democráticamente electos, “golpes suaves” propiciados por la misma institucionalidad (poderes legislativos y judiciales), en lo que se ha llamado la judicialización de la política. Pero este no es el aspecto de interés en este artículo.
Volviendo al rol de los militares en la post guerra fría en América Latina, existen aproximaciones que indican que “Ahora no son los militares quienes presionan para adueñarse de la política, sino las autoridades elegidas quienes los utilizan para sus propios proyectos. Mientras asumen nuevas funciones, los oficiales adquieren más vinculación con el poder político y una relación aventajada con la población civil. Las Fuerzas Armadas ya no son aliadas de los perdedores del juego electoral. No pactan con quienes no ganan votos. Ahora son convocadas por los triunfadores de las compulsas electorales. Ya no entran en las casas de gobierno con los tanques, sino por las puertas privilegiadas de la recepción de autoridades”, (Diamint, R. ¿Quién custodia a los custodios? Democracia y uso de la fuerza en América Latina, 2018).
En esa lógica, los gobiernos progresistas latinoamericanos han sido muy pragmáticos en la relación con sus Fuerzas Armadas y en la medida que han logrado mantener el respaldo electoral han pactado el apoyo de los militares, recibiendo estos últimos, en compensación a su apoyo, incrementos presupuestarios y roles destacados en la nueva política de combate contra las drogas y otros nuevos crímenes. Una excepción ha sido el caso de Venezuela, en este país las Fuerzas Armadas fueron transformadas desde dentro y se colocaron en función al proyecto del partido de gobierno.
El expresidente Manuel Zelaya ha sido sensible a esa política de post guerra fría de relacionamiento entre políticos y militares, de hecho, en el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009) trabajó por ganarse la simpatía de los militares, después de largos años relegados en las prioridades gubernamentales, es en este gobierno que las Fuerzas Armadas obtuvieron un incremento en su presupuesto y se les asignó el rol de guardianes de los bosques. Pero en ese entonces el respaldo político a su gobierno no fructificó y como bien sabemos su gestión gubernamental concluyó con un golpe militar. Situación que indica que esta relación entre políticos y militares no es automáticamente de correspondencia mutua, por el contrario, esta cruzada por discrepancias, cálculos mutuos, por las particularidades del contexto histórico y la especifica correlación de fuerzas en un momento determinado.
En el actual gobierno las promesas de desmilitarización se diluyeron y se optó por mantener el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), ente que se ha constituido en una instancia clave en la gestión pública en la cual los militares no solo han mantenido, sino incrementado su protagonismo político. Es importante mencionar tres aspectos claves:
- La estrategia de seguridad pública, que ha implicado la declaración del Estado de Emergencia desde el 25 de noviembre del 2022 hasta el presente. En el marco de esta emergencia permanente se han ido enfatizando diversos aspectos: el combate contra la extorsión, la remilitarización de los centros penitenciarios, «plan de solución contra el crimen» y el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne y de dos mega cárceles entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
- La estrategia para enfrentar la conflictividad social en las zonas rurales, mediante la conformación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, notificada el 6 de junio del 2023. Esta es una estrategia que combina acciones represivas en el desalojo de tierras (fincas rurales) y medidas reformistas para asegurar el acceso a la tierra de familias campesinas pobres. Los militares tienen asignado el rol del desalojo de predios rurales que son reclamados por grandes empresas agroindustriales, un aspecto que es crucial para el gobierno actual para responder a los fuertes reclamos del gremio empresarial.
- La estrategia de “Cero deforestación al 2029”, anunciada en mayo del 2024, cuya implementación significará el incremento de 8,000 nuevos efectivos militares para incorporarlos a los Batallones de Protección Ambiental, igualmente, el aumento del presupuesto de defensa en 19,000 millones de lempiras entre el 2024 y 2027.
Lo indicado líneas arriba nos dice, con alguna claridad, que el actual gobierno no solo no ha desmontado la militarización heredada, sino que ha comenzado una nueva militarización con un saldo muy favorable a las Fuerzas Armadas, traducido en incremento de presupuesto, efectivos y nuevas funciones operativas.
Simultáneamente, en el seguimiento que le damos a la coyuntura hondureña, registramos que en lo interno de las Fuerzas Armadas se ha estado desarrollando un proceso de autocrítica interna respecto al rol desempeñado durante los doce años de la narcodictadura y el papel que deberían desempeñar hacia el futuro, en la democracia hondureña. Probablemente las declaraciones del general Roosevelt Hernández, en apoyo a la Ley de Justicia Tributaria y su condena moral a la minoría enriquecida con las exoneraciones fiscales, respondan a la correlación de fuerzas existente, en este momento, en el alto mando militar. Sin embargo, sería una ligereza concluir que eso expresa la determinación de la institución militar de involucrarse en un apoyo directo e incondicional al actual gobierno.
Hay factores que no pueden dejarse de lado en el análisis. Posiblemente el más importante es la histórica subordinación de las Fuerzas Armadas hondureñas a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. El Comando Sur (anteriormente la Escuela de las Américas) ha sido la institución que ha alimentado ideológicamente y asesorado operacionalmente a la institución armada, sin que existan en el presente signos que indiquen lo contrario.
Además, en la institución militar (a lo largo de su historia) no se han registrado corrientes (promociones) internas que pugnen por una reforma sustancial del país en ruptura, respecto a los poderes tradicionales. El reformismo militar de 1972 fue tan fugaz que no dejó ninguna reminiscencia y luego, en la década de los ochenta, estaba involucrada por completo en una estrategia profundamente antidemocrática.
Para aseverar un cambio significativo en el rumbo histórico seguido por las Fuerzas Armadas hondureñas, tendrían que haber modificaciones en los dos factores mencionados con anterioridad. Mientras eso no ocurra, nos continuaremos movimiento en el campo de las especulaciones en un contexto de abierta disputa electoral.
Por el momento, solo nos queda resaltar que en esta coyuntura histórica es esencial defender la democracia conquistada en la jornada del 28 de noviembre del 2021, y asegurar la celebración de elecciones libres, transparentes y pacíficas en noviembre del 2025. Y ojalá, en el mediano plazo, podamos aspirar a reformas democráticas del sector defensa, es decir, asegurar el control civil sobre el aparato militar que todavía está muy lejos de ser apolítico y no deliberante.
