Escrito por Osiris Payes.
El reciente anuncio del Fiscal General del Ministerio Público (22 de octubre de 2024) ha suscitado una renovada expectativa en Honduras. Públicamente, el fiscal dijo: “Al pueblo hondureño le informo que he retomado los casos que en poder del Ministerio Público dejó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) tiene esta responsabilidad”. Esta afirmación se sostiene sobre un ambiente en el que los esfuerzos de lucha contra la corrupción en el país han oscilado entre avances normativos y retrocesos estructurales. A través de la UFERCO, el Ministerio Público parece asumir el compromiso de retomar una agenda que, en su momento, representó una de las mayores amenazas para las redes de corrupción.
El contexto actual plantea interrogantes sobre la viabilidad real de reactivar los casos heredados, la persistencia de obstáculos legales y políticos y, sobre todo, la capacidad de la UFERCO para restablecer el mandato impulsado originalmente por la MACCIH. Además, surge la incertidumbre en torno a la voluntad de la Corte Suprema de Justicia de acelerar estos procesos y asegurar un tratamiento efectivo de cada caso.
La UFERCO, orígenes y legado
La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO) se instituyó en un contexto de necesidad crítica, debido a la urgencia de combatir la corrupción sistémica en Honduras. Su predecesora, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), fue el producto de un acuerdo bilateral, sin precedentes, entre el Estado de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la MACCIH, en enero de 2017. Este acuerdo representaba no sólo una alianza institucional, sino una colaboración de alto nivel que permitía a la UFECIC contar con herramientas jurídicas avanzadas y apoyo técnico internacional en los procesos de construcción e investigación de casos.
La UFECIC se consolidó como un actor central en la persecución penal de casos de corrupción que han involucrado a las más altas esferas del poder. Las investigaciones que lideraron junto a la MACCIH, expusieron las redes de corrupción que han socavado los pilares de la democracia hondureña. Sin embargo, con la salida de la MACCIH en 2020, la UFECIC fue disuelta y en su lugar el Ministerio Público creó la UFERCO.
La UFERCO se ha visto, desde entonces, en una situación de vulnerabilidad, enfrentando condiciones políticas adversas y una carga acumulada de casos pendientes. El reciente anuncio del fiscal general es, en este sentido, un intento de devolverle a la UFERCO un papel protagónico en la lucha anticorrupción, pero esta reactivación requiere no solo de recursos, sino de un entorno jurídico y político favorable para enfrentar, de manera contundente, los flagelos de la corrupción.
¿Qué significa retomar la Agenda de la MACCIH?
Retomar la agenda de la MACCIH implica dar continuidad a un conjunto de casos emblemáticos que desnudaron la estructura de corrupción en Honduras. A continuación, se presenta un análisis de los casos más relevantes, su estado actual y los desafíos específicos que enfrentan en su judicialización:
- Caso Red de Diputados
Este caso reveló la colusión entre los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia, junto con la ONG Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), en un esquema para desviar fondos públicos La investigación, que contó con la colaboración de expertos internacionales, se ha visto obstaculizada por decisiones judiciales que permiten a los implicados beneficiarse de medidas cautelares, como el arresto domiciliario. La reactivación de este caso exige superar los recursos de apelación y resolver el sobreseimiento que actualmente impide un avance.
- Caja Chica de la Dama
Involucrando a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila, este caso reveló el uso indebido de fondos públicos para beneficios personales. Aunque se ya se dictaron sentencias condenatorias, el proceso ha sido dilatado por amparos presentados por la defensa, los que no han sido resueltos. Su relevancia radica en la posible configuración de un precedente para procesar casos de enriquecimiento ilícito en altas esferas del poder.
- Caso Pandora
Este caso, que involucra a 38 funcionarios y exfuncionarios, reveló el desvío de fondos públicos hacia campañas políticas desde el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), utilizando como canales las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras. Con una estructura compleja y múltiples apelaciones en curso, su reactivación depende de la resolución de dos recursos de amparo. La reincorporación de las víctimas y la aclaración de las responsabilidades penales son elementos clave para avanzar en el proceso.
- Caso IHSS
Este caso representa uno de los mayores desfalcos en la historia del país, con una sustracción de 6,300 millones de lempiras. La investigación del Ministerio Público reveló que Mario Zelaya, José Ramón Bertetty y José Zelaya promovieron la creación de empresas fantasmas para desviar recursos, otorgando contratos fraudulentos para la compra de medicamentos, materiales y servicios. Además, se concedieron contratos sobrevalorados a empresas legalmente constituidas, como la Distribuidora Metropolitana, S.A. (DIMESA), la cual incluso contó con la aprobación del Congreso Nacional. La UFERCO deberá articular una estrategia para unificar las líneas de investigación y buscar una condena sólida que siente un precedente en la lucha contra la corrupción.
- Fraude sobre el Gualcarque
El caso Fraude Sobre el Gualcarque cobró notoriedad por las denuncias de la ambientalista Berta Cáceres y su asesinato en 2016. Este caso reveló graves irregularidades en los contratos otorgados a Desarrollos Energéticos SA (DESA) para la explotación del río Gualcarque, incluyendo permisos de operación y acuerdos de suministro, suscritos con SERNA y la ENEE. En 2021, un recurso de amparo permitió reconocer al COPINH como víctima en el proceso, lo que llevó a la repetición de la audiencia preliminar en julio de 2022. En mayo de 2024, se declaró culpable a 3 de los 16 imputados, sin embargo, la ratificación de la sentencia final sigue pendiente, un aspecto que continúa obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas, el pueblo lenca y la sociedad hondureña en su conjunto.
- Narcopolítica (I y II)
Este caso reveló la colusión entre figuras políticas hondureñas, como Miguel Rodrigo Pastor, ex titular de SOPTRAVI; Walter Noé Maldonado, exdirector de Carreteras, y Deysi Marina Zúñiga, gerente general de Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de RL, con narcotraficantes como Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cártel de los Cachiros. La investigación mostró cómo los cárteles financiaban campañas a cambio de contratos. El proceso inicial enfrentó obstáculos, como la recusación de la jueza por la filtración de información reservada. En 2023, la UFERCO amplió la investigación con nuevos involucrados, pero el caso sigue a la espera de la reprogramación de la audiencia inicial.
- Corrupción sobre Ruedas
El caso involucra el uso indebido de fondos del programa Bono 10 Mil, que fueron redirigidos hacia campañas políticas mediante contratos de arrendamiento ficticios. Estos recursos, destinados originalmente para fines sociales, terminaron financiando actividades políticas y personales, evidenciando un claro desvío de fondos para beneficio privado. Este caso forma parte de una línea de investigación derivada del caso Pandora, una red de corrupción que tenía como figura central a Hilda Hernández, la difunta hermana del expresidente. Juan Orlando Hernández. Aunque algunas personas han sido condenadas, estas sentencias no se relacionan directamente con delitos de corrupción y el proceso permanece abierto para 5 de los 8 imputados.
- Hermes
Este esquema de corrupción implicó el desvió de más de 122 millones de lempiras mediante contratos con una empresa fantasma, Servicios e Inversiones AID, contratada para supuesta publicidad. Aunque algunos implicados se enfrentan a prisión, cuatro son beneficiarios de sobreseimientos provisionales. La investigación, aún en curso, busca esclarecer la administración de recursos en Casa Presidencial y garantizar la justicia en casos de corrupción administrativa.
- Pandora II
Este caso expone una red de corrupción integrada por altos exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, acusados de fraude y, en el caso de Hernández, de lavado de activos por más de 62 millones de lempiras. La investigación revela cómo, entre 2010 y 2013, esta red canalizó más de 288 millones de lempiras a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desviando fondos públicos hacia campañas políticas a través de contratos ficticios y empresas fantasmas, de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y BANADESA. Aunque el proceso continúa, varios de los imputados han recibido sobreseimientos definitivos o provisionales, quedando únicamente James Aldana con auto de formal procesamiento.
- Nasry Asfura
El exalcalde Nasry Asfura fue acusado de desviar 29 millones de lempiras a cuentas personales bajo el concepto de aportaciones de campaña. La investigación ha enfrentado obstáculos por el recurso de antejuicio y la intervención del Tribunal Superior de Cuentas. La resolución de los recursos pendientes será clave para continuar el proceso.
- Caso 9: Narcopolítica (I y II)
El caso Narcopolítica representa un nivel de complicidad entre la corrupción y el narcotráfico, exponiendo la forma en cómo actores políticos y narcotraficantes crearon redes de protección mutua. Este caso, reactivado por la UFERCO en septiembre de 2023, implica figuras de alto perfil como Miguel Rodrigo Pastor y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes del cártel de Los Cachiros. El desafío judicial en este caso es doble: por un lado, es necesario que se fortalezca la investigación para probar la red de corrupción; por otro, el Ministerio Público debe garantizar un entorno seguro para los fiscales e investigadores.
¿Es realmente posible la reactivación de estos casos?
Los casos de corrupción heredados de la MACCIH comparten un común denominador: altos funcionarios y empresas privadas implicadas en complejas redes de desfalco y abuso de recursos públicos, facilitadas por un entorno judicial que, en múltiples instancias, ha dictado sobreseimientos y medidas que obstaculizan la justicia.
La reactivación de la agenda de la MACCIH y los casos heredados exige condiciones estructurales específicas que trascienden la simple voluntad del Ministerio Público y de la UFERCO. Sin duda, condiciones específicas que permitan superar los desafíos actuales son las que siguen:
- Resolución de los recursos legales por la Sala de lo Constitucional
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Rebeca Ráquel Obando, ha subrayado que la mayoría de los casos de la MACCIH están paralizados por recursos judiciales en la Sala de lo Constitucional, lo que refleja un patrón de impunidad institucionalizada. Obando ha manifestado la disposición de la CSJ para retomarlos con apego al debido proceso y sin sesgos políticos, reconociendo la necesidad de agilizar las resoluciones de recursos para evitar la caducidad de los procesos. La posición de la CSJ plantea una esperanza, aunque enfrenta una realidad adversa: los intereses de la clase política hondureña siguen siendo un obstáculo y el Poder Judicial carece de independencia plena para actuar con libertad en la judicialización de estos casos.
La CSJ enfrenta una oportunidad histórica para restituir su credibilidad y fortalecer el Estado de derecho en Honduras. No se trata únicamente de avanzar en la agenda anticorrupción, sino de sentar precedentes que permitan superar la deuda histórica con la sociedad y crear una institucionalidad que responda a los principios de justicia y reparación de daños.
Mayores capacidades y recursos financieros para la UFERCO
La UFERCO se enfrenta a un desafío crucial al recibir del fiscal general la responsabilidad de retomar la agenda anticorrupción heredada de la MACCIH. A pesar de su papel central en la lucha contra la corrupción, la unidad se encuentra debilitada por decisiones institucionales que han reducido sus recursos, mermado la estabilidad laboral de su equipo y restringida sus capacidades técnicas. Estas condiciones ponen en peligro su autonomía y comprometen la continuidad de los procesos judiciales de alto perfil. La falta de medidas efectivas para fortalecer a la UFERCO y la incertidumbre generada por reestructuraciones internas solo agravan esta situación.
Para avanzar, es imperativo que la UFERCO mantenga su autonomía, reciba el respaldo material necesario y preserve sus procesos técnicos y experiencia profesional, factores esenciales para enfrentar los retos actuales y consolidar la posible y eventual instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
- Urgentes reformas anticorrupción
Para habilitar el sistema de justicia penal en Honduras y retomar eficazmente la agenda anticorrupción, es indispensable derogar marcos normativos como el Decreto 141-2017 y el Decreto 117-2019. Ambos fueron aprobados en respuesta directa a las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC, y su permanencia establece barreras estructurales a la persecución penal de altos funcionarios. El Decreto 141-2017, al exigir una auditoría previa del Tribunal Superior de Cuentas antes de permitir acciones judiciales del Ministerio Público. Por su parte, el Decreto 117-2019 formaliza la inmunidad parlamentaria, exonerando a diputados de responsabilidad civil, penal y administrativa, consolidando la impunidad en el Congreso.
Asimismo, la aprobación de reformas como la Ley de Colaboración Eficaz resulta fundamental para reforzar el arsenal investigativo de la UFERCO, permitiéndole acceder a información privilegiada desde dentro de las redes delictivas. Estos ajustes normativos no sólo liberarían a las autoridades de las actuales tareas administrativas, sino que dotaría al Ministerio Público de herramientas efectivas para enfrentar el complejo entramado de corrupción en el país.
Para cerrar este análisis, conviene visualizar la reactivación de los casos MACCIH como algo más que una simple reanudación de procesos judiciales pendientes. Este momento marca un punto decisivo: el Estado hondureño tiene en sus manos la posibilidad de redefinir el papel de la justicia frente al poder y la corrupción estructural.
La reactivación de estos casos debe considerarse una prueba para determinar si las instituciones hondureñas son capaces de trascender sus limitaciones históricas y avanzar hacia un modelo de justicia que no solo mire hacia el pasado, sino que prefigura un horizonte en el cual la legalidad y la rendición de cuentas se erijan como principios básicos, incluso cuando esto afecte a quienes ostentan el poder.
