Escrito por Lucía Vijil Saybe
El más reciente informe del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial en Honduras, intitulado “Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral”, señala en sus reflexiones finales que el contexto ambiental y agrario en el país está fuertemente marcado por una política de seguridad y defensa.
El informe registra 42 conflictos a nivel nacional, destacando que los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán y La Paz presentan un nivel de conflictividad alto. Esta situación se debe, en gran medida, a la operación de empresas hidroeléctricas, mineras y agroindustriales, estas últimas asociadas al monocultivo. En relación con las empresas agroindustriales, el informe marca la necesidad de colocar en el debate los conflictos hidrosociales para analizar las relaciones de poder, las decisiones políticas y los modelos económicos que inciden en la gestión del agua.
En ese sentido, este análisis pretende responder a las siguientes preguntas: ¿cómo se caracterizan los conflictos hidrosociales? y ¿cuáles son sus manifestaciones explícitas en Honduras?
Discusión conceptual
Para entender la connotación del agua en la configuración territorial y las disputas en torno a ese bien común, es importante iniciar este escrito con la concepción de territorio. Aunque son múltiples los abordajes desde la ecología política, la antropología o la geografía crítica, “el territorio no es una categoría físico-natural ni tampoco una entidad de orden legal, sino que se concibe como una categoría relacional socio-natural, que como tal permite reconocer, diferenciar y clasificar jerárquicamente los territorios”.
En la definición previa, las palabras social, natural, relación y reconocimiento, establecen la relación entre la humanidad y su existencia porque al hablar del territorio se hace referencia a las “dinámicas, procesos y transformaciones de relaciones socionaturales en un espacio geográfico”. Se afirma, a partir de allí, la forma en que las dinámicas entre naturaleza y sociedad están íntimamente relacionadas con la construcción de la historia de la humanidad.
Una acotación importante es que los territorios, aunque siempre se consideran naturales, “se construyen activamente y se producen históricamente a través de las interfaces entre la sociedad, la tecnología y la naturaleza. Son los resultados de interacciones en las que los contenidos, supuestos límites y conexiones entre la naturaleza y la sociedad son producidos por la imaginación humana, las prácticas sociales y los sistemas de conocimiento relacionados”.
Al territorio también se le concibe un carácter especial: el poder. Haesbaert indica que “el territorio no es un espacio neutral, sino más bien un lugar de lucha constante por el poder, donde es visto como un instrumento de imposición de terror/miedo de actores hegemónicos sobre actores hegemonizados y, por ende, menos influyentes”. En otras palabras, es un espacio en el que hay una disputa entre quienes han asumido el control de gestión pública y militar, y quienes históricamente han sido vulnerabilizados.
Sobre este esbozo es que los teóricos profundizan en los territorios hidrosociales, definidos como “una expresión socioespacial de las relaciones de poder en el contexto sociedad-naturaleza. Y desde ahí, entender los procesos de dominación-apropiación del recurso agua y la lucha de poder, resultante en ese campo de fuerzas como fruto de la dinámica socioespacial en un lugar específico”.
Panez Pinto indica que: “el agua ha sido elemento de disputa e incluso mecanismo para ejercer dominación, por lo que se inscribe en los procesos de tensión que conforman los múltiples territorios, y que condicionan las formas de apropiación posible de este bien común”. Ese proceso de dominación del agua afecta críticamente a poblaciones empobrecidas para favorecer a los que se han configurado como élites, pero este tema lo retomaremos más adelante.
En este caso, la disponibilidad del agua está determinada por las actividades de explotación minera, hidroeléctrica, monocultivo y todo proyecto que implícitamente requiera la devastación de entornos hidrológicos para cumplir una función de producción de riqueza. Se traduce al final en conflictos territoriales, acentuados por un modelo económico que ha generado presión sobre los bienes comunes de la naturaleza, que ha implicado la degradación ambiental, la flexibilización de la normativa nacional involucrada en el tema, y una ruptura en las concepciones sobre qué es desarrollo.
Para cerrar esta discusión conceptual, es importante establecer que los conflictos hidrosociales son conflictos territoriales donde el agua asume la centralidad. “Los conflictos relacionados con el agua se traducen fundamentalmente en escasez. En consecuencia, la escasez de agua es sobre todo un conflicto hidrosocial que resulta de las relaciones desiguales de poder, donde unos actores sociales se imponen sobre otros en la dinámica de dominación-apropiación del agua en un territorio particular”.
Caracterización de los conflictos hidrosociales
Retomando los esfuerzos de Del Rosario para caracterizar la dinámica de reconfiguración del territorio, a partir del estudio de la dinámica en torno al agua, es importante tomar en cuenta las siguientes categorías:
- La comprensión de la vinculación entre la cultura y la naturaleza en el escenario local
- las relaciones de poder en y a través del territorio
- las lógicas de organización espacial y
- el reconocimiento de otras territorialidades presentes en los conflictos
Por ejemplo, debido a la instalación del megaproyecto minero en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, se identificaron afectaciones a la red hídrica generadas por el conflicto al Río San Pedro como resultado de la explotación minera a cielo abierto (concesiones mineras ASP y ASP2). Asimismo, afectaciones al Río Guapinol y a la quebrada Ceibita, originadas por el proceso de industrialización del metal (planta de beneficio y peletizado, la planta de generación eléctrica y la contrata de aguas). Es importante resaltar que el Río San Pedro nace en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía” (PNMBCEM), el Río Guapinol y la Quebrada Ceibita en la Montaña de García, y que las tres fuentes de agua desembocan en el Río Aguán.
En el caso de la explotación minera en el municipio del Triunfo, departamento de Choluteca, las aguas contaminadas que vierten a la quebrada de las rastras (195 unidades) de San Juan Arriba, circulan primero en el municipio de Yuguare, luego al Río San Piles en Choluteca y finalmente desembocan en el Golfo de Fonseca. En el río San Juan ya no se puede aprovechar el agua por el lodo que producen las rastras, además de los tóxicos que vierten como mercurio y cianuro para separar el oro. El agua de la quebrada está gravemente contaminada. Debido a esa situación ya se han registrado casos de ganado muerto por beber de esa agua y ha desaparecido la vida acuática como ranas y peces.
Los desechos mineros, que son utilizados como balasto en las calles de las comunidades de Guajiniquil, Naranjal, Chahuites y San Juan Arriba, contaminan el aire y tienen el potencial de ser dañinos para la salud de las comunidades. Las comunidades reportan que los árboles frutales como el mango, aguacate y bananos se están muriendo, también animales como las gallinas. La situación ha tenido, además, impacto en los usos del río para lavar ropa, ya que las personas no pueden utilizarlo para lavar debido a que provoca picazón. Para sus residentes, el efecto de la contaminación del agua se hace más evidente durante el verano, ya que el agua adquiere un tono rojizo. Como resultado, la comunidad se ve forzada a adquirir agua en bolsas para llevar a cabo sus actividades diarias.
También el Caso de la Cantera Sapadril, en el departamento de Cortés, la empresa minera AGRECASA tiene asignada una Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales de la Quebrada Brisas del Mar. El agua extraída de la quebrada es bombeada hacia 2 tanques clarificadores y, posteriormente, a un tanque al que llega el agua sin sedimento; el volumen de esos tanques es de 701,429.47 galones. De la quebrada son extraídos 54,000 galones por día, que se utilizan en su totalidad, más los 701,429.47 galones para un período de operación de la planta de 15.53 horas, lo que equivale a 60,000 galones por hora (SERNA Resolución 951-2021). Parte de los hallazgos de una inspección interinstitucional se resumen en: i) la cantera no cuenta con perímetros que delimiten sus instalaciones y las viviendas se encuentran cerca del plantel, ii) las lagunas de sedimentación no son impermeables y habilitan en tiempos de lluvia la contaminación directa al Río Sapadril, iii) por el uso de dinamita, existen daños a las viviendas, iv) plantel sin señalamiento y, v) contaminación acústica.
De acuerdo con las comunidades, el conflicto por la instalación de una hidroeléctrica en Santiago de Puringla, departamento de La Paz, ha implicado que algunos de los y las pobladoras no puedan pescar por la reducción del caudal (limitado la presencia de peces en la zona). También ha disminuido la producción de maíz y maicillo porque los agricultores temen que las tierras cultivables se inunden con la liberación de agua de la represa y algunas personas que se dedicaban a la extracción artesanal de la arena del río para la venta, con la privatización del río, ya no realizan esta actividad.
Los casos expuestos anteriormente son un esbozo de lo que ha implicado la dinámica de los proyectos extractivos sobre el territorio, sin embargo, de un marco muy reducido y por la dinámica en contexto nacional, lo que caracteriza a los conflictos hidrosociales enunciados previamente es lo siguiente:
- Cada uno de esos conflictos (si lo leemos a profundidad) están dinamizados por una relación entre actores comunitarios y el reconocimiento de los valores intrínsecos asociados a la naturaleza. Es decir, la vinculación ha sido construida a partir de un uso histórico del bien hídrico para actividades domésticas, de recreación y alimentación. Esta relación ha estado guiada por uso específico del bien agua, que no ha sido monetizado en ningún momento.
- En todos los territorios donde se desarrollan los conflictos mencionados, las relaciones de poder están permeadas por desvío de las fuentes de agua, el acaparamiento de afluentes de agua y contaminación de fuentes hídricas. Estas relaciones de poder están favorecidas por marcos normativos flexibles que permiten la contaminación y reducen el control institucional sobre las empresas, permiten la militarización de los territorios, la cooptación de los liderazgos comunitarios y brindan facilidades a las empresas extractivas para asegurar su permanencia.
- Los conflictos hidrosociales han modificado las formas de organización espacial del territorio permitiendo la alteración de los entornos ecológicos, la devastación del espacio y, lo más alarmante, la constitución de los enclaves extractivos (toda infraestructura que habilita la acción de extracción de agua) sin participación de las comunidades. Por ejemplo, el deslave de material a los ríos por la apertura de carreteras o, en tiempos de lluvia, el rebalse de los mecanismos de “contingencia” de las empresas mineras como las pilas de oxidación. Es decir, el territorio se reconfigura a partir de las dinámicas económicas de la empresa, e incluso las privatiza y deja de lado las necesidades de la comunidad.
- En el debate sobre el agua como bien común y su importancia territorial para las comunidades, surge una disputa con la perspectiva de las empresas extractivas, que consideran el agua como fuente de ganancias. Es decir, esta confrontación coloca en el discurso público la necesidad de proteger al agua como bien común, escuchando la voz de la naturaleza para comprender el ciclo de la vida y atender, precisamente, a una territorialidad cimentada por circunstancias históricas de reconocimiento de otros y otras en ese espacio.
Para la reflexión
El análisis de los conflictos hidrosociales nos obliga a repensar más allá de la simple gestión del agua. Desde la ecología política, se traspasa al reconocimiento de este bien común como una parte del todo en el engranaje de la dinámica de la vida y de lo que se ha construido históricamente como formas de relacionamiento y de organización, incluso de las dinámicas domésticas.
En este tipo de conflictos es fácil definir la línea de poder de quienes están detrás de los intereses económicos dominantes, que se imponen a través de la violencia ecológica hacia las comunidades. La organización colectiva que emerge contra estos proyectos extractivos y que coloca en el centro la discusión sobre el agua, esboza propuestas alternativas que deben ser consideradas para una efectiva gestión del agua y del territorio.
La política del agua en Honduras ha sido diseñada para la privatización y acceso a ciertos sectores de la sociedad. Este tipo de conflictos hidrosociales exponen la dinámica del poder en torno al agua y colocan en discusión las formas en que debe considerarse una gestión integral del bien común agua.
