Descargue PDF aquí
Escrito por Dulce Davis y Jerson Martínez
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca acentúa la preocupación por la cuestión migratoria de los países latinoamericanos, particularmente los del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica. Pero en este artículo centraremos nuestra preocupación en Honduras.
Esta inquietud no es infundada. Durante su primer mandato presidencial, el magnate estadounidense implementó medidas duramente criticadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos, mediante las que separó a cientos de familias en los centros de reclusión migratorios y expulsó a un número importante de la población migrante. En su reciente campaña electoral, Trump recrudeció su discurso contra los migrantes y las preocupaciones que surgen luego de su arrollador triunfo tienen que ver con dos aspectos:
El primero se relaciona con los perfiles de las personas que conforman su gabinete de gobierno, que lo acompañarán durante los próximos cuatro años. Trump ya hizo públicos algunos de los nombres y es sabido de sus vínculos con ideologías de extrema derecha, negacionistas del cambio climático, anti agenda 2030 (Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y discursos xenofóbicos y anti derechos humanos.
El segundo aspecto se vincula con los puntos críticos del discurso de Trump (retórico o no), para con la cuestión migratoria. Estos puntos son:
- Finalizar el muro a lo largo de la frontera con México.
- Convertir la migración en un delito federal (con modificaciones en las normas jurídicas).
- Expandir los centros de detención.
- Restablecer el Título 42 (expulsión de inmediato).
- La deportación de migrantes ilegales más grande en la historia de los EE. UU.
¿Qué dicen los datos respecto a la situación de Honduras?
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre enero de 2018 y marzo de 2023, un total de 348 mil 445 connacionales emigraron del país con rumbo hacia Estados Unidos.
De esta cantidad, el 60.4% son hombres y el 39.6% mujeres. Estos datos, sin embargo, contrastan con el registro del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras que, en el mismo periodo de tiempo, contabilizó un total de 420 mil 567 hondureñas y hondureños retornados al país, principalmente desde México y Estados Unidos. El 56% de las deportaciones ocurrieron entre 2018 y 2020, como resultado de las políticas migratorias implementadas durante el primer periodo de Donald Trump como presidente de los EE. UU.
De acuerdo con datos de la misma fuente, el 41% de las personas retornadas entre estos años se encuentra entre los 21 y 30 años, mientras que el 18% tiene entre 11 y 20, y el 10% (40,038) entre 0 y 10 años. Juntos, estos datos representan el 69% (287,603) del total de personas retornadas. Estas cifras son alarmantes porque reflejan que la juventud y la niñez de Honduras está saliendo del país de manera irregular en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de la violencia, por la falta de oportunidades económicas, por los efectos del cambio climático o en busca de la reunificación familiar, entre otras razones.
Estos datos, además, se confirman con la información de recientes informes publicados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los que establecen que Honduras encabeza la lista de personas solicitantes de refugio en los últimos años: del cien por ciento de solicitudes de refugio en suelo mexicano entre 2022 y septiembre de 2024, el 30% (96,469) corresponde a compatriotas hondureños. De este número, más del 60% han sido retornados al país.
Estos datos nos indican que son decenas de miles de hondureños y hondureñas saliendo del país con sus hijos e hijas menores de edad. Pero la mayoría sólo logra llegar hasta México de donde son retornados a Honduras, mientras otro porcentaje que sí logra cruzar la frontera también es detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos e igualmente retornados.
Razones de la población hondureña para migrar hacia EE. UU.
Honduras es uno de los países con los mayores índices de informalidad laboral en la región, estas problemáticas son históricas, con mayor agudización en las últimas décadas. Actualmente existen en el país más de dos millones de personas en precariedad laboral (2,390,088), y quienes logran encontrar una fuente de empleo lo desempeñan bajo condiciones desfavorables.
La población hondureña enfrenta, además, la inseguridad provocada por las redes criminales legales (políticos, empresas nacionales, transnacionales y grupos paramilitares) e ilegales (maras/pandillas, narcotráfico y el crimen organizado). Asimismo, la impunidad que cada vez se exacerba como parte de las herencias de la dictadura anterior, sin restar responsabilidad a la actual administración de gobierno, incapaz de desmontar las redes de criminales que actúan paralelamente al Estado de Honduras.
El escenario anterior representa, entre otras cosas, el deterioro de un sistema político cada vez más ineficaz, carente de la confianza popular e incapaz de dar respuesta a las problemáticas estructurales que aquejan a la nación. Se trata de un sistema político falto de transparencia, secuestrado por la élite política y los grupos de poder que encontraron en Honduras una forma de crear su fortuna y una cultura política con características sumamente patriarcales, que precariza la vida de las mujeres e infancias, con programas de desarrollo con bases claramente clientelares que mágicamente se reactivan en periodo electoral.
Por si fuera poco, en las últimas décadas, tal como lo estiman las proyecciones sobre las consecuencias del cambio climático en la región, Honduras ha sido uno de los países más afectados. Un ejemplo claro es el impacto que dejó el huracán Eta y Iota que, sumado a las condiciones provocadas por la pandemia Covid-19, y la falta de respuestas efectivas para solventar la crisis, agudizó las condiciones de la población hondureña ya vulnerabilizada. Esto obligó a muchos a huir de esa realidad y buscar horizontes más esperanzadores.
En este panorama, no podemos desconocer las implicaciones que han tenido las políticas de las diferentes administraciones estadounidenses en la construcción de las causales para el creciente flujo migratorio. En retrospectiva, esta responsabilidad data desde la instalación del enclave bananero y pasa por diversos momentos, especialmente por el conflicto armado de los años ochenta, las políticas neoliberales de los 90’s y el sostenimiento de la reciente narcodictadura de los 11 años. En suma, todos estos eventos construyeron una sociedad de desigualdades y exclusiones para la inmensa mayoría de la población y de prosperidad para un grupo minoritario, el que ha sido beneficiado con las políticas estadounidenses. Estas desigualdades constituyen la causa principal de la migración.
Algunos escenarios a contemplar
Bajo la hipótesis de que el nuevo mandatario reducirá la población migrante hacia EE. UU. y llevará a cabo la expulsión masiva que promete, ¿qué le depara a la población hondureña que ha optado y seguirá buscando el camino de la migración?
Los escenarios no son alentadores porque la población de emigrantes retornados se enfrentará a las mismas problemáticas estructurales que la expulsó y quizá otras más. Eso significa que al 64% de población pobre y a los dos millones de personas en precariedad laboral (2,390,088) se sumará otro medio millón. Esta situación, indiscutiblemente, llevará a la agudización de las condiciones de vida de la población ya precarizada.
En términos de seguridad no sería extraño que, ante la falta de oportunidades dignas para sostener la vida, haya un aumento significativo en maras y pandillas o el fortalecimiento de las redes criminales ya instaladas, una situación que recrudecerá los índices de violencia y criminalidad en el país. Por otro lado, la disminución del 25% que dejan las remesas al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras muy probablemente provocará un grave daño a la economía del país. También habrá que considerar el incremento de la polarización social y política, y el mantenimiento de las múltiples crisis que podrían conducirnos a un “callejón sin salida”.
En este marco, también es válido preguntarse ¿cuál será el impacto que tendrá en la economía estadounidense la ausencia de mano de obra barata y de comunidades de migrantes que se desempeñan en los empleos de bajo nivel? Se estima que esta población supera los 45 millones de personas en edad de trabajar.
Por los momentos, continuamos planteando escenarios para que la realidad no nos tome desprevenidos.
