Escrito por Claudia Mendoza
“Esa es mi preocupación y se los expreso, compañeros que estamos en este foro, solo Dios sabe, y les pido que verdaderamente pongan en conocimiento y lo estoy expresando. Si algo me pasa a mi vida, ya saben que lo estoy discutiendo frente a ustedes. Lo han dicho, me lo reiteraron, que no pasa de esta semana, quitarme la vida”.
La anterior alocución es de Santos Roberto Pérez, presidente de la Cooperativa Tranvío, ubicada en el Bajo Aguán. La emitió en el foro “Emergencia en el Aguán[1]” que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), el jueves 6 de febrero a través de las redes sociales. En el espacio, Santos Pérez participó junto a Esly Banegas, Coordinadora de las Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Yessica Trinidad, Coordinadora de la Red nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Lucía Vijil, experta en temas de Justicia Ambiental y Ecológica del Cespad, con quienes abordó la crisis que enfrenta en la actualidad el Bajo Aguán, una región ubicada en el departamento de Colón, norte de Honduras.
Pero, sin duda alguna, el elemento que llamó poderosamente la atención al hablar sobre la situación que viven a diario las comunidades asentadas, especialmente en las cooperativas campesinas El Chile, Tranvío y Camarones, fueron las amenazas a muerte que le han proferido personas que lideran el grupo criminal “Los Cachos”, que opera en el Bajo Aguán, y que refleja la gran debilidad de la institucionalidad estatal en materia de seguridad y, en especial, en materia de respeto y garantía de los derechos humanos en Honduras.
Ese breve e introductorio contexto, ineludiblemente, plantea preocupantes interrogantes:
- Entidades estatales como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Ministerio Público, ¿por qué no han intervenido, en el marco de sus funciones constitucionales, para poner un alto a la escalada de violencia en la zona?
- ¿Por qué no hay investigaciones oportunas, rigurosas e imparciales de los grupos criminales detrás de los asesinatos, desplazamiento forzado y amenazas a las familias campesinas que integran las cooperativas y a los líderes campesinos en el Bajo Aguán?
- ¿Por qué entes como la Fiscalía de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Protección no han logrado ser efectivos en el abordaje de esta nueva crisis?
La crisis de la seguridad y de los derechos humanos en Honduras
Según las cooperativas campesinas organizadas en el Bajo Aguán, “Los Cachos” es el grupo criminal que estaría detrás de muchas muertes y amenazas de líderes campesinos en la zona. Por eso, en reiteradas ocasiones han adoptado medidas de presión en la región, llamando la atención de las autoridades competentes, especialmente de las fuerzas de seguridad pública del país para que intervengan la zona y procedan a la captura y desarme de estas estructuras, a las que señalan como responsables, además, del desplazamiento forzado de familias campesinas[2].
Algunas organizaciones como el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que realiza un acompañamiento a las y los campesinos en la zona, han “cuestionado la incapacidad gubernamental para frenar la violencia, señalando que esta se convierte en complicidad dado que la estructura criminal de “Los Cachos” fue denunciada desde 2022, sin que se tomaran acciones”[3]. El BED es representante legal de las cooperativas campesinas y ha exigido “respuestas inmediatas, justicia para las víctimas y la garantía real de protección para las familias campesinas”.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización social y política que defiende los derechos de los pueblos indígenas de Honduras también exteriorizó “Nos unimos en solidaridad a la Plataforma Agraria y COPA que denuncian al grupo criminal “Los Cachos» apoyado por la Corporación DINANT, por desalojar a familias de la cooperativa Camarones y la intensificación de las amenazas a otras cooperativas campesinas”.
En ese escenario, Santos Pérez, al igual que otros defensores que fueron asesinados en el pasado reciente, ya habían advertido públicamente que sus vidas estaban en peligro; algunos, incluso, tenían medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección y aun así fueron asesinados. El caso más reciente es el de José Luis Hernández Lobo, quien fue acribillado junto a su esposa Suyapa Guillen el 31 de diciembre de 2024. Ambos eran socios de la empresa asociativa de campesinos Gregorio Chávez, ubicada en la comunidad de Panamá, en Trujillo, Colón. La pareja fue interceptada por hombres armados que les dispararon hasta quitarles la vida en la comunidad de Rigores; según un comunicado de la Plataforma Agraria, Hernández Lobo ya había sobrevivido a un primer atentado criminal en el 2019.
Esta situación preocupa porque, pese a los diversos llamados, exhortaciones y cuestionamientos que se le hacen al actual gobierno, el conflicto de tierras en el Bajo Aguán, con trasfondo histórico, escaló a niveles muy preocupantes. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUD)[4], los recientes ataques, en especial a las cooperativas Tranvío, Camarones y el Chile, aglutinadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en el Bajo Aguán, desde finales de 2024 y hasta la fecha, “han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas”.
La OACNUD trae a colación que el 27 de enero de 2025 se registraron nuevos hechos graves de violencia que derivaron en personas heridas por arma de fuego y al menos una persona que fue tomada como rehén y golpeada durante su retención. A eso se adicionan las fuertes campañas de desprestigio para la vida de las comunidades campesinas.
De la esperanza a la inacción
Quizás porque generó mucha esperanza a las comunidades inmersas en el conflicto y porque representó un mecanismo con enfoque de derechos humanos para el abordaje de la histórica problemática en el Aguán, el denominado “Convenio entre el Gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas integrados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de la reforma agraria en el Bajó Aguán, se cita de forma permanente en la actual crisis y en la actual administración gubernamental.
El Convenio se firmó el 22 de febrero del 2022 y contiene 15 puntos que establecen los compromisos que adquirió el gobierno de Xiomara Castro para solventar la crisis. Establece, de forma literal, que la actual administración gubernamental, a través de la OACNUD y el comité de las víctimas (representado por organizaciones nacionales e internacionales, defensores de derechos, sociólogos, agraristas, juristas y abogados con reconocimiento propuestos por la Plataforma Agraria y COPA) conformarán una comisión tripartita.
El punto #2 instituye que el gobierno invitará al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), a la Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía Especial de Derechos Humanos a tener presencia en las áreas de problemas de violación de derechos colectivos y derechos humanos, con el mandato de:
- Investigar las violaciones a los derechos humanos y proponer medidas de reparación a las víctimas.
- Determinar las causas que dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región del Aguán desde hace 30 años.
- La instalación de un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de violaciones a derechos humanos de las víctimas del conflicto agrario del Bajó Aguán. El mecanismo tendrá una estructura acordada entre las partes conformantes de la comisión tripartita.
- Investigar el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos de violencia contra campesinos en el Bajo Aguán y, en caso de comprobar su participación en actos delictivos, trasladar ante las instancias judiciales las respectivas denuncias y demandas derivadas de dicha investigación.
- Gestionar la implementación y cumplimiento de las medidas de protección para los beneficios de la medida cautelar 50-14 y beneficiarios de medidas de protección a través del Sistema Nacional de Protección, emitida por la comisión interamericana de derechos humanos a defensores de la tierra, territorio y campesinos del Bajo Aguán[5].
Seis meses después, en agosto del 2022, el gobierno de Castro anunció la creación[6] de una comisión integrada por las instituciones contempladas en el Convenio que, hasta la fecha, no se ha constituido formalmente y, por lo tanto, no ha realizado ninguna de las acciones que podrían frenar la crisis en la región.
En febrero y en agosto del 2025 se cumplirán tres años de la firma del Convenio y del anuncio de la creación de la comisión, respectivamente. Sin embargo, la escalada de violencia actual, los ataques a las cooperativas y comunidades campesinas, las persecuciones y el desplazamiento de familias dan cuenta de la burla que ha significado todo, hasta la fecha.
Y mientras ha habido largas, dilaciones e incumplimientos, las y los líderes de los movimientos campesinos han seguido movilizándose hasta Tegucigalpa, manteniendo la esperanza de que el proceso cumpla con lo acordado para poner fin a esta crisis histórica y multicausal, sin ignorar que dadas estas características ha sido difícil de poner fin.
Acciones adoptadas sobre sangre
Tuvieron que registrarse varios asesinatos y heridos en los últimos meses de 2024 y en el primer mes de 2025, más la declaratoria de emergencia que emitieron alrededor de 65 organizaciones defensoras de derechos humanos, del ambiente y los territorios, ante el aumento la violencia y hostigamiento en contra de los pobladores del Bajo Aguán, para que el gobierno de Castro implementara acciones en la zona.
En respuesta, algunos representantes del gobierno, como la actual Secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, dijo en la red social X, lo siguiente:
“El respeto y promoción de los DDHH es un pilar del Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ. Siempre hemos condenado la violencia en el Bajo Aguán, hemos acompañado de manera permanente a la Plataforma Agraria y COPA en cada una de sus demandas, actualmente desde la SEDH y otras instancias impulsamos procesos históricos como la instalación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a DDHH y crímenes de lesa humanidad. Asimismo, estamos coordinando esfuerzos con otras instituciones de Estado para una respuesta con medidas duraderas. El Aguán enfrenta un conflicto territorial histórico y estructural que ha puesto en detrimento el ejercicio y garantías de DDHH. Reconocemos a la Plataforma Agraria y COPA como organizaciones campesinas, defensoras de bienes comunes y públicos. Instamos al MP a realizar el debido proceso de investigación y deducción de responsabilidades contra grupos armados que atentan contra la seguridad de las y los campesinos organizados y no organizados”[7].
Mientras, el gobierno desplegó (viernes 7 de enero de 2025) unos 500 policías en el Bajo Aguán, como parte de una intervención con la que se busca reforzar la seguridad en el departamento de Colón[8]. La intervención contempla la realización de patrullajes y el uso de vehículos y armamento pesado en la zona. Según informaron los medios de comunicación, ya hay personas capturadas.
Estas medidas han sido aplaudidas por algunos sectores, pero otros consideran que no son nada novedosas porque no es la primera vez que se despliegan militares y policías a una zona en la que se denuncia (sin que se hayan realizado investigaciones imparciales) una confabulación de los entes de seguridad del Estado con los grupos criminales y los miembros de la seguridad privada de las élites agroexportadoras de la zona.
Además, se cuestiona fuertemente que estas acciones siguen sin atender el problema de raíz y que, insistimos, están muy bien esbozadas en el Convenio que firmó el gobierno de Castro con la Plataforma Agraria y COPA.
Aunque todavía se percibe un leve interés del actual gobierno en vincularse con la temática, algo que no ocurrió con gobiernos anteriores, es importante avanzar desde los numerosos espacios de reuniones en los que han convergido instituciones de seguridad y defensa, agrarias y de derechos humanos, a la acción oportuna y efectiva, en una especie de zona de guerra en que está convertida el Bajo Aguán.
Por eso, a manera de cierre de este breve análisis, esbozamos lo siguiente:
- Es urgente que la Comisión Tripartita, cuya conformación se anunció hace más de dos años, sea instalada formalmente y comience a implementar las acciones contempladas en el Convenio, orientadas a la búsqueda de soluciones sostenibles, duraderas y con enfoque de derechos humanos, incluyendo las recomendaciones contenidas en la medida cautelar 50-14, emitida por la CIDH en mayo del 2014, a favor de varias cooperativas y líderes campesinos del Aguán.
- Es urgente que en la zona del Aguán se establezca una oficina del mecanismo de protección de derechos humanos, para que se asegure, con coordinación con otras oficinas y aparatos del Estado, la aplicación de las medidas cautelares a favor de los movimientos campesinos. Para lograr esto, es imprescindible, que el Estado y gobierno fortalezcan técnica, humana y financieramente este mecanismo.
- La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional está obligada a establecer diferencias en el abordaje de sus acciones en el Bajo Aguán, entre las personas de las comunidades que reivindican el derecho al acceso a la tierra (ante el Estado y gobierno de Honduras) y los grupos criminales que han sembrado el terror en la zona, de quienes se demanda que sean capturados, desarmados y enjuiciados. Esta medida es urgente para evitar que se cometan actos que violenten los derechos humanos y se atente contra la integridad física de las y los campesinos organizados en las cooperativas.
Reiteramos, se reconoce que la problemática del Bajo Aguán es multicausal, arrastrada desde hace décadas, empero, la escalada actual de violencia se debe, en gran parte, a la NO implementación de las medidas y acciones que contempla el Acuerdo del 22 de febrero. De haberse cumplido por el gobierno de Xiomara Castro, al menos en lo esencial, indiscutiblemente, la historia en la región tendría otro giro.
[1] https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1034500208718432&id=100064753866789&rdid=El9CVV9j1QPHYrRU#
[2] https://avispa.org/bajo-aguan-recrudecen-ataques-de-grupos-armados-ligados-a-industria-de-palma-aceitera/
[3] https://criterio.hn/doble-asesinato-agrava-ataques-armados-contra-campesinos-en-el-bajo-aguan/
[4] https://x.com/OACNUDHHN/status/1884055146877051088/photo/1
[5] https://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/mc50-14-es.pdf
[6] https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadHN/videos/1068134943853855
[7] https://x.com/angelica_hn1/status/1886812552249696335?t=VrVfPnSYWl18-5UyHsjx3Q&s=08
[8] https://criterio.hn/tras-dos-meses-de-violencia-en-el-bajo-aguan-ordenan-intervencion-militar-y-policial/
