Escrito por Osiris Payes
Transparencia Internacional publicó recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, que evalúa la percepción de la corrupción en 180 países. En esta nueva edición, Honduras experimentó un deterioro en su puntaje, descendiendo de 23 a 22 puntos, aunque mantiene su posición en el ranking global en el puesto 154.
Si bien el IPC es un referente clave para evaluar la corrupción a nivel mundial, es fundamental recordar que se basa en la percepción que se construye a partir de factores como la visibilidad de escándalos, la narrativa pública sobre la lucha contra la corrupción e impunidad, y los avances en las instituciones encargadas de combatir la corrupción. En este contexto, la caída de Honduras no solo refleja la falta de avances estructurales, sino también un creciente escepticismo sobre la capacidad del Estado para generar cambios reales en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Del estancamiento al deterioro
En nuestro análisis del IPC 2023, destacamos que Honduras se encontraba en una situación de estancamiento, sin avances significativos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los resultados de 2024 indican un retroceso en su puntuación, lo que señala un empeoramiento en la percepción de la corrupción.
Un elemento clave en este cambio es el efecto del contexto global en la caída de Honduras. Al analizar los cambios en la puntuación de los países cercanos en el ranking, se observa que Guatemala subió de 23 a 25 puntos e Iraq de 23 a 26 puntos, lo que llevó a Honduras a perder una posición relativa. La mejora en estos países no solo refleja avances internos, sino que también afecta la clasificación de los que no han registrado mejoras significativas. Esto demuestra que el IPC debe analizarse dentro de un marco de competencia global, en el que cualquier avance o retroceso en otros países influye en la percepción y ubicación de cada país, en este caso Honduras.
A partir de este análisis, es fundamental examinar en detalle, los factores internos que han contribuido al deterioro de la percepción de la corrupción en el país.
Factores que explican la caída de Honduras en el IPC 2024
El descenso en la puntuación de Honduras no es un hecho aislado, sino el reflejo de varios factores clave:
1. Falta de resultados tangibles en la lucha contra la corrupción
La corrupción no puede analizarse de manera aislada; está intrínsecamente vinculada al marco normativo que regula las acciones del Estado y la administración de justicia. Un sistema normativo deficiente no solo facilita la impunidad, sino que también debilita los mecanismos de control y sanción contra prácticas corruptas.
Aunque el gobierno de Xiomara Castro ha avanzado en la derogación de ciertos «pactos de impunidad», como los Decretos 116-2019, 93-2021 y 57-2020, estos esfuerzos no han sido suficientes para modificar sustancialmente la percepción de la corrupción en el país.
Persisten obstáculos jurídicos que favorecen la impunidad. Entre ellos, el Decreto 130-2017 del Código Penal, que redujo las penas por corrupción y criminalidad organizada, y cuya anulación o reforma ya no está en debate en el Congreso Nacional, dejando su futuro en incertidumbre. Además, el Decreto 117-2019 otorga inmunidad parlamentaria, impidiendo deducir responsabilidad a diputados involucrados en corrupción. Aunque la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional presentó un dictamen favorable para su derogación, este no ha sido puesto en agenda, retrasando cualquier avance.
El fuero especial de juzgamiento para altos funcionarios públicos también representa un obstáculo para la rendición de cuentas. El Código Procesal Penal y la Constitución establecen procedimientos especiales para su juzgamiento, lo que en la práctica ha generado barreras adicionales para su procesamiento efectivo.
La derogación de estos marcos normativos y la implementación de reformas efectivas siguen siendo una tarea pendiente. Mientras no se eliminen las disposiciones legales que blindan la impunidad y se fortalezcan los mecanismos de sanción, la percepción de la corrupción en Honduras continuará siendo alta, reflejando la desconfianza en las instituciones encargadas de combatirla.
2. Persistencia de estructuras de impunidad
A pesar de ciertas reformas normativas, no se han llevado a cabo investigaciones ni se han dictado condenas significativas en casos de corrupción de alto nivel, lo que genera escepticismo respecto a la efectividad de estas medidas. Aunque el Fiscal General del Ministerio Público ha decidido retomar los casos heredados de la MACCIH e iniciar nuevos procesos de impacto, muchos de estos han sido considerados como actos de persecución política. Además, persisten problemas en la coordinación con el Poder Judicial, evidenciados en la incapacidad para formular y presentar requerimientos fiscales sólidos, así como en la falta de independencia de los jueces a la hora de procesar estos casos.
La concentración de poder en instituciones clave, la debilidad del sistema judicial y la cooptación de entidades fiscalizadoras continúan limitando la lucha efectiva contra la corrupción. Hasta el momento, el Ministerio Público y el Poder Judicial aún no han tomado acciones contundentes contra redes de corrupción de alto nivel, lo que perpetúa un sistema de impunidad que socava la confianza ciudadana y la credibilidad en el Estado de derecho.
3. Retraso en la instalación de la CICIH
Uno de los compromisos fundamentales del gobierno fue la creación e instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, el avance de este proceso ha sido lento y carente de claridad sobre su implementación, lo que ha impactado negativamente la confianza a nivel nacional e internacional.
La prórroga del Memorándum de Entendimiento hasta junio de 2025 ha suscitado opiniones encontradas. Mientras el gobierno sostiene que esta extensión es un paso necesario en la negociación con la ONU, sectores críticos argumentan que prolonga la incertidumbre sobre la viabilidad del mecanismo.
Hasta la fecha, no se han logrado avances concretos en la derogación de leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción ni en la aprobación de reformas clave para fortalecer el marco normativo en esta área. Entre las condiciones indispensables para la instalación de la CICIH se encuentra la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la concesión de facultades a la Comisión para actuar como querellante adhesivo o acusador privado, así como la derogación de los artículos 4 y 8 del Decreto 04-2022, que establece la denominada “Ley de Amnistía”.
En este contexto, la estrategia del gobierno parece centrarse en el uso del tiempo como un recurso político, en el cual las decisiones no se bloquean de manera directa, sino que se dilatan indefinidamente, corriendo el riesgo de perder relevancia o ser redefinidas en términos que beneficien a quienes detentan el poder.
El retraso en la instalación de la CICIH no sólo recae en la responsabilidad del gobierno central, sino también del Congreso Nacional y la ONU. Mientras el gobierno argumenta que la prórroga es necesaria para crear condiciones adecuadas, el Congreso ha mostrado inacción al no derogar normativas que obstaculizan su funcionamiento, y la ONU no ha adoptado una postura más contundente para acelerar el proceso. Esta falta de compromiso por parte de estos actores ha generado frustración entre la ciudadanía y ha debilitado la confianza en la posibilidad real de que la CICIH se instale con las garantías necesarias para una lucha efectiva contra la corrupción.
La ausencia de avances concretos en este proceso refuerza la percepción de que la lucha contra la corrupción en Honduras sigue siendo más un discurso político que una realidad tangible.
4. El sector privado y la corrupción estructural
Uno de los puntos centrales del informe que presentó Transparencia Internacional es la corrupción estructural en el sector privado y su impacto en el desarrollo sostenible. El informe señala cómo la falta de controles efectivos en la relación entre el sector privado y el Estado ha propiciado la aparición de esquemas de corrupción que favorecen a las élites económicas en detrimento del interés público. En Honduras, la carencia de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas ha creado un entorno opaco en las contrataciones y concesiones, facilitando la captura del Estado por intereses privados.
Los sectores más vulnerables a esta problemática incluyen la generación de energía, la minería, el agronegocio y la infraestructura. La debilidad institucional en el ámbito ambiental ha permitido la explotación desmedida de los recursos naturales sin la supervisión adecuada, dando lugar a una nueva modalidad de corrupción: la corrupción extractiva.
Simultáneamente, la violencia contra los defensores ambientales ha aumentado de manera alarmante. Entre enero y septiembre de 2024, al menos cuatro defensores fueron asesinados, consolidando a Honduras como el país con la mayor tasa per cápita de asesinatos de activistas ambientales, según Global Witness. En 2023, la impunidad por delitos ambientales alcanzó un alarmante 96.9%, lo que refleja la ineficiencia del sistema de justicia para sancionar estos crímenes.
La situación actual evidencia que la corrupción estructural en el sector privado no sólo socava la institucionalidad, sino que también perpetúa un modelo extractivista depredador, con severas repercusiones en el medio ambiente y los derechos humanos. En ausencia de una regulación efectiva y de sanciones ejemplares para los responsables, la degradación de los recursos naturales y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones continuarán profundizándose, exacerbando la crisis estructural del país.
5. Corrupción y cultura política
Con la llegada de un nuevo ciclo electoral, la relación entre corrupción y cultura política adquiere una mayor relevancia. La falta de depuración de las candidaturas y la repetición de postulaciones cuestionables no solo reflejan la fragilidad de los controles institucionales, sino también la normalización de la impunidad en el sistema político.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) no solo evalúa los niveles de corrupción institucionalizada, sino también la percepción ciudadana sobre la transparencia y la integridad en la gestión pública. En este contexto, la decisión de los partidos políticos de no depurar sus filas y mantener candidatos con antecedentes de corrupción, conflicto de intereses o vínculos con el crimen organizado, afecta directamente la confianza ciudadana y, en consecuencia, la calificación de Honduras en el índice.
En otras palabras, sin una depuración efectiva de las candidaturas, el proceso electoral se convierte en un mecanismo que perpetúa la impunidad, afectando no solo la legitimidad del sistema democrático, sino también la percepción de corrupción en el país.
Sin reformas estructurales en la selección de candidatos y candidatas a cargos de elección popular y sin la voluntad política necesaria para fortalecer la transparencia en el proceso electoral, resulta difícil esperar mejoras en la posición de Honduras en el IPC. Por el contrario, la persistencia de estas deficiencias puede contribuir a un mayor deterioro en la percepción de la corrupción, reforzando la desconfianza hacia las instituciones y la capacidad del Estado para combatir la impunidad.
El riesgo de continuar descendiendo en el IPC 2025
Si la tendencia actual se mantiene, Honduras podría continuar cayendo en el ranking el próximo año. La falta de resultados concretos en la lucha contra la corrupción, así como la no instalación de la CICIH, podrían profundizar la percepción negativa sobre la corrupción en el país.
Honduras ha pasado del estancamiento al deterioro en el IPC 2024, lo que subraya la urgencia de implementar reformas más profundas y efectivas en materia de transparencia y rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción no puede limitarse a discursos o medidas parciales; requiere una acción decidida, resultados tangibles y un compromiso genuino con la justicia.
El próximo año será crucial para determinar si Honduras logra cambiar su curso o si, por el contrario, continúa descendiendo en la percepción global de corrupción.
