Escrito por Lucía Vijil Saybe
En América Latina, el análisis y el debate sobre las tendencias de la incursión militaristas en los conflictos socio territoriales, permiten construir tres argumentos al respecto[1]:
- La militarización es parte de los mecanismos mediante los que se asegura el acceso a los recursos naturales y a las nuevas fronteras extractivas del capitalismo.
- La militarización se ha convertido en un común denominador en los gobiernos de turno, sin importar su carácter.
- La militarización juega un papel importante en la exacerbación de la violencia, en los procesos extractivos, que se han convertido en la faceta más visible del capitalismo global.
El siguiente análisis tiene como objetivo retomar esas discusiones con el fin de examinar la nueva composición del enfoque militar ante la conflictividad.
Discusión inicial
El extractivismo ha configurado históricamente la división internacional del trabajo. Para Gudynas, se trata de “Un proceso que se inicia con la configuración de las colonias en el siglo XVI, el extractivismo puede definirse simplemente como la apropiación de los recursos y su comercialización como materias primas”. Sin embargo, la extracción no se limita a los bienes comunes de la naturaleza, sino que implica otras esferas de las actividades humanas, económicas y de los ecosistemas[2].
Ese proceso extractivo, al que Martin Arboleda llama la “mina planetaria”, implica la articulación de múltiples formas de extracción en distintos sectores de la economía, desde la extracción física de minerales y la precarización de las relaciones laborales hasta la organización logística y financiera del capitalismo. Al mismo tiempo, las formas inmateriales de extracción se expanden rápidamente hacia las plataformas digitales, la vigilancia y la extracción logística de datos[3].
Todos los componentes anteriores conforman la línea de la apropiación, a través de fronteras de acumulación en el actual modelo capitalista. Eso deriva en que: “Las fuerzas del capital buscan identificar nuevas fronteras, a través de la inversión en tecnología y ciclos de acumulación, dejando a su paso degradación, esterilidad y desperdicio”[4]. La frontera, tiene la capacidad de instalar regímenes de exclusión mediante distintos dispositivos, entre ellos: vallas, títulos de propiedad, leyes, zonas, reglamentos, hitos y líneas argumentales[5].
Resulta interesante que cada una de estas fronteras requiere de infraestructura para la apropiación del espacio. Por eso, otros autores afirman que todo tipo de extractivismo (minero, energía, monocultivo, etc.) requiere de una red extensa de anclaje al espacio físico de operación. Pero esas redes de conexión, como entes, son “financiados, construidos y mantenidos en función de los enclaves extractivos y sin su presencia no sería posible extraer los bienes comunes”[6].
En esa dinámica, el espacio de tránsito se convierte en un espacio clave para la producción de plusvalía; al tiempo que, por otro lado, la infraestructura —necesaria para el mapeo, medición, vigilancia, monitoreo y protección de diversos espacios— se vuelve esencial para facilitar el desarrollo de infraestructura física, como carreteras, ductos, vías, puntos de carga y descarga (como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones), que faciliten el tránsito y la movilidad, por lo que deben ser protegidos y vigilados para permitir los flujos de capital y mercancía para el adecuado funcionamiento del mercado global[7].
En este punto, es cuando las fuerzas armadas y las diversas estructuras de seguridad pública, cobran potencia para desempeñar un papel relevante porque las rutas de tránsito, los megaproyectos y su despliegue deben estar protegidos para garantizar las formas en las que el capitalismo incorpora la producción de mercancía. Carlos Tornel afirma que: “En buena parte de los países de América Latina, las fuerzas armadas se han desplegado para convertirse en los protectores de la infraestructura. En algunos casos, como México, las fuerzas armadas han tomado incluso el papel de la construcción y el despliegue de estas obras”[8].
Tornel, en otros escritos, identificó una modalidad de militarismo neoextractivo e indica que se caracteriza por:
“Liderazgo del Estado por mantener la extracción de minerales e hidrocarburos, el desarrollo de megaproyectos y la acumulación de naturaleza barata, a través del despliegue de las fuerzas armadas para sostener la producción. La configuración de nuevas tecnologías de vigilancia, extracción de datos y plataformas, se utilizan para reproducir y disciplinar a los sujetos de extracción. Asimismo, el militarismo utiliza el despliegue de las fuerzas armadas para salvaguardar el desarrollo de infraestructura, que se convierten a veces en las fuerzas encargadas de garantizar la producción de mercancía y la modificación de paisajes que permiten simplificar, alienar y fetichizar la producción, así como legitimar y disciplinar a la población con una idea hegemónica de desarrollo”.
Militarización extractiva en Honduras
Es importante hacer la acotación de que la militarización, como fenómeno social, responde también a un contexto histórico y geográfico. Y esa medida ha estado condicionada por la configuración también de los intereses capitalistas o como afirma Gustavo Irías, para realizar tutelas democráticas[9] que al final sostienen un modelo de acumulación y protegen ciertos intereses.
A continuación, se presentan algunos argumentos clave que permiten comprender el papel de las fuerzas armadas en el contexto de militarización y su relación con las actividades extractivas:
a- La militarización es parte de los mecanismos mediante los que se asegura el acceso a los recursos naturales y a las nuevas fronteras extractivas del capitalismo.
Los ciclos extractivos en Honduras se pueden clasificar según la modalidad y el origen del financiamiento. En ese contexto, se identifican las siguientes formas de extracción: a) la minería, b) enclave bananero, c) manufactura y d) las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) y proyectos energéticos. Cada una de estas modalidades ha conllevado un aumento en la militarización de los territorios donde se instalan, no sólo para reprimir las manifestaciones ciudadanas en rechazo del modelo extractivo, sino también para garantizar la protección de las empresas involucradas.
Luego del Golpe de Estado en el 2009, por ejemplo, la presencia de los militares como custodios de las instalaciones, del acceso y las rutas de los proyectos extractivos se incrementó. En una entrevista que brindó al Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el abogado Raúl Pineda (Q.D.P), afirmó que: “no existe ninguna ley que autorice a las fuerzas militares o policiales a realizar ese tipo de seguridad. El problema es que parte de la fuerza policial y militar se ha visto privatizada; los destinatarios de esos servicios les pagan por participar en esto”[10].
El Poder Ejecutivo ha asumido la responsabilidad de garantizar la presencia de estos grupos justificándose con la necesidad de asegurar un ambiente propicio para la inversión privada. Coincidente con lo anterior, otras declaraciones, afirman que: “Desde la Presidencia de la República o desde el Consejo de Defensa y Seguridad se ordena el resguardo de los proyectos extractivos y de otra índole. Un primer paso es el envío de una nota en la que se justifica que es en aras de proteger la inversión extranjera. Luego, se designan equipos con cierta cantidad de hombres y se mandan a la misión. La empresa corre con los gastos de alimentación del personal, pero pagan mucho más por el servicio. Sin embargo, lo que le llega al personal solo es la alimentación y alguna logística como tiendas de campaña, camas, combustible”[11].
La militarización también se vincula con casos en los que se registran crímenes como el de Berta Cáceres, en el marco del conflicto generado por la instalación de un proyecto hidroeléctrico: “De acuerdo con la información otorgada por el Ministerio Público, algunos de los acusados de haber realizado estos asesinatos son personas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca: militares en activo, militares retirados, empleados y exempleados de la empresa y otras personas ligadas a esta (como sicarios y personas de la comunidad a las que se les paga). Vinculados con el asesinato de Cáceres, han sido acusados, entre otros, como autores materiales: miembros retirados y activos de las fuerzas militares, así como funcionarios de la empresa DESA, incluyendo su presidente ejecutivo, quien fue arrestado el 2 de marzo de 2018”[12].
En el Valle del Aguán, departamento de Colón, la Corporación Dinant ha informado cómo la Fuerza de Tarea Xatruch, una unidad de las Fuerzas Armadas, ha estado entrenando a las fuerzas de seguridad para proteger sus plantaciones de Palma Aceitera: “Desde el primer despliegue en 2011, la Fuerza Xatruch ha sido activa y eficaz para reducir la violencia en el área del Aguán y para proteger las comunidades locales. El 4 de abril de 2018 Xatruch retiró los pocos miembros que tenía en las bodegas de Dinant ubicadas en la plantación del Paso Aguán. Las fuerzas de seguridad policiales proseguirán con el entrenamiento de los oficiales de seguridad de Dinant con el objetivo de minimizar el uso de la fuerza”[13].
En ese mismo caso, la Empresa Gregorio Chávez, ubicada en el Aguán, se ha referido a la forma que los militares operan: “Denunciamos la estrategia por parte de Corporación Dinant, la operación Xatruch y los cuerpos de la inteligencia militar que han infiltrar personas ajenas dentro de la Empresa Campesina con el objetivo de destruir este fuerte movimiento de lucha. Esta estrategia se ha puesto en práctica debido a que no han logrado la destrucción de la organización mediante desalojos violentos, gases lacrimógenos, amenazas, persecución etc.”[14].
En el conflicto de Azacualpa, en el Municipio de la Unión, departamento de Copán, las defensoras del territorio afirmaban que mientras resistían a la acción de la empresa minera, “El Estado, militares, la policía, está a favor de la minera. Nos vinieron a pijiar a las mujeres, a los niños chiquitos los agarraron como animalitos, a las mujeres embarazadas”[15]. En el actual resurgimiento de la violencia en el Aguán, precisamente marcada por la presencia de grupos criminales y amenazas al sector campesino, “tras dos meses de conflicto, dos asesinatos y el desplazamiento forzado de 150 familias campesinas– las autoridades informaron que intervendrían con un mayor en la zona”[16]. En el mes de febrero del 2025, más de 60 organizaciones defensoras del medio ambiente y de derechos humanos declararon emergencia en el Aguán, por la presencia de grupos armados que han atacado a las cooperativas campesinas Tranvío, Chile y Camarones. En esta ocasión, la solución planteada desde el Gobierno de Honduras fue el despliegue de más de 500 policías en la zona y los vehículos tácticos correspondientes[17].
Recientemente, en el debate sobre la reforma a la Ley Especial para la Protección de Defensores y Defensoras del Ambiente en el Congreso Nacional, el diputado Jari Dixon Herrera presentó una moción de reforma e indicó (minuto 15:19 de la sesión) lo siguiente:
“Yo quería que en el artículo 13 se pudiera redactar o se pudiera leer de la siguiente manera. Artículo 13. Prohíbe a las Fuerzas Armadas, sus dependencias, Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado de Honduras, establecer sociedad con cualquier empresa extractivista que explote cualquier bien natural o común del territorio nacional, así como recibir beneficios por impuestos derivados de explotaciones de estas mismas empresas. ¿Por qué queremos establecer esto, señor presidente? Porque esa relación económica que se establece entre las Fuerzas Armadas o la Policía de recibir dinero de estas empresas extractivistas, muchas veces se presta a la protección desmedida por parte de estas instituciones de seguridad, a favor de estas empresas y en contra de defensores del medio ambiente (…) Esa relación económica se ha interpretado, por parte de Defensores de Derechos Humanos, como un obstáculo para seguir haciendo la labor tan delicada que realizan de defender al medio ambiente, porque miran siempre a estas instituciones a favor de las empresas y en contra de los defensores del medio ambiente”.
Los casos mencionados anteriormente evidencian la implicación de las fuerzas armadas en actos de violencia en los territorios, así como en contra de la integridad de los defensores y defensoras. En este contexto, la militarización se presenta como una estrategia clave para la protección y expansión de las fronteras de acumulación asociadas a los proyectos extractivos.
b- La militarización se ha convertido en un común denominador en los gobiernos de turno, sin importar su carácter.
Se han realizado numerosas investigaciones sobre la manera en que el Gobierno de Juan Orlando Hernández militarizó el país. Según un análisis realizado por Gustavo Irías[18], el representante del Partido Nacional, de inclinación conservadora, indicó que en ese momento:
“El Estado se rediseñó, tomando forma en una autocracia que concentró en una sola cabeza todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial – incluyendo el Ministerio Público-), destruyendo el Estado de derecho y su carácter republicano (poderes del Estado independientes y complementarios, con su pesos y contrapesos). El Estado pasó a desempeñar un rol relevante en la economía, mediante la figura de alianzas público-privados (APP), que aseguró la opacidad de la totalidad de la inversión pública, facilitando extendidas prácticas de macro corrupción. Los recursos naturales (el agua, la tierra y los bosques) fueron puestos en subasta al gran capital nacional y extranjero que, mediante tratos corruptos (con amañados licenciamientos ambientales y otros), se apoderaron de territorios ancestrales y comunidades agrarias, con grave infracción en los derechos humanos. En este contexto, la remilitarización del Estado y la sociedad fue un elemento clave de este rediseño”.
Con la elección de la presidenta Xiomara Castro, las expectativas que surgieron fueron distintas porque se trataba de una opción progresista, un gobierno que se autodenomina “socialdemócrata”. Sin embargo, para analistas como Mirna Flores, los militares: “siguen siendo funcionales a los intereses externos desde un punto de vista geopolítico-regional, y continúan con un amplio espacio que les permite mantener un excesivo protagonismo social y político, de acuerdo con los cánones democráticos y de fortalecimiento del Estado de derecho”[19].
El análisis de Flores indica, además, que los militares aún asisten a funciones como: a) intervención en situaciones de protestas y manifestaciones (caso del Valle del Aguán), b) militares son desplegados para custodiar instalaciones, infraestructuras y rutas asociadas a proyectos de inversión, c) se les asigna funciones en áreas de respuesta ante desastres y emergencias y d) interacción entre las fuerzas armadas y otras instituciones de seguridad, como la policía, sin embargo, ese modelo de cooperación continúa bajo el control de los militares[20].
Una de las iniciativas más destacadas del actual Gobierno ha sido el fortalecimiento del Comando de Apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9, como una unidad especializada de apoyo, supervisión y monitoreo en las actividades ambientales, adscrita a las Fuerzas de Tareas Conjuntas, bajo la dirección de la jefatura del Estado Mayor Conjunto.
Otro análisis de Flores establece que “la creación de los tres Batallones Verdes de protección Ambiental, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Defensa Nacional y bajo la responsabilidad operacional del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9) de las Fuerzas Armadas (FF. AA), garantiza la protección y restauración de los recursos naturales de Honduras”. Las tres unidades militares ambientales, tienen como misiones específicas, la protección de las áreas protegidas y reservas forestales, combatir la narcoactividad, frenar la tala, pesca y minería ilegal. Asimismo, brindar seguridad a la población[21].
En ambos casos, y de acuerdo con el planteamiento de la tendencia en América Latina, la militarización continúa siendo la opción predominante para garantizar el control territorial del Estado.
c- La militarización juega un papel importante en la exacerbación de la violencia, en los procesos extractivos, que se han convertido en la faceta más visible del capitalismo global
El informe que presentó Global Witness en el 2024, indica que “En el resto de Centroamérica, las agresiones mortales contra personas defensoras de Honduras plantean un grave problema. Con 14 asesinatos en 2022, Honduras tiene el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”[22].
Un aspecto relevante que se ha destacado en otros informes producidos por el CESPAD, es que la gestión de los conflictos socioambientales, para reducir el riesgo de los defensores y defensoras, ha estado permeada por actividades militares. De hecho, se considera que:
“El enfoque militarista prioriza la contención y control de los territorios mediante la presencia y acción de las fuerzas armadas, mientras que los derechos de las comunidades a la tierra, la consulta previa, y la defensa de los recursos naturales quedan en un segundo plano. Esta visión securitista ha derivado en la criminalización de defensores del territorio, desalojos forzados, y la militarización de áreas rurales, lo cual intensifica la conflictividad en lugar de resolverla. Es fundamental reconocer que la intervención del CNSD y el enfoque militarista obstaculizan la creación de espacios de diálogo y participación para las comunidades afectadas[23]”.
¿Cómo se podría caracterizar, entonces, la militarización de los conflictos socioterritoriales en Honduras?
Con algunos ejemplos básicos podemos evidenciar que la política de militarización de los conflictos en Honduras va más allá de ser simplemente una estrategia de seguridad y defensa nacional, como se ha planteado históricamente en la narrativa de los medios de comunicación y en los discursos de los tomadores de decisiones. En el contexto hondureño, estamos observando una constante presencia de la fuerza militar en la mayoría de asuntos públicos. Este fenómeno es especialmente relevante en este tema, ya que:
- En el contexto del desarrollo de las nuevas fronteras para el acaparamiento y la explotación de los bienes comunes de la naturaleza, como los nuevos proyectos de energía, y en la profundización de modelos ya establecidos, como el monocultivo, el Estado ha incrementado su presupuesto destinado a la función militar, buscando ocupar y controlar los espacios de la vida pública.
- Es posible inferir que el Estado ha movilizado las fuerzas armadas en áreas que considera focos de conflictividad socioambiental. Un ejemplo de esto son los batallones verdes desplegados en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y Atlántida, que, según el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, presentan un número importante de focos de resistencia frente a proyectos extractivos (específicamente madera y generación de energía)[24].
- La política ambiental, en colaboración con las fuerzas armadas, ilustra la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia militar en los puntos de extracción y en la defensa de intereses privados. Por ejemplo, en el actual conflicto en el Aguán, el despliegue militar se utiliza como una estrategia de contención. Sin embargo, no se han logrado avances en reformas significativas como el acceso a tierra para campesinos y campesinas, ni en la judicialización de las redes de crimen organizado. La contención del conflicto es, entonces, una medida dilatoria de buscar aparentar calma.
Lo complejo de hacer el análisis sobre la interacción entre las fuerzas armadas y el modelo extractivo en Honduras, es que continúa siendo un ámbito marcado por altos niveles de opacidad. A lo largo de la historia del país, los militares han estado involucrados en una serie de fracturas, incluyendo desapariciones, golpes de Estado y asesinatos. Todo ello en un contexto de completa impunidad. A pesar de estas violaciones, continúan desempeñando un papel clave en la gestión de conflictos y en asuntos relacionados con la democracia.
[1] Tornel, C. 2023. Militarismo y extractivismo en México: dos caras de la continua descomposición del capitalismo y el descenso hacia la barbarie en Disputa por los bienes naturales: Militarización y fuerzas armadas en México. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/373717648_Disputa_por_los_bienes_naturales_Militarizacion_y_fuerzas_armadas_en_Mexico
[2] Gudynas, E. (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Centro Latino Americano de Ecología Social/Centro de Documentación e Información de Bolivia.
[3] Arboleda, M. (2020). Planetary Mine. Territories of Extraction under Late Capitalism. Verso Books.
[4] Más referencia: David Harvey. Fronteras de acumulación del capital.
[5] Tsing, A.L. (2015). The Mushroom at the End of the World. On the Possibility in Capitalist Ruins. Princeton University Press.
[6] CESPAD. 2024. Análisis Semanal| Adán Fúnez: la puerta giratoria del extractivismo en Guapinol y Sector San Pedro. Disponible en: https://cespad.org.hn/analisis-semanal-adan-funez-la-puerta-giratoria-del-extractivismo-en-guapinol-y-sector-san-pedro/
[7] Isla, A. (2022). “Greening” the Highest Stage of Extractivism in Latin America. Routledge.
[8] Tornel, C. 2023. Militarismo y extractivismo en México: dos caras de la continua descomposición del capitalismo y el descenso hacia la barbarie en Disputa por los bienes naturales: Militarización y fuerzas armadas en México. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/373717648_Disputa_por_los_bienes_naturales_Militarizacion_y_fuerzas_armadas_en_Mexico
[9] CESPAD. 2024. Análisis Semanal | Fuerzas Armadas hondureñas: ni apolíticas, ni obedientes y tampoco no deliberantes. Disponible en: https://cespad.org.hn/analisis-semanal-fuerzas-armadas-hondurenas-ni-apoliticas-ni-obedientes-y-tampoco-no-deliberantes/
[10] CESPAD. 2020. De militares y policías, a guardias de seguridad de empresas mineras e hidroeléctricas. Disponible: https://v1.cespad.org.hn/2020/09/04/de-militares-y-policias-a-guardias-de-seguridad-de-empresas-mineras-e-hidroelectricas/
[11] Ídem.
[12] Ver: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/28/ berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trainedspecial-forces, https://www.theguardian.com/world/2016/ may/02/berta-caceres-murder-four-men-arrested-honduras y https://www.theguardian.com/world/2018/mar/02/bertacaceres-death-murder-ex-honduran-military-intelligenceofficer-arrested?CMP=share_btn_tw
[13] Dinant. 2019. Programa de Implementación de Seguridad y Derechos Humanos de Corporación Dinant INFORME DE AVANCES 2019. Disponible: https://www.dinant.com/wp-content/uploads/2018/06/Informe-de-Avance-2019_Seguridad_FINAL.pdf
[14] Criterio HN. 2018. Campesinos del Bajo Aguán denuncian a Químicas Dinant y militares de sembrar evidencia para destruir el movimiento. Disponible: https://criterio.hn/campesinos-del-bajo-aguan-denuncian-a-quimicas-dinant-y-militares-de-sembrar-evidencia-para-destruir-el-movimiento/
[15] CESPAD. 2017. “AZACUALPA: un pueblo que subsiste entre la violación de sus derechos humanos y la ambición desmedida de la empresa MINOSA. Disponible: http://v1.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/12/Azacualpa-FINAL-DICIEMBRE.pdf
[16] Criterio HN. 2025. Tras dos meses de violencia en el Bajo Aguán, ordenan intervención militar y policial. Disponible: https://criterio.hn/tras-dos-meses-de-violencia-en-el-bajo-aguan-ordenan-intervencion-militar-y-policial/
[17] Ídem.
[18] CESPAD. 2024. Análisis semanal| A juicio, el Estado mafioso hondureño. Disponible: https://cespad.org.hn/analisis-semanal-a-juicio-el-estado-mafioso-hondureno/
[19] CESPAD. 2023. El multifuncionalismo y el protagonismo de los militares en Honduras. Disponible en: https://cespad.org.hn/el-multifuncionalismo-y-el-protagonismo-de-los-militares-en-honduras/
[20] Ídem.
[21] Más información: https://sedena.gob.hn/ambiente
[22] Vea informe: https://www.globalwitness.org/documents/20577/GW_Defenders_Standing_Firm_ES_September_2023_Web_AW.pdf
[23] CESPAD. 2024. Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral. Septiembre, 2024. Disponible: https://observatorio.cespad.org.hn/informes/
[24] Vea: https://observatorio.cespad.org.hn/mapa/
