Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD, con la colaboración de Osiris Payes.
La declaratoria de los resultados finales de las elecciones primarias, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 8 de abril, en una comparecencia pública, fue simplemente el cumplimiento de la ley y del cronograma electoral. Sin embargo, el ciclo de la precrisis electoral que se abrió el 9 de marzo durante las elecciones primarias e internas, todavía permanece abierto.
La convocatoria realizada por la Comisión Especial investigadora del Congreso Nacional a las dos consejeras y al consejero del CNE, colocó de nuevo en el debate nacional el complejo momento que enfrenta la institucionalidad electoral hondureña, que tiene la responsabilidad de convocar y garantizar la realización de las elecciones generales programadas para el próximo mes de noviembre.
En esta audiencia pública, llamó mucho la atención la afirmación que hizo ante la Comisión Especial, Cossette López, consejera presidenta, quien aseguró que en este momento para el CNE “está muy difícil” organizar la jornada electoral de noviembre. Detalló que “muchas personas están renunciando y cesando contratos con el CNE, además nadie quiere integrar comisiones y tampoco hay unidad de cartografía”. También mencionó que la unidad interna y la capacidad de actuación del organismo electoral fue seriamente “lesionada” por las diferencias entre los tres consejeros, como resultado de lo que ocurrió el día de las votaciones de las elecciones primarias.
La consejera Ana Paola Hall, quien asumirá la presidencia del CNE en la fase del desarrollo de las elecciones generales, coincide con la valoración de López, sobre el momento difícil que vive el máximo organismo electoral “porque hay una desmoralización a lo interno”. Sin embargo, Hall destacó el deber del pleno de “garantizar un proceso electoral prácticamente perfecto” para el próximo 30 de noviembre.
Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa cuestionó las aseveraciones de su colega Cossette López aseverando que “es necesario que se reflexione sobre esas declaraciones y que se rectifique. En caso de no hacerlo, se debe explicar por qué se quiere generar zozobra e incertidumbre”. También hizo un llamado a la responsabilidad institucional.
Al valorarse en su conjunto, las tres declaraciones evidencian las intensas fisuras que existen en el máximo organismo electoral, un asunto preocupante particularmente porque se trata del “árbitro de las elecciones”. Es un hecho que el carácter colegiado del CNE se perdió desde el 9 de marzo y que los tres consejeros han incumplido las prohibiciones de la Ley Electoral, en el artículo 15, numeral 3, de “expresar públicamente o insinuar sus opiniones respecto de los asuntos que por ley son llamados a resolver”. En tal sentido, las redes sociales y los medios de comunicación han reemplazado al pleno del CNE, es en estos espacios que los consejeros han trasladado el debate interno sobre los factores que provocaron el caos electoral del día de las votaciones primarias. Esto ha intensificado la desconfianza y falta de credibilidad ciudadana en el organismo rector del proceso eleccionario.
Más allá de la existencia de un presunto complot (que deberá investigarse a fondo), consideramos que lo ocurrido el 9 de marzo fue consecuencia de la ineficiente administración y gerencia por parte del CNE durante la fase preparatoria de las elecciones. Las declaraciones individuales de los consejeros, a pesar de su falta de coincidencia, confirman esta aseveración. Al respecto, se destacan los puntos siguientes: una deficiente gobernanza interna, evidenciada en la falta de convocatorias oportunas y en la toma de decisiones; retrasos en la impresión de la papelería, y problemas relacionados con el transporte y la vigilancia del material electoral.
Ante esa situación, es oportuno preguntarse: ¿a qué factores de fondo responde esta extraordinaria crisis del CNE?
Diseño del CNE: aciertos y limitaciones
Para responder la interrogante anterior, es importante remitirse al diseño institucional del CNE. Este órgano electoral fue constituido en cumplimiento de la nueva Ley Electoral aprobada el 26 de mayo del 2021 (Decreto Legislativo # 35-2021), con el propósito de realizar “las funciones administrativas, técnicas y logísticas” de los procesos electorales nacionales y locales, así como de las consultas ciudadanas, dejando las funciones jurisdiccionales en manos de un Tribunal de Justicia Electoral.
La creación de esta normativa surge de una intensa disputa política partidaria de la última década en el país, que busca transformar el tradicional sistema bipartidista. Esta disputa se inició con el golpe de Estado del 2009 y se alimentó en los años posteriores por fraudes electorales, la ilegal reelección presidencial y la aguda polarización política. En ese contexto, la nueva ley electoral es el resultado de un acuerdo entre tres fuerzas políticas: el Partido Nacional, el Partido Liberal y LIBRE. En este acuerdo, el bipartidismo tradicional (el Partido Nacional y el Partido Nacional) reconoce la existencia de una nueva fuerza política (LIBRE); y los tres partidos decidieron liderar la institucionalidad electoral, sobre la base de una cultura política compartida centrada en la distribución de las cuotas de poder.
A continuación, se identifican los aciertos y limitaciones de la institucionalidad electoral creada en mayo del 2021.
Los aciertos más importantes son:
- La naturaleza de su rango constitucional. Para su formación, fue necesaria la reforma de la Constitución de la República en el capítulo V, sobre la función electoral. Este rango constitucional le otorga un carácter autónomo e independiente “sin relaciones de subordinación con los Poderes del Estado, de seguridad nacional, con personalidad jurídica, jurisdicción y competencia en toda la República” (art 51 de la Constitución de la República).
- El reconocimiento de sus máximos representantes como altos funcionarios públicos. Esto significa que corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar la conducta administrativa de cada consejero, y que la destitución de sus cargos debe realizarse a través de un juicio político.
Desde los estándares internacionales, que un máximo organismo electoral posea autonomía e independencia respecto a los demás poderes del Estado es fundamental para garantizar procesos electorales transparentes y confiables. Además, quienes lo dirigen deben poder ejercer sus funciones con una estabilidad laboral aceptable, sin el riesgo de ser destituidos de manera arbitraria por un funcionario en particular. Pero en el diseño hondureño, los aciertos del modelo son anulados por sus propias limitaciones.
Al respecto, las limitaciones más importantes son las que siguen:
- La elección de los consejeros es el resultado de un acuerdo entre los tres principales partidos políticos (Nacional, Liberal y LIBRE). En otras palabras, es un modelo de integración de un órgano electoral con representación directa de los partidos políticos. Tan es así, que para su elección se requiere mayoría calificada en el Congreso Nacional, una situación imposible de lograr sin el consenso interpartidario.
- La selección de los y las consejeras se realiza sin criterios de meritocracia y capacidades profesionales. Los consejeros se eligen por su trayectoria de militancia política, una situación que dificulta un desempeño apegado a los a la Ley Electoral y normas básicas, que garanticen una elección democrática. En este escenario, siempre estará presente el riesgo de que los intereses partidarios particulares prevalezcan sobre la responsabilidad de administrar elecciones transparentes y creíbles.
Para que este modelo funcione adecuadamente, sería necesario que los consejeros adopten el llamado principio de ingratitud, es decir, que tomen distancia de la fidelidad partidaria y asuman su mandato de manera autónoma e independiente. Otro escenario en el que podría operar con éxito es en un contexto en el cual diversas fuerzas políticas, agobiadas por múltiples agravios, decidan poner fin a un régimen político determinado. Un ejemplo de lo anterior fue la situación que ocurrió durante las elecciones generales del 2021, en la cual este modelo funcionó muy bien.
Actualmente, el diseño institucional del CNE ha evidenciado grandes fallas. Las diferencias interpartidarias han interferido y propiciado un contexto de profunda polarización política. La exposición en los espacios públicos de las diferencias entre los diferentes consejeros ha debilitado la confianza en este organismo electoral y se ha colocado en precario la realización de las elecciones generales de noviembre en sus fases: preparación, realización de las votaciones y entrega final de los resultados.
Desafortunadamente, a medida que se avanza hacia el día “D”, en lugar de atenuarse las diferencias se intensifican. El CNE se ha convertido en un campo de batalla electoral que ha diluido su mandato administrativo y técnico. Esto ha colocado al país ante un serio riesgo de su frágil democracia.
Algunos estudiosos del tema como Mikel Barreda Diez y Leticia Ruiz Rodríguez, consideran que los órganos electorales “desempeñan un papel clave para asegurar la calidad de los procesos electorales y, por extensión, la calidad de una democracia” (2013, p. 650). Y afirman, asimismo, que el cumplimiento eficaz de sus funciones por parte de dichos órganos “permite la aceptación de los resultados de … (las elecciones) y la consecuente legitimidad de los cargos elegidos” (2013, p. 651).
En otras palabras, sin un máximo organismo electoral con atributos básicos como la independencia, la autonomía y el profesionalismo en el ejercicio de sus funciones, es prácticamente imposible la realización de una jornada electoral democrática.
En estas circunstancias: ¿Qué hacer para avanzar hacia elecciones generales limpias y creíbles?
Esta es una pregunta clave en la coyuntura electoral. La descalificación mutua entre los dos bandos que han fraccionado al CNE, refleja claramente las expresiones de la polarización política del país. Llevar a su extremo esta polarización implicaría reestructurar el actual CNE, sin embargo, un escenario de este tipo carece de viabilidad política, en tanto cualquier intento en esa dirección, con seguridad, conduciría al país hacia una ruptura, es decir, a una crisis política nacional.
Por eso, a partir de los déficits de gobernanza actuales, desde esta “trinchera” de análisis político, lo que nos corresponde es sugerir un conjunto de pasos para recuperar la “normalidad” institucional del CNE. Esto permitiría que el organismo cumpla de la manera más efectiva, considerando las circunstancias actuales, su mandato constitucional de administrar eficientemente las próximas elecciones. Algunas medidas, en tres grandes áreas, se presentan a continuación:
- La adopción de un pacto interpartidario que por lo menos implique el compromiso de:
- Garantizar elecciones generales transparentes, limpias y creíbles el 30 de noviembre.
- Restablecer el funcionamiento del pleno del CNE como un órgano colegiado, subordinado al cumplimiento de la normativa y los estándares internacionales sobre elecciones democráticas.
- El ejercicio autocrítico del pleno del CNE, que implique una lectura colectiva de los acontecimientos del 9 de marzo, identificación de las fallas y determinación de las medidas para evitar su repetición. Al mismo tiempo, abrirse a escuchar las voces de la sociedad civil, sus demandas, cuestionamientos y propuestas de mejora.
- Mejorar la gestión y los procesos internos del CNE, considerando aspectos como:
- Crear una Dirección Especializada de Logística Electoral con autonomía funcional, reportando directamente al pleno.
- Establecer un protocolo de emergencia para transporte y distribución, incluyendo convenios alternativos con transporte militar o de emergencia en caso de fallos contractuales.
- Asegurar la transparencia en los procesos de contratación, publicando en la página web todos los aspectos relacionados (pliego de condiciones, licitaciones, contratos y otros).
- Introducir cambios en los contratos, incluyendo cláusulas de cumplimiento estricto, garantías de cumplimiento y sanciones automáticas.
- Implementar una estrategia integral de comunicación institucional, enfocada en la transparencia, la rendición de cuentas y el refuerzo de la confianza pública.
- Realizar auditorías técnicas independientes trimestrales sobre proyectos de transporte, documentación y tecnología electoral.
El pilar fundamental de un sistema de integridad es la existencia de un órgano electoral confiable, independiente y autónomo, capaz de organizar las elecciones y entregar resultados confiables y legítimos. Como lo hemos mencionado en artículos anteriores, en Honduras, los partidos políticos son el centro de la institucionalidad electoral y son los que deben asegurar que se retome la “normalidad” del proceso en curso. Esto sólo será posible mediante el diálogo y acuerdos responsables.
¿Hasta qué punto ha aprendido la élite política de la crisis del 2009? ¿Es sensato empujar al país a una nueva crisis nacional?
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