Escrito por Osiris Payes
A medida que avanza el calendario electoral y se acerca el plazo legal para la convocatoria de elecciones generales, el Congreso Nacional reanudó sus sesiones tras una prolongada inactividad que inició el 12 de febrero. Sin embargo, este retorno no ha significado una revitalización sustantiva de la agenda legislativa orientada al fortalecimiento institucional o al combate de la corrupción.
Desde la instalación de la cuarta y última legislatura del actual período parlamentario (2022–2026), el 25 de enero, el ritmo del Congreso ha sido fragmentado. Luego de la sesión inaugural, solo sesionó durante las semanas del 4 y 12 de febrero; el 29 de marzo se nombraron las nuevas comisiones ordinarias y especiales, y no fue hasta el 9 de abril que se retomaron las actividades plenamente. Esta parálisis legislativa está estrechamente vinculada al contexto electoral: muchos diputados y diputadas, inmersos en actividades de propaganda, posicionamiento y búsqueda de reelección, han puesto la función legislativa en segundo plano. Esta situación quedó evidenciada cuando el vicepresidente Hugo Noé Pino denunció la baja asistencia de los legisladores: de 256 diputados, solo 68 asistieron, apenas logrando el quórum. Calificó esta falta de compromiso como ‘una vergüenza’.
En relación con las prioridades legislativas, uno de los elementos más reveladores en este contexto es el informe de rendición de cuentas presentado por la presidencia del Congreso Nacional, el cual incluye una agenda legislativa prioritaria para el año 2025. En ella se identifican 39 proyectos de ley, entre nuevas iniciativas y reformas; sin embargo, solo los últimos dos (el 38 y el 39) están parcialmente relacionados con la agenda anticorrupción: la Ley de Colaboración Eficaz y la Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Ambos proyectos se encuentran en tercer debate, pero es importante subrayar que su inclusión no necesariamente implica un compromiso real en la lucha contra la corrupción. Según el documento «Síntesis de aspectos mínimos indispensables previo al establecimiento de un mecanismo», elaborado por el equipo de expertos de la ONU, estos proyectos no constituyen requisitos previos para la instalación de la CICIH. La Ley de Colaboración Eficaz es considerada una medida complementaria posterior a la firma del convenio, mientras que el punto 39, relativo al marco legal de instalación de la CICIH, no requiere reforma constitucional. Esta estrategia legislativa prioriza la apariencia de acción sobre un compromiso efectivo para la instalación del mecanismo internacional.
A estos elementos se suma un proceso de retrocesos y estancamientos. En los primeros meses de 2022, el nuevo Congreso avanzó rápidamente en la derogación de algunos «pactos de impunidad», como los Decretos 116-2019, 93-2021 y 57-2020. Sin embargo, tras esos primeros logros, la agenda anticorrupción se estancó.
Actualmente, algunos temas fundamentales siguen sin resolverse: el Decreto 130-2017 (nuevo Código Penal) sigue vigente pese a que redujo las penas por delitos de corrupción y criminalidad organizada; el Decreto 117-2019, que otorga inmunidad parlamentaria, cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Anticorrupción, pero sin agenda; y el fuero especial para altos funcionarios públicos, que continúa siendo una barrera estructural para la rendición de cuentas.
Entre las normas y el poder: la corrupción como síntoma estructural
Para comprender estas dinámicas, es necesario incorporar una lectura estructural sobre la relación entre corrupción, reglas democráticas y poder invisible. Como señala Norberto Bobbio, la democracia no es solo un ideal, sino un conjunto de reglas del juego que permiten la transformación del poder soberano en una voluntad colectiva legitimada. Estas normas, complejas y constitucionalizadas, son el andamiaje mínimo para una democracia operativa. La persistencia de normas que blindan a la élite política frente a procesos judiciales rompe ese equilibrio normativo y pone entre dicho el principio de igualdad ante la ley.
En este sentido, el deterioro democrático no puede analizarse aisladamente ni reducirse únicamente a la inacción legislativa: responde a un diseño institucional que ha favorecido históricamente a una élite política que actúa bajo lógicas de poder invisible. Como advierte Bobbio, en América Latina la corrupción no escandaliza, sino que muchas veces es vista como «habilidad» o «inteligencia política». Esta naturalización de la impunidad socava las condiciones empíricas para que las reglas democráticas operen de forma real y, en consecuencia, debilita la expectativa ciudadana de que las instituciones funcionen con integridad.
Desde el derecho y la filosofía política, autores como Rodolfo Vázquez y Miguel Carbonell advierten que la corrupción es una transgresión directa a las reglas del juego democrático. No se trata solo de ilegalidad, sino de una forma sistémica de captura institucional. Esta mirada permite entender cómo algunas decisiones —o la ausencia de ellas— terminan consolidando esquemas de protección política. En ese marco, el Congreso Nacional no solo ha sido omiso: también ha contribuido, por acción u omisión, a preservar condiciones normativas que dificultan la rendición de cuentas y favorecen la permanencia de prácticas impunes.
Este análisis permite contextualizar un hecho urgente: restan 41 días para el 15 de junio, fecha para el vencimiento del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas, firmado para facilitar la instalación de la CICIH. Este plazo representa una oportunidad decisiva para que el Congreso Nacional demuestre su disposición a cumplir con los compromisos asumidos. Si no se aprueban las reformas clave antes de esa fecha, el Congreso tendrá la responsabilidad política e histórica de haber desaprovechado, una vez más, la oportunidad de avanzar en la lucha contra la corrupción.
Tendrá consecuencias electorales el no avance de la agenda anticorrupción.
En las elecciones de noviembre, la omisión legislativa puede tener un impacto significativo. Muchos diputados buscan la reelección; su falta de acción frente a las exigencias ciudadanas podría convertirse en un factor negativo en su carrera política. La instalación o no de la CICIH no es solo una decisión técnica o diplomática: representa una señal política relevante que puede influir en la percepción de los ciudadanos sobre el compromiso de sus representantes en la lucha contra la corrupción.
En un año electoral, la ciudadanía tiene en sus manos la oportunidad de romper el círculo vicioso de impunidad, abstencionismo y baja calidad representativa. Volver a elegir a quienes han sostenido marcos normativos que protegen a los poderosos implica validar condiciones que perpetúan la corrupción estructural. Por ello, el voto se convierte en una herramienta ética y estratégica para impulsar el tipo de institucionalidad que se desea construir.
Como señala Rodolfo Vázquez, el Estado de derecho implica un contenido ético que obliga a actuar con base en una ética de la responsabilidad y no solo de la convicción. En otras palabras: no basta con proclamarse «anticorrupción» desde el discurso; se necesita traducir esa convicción en votos, leyes y decisiones políticas tangibles.
El Congreso Nacional se encuentra ante un dilema histórico. Su falta de acción en temas como la derogación del fuero especial, las reformas al Código Penal y la creación de condiciones para la CICIH no solo compromete los compromisos internacionales del país, sino que debilita el tejido normativo que sostiene la democracia.
Sin embargo, aún hay tiempo para corregir el rumbo. La presión ciudadana, el escrutinio público y el calendario electoral pueden convertirse en catalizadores para retomar la agenda pendiente. El combate a la corrupción no puede limitarse a discursos o proyectos simbólicos sin efectos jurídicos. Requiere voluntad, coherencia y acción legislativa.
En este escenario, la recientemente nombrada Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, presidida por Jari Dixon Herrera Hernández, enfrenta una responsabilidad crucial. Esta comisión no solo debe demostrar capacidad técnica y liderazgo político, sino también marcar un punto de inflexión en el compromiso institucional con la agenda anticorrupción. En un contexto de alta exigencia ciudadana y de expectativas internacionales, sus decisiones y líneas de acción serán determinantes para trazar una ruta legislativa clara y coherente en materia de lucha contra la corrupción.
La democracia hondureña necesita un Congreso que no actúe como cómplice de la impunidad, sino como arquitecto de un nuevo pacto normativo que restituya la confianza ciudadana en las instituciones. El desafío está planteado y con él, la oportunidad de que el Congreso Nacional deje de ser parte del problema para comenzar, por fin, a ser parte de la solución.
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