El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó el informe de Monitoreo sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas al Estado de Honduras en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre tierra y territorio.
El documento, que forma parte del proyecto “Fortaleciendo las capacidades estratégicas del movimiento campesino e indígena de Honduras para la promoción de una nueva generación de políticas públicas”, con el apoyo de Trócaire, ofrece un análisis crítico sobre los avances, retrocesos y desafíos del país en materia de derechos humanos. El monitoreo se enfocó en once recomendaciones prioritarias, agrupadas en cuatro ejes temáticos fundamentales:
- La no discriminación y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
- Protección de personas defensoras del territorio y del medio ambiente.
- Justicia ambiental.
- Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), incluyendo la seguridad alimentaria.
Resultados preocupantes
Los hallazgos del informe revelan que ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida en su totalidad. Cinco de ellas están “en proceso de cumplimiento” y seis fueron catalogadas como “no cumplidas”. Esta evaluación refleja una preocupante brecha entre los compromisos asumidos por el Estado hondureño a nivel internacional y las acciones implementadas en los territorios.
“El discurso oficial de transformación democrática aún no se ha traducido en medidas concretas y sostenibles para garantizar los derechos humanos, especialmente en zonas rurales e indígenas”, señala el informe. A pesar de algunos avances institucionales y legales, como la legalización de tierras o la creación de nuevas estructuras de planificación ambiental, la falta de voluntad política, presupuestos adecuados y mecanismos de participación real siguen siendo obstáculos centrales.
Persistencia de la discriminación y criminalización
En materia de no discriminación, el informe destaca que los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando exclusión estructural, violaciones territoriales y obstáculos en el acceso a la justicia. Iniciativas como la CONAPOA han sido calificadas como insuficientes por su bajo presupuesto y limitado alcance. Las comunidades misquitas, tolupanas y garífunas continúan denunciando despojos territoriales y desplazamientos forzados sin respuesta efectiva del Estado.
Respecto a la protección de personas defensoras, la situación sigue siendo crítica. A pesar de iniciativas legales recientes, como la Ley Especial para la Protección de Defensores del Ambiente —aún pendiente de oficialización—, la violencia, la impunidad y la criminalización de líderes comunitarios y ambientales persisten. El informe cita casos emblemáticos como el asesinato de defensores del río Guapinol o la desaparición forzada de garífunas de Triunfo de la Cruz, que siguen sin resolverse.
Inseguridad alimentaria y justicia ambiental: grandes deudas pendientes
El documento también alerta sobre la grave crisis de inseguridad alimentaria que afecta a más de 1.9 millones de personas en el país, en especial en el llamado “Corredor Seco”. Pese a la existencia de programas sociales, el monitoreo identifica una falta de datos actualizados, baja cobertura territorial y ausencia de una política alimentaria integral con enfoque en la agricultura campesina.
En el ámbito de la justicia ambiental, se evidencia que Honduras no ha cumplido con las recomendaciones internacionales para garantizar la participación de comunidades afectadas por proyectos extractivos. El país sigue sin ratificar el Acuerdo de Escazú y carece de mecanismos efectivos de consulta previa y de regulación a la conducta empresarial, mientras persiste el despojo territorial, la criminalización y la expansión de megaproyectos sin consentimiento comunitario.
Llamado urgente a la acción
Desde el CESPAD se advierte que la refundación democrática prometida por la actual administración solo será posible si se materializa en acciones estructurales, participativas y sostenidas. “El monitoreo no sólo sirve como herramienta de control social, sino también como una vía para visibilizar las deudas históricas del Estado con sus pueblos y territorios. Honduras no puede continuar postergando su compromiso con los derechos humanos”, concluye el documento.
El informe está disponible para su consulta pública y ha sido remitido a instancias internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte del proceso de seguimiento a los compromisos del EPU.
Descargue informe aquí: INFORME
