Análisis de Coyuntura
Escrito por Lucía Vijil Saybe
Continúa generando alerta la constante emisión de comunicados que notifican el asesinato de campesinos en el Valle del Aguán. El conflicto agrario y sus múltiples formas de violencia están estrechamente vinculados a: i) la expansión de la frontera extractiva del monocultivo de palma aceitera, ii) la presencia del crimen organizado, y iii) la ausencia de respuestas por parte de las instituciones ante la crisis estructural de la distribución de la tierra.
Para este análisis, nos interesa abordar la situación de la Empresa Campesina de Producción Gregorio Chávez (ECPGC) y las formas en que el capital se expresa para avanzar en su proceso de desterritorialización frente a la recuperación de tierra por parte del sector campesino. Las preguntas que orientan este análisis son: ¿cómo podemos aproximarnos al contexto actual de la comunidad de Panamá? y ¿que implica esto en términos territoriales y de democracia ambiental?
Construcción histórica de la ECPGC[1] y contexto
El proceso de migración de familias hacia la zona del valle del Aguán estuvo motivado por la reforma agraria de 1974. Las personas que ubicaron en la comunidad de Panamá, municipio de Trujillo, contemplaban opciones como integrarse a las cooperativas de producción campesina para organizarse y generar ingresos. En ese espacio geográfico, existían las Cooperativas Plantel (aproximadamente 330 hectáreas) y Paso Aguán (aproximadamente 700 hectáreas).
Mapa 1. Ubicación geográfica de la comunidad de Panamá, Municipio de Panamá, departamento de Colón, Honduras.
Con su incorporación a las cooperativas Plantel y Paso Aguán, las familias comenzaron a trabajar la palma aceitera. Para el año 1991, Juan de la Cruz Avelar y Miguel Facussé (terrateniente en el Aguán) tomaron el control de las extensiones territoriales de los predios de ambas cooperativas. Según las entrevistas, la ocupación de las grandes empresas agroindustriales en las tierras de las cooperativas campesinas estuvo caracterizada por intromisiones en las directivas de la cooperativa, engaños y amedrentamiento (Grupo focal 1. 6 de enero del 2025. Panamá, Trujillo, Honduras).
Años más tarde, Juan de la Cruz, vende a Miguel Facussé (Grupo focal 1. 6 de enero del 2025. Panamá, Trujillo, Honduras) la propiedad de Plantel, en pocas palabras, toda la tierra pasó a manos de Miguel Facussé, dueño de Corporación Dinant, anteriormente Exportadora del Atlántico. Según los fundadores de la cooperativa: “Juan Avelar compró tierras en Panamá de forma fraudulenta y con amenazas. Invirtió en ganado y luego le vendió a Miguel Facussé 1200 manzanas. El proceso de conformación de la Empresa Campesina se realiza cuando asesinan al delegado de la palabra Gregorio Chávez”.
Los socios y socias de las cooperativas Plantel y Paso Aguán, despojados de sus tierras por este proceso de venta fraudulenta, enfrentaron tres opciones: a) trabajar para la exportadora del Atlántico (actual corporación Dinant), b) regresar a su lugar de origen, o c) recuperar la tierra. En el 2010, ex socios de las cooperativas Plantel y Paso Aguán, en un ejercicio de recuperación organizado, junto a otros miembros de la comunidad, realizaron el primer intento de ingreso a las tierras con aproximadamente 200 personas. Pero fueron desalojados rápidamente por las fuerzas militares y policiales.
En 2012, se produjo un nuevo intento de recuperación de tierras que reunió a 350 personas. El 2 de julio, de ese año, se dio la desaparición y asesinato del líder campesino Gregorio Chávez. Para Mayo de 2013, la comunidad sufrió un desalojo masivo, en el que resultaron heridos múltiples campesinos y campesinas. Sin embargo, a pesar de las condiciones, se constituyó la Empresa Campesina de Producción Gregorio Chávez (ECPGC) con personería jurídica otorgada por parte del Instituto Nacional Agrario el 22 de agosto del 2013. Con esa personería jurídica, en la actualidad continúa el proceso de solicitud de consignación de tierras.
En 2014 se registró otro ingreso y represión violenta en la que resultaron heridos José Sánchez y David Ponce, a causa de ataques directos por parte de los militares. En 2017, luego de múltiples desalojos, lograron asentarse de forma permanente en aproximadamente 1200 hectáreas de tierra (Grupo focal 1. 6 de enero del 2025. Panamá, Trujillo, Honduras). El patrón de desalojos y la violencia ejercida contra la EACPGC y sus campesinos y campesinas dio lugar a la implementación de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a un número relevante de personas aglutinadas en el movimiento campesino del Aguán y de la cooperativa.
La medida cautelar MC50-14, sobre esta empresa en particular, incluye varios hechos relevantes:
i) El 2 de julio de 2012 se reportó la desaparición del señor Gregorio Chávez, y el 6 de julio de ese mismo año se habría hallado su cuerpo en una tumba clandestina en la finca Panamá, presentando indicios de tortura; ii) el 24 de julio de 2012, se informa que agentes de la policía dispararon desde una patrulla contra campesinos de la comunidad de Panamá, donde se concentra la mayoría de los miembros del movimiento, y los solicitantes afirman que dicha comunidad y sus dirigentes estaban rodeados por guardias de seguridad; iii) el 3 de agosto de 2012, el señor Luis Antonio Urbina fue emboscado en la carretera con disparos mientras regresaba a su hogar, resultando herido, pero logró escapar y, iv) el 24 de julio de 2013, se alega que la policía realizó un allanamiento presuntamente ilegal en la vivienda de Francis Aníbal León, residente de la finca Panamá.
La Gregorio Chávez forma parte de las 50 empresas campesinas asociadas en Plataforma Agraria. Su objetivo es cumplir el mandato de la Constitución de la República que establece una reforma agraria y promover cambios en las políticas públicas a favor de los campesinos y campesinas. En el espacio ocupado de 1200 hectáreas de tierra, la empresa se dedica a la cosecha y comercialización de la palma aceitera. También produce maíz, plátano, yuca, frijoles, ayotes y sandía (Entrevista a la presidenta de la Empresa Campesina “Gregorio Chávez”).
De los ingresos generados para la cooperativa Gregorio Chávez, se paga a cada socio y socia de acuerdo con sus tareas asignadas. Se ha garantizado cobertura médica parcial en casos de emergencia, apoyo a la comunidad ante necesidades específicas y bonos en algunas festividades (Grupo focal 3. 7 de enero del 2025. Panamá, Trujillo, Honduras).
Existe un compromiso por mejorar la condición de vida de cada familia asociada: mejorar el acceso a la salud, construir una escuela específica para los hijos e hijas de los socios y socias, y el fortalecer el reglamento interno para mejorar las condiciones de trabajo (Grupo focal 2. 7 de enero del 2025. Panamá, Trujillo, Honduras).
El conflicto agrario en la zona ha forzado desplazamientos por violencia y persecución judicial, además de los asesinatos de más de 15 dirigentes campesinos, entre ellos, el caso del campesino Gregorio Chávez. Asimismo, se han ejecutado más de quince órdenes de captura por los delitos de usurpación y daños a la propiedad. Como resultado de su reclamo legítimo por de sus tierras, cinco campesinos y dos campesinas actualmente cuentan con medidas de la CIDH otorgadas en el 2014.
De enero a julio del 2025, el registro de campesinos asesinados, integrantes de la Gregorio Chávez, son los siguientes:
Tabla 1. Campesinos asesinados de la Empresa Campesina Gregorio Chávez (enero a julio del 2025)
| Nombre completo | Fecha del asesinato | Forma en que fueron asesinados |
| Carlos Antonio Rivas Canales | 17 de julio de 2025 | Emboscado junto a su padre por hombres fuertemente armados mientras se dirigían al trabajo. |
| Suyapa Guillén | Enero de 2025 | Asesinada en la comunidad de Rigores (sector controlado por grupo armado) |
| José Luis Hernández Lobo | Enero de 2025 | Asesinado en la comunidad de Rigores (sector controlado por grupo armado) |
| Josué Esaú Aguilar Cárcamo | 31 de mayo de 2025 | Asesinado en la comunidad de Rigores (sector controlado por grupo armado) |
| Héctor Otoniel Hernández Castro | 26 de julio del 2025 | Asesinado con arma de fuego por hombres armados mientras realizaba labores de campo en Cuyamel, Trujillo. |
Nota: Carlos Antonio Rivas era familiar directo de Santos Hipólito Rivas, también asesinado en 2023.
Fuente: elaboración propia con datos de monitoreo de medios de comunicación y redes sociales.
A raíz de los asesinatos ocurridos en los últimos meses, la Plataforma Agraria se ha pronunciado y presenta las siguientes demandas:
- Justicia y fin de la impunidad: investigación exhaustiva, diligente e independiente de los asesinatos y castigo a los responsables materiales e intelectuales, incluyendo los grupos armados identificados.
- Intervención estatal: que el gobierno y fuerzas de seguridad intervengan en las zonas controladas por grupos armados (especialmente finca Paso Aguán y comunidad de Rigores). Asimismo, que se cumplan los compromisos asumidos por la presidenta Xiomara Castro el 22 de febrero de 2022.
- Protección urgente: medidas inmediatas para salvaguardar la vida de campesinos y campesinas. Protección efectiva a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
- Desarticulación de grupos armados: denuncia del control armado de territorios campesinos por parte de grupos irregulares, cuyas operaciones son conocidas por las autoridades. Exigen su captura y desmantelamiento.
- Fin de la criminalización: denuncia de campañas de desinformación en redes que buscan desacreditar y criminalizar a los líderes de la Plataforma Agraria y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán. Reafirman su compromiso con la lucha pacífica y jurídica por la tierra.
Los registros de noticias y los distintos comunicados permiten identificar un patrón sistemático de violencia contra los campesinos y campesinas organizadas, con las siguientes características:
- Reiteración de asesinatos con patrones similares: emboscadas, ataques armados, desplazamientos forzados.
- Vínculos familiares entre víctimas: se ataca a familias completas de defensores ya asesinados, como el caso de los Rivas.
- Control territorial armado prolongado: zonas como Paso Aguán y Rigores llevan más de 10 años bajo dominio de grupos armados irregulares que operan con conocimiento estatal.
- Impunidad estructural: a pesar de denuncias públicas y compromisos gubernamentales, no se investiga ni se capturan responsables.
- Colusión económica: denuncian que compradores de fruta de palma y empresas agroindustriales operan o permiten estos grupos armados para garantizar el despojo de tierras.
- Criminalización paralela: mientras se cometen asesinatos, se desata una campaña de criminalización y desinformación contra líderes campesinos en redes sociales.
Puntos para la reflexión
Desde la ecología política y la justicia ambiental, es importante abordar este caso analizando las implicaciones territoriales y en la democracia ambiental.
Implicaciones territoriales
El conflicto agrario en la comunidad de Panamá evidencia una lucha directa por la tenencia y control de la tierra entre campesinos organizados y empresas agroindustriales. La forma en que se ha expandido la frontera extractiva de la palma aceitera se asocia con un patrón de denuncias de ocupaciones ilegales de tierras por parte de empresarios, cooptación de estructuras cooperativas y violencia armada, factores que han sido determinantes para el despojo territorial.
Es así como la ocupación de tierras campesinas por actores privados vinculados al capital extractivo implica un proceso de desterritorialización. Este proceso se caracteriza por un creciente abandono de las particularidades socioculturales y prácticas [2]específicas de las comunidades rurales tradicionales, “lo que genera un sentimiento de alejamiento del contexto local y una búsqueda de empleo fuera del territorio”[3].
La desterritorialización “alude a la contención territorial como un proceso contemporáneo de las relaciones de poder referidas al espacio, donde se dibujan nuevas-viejas estrategias de control territorial”. Entonces, se puede afirmar que la expansión de la frontera extractiva implica un proceso de control territorial impuesto desde las políticas globales[4].
Del mismo modo, los procesos de expansión despojan a las comunidades de sus territorios mediante desalojos, la concentración de tierras, redirección de recursos hídricos, contaminación de ríos e intoxicaciones provocadas por contaminación de los entornos. La desterritorialización es un proceso que se manifiesta de forma simultánea y transversal a la realidad que ocupa. Como afirma Herner[5], “la desterritorialización implica, además, la desarticulación del referente clave de las culturas: el territorio, espacio común donde se materializan las prácticas, que marca las fronteras entre nosotros y los otros”.
En esas imposiciones se reconocen formas de violencia directa (daños físicos o psicológicos concretos), violencia estructural o “violencia lenta”, la que hace referencia a los daños a poblaciones marginalizadas, que ocurren de manera continuada en el tiempo y en el espacio, provocando cambios socioecológicos casi inapreciables. La violencia lenta es el proceso desposesión de tierra, agua y recursos por ocupación o contaminación, que han provocado desnutrición, pobreza, formas de explotación laboral y la pérdida de biodiversidad[6].
Este caso, la desterritorialización se impone de forma forzada mediante desalojos, asesinatos, desplazamientos y represión judicial. Sin embargo, es importante destacar el proceso de resistencia campesina a través de los ejercicios de recuperación territorial y otras formas de reterritorialización campesina. Entendiendo a la reterritorialización como ese momento organizativo y político de ocupación de un espacio, sustentado en la memoria colectiva e histórica desde el sector organizado.
La fundación de la ECPGC en 2013, luego del asesinato del líder Gregorio Chávez, constituye un acto de reterritorialización comunitaria. Mediante la ocupación productiva de 1,200 hectáreas y la consolidación organizativa con personería jurídica, la empresa campesina reconstruye el control social del territorio y afirma su derecho al uso y defensa de la tierra. El cultivo para familias, la relación con la comunidad y las demás formas de agruparse a las dinámicas locales, constituyen el eje central de este proceso de reterritorialización.
En este caso, las territorialidades en disputa se pueden caracterizar en tres:
-
- La del capital agroindustrial: impone monocultivo, vigilancia armada y despojo.
- La del campesinado: busca la titulación de tierras, justicia social y producción colectiva.
- La del crimen organizado: actúa en colusión o tolerancia con intereses empresariales para garantizar el despojo.
Implicaciones en la democracia ambiental
El caso de la ECPGC también ilustra el cierre del espacio cívico y la persecución. Se documenta una violación sistemática a los derechos de participación, protesta y organización comunitaria. A lo largo de los años, la ECPGC ha enfrentado desalojos violentos, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos de sus integrantes.
Mientras se cometen crímenes contra líderes y lideresas, se desarrollan paralelamente campañas de criminalización y descrédito en redes sociales, lo que debilita el debate público y dificulta la defensa legal y social del movimiento. Esto continúa perpetuando la estigmatización de los sujetos sociales, mientras existe preocupación porque las instituciones estatales no garantizan ni el acceso a la tierra ni la protección de derechos. Por el contrario, prevalece la impunidad estructural, lo que socava los principios de justicia ambiental y legalidad democrática.
Lo más complejo es la presencia de grupos armados que controlan zonas campesinas sin que exista una acción efectiva de los aparatos de seguridad, lo que compromete la integridad física y ambiental del territorio, y dificulta un modelo alternativo de gestión campesina basado en la producción agroecológica y una vida digna.
El caso de la Empresa Campesina Gregorio Chávez ilustra cómo los conflictos agrarios en Honduras no son solo disputas por la tierra, sino una fractura estructural de la democracia ambiental. La persistente violencia, la criminalización del campesinado y la inacción estatal revelan un modelo de gobernanza territorial centrado en el despojo y la exclusión. Sin embargo, la ECPGC también representa una experiencia concreta de resistencia territorial, reconstitución comunitaria y exigencia de derechos colectivos, con profundas implicaciones para la transformación del orden agrario y la justicia socioambiental en el país.
[1] Capítulo: La empresa asociativa campesina “Gregorio Chávez”, en tesis de maestría de Estudios Socioambientales intitulada: Expansión de la frontera extractiva de la palma aceitera y su relación con la desterritorialización en el valle del Aguán, el caso de la Empresa Asociativa Campesina “Gregorio Chávez”.
[2] Haesbaert, Rogério. «Del Mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad.» Cultura y representaciones sociales, 2013: 9 – 42
[3] Entrena Durán, Francisco. Cambios en la construcción social de lo rural. De la autarquía a la globalización. Madrid: Tecnos, 1998.
[4] Nixon, Rob. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard Univsersity Press, 2011.
[5] Herner, María Teresa. «Territorio, desterritorialización y reterritorilización: un abordaje teórico desde la perspectiva de Deleuze e Guattari.» Huellas, 2009: 158 – 171.
[6] Mingorría, Sara, Gonzalo Gamboa, Berta Martín-López, y Esteve Corbera. «The oil palm boom: Socio-economic implications for Q’eqchi’households in the Polochic valley, Guatemala.» Environment, Development and Sustainability, 2014: 841 – 871.