El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, en su Boletín #4-2025, destaca como hechos relevantes el recurso de amparo del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en el caso Guapinol, y la oposición y denuncia de las comunidades de Quimistán por la ausencia de un proceso de consulta previa respecto a la instalación de la represa El Tablón.
Adscrito al Centro de Estudio para la Democracia, el Observatorio de la Conflictividad realiza una recopilación, análisis y difusión de información actualizada y precisa sobre la conflictividad agraria y socioambiental en Honduras. Con la información monitoreada y distribuida, el Observatorio tiene como objetivo contribuir a la formulación de políticas públicas efectivas, para abordar y resolver las causas estructurales que generan la conflictividad y las desigualdades en el sector rural.
En caso Guapinol: defensoras y defensores presentan recurso de amparo ante la CSJ
El Boletín subraya que el 18 de junio, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El objetivo de esta acción es revisar los actos de omisión y los dictámenes emitidos por varias instituciones estatales en relación con el conflicto minero en Guapinol.
En 2023, el Comité presentó pruebas a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) sobre los daños ambientales e ilegalidades causados por el proyecto minero en la reserva natural Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. A pesar de la existencia de un decreto para la protección del parque nacional (Decreto 18-2024), la SERNA no ha emitido un pronunciamiento.
Además, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, otorgó permisos de operación a la empresa minera Inversiones Los Pinares en enero de 2025. En mayo de 2025, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) declaró sin lugar la oposición comunitaria a la renovación del contrato de concesión de la planta peletizadora de óxido de hierro de la empresa Ecotek.
El Valle de Quimistán dice no a la represa El Tablón.
En el Boletín, el Observatorio destaca los hechos que rodearon la reactivación, en 2022, por parte del gobierno de Xiomara Castro, del proyecto de la represa multipropósito “El Tablón”.
Como antecedente el Boletín destaca que en enero de 2023, se aprobó una declaratoria de «estado de emergencia» nacional para permitir a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizar contrataciones directas para la construcción de la represa. El objetivo principal del proyecto, según el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es proteger al Valle de Sula de inundaciones.
Sin embargo, las comunidades denunciaron la falta de un proceso de consulta previo para abordar el posible reasentamiento de varias aldeas y caseríos. En un cabildo abierto en octubre de 2024, las comunidades y la alcaldía de Quimistán ratificaron una declaratoria municipal de 2018 que establece que “Quimistán es territorio libre de minería y proyectos hidroeléctricos”.
Mientras, en mayo de 2025, el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán presentó un recurso de amparo contra la ejecución del préstamo del BCIE debido a las irregularidades, incluyendo la falta de consultas.
Monitoreo de desalojos
El CESPAD, a través del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial también realiza un seguimiento de la situación de los desalojos en el país mediante un monitoreo de desalojos. Según el Boletín, desde el 6 de junio de 2023 se lleva un registro, fecha coincidente con la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Desde entonces y hasta mayo de 2025, agrega, el CESPAD ha registrado un total de 48 desalojos (43 ejecutados y 5 suspendidos), que han afectado a más de 9,000 familias campesinas e indígenas que luchan por recuperar territorios indígenas y tierras destinadas a la Reforma Agraria, principalmente en los departamentos de Colón, Yoro, Atlántida, Cortés y La Paz.
A este contexto se suma la alerta que generó el anuncio de la Secretaría de Seguridad el 30 de marzo de 2025, en el que se establece que la Policía Nacional “ha dispuesto medidas preventivas y de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables” de las protestas ciudadanas.
Para el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial “estas acciones profundizan la criminalización de la protesta social, en línea con el Decreto Legislativo 93-2021, que tipifica como delito la usurpación de espacios públicos”.
Por otro lado, en el contenido del Boletín se hace énfasis en que, a dos años de la creación de la Comisión, las organizaciones territoriales, indígenas y campesinas exigen al titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez Rodríguez, quien también encabeza la Comisión, que cese los desalojos de tierras campesinas e indígenas y que priorice las propuestas de reformas legales desarrolladas en la Mesa de Reformas de la Comisión, para garantizar el acceso a tierras agrícolas para el sector campesino de Honduras.
Para conocer más sobre el registro que realiza el Observatorio dela Conflictividad Socioterritorial y la información que se publica en el Boletín bimensual, ingrese a la siguiente dirección: