Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
Los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia podrían estar marcando una nueva tendencia hacia el declive de los gobiernos progresistas en la región. En el caso boliviano, es evidente que el modelo de desarrollo de los últimos 20, bajo la conducción del Movimiento al Socialismo (MAS), colapsó. La derrota electoral se explica por los serios desafíos que enfrenta la economía: inflación, escasez de dólares, desabastecimiento de productos básicos y el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. A estos problemas se suma el fraccionamiento interno y las disputas fratricidas de los viejos y nuevos liderazgos del MAS.
Para Garcia Linera, ex vicepresidente de Bolivia, “Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones por los trolls de las redes sociales. Tampoco porque las derechas son más violentas ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales es ingrato”. Afirma que las pierden por sus errores políticos: “Y estos errores pueden ser múltiples. Pero hay una falla que unifica a los demás. El error en la gestión económica al tomar decisiones que golpean los bolsillos de la gran mayoría de sus seguidores”.
En todo caso, más allá de Bolivia, en los países gobernados por los progresismos, la frustración de las grandes mayorías con sus expectativas de cambio y de mejoría de sus condiciones de vida está abriendo espacio a las fuerzas políticas de ultraderecha. Estas se presentan como “out siders”, como nuevos rebeldes que cuestionan al sistema y a las llamadas “castas”, ofreciendo grandes transformaciones para resolver los problemas económicos que agobian a la población, como la falta de oportunidades de empleo, ingresos suficientes y bienestar social. Por supuesto, estas propuestas suelen repetir las mismas recetas del pasado que han construido sociedades profundamente desiguales, en beneficio absoluto de pequeñas minorías.
Los progresismos latinoamericanos, hechos gobiernos, han enfrentado grandes dificultades para traducir sus programas políticos en cambios reales en función de las aspiraciones de las grandes mayorías, incluso con reformas en su sentido más tradicional (socialdemócratas). En lugar de reformas sustanciales para solucionar los problemas acuciantes, ha prevalecido, con mínimos cambios, la continuación de las viejas políticas económicas y sociales, combinadas con narrativas polarizantes anunciando cambios apocalípticos, que han despertado el temor de las élites. Esto ha facilitado el fortalecimiento de diversos frentes antiprogresistas internacionales como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), con la presencia de liderazgos de derecha latinoamericanos, el Foro de Madrid, la Alianza Republicana y otros más.
A este panorama internacional se suma la instalación en la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, quien está intentando marcar un punto de inflexión histórica que lleve a una reconfiguración del mundo, en medio del evidente declive de los Estados Unidos como gran potencia hegemónica.
Además de las elecciones en Honduras, en los próximos meses se realizarán elecciones en varios países gobernados por progresismos: Chile (16 de noviembre, 2025), Colombia (31 de mayo, 2026) y Brasil (4 de octubre, 2026). Sin duda, el contexto internacional descrito tendrá influencia en los resultados electorales finales en los 4 países mencionados.
La política exterior estadounidense y sus intereses en el proceso electoral hondureño
Por el momento, la administración Trump no tiene una política clara respecto a las elecciones en Honduras, o por lo menos no la ha manifestado públicamente, probablemente debido a la nueva directiva del Departamento de Estado de “restringir comentarios sobre las elecciones en el extranjero”. Sin embargo, existen un conjunto de hechos que nos ayudan a entender la dirección que podría adoptar. Estos hechos no son unilineales, por el contrario, son contrastantes y han respondido a los cambios en la coyuntura en los últimos meses. Entre ellos se mencionan los siguientes:
- La visita de Marco Rubio a Centroamérica, excluyendo a Honduras. La primera acción del nuevo jefe del Departamento de Estado fue la realización de una gira por la sub región centroamericana, a principios del mes de febrero, que incluyó a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Este fue un mensaje de la prioridad de la sub región en esta administración. En algún momento de la gira, Rubio enfatizó que solamente visitaba países amigos y subrayó «Una de mis prioridades es asegurar que la política exterior de EE. UU. es una política en la que es mejor ser amigo que enemigo; es mejor ser aliado que alguien que crea problemas«.
- Acercamientos del gobierno de Honduras a la administración Trump. A pesar de esta primera exclusión al gobierno hondureño, en posteriores momentos a la gira, Rubio indicó que a Honduras la incluía dentro de los países aliados. Estas menciones se explican en la suscripción de acuerdos entre las dos partes, que aseguraban el uso del aeropuerto de Palmerola como punto de trasbordo en la expulsión de migrantes venezolanos de los EE. UU y por la anulación hondureña de la decisión presidencial que daba por terminado el Tratado de Extradición.
- La visita a Honduras de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. El 25 de junio, Noem se reunió con la presidenta Castro para abordar temas sobre la seguridad migratoria, seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y el TPS (Estatus de Protección Temporal). Al finalizar la gira, la que también incluyó a Guatemala, Noem informó que con ambos países había firmado un acuerdo “para ofrecer refugio a personas de otros países que, de otro modo, solicitarían asilo en Estados Unidos” (conocido como Tercer País Seguro). Con estos acuerdos la Administración Trump amplió su espacio de acción para la deportación de migrantes.
- El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS). El 8 de julio, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció esta decisión como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Donald Trump para despojar a los migrantes de este estatus legal. Es posible que este anunció haya generado tensiones entre Estados Unidos y Honduras debido a que pocas semanas antes, el gobierno hondureño había suscrito con la misma Noem el acuerdo de Tercer País Seguro y en la agenda de esta reunión estuvo el tema del TPS.
- La Administración Trump excluye a Honduras de aranceles adicionales del 10%. El 1 de agosto, la Cancillería hondureña “informó que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (EE. UU.), notificó que el país queda excluido de aranceles adicionales al 10% aplicado en abril del presente año”. Esta decisión es la expresión del pragmatismo utilizado por la administración estadounidense, hasta este momento, y podría entenderse como una compensación por la cancelación del TPS.
- Designación de Nicolás Maduro como narcotraficante, aumento de recompensa y orden de captura. Las vacilaciones estadounidenses en torno al asunto de Maduro (presidente de Venezuela) se terminaron el 7 de agosto. La designación de narcotraficante-terrorista fue seguida por un despliegue militar a las costas venezolanas. El 17 de agosto, fuentes periodísticas informaban que los “destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson estaban en ruta hacia aguas del Caribe «próximas a Venezuela». El despliegue incluía, además, aproximadamente 4.000 marinos e infantes de Marina, varios aviones de patrulla marítima P-8 y al menos un submarino de ataque”. En respuesta, Nicolás Maduro ordenó “el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país”.
- La solidaridad hondureña con Maduro. El 9 agosto, mediante un mensaje en su cuenta X, la presidenta Xiomara Castro manifestó lo siguiente: “El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro” y expresó su “plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto”. En el marco de la coyuntura electoral, esta declaración alimentó la polarización política y reforzó el discurso de la oposición de que desde el partido de gobierno se apuesta al “modelo Venezuela”.
- Fiscal de los EE. UU incluye a Honduras en la estrategia del tráfico de drogas desde Venezuela. El 13 de agosto, en una entrevista televisiva, Pamela Bondi aseguró que «hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado hacia Honduras, Guatemala y México, donde puede traficar estas drogas«. Aunque no lo precisa en la entrevista, el mensaje da a entender el involucramiento de fuerzas gubernamentales de los tres países mencionados en el ilícito internacional.
Este conjunto de hechos revela, en primer lugar, el pragmatismo y carácter transaccional de las relaciones entre los gobiernos de Honduras y los Estados Unidos, sin excluir la presiones y chantajes de este último. Y es que, a pesar de las diferencias políticas, la administración Trump ha visto en Honduras un punto y puente estratégico para su política migratoria y ha buscado y logrado los acuerdos necesarios para obtener mayores facilidades logísticas y un espacio más flexible para la expulsión de migrantes teniendo como destino final o intermedio el territorio hondureño. Por su lado, la parte hondureña ha tratado de neutralizar las presiones políticas para la ruptura de relaciones con China (un propósito manifiesto desde la administración Biden) y limitar un mayor intervencionismo en asuntos internos (especialmente en la coyuntura electoral).
Sin embargo, el punto de quiebre ha sido la cancelación del TPS y la postura respecto a Maduro, en especial en este último aspecto. En esta situación, la postura del gobierno hondureño ha sido consistente con su política exterior, pero ha carecido del sereno análisis de la real correlación de fuerzas. De manera inesperada, Honduras se ha colocado en el centro de la disputa geopolítica en la región latinoamericana, en contra de los intereses estadounidenses. Esto ha abierto el espacio para un mayor protagonismo de la administración Trump en las elecciones de noviembre. Es muy probable que, en esta nueva coyuntura, la posición débil y marginal de la congresista María Elvira Salazar, quien ha mantenido una abierta oposición a la continuidad del actual gobierno, se transforme en una voz más poderosa, con respaldos concretos del Departamento de Estado, la DEA, el Departamento de Justicia y otras instancias gubernamentales.
Una interrogante que queda en este contexto es: ¿Cuál sería el saldo electoral para el partido de gobierno si, en las próximas semanas, Nicolás Maduro renuncia o es derrocado por la intervención estadounidense?
Discusión final
Los catastróficos resultados del MAS en las elecciones en Bolivia, más que un fenómeno doméstico, podrían indicar el inicio de un descenso de los progresismos en la región. Esto revela las debilidades estructurales de estos progresismos una vez en poder, para implementar sustanciales transformaciones, mantenerlas en el tiempo y asegurar el bienestar de las grandes mayorías. Esto ocurre, particularmente en los progresismos de la “última ola”, para el caso, Bolivia después del golpe de Estado del 2019, Brasil posterior a Bolsonaro, Chile, Honduras y Colombia.
También, asistimos en la región a una renovada estrategia de intervención estadounidense de presión y chantaje, pero también del uso de sus fuerzas militares con el propósito de recuperar su hegemonía en el conjunto de América Latina, debilitar la presencia de China, controlar los recursos naturales y asegurar el cumplimiento de su política antinmigrante, teniendo como “patio trasero” a los países de la región, especialmente del llamado “triángulo norte”: Guatemala, Honduras y El Salvador. Al grado que ya dispone de una prisión en El Salvador (CECOT) y los acuerdos de “Tercer País Seguro” con Honduras y Guatemala.
En este contexto, el gobierno de Honduras ha optado por solidarizarse con el gobierno de Maduro, ubicándose en el eje de países que confrontan directamente los intereses de Estados Unidos, en lo que puede interpretarse la versión latinoamericana de la disputa geopolítica mundial. Esto ha abierto el espacio para un mayor involucramiento de la administración Trump en las elecciones hondureñas; un primer indicio de ello es la denuncia de la Fiscal General sobre la supuesta implicación hondureña “en la estrategia del tráfico de drogas de Venezuela” hacia EE. UU.
Este contexto internacional sería favorable para la oposición política hondureña, si es que tiene la capacidad de aprovecharlo mediante una estrategia de campaña que neutralice las ventajas actuales del partido de Gobierno. Por su parte, LIBRE tendría el enorme desafío de ajustar su propuesta y campaña electoral para contrarrestar la influencia de este poderoso actor internacional en la política hondureña.