Escrito por René Estrada
El 22 de septiembre, a través de un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter), la Unidad de Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como la Unidad de Política Limpia (UPL), denunció que de los 2017 candidatos y candidatas que competirán en las elecciones generales de noviembre de 2025 han abierto una cuenta bancaria diferenciada que permita monitorear el uso de fondos durante sus campañas electorales.
Este requisito de la UFTF es parte de lo que establecen los artículos 16, 28, 51 y 52 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que obligan a la UPL a realizar un monitoreo permanente de las actividades proselitistas y del uso de recursos públicos y privados durante la campaña electoral, con el objetivo degarantizar transparencia, equidad y legalidad en el proceso democrático.
Esta falta de disposición de los candidatos y candidatas ha puesto en alerta a la sociedad civil organizada que da un seguimiento activo a este proceso. Para el caso, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en su segundo Informe de Monitoreo Electoral, admite que la preocupación no es únicamente por la desobediencia generalizada sí no, porque las elecciones en Honduras, históricamente, se han llevado a cabo en un contexto en el cual ya hay flujos de financiamiento político, tanto lícito como ilícito o de origen desconocido, activados sin garantías institucionales que aseguren su trazabilidad.
En un país como Honduras, con historias de candidatos financiados por fondos provenientes del crimen organizado y el narcotráfico, esto debilita aún más la credibilidad y la competitividad del proceso electoral. Por otro lado, es preocupante que, aunque la UFTF ha reiterado su compromiso de realizar un monitoreo permanente, enfrenta limitaciones objetivas, como la falta de presupuesto, y una resistencia política sostenida por parte de los actores obligados a transparentar sus finanzas.
Un problema persistente y estructural
De acuerdo a la UFTF, apenas el 70% de los sujetos obligados cumplieron con los requisitos establecidos por la Unidad para controlar el uso de fondos durante su campaña electoral, particularmente con la entrega de informes financieros finales. En su informe la Unidad de Política Limpia, reitera que estos informes son un mecanismo de rendición de cuentas, con el propósito de generar mayor confianza en la institucionalidad y el proceso electoral en sí mismo.
Por eso, el CESPAD en su informe: “Gobernar con eficacia técnica el proceso electoral: entre los avances logrados y los desafíos que aún deben resolverse”, enfatiza en que esta dinámica evidencia que la transparencia en el financiamiento político sigue siendo un componente débil del sistema electoral hondureño. Aunque existen sanciones por incumplimiento, su aplicación es escasa. Sin una capacidad para una fiscalización en tiempo real, el marco normativo corre el riesgo de convertirse en una formalidad vacía. Los topes de gasto fijados por el CNE solo serán efectivos si se logra una trazabilidad real de los fondos.
Pero, la desobediencia por parte de las y los candidatos no es el único obstáculo que enfrenta la UFTF para la fiscalización de los fondos utilizados para financiar campañas políticas, porque dentro de la misma institucionalidad existe un bloqueo: el Acuerdo 001-2018. Este acuerdo interno, clasifica como información reservada los datos personales de personas naturales y jurídicas que realizan aportaciones privadas a campañas políticas, basándose, erróneamente, en el artículo 3, numeral 7, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En un análisis sobre el tema, el CESPAD alertó que el acuerdo ha dejado sin efecto disposiciones fundamentales de la Ley Electoral y de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización que estipulaban la publicidad de los financiamientos y donaciones a las campañas electorales. También, deja sin aplicación parte del contenido de los artículos 35 y 36 de la Ley de Política Limpia, que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la información de los partidos políticos en materia electoral, incluyendo los montos de financiamiento, estados financieros, registros de aportaciones, contratos y convenios, así como la relación de donantes y los montos aportados por cada uno. En otras palabras, este acuerdo representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Puerta abierta de la institucionalidad para el financiamiento ilícito
Actualmente, la UFTF, además de los bloqueos antes mencionados, enfrenta un tercer impedimento que podría ser de hecho el más grave: la falta de presupuesto. Según la Unidad se mantiene “todavía a la espera de que se someta a discusión y se ponga en agenda en el Congreso Nacional el proyecto especial del presupuesto de 81 millones de lempiras para la unidad. Es importante recordar que este presupuesto se aprobó desde el mes de mayo por parte del pleno«. Cabe enfatizar que el proyecto de presupuesto fue remitido al Poder Legislativo desde el 20 de junio.
El debilitamiento institucional a la UFTF representa un riesgo de cara a las elecciones generales de noviembre porque impide realizar monitoreos de campo y auditorías financieras en tiempo real. Esto reduce su función a un órgano meramente receptivo, creando un vacío institucional en el control del financiamiento electoral, según indicó el CESPAD en su segundo informe de monitoreo del proceso electoral.
Al riesgo anterior, la organización también hace otra advertencia: que, ante la falta de voluntad de instituciones como el Congreso Nacional, se consolide un patrón de desobediencia que incentive a los actores políticos a evadir la fiscalización sin temor a sanciones, minando la credibilidad del marco normativo y del proceso en general.
Todavía se podría fiscalizar
En medio del contexto en el que opera la UFTF y los obstáculos que enfrenta, el CESPAD, a raíz de su ejercicio de monitoreo electoral, propone las siguientes recomendaciones:
- Los partidos políticos y candidaturas deben registrar de inmediato sus cuentas bancarias y responsables financieros en la plataforma oficial de la Unidad de Política Limpia, habilitada desde agosto, para evitar que los primeros tramos de campaña sigan en opacidad.
- La Unidad de Política Limpia debe emitir públicamente un listado debe emitir públicamente un listado actualizadoy verificable de los partidos y candidatos que han cumplido o no con las obligaciones de registro financiero. Esta medida servirá como una herramienta mínima de presión y transparencia ante el incumplimiento masivo.
Es clave enfatizar que, sin un correcto monitoreo y fiscalización de los fondos utilizados para financiar campañas políticas, difícilmente la ciudadanía tendrá el proceso electoral que exige y demanda.