Escrito por Gustavo Irías
En la cuarta semana de la campaña electoral, dos hechos han puesto de relieve el problema de la corrupción estructural y sus estrechos vínculos con los partidos políticos en el poder. El primero es el requerimiento fiscal del Ministerio Público contra funcionarios y personas particulares de la alcaldía de San Pedro Sula por un fraude estimado en 45.5 millones de lempiras, un caso que afecta al Partido Liberal. El segundo hecho es la filtración del Informe Especial Penal No. 001-2025 del Tribunal Superior de Cuentas sobre los denunciados actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Este caso involucra al partido de gobierno, Libertad y Refundación, LIBRE, cuyo ministro a cargo fue removido hace meses tras las denuncias de hace varios meses.
En ambos casos, lo que resalta es que la corrupción pública continúa siendo un grave problema para la democracia y gobernanza del país. En este punto, sabemos muy bien que la corrupción opera mediante redes público-privadas, familiares y de amigos, y otras modalidades más complejas y peligrosas que involucran a actores poderosos a nivel local y nacional. En los dos casos mencionados, es particularmente paradójico que se trate de fuerzas políticas que llegaron al poder con discursos anticorrupción y promesas de ejercer una gestión pública transparente.
En esta situación hay un asunto de fondo que es necesario resaltar. En Estados con una administración semi patrimonial, como la hondureña, que se mueven entre el ejercicio arbitrario del poder y el funcionamiento de un débil Estado de derecho, las prácticas de nepotismo, opacidad y corrupción son predominantes.
En este contexto, resulta difícil que prospere el Estado de derecho y que los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales logren frenar o neutralizar la arbitrariedad y el abuso.
En estas circunstancias, la persecución penal del Ministerio Público es fundamental para combatir la impunidad y asegurar el acceso a la justicia. Pero estas acciones, en plena campaña electoral, pueden interpretarse como persecución política y el ejercicio de una justicia selectiva, especialmente si no se investigan con la misma vehemencia otros casos de corrupción en los que han participado funcionarios de la actual administración. El caso más paradigmático es el de SEDESOL.
En ese sentido, la declaración del candidato presidencial del Partido Liberal (Salvador Nasralla), quien se desvinculó del caso de la alcaldía de San Pedro Sula, con la frase “Yo no meto las manos por nadie”, debería representar una oportunidad para que el Ministerio Público gane independencia frente a los intereses partidarios y realice una investigación penal integral de las redes de corrupción públicas que involucran a las diferentes fuerzas políticas.
Dos interrogantes queremos responder en este artículo: ¿cuáles son las características de los dos recientes casos de corrupción y su relación con el sistema de partidos políticos? y ¿qué implicaciones políticas tienen estos hechos en la presente disputa electoral?
Las redes de corrupción, nuevamente al centro del debate
El legado de la corrupción heredado de la narco-dictadura no ha sido posible desmontarlo totalmente. Aún continúan vigentes pactos de impunidad (marcos jurídicos) que obstruyen la acción penal; entre varios, el decreto que otorga inmunidad penal, civil y administrativa a parlamentarios, así como el fuero especial de juzgamiento para altos funcionarios, que obstaculizan la acción de la justicia.
A estos desafíos se suman nuevas redes de corrupción que, más allá de los pactos de impunidad, se sustentan en la cultura política tradicional basada en el abuso del poder y el clientelismo.
Alcaldía de San Pedro Sula: según el Ministerio Público, este caso penal involucra una red de funcionarios municipales y particulares que, entre julio de 2023 y abril de 2024, operó y causó un perjuicio económico de 45.5 millones de lempiras. El fraude se ejecutó mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos entre la alcaldía y la empresa constructora HERCOD S. de R.L.
Según el MP, “Los imputados fragmentaron los contratos para evadir controles y adjudicaron obras sin especificar metas claras, en algunos casos sin ejecución y en otros sin evidencia de que ingresara maquinaria”. Se les imputan delitos como tráfico de influencias, fraude y lavado de activos.
De confirmarse, sería un claro ejemplo de corrupción empresarial que utiliza el poder político como fuente de acumulación y enriquecimiento personal.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): este asunto, documentado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), está vinculado con el manejo del Fondo de Administración Solidaria (FAS) que, de acuerdo con las disposiciones generales del presupuesto nacional de 2023, debe ser gestionado por diputados y diputadas del Congreso Nacional. El informe del TSC señala que se incumplió con el objetivo del fondo (responder a las demandas de organizaciones comunitarias), no se publicaron los reglamentos de ejecución en el diario oficial La Gaceta, y hubo una “ausencia de procedimientos efectivos de control, revisión, análisis, supervisión, seguimiento y monitoreo en la asignación, ejecución y liquidación de fondos”.
Además, el informe destaca “la existencia de una estrategia sistemática para la asignación de los recursos del fondo destinada a beneficiar de manera indebida a personas vinculadas políticamente a la diputada Isis Cuéllar, candidatos a elección popular del partido de gobierno” y a personas con lazos de parentesco.
Aunque el informe no tipifica delitos, los hechos sugieren posibles cargos de fraude, malversación por apropiación, malversación por uso y administración desleal. Este caso ilustra cómo los partidos políticos, desde sus posiciones de poder, desvían recursos públicos para el financiamiento de las campañas electorales.
En un artículo reciente reflexionamos acerca de cómo las cuotas de poder en el Congreso Nacional y en los gobiernos locales de los tres partidos políticos predominantes (PL, PN y LIBRE) se han convertido en una vía para acceder a recursos públicos. Esto facilita prácticas clientelistas con el fin de mantener y conquistar bases electorales. A este problema se suma el uso discrecional del poder en procesos de licitaciones y contrataciones públicas. En un contexto de bajos niveles de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social, estos factores generan inevitablemente una corrupción estructural y sistémica.
Este es uno de los puntos más crítico en el funcionamiento del sistema político hondureño. La experiencia nos dice que, aunque se produzcan cambios en la conducción política del gobierno, si no se modifica la cultura política tradicional que impide el funcionamiento de un verdadero Estado de derecho, el país seguirá signado por redes de corrupción de diversa naturaleza que dilapidan los escasos recursos públicos, erosionan la confianza ciudadana, distorsionan la democracia, obstaculizan la resolución de los problemas estratégicos y profundizan las múltiples desigualdades. Retomando a O’Donnell, no bastan las elecciones limpias y competitivas; es esencial disponer de mecanismos de rendición de cuentas y de instituciones sólidas.
De cara a las elecciones generales de noviembre, Honduras continúa necesitando una agenda anticorrupción, probablemente ya no teniendo a una misión internacional anticorrupción (CICIH) en el centro, pero sí colocando los principales desafíos para facilitar la acción penal y fortalecer la institucionalidad de los órganos del sistema de justicia. La agenda propuesta por el Grupo de Expertos de la ONU sobre la instalación de la CICIH nos ofrece un valioso punto de partida que debería retomarse.
Las implicaciones en la disputa electoral
A falta de la acción penal en el caso de SEDESOL, que estaría afectando o beneficiando a LIBRE dependiendo de la perspectiva política y ética del electorado, especialmente del independiente. En este momento la implicación principal se está centrando en el Partido Liberal, que no logra superar su crisis interna.
A la crisis del Partido Liberal concurren múltiples factores. No se trata únicamente del caso de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula señalado por el Ministerio Público, sino también de las tensiones internas que impiden la construcción de una plataforma unitaria. Las diferencias entre el presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, y el candidato presidencial, Salvador Nasralla, se han agudizado. Mientras Nasralla declaraba que no podía “meter las manos” en favor de Contreras por las acusaciones del MP, este último, sin consultar al pleno del Central Ejecutivo, gestionaba ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho, situación a la que se ha opuesto Nasralla desde el período posterior a las elecciones primarias.
En lo que tiene que ver con el requerimiento por la corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula, si bien es posible que esté sustentado en investigaciones y hechos reales, no está alejado de los intereses del partido de gobierno por debilitar la base electoral de Contreras en San Pedro Sula y, en general, del Partido Liberal en el departamento de Cortés. Esta es una plaza de gran relevancia en las elecciones generales, y la capacidad de convocatoria de LIBRE en esta demarcación (si vemos los resultados de las primarias) es bastante limitada.
Pero, en política es difícil calibrar el momento exacto para actuar. Es muy probable que una acción así hubiera sido más efectiva antes y no ahora, ya que, en plena campaña electoral, cualquier actor nacional e internacional puede interpretarla como una intervención indebida del sistema judicial.
Sin desconocer que esta acción podría afectar electoralmente a Contreras y al Partido Liberal, la respuesta inmediata de Contreras, quien llamó a su base electoral para respaldarlo frente a la alcaldía, no puede ser ignorada. En política, “victimizar” a los adversarios puede tener un efecto no deseado. El verdadero “talón de Aquiles” del liberalismo es su espíritu faccional y su incapacidad para construir acuerdos unitarios, una situación aún más difícil con la aparición de nuevos liderazgos (outsiders), caracterizados por la intolerancia y la inmadurez política.