Escrito por Joan Suazo
A pocas semanas para que se celebren las elecciones generales en Honduras, en el corazón de las costas del país se respira una mezcla de escepticismo, frustración y resistencia. Lejos del ruido publicitario de las campañas, los territorios organizados y las comunidades rurales exponen una realidad paralela: la exclusión sistemática de las negociaciones políticas y sus demandas estructurales sin respuesta.
“Este país solo tiene un pacto vigente, las elecciones”, resume el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como “Padre Melo”, desde El Progreso. “Desde 1981 ha habido golpes, reformas, narcos, militarización… pero cada cuatro años hay elecciones. Esa es la única mesa que no se rompe. Y es también la mesa de la impunidad”, acotó.
Movimientos sociales casi sin espacio en la agenda política
Pese al agravamiento de la conflictividad territorial en Honduras, ninguno de los principales candidatos presidenciales ha presentado propuestas claras que respondan a las demandas históricas de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades organizadas.
Hasta el momento, en el escenario político no se ha presentado una propuesta robusta que atienda integralmente las agendas de los territorios. Algunos sectores reconocen que el gobierno de Libre y su candidata Rixi Moncada, ha mostrado al menos un mayor respeto, mayor apertura simbólica y política hacia los movimientos sociales. Pero, aunque reconocen que en este gobierno se ha reducido la persecución penal contra defensores del territorio y la liberación de presos políticos como los de Guapinol, estas acciones son leídas como importantes, pero también como gestos mínimos que contrastan con la criminalización, persecución e incluso con el asesinato sistemático de líderes y militantes de los movimientos sociales, durante los últimos gobiernos del Partido Nacional.
Sin embargo, ese acercamiento sigue siendo insuficiente: el asesinato de Juan López, defensor emblemático del valle del Aguán, ocurrió durante esta administración, pero la impunidad en el caso refleja que las estructuras criminales que propician la violencia, siguen intactas. En este contexto, quienes defienden sus territorios sostienen que no basta con detener la represión; se requiere de una transformación estructural del modelo que aún privilegia el extractivismo, la concentración de tierras y el abandono institucional en las zonas rurales.
Ni Rixi Moncada, abanderada del oficialismo, ni Nasry Asfura, del Partido Nacional, ni Salvador Nasralla, quien vuelve a intentarlo con una alianza liberal, están proponiendo las soluciones que urgen los pueblos originarios y el movimiento social.
La regularización de tierras, la reforma agraria, la protección de defensores ambientales o la anulación de concesiones extractivas impuestas sin consulta, son algunos temas que están fuera de sus planteamientos públicos, porque, hasta el momento, el país sigue esperando sus planes de gobierno. Para muchos actores en los territorios, esta omisión no es casual, se trata de un pacto tácito entre élites políticas y económicas que prefieren evitar los debates que incomodan a los grupos de poder.
¿Qué se destaca en las campañas políticas?
Las campañas de los tres aspirantes con mayor posibilidad de ganar las elecciones, privilegian ejes genéricos como seguridad, gobernabilidad y crecimiento económico, sin anclarlos en los problemas estructurales que enfrentan las comunidades rurales.
En el caso de Moncada, su discurso gira en torno a la justicia social y la soberanía, pero sin detallar cómo se traducirían esos principios en políticas concretas para proteger los bienes comunes o fortalecer la participación de los territorios en la toma de decisiones. Asfura, por su parte, ha centrado su propuesta en la recuperación económica, respaldado por sectores empresariales, sin mencionar el impacto ambiental o social del modelo extractivo. Nasralla, aunque con retórica de renovación, tampoco ha incorporado compromisos sustantivos hacia los sectores históricamente excluidos.
La ausencia de propuestas sobre las agendas territoriales refuerza la percepción de abandono, expresada por líderes y lideresas en los departamentos más golpeados por la pobreza, la criminalización y el despojo. Para ellos, el silencio de los candidatos equivale a una complicidad tácita con un modelo de desarrollo que excluye, reprime y expulsa. A menos de cien días de las elecciones, el sentimiento dominante en muchas comunidades no es el entusiasmo por el cambio, sino la certeza de que el ciclo político continuará sin tocar los temas que más les afectan. En estas campañas, los territorios no votan: resisten.
Una democracia sin pueblo
El desencanto no es nuevo, pero ha mutado. Las promesas de refundación no aterrizaron en los linderos rurales, donde el Estado sigue ausente o se presenta en forma de desalojo, criminalización o extractivismo. “Aquí nadie está preguntando cuál partido va a ganar. Están preguntando si nos van a dejar vivir en la tierra que tenemos desde hace generaciones”, dice Hermín López, dirigente del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPA).
El movimiento Lenca, al que pertenece, opera en 16 municipios que poseen títulos comunitarios o ancestrales. A pesar de esto, las amenazas persisten. “Nos han desalojado, encarcelado y perseguido dentro de territorios legalmente nuestros. Y la fiscalía ambiental ni aparece”, denuncia. “El Estado debería protegernos. En cambio, nos criminaliza”.
Programas sociales sin dignidad
En muchas comunidades, el desencanto también es evidente debido a una la lógica del subsidio, con la que opera la élite política. “El gobierno, bueno, para la gente, es el que regala cosas. Pero eso nos hace más pobres. Es paternalismo”, advierte López. Desde MILPA se promueve un modelo agroecológico con semillas nativas, producción sin químicos y economía de base. Pero no hay apoyo estructural del Estado. Solo repartían de cemento, estufas, bonos o semillas transgénicas que enferman.
Celenia Castillo, lideresa Lenca de Marcala, coincide: “Nos quieren callar con mendicidad. Nos dan láminas, cemento, pero no consulta ni respeto. Y eso es lo que los partidos no quieren tocar: la organización desde abajo”.
Un país gobernado desde la impunidad
La crítica hacia el sistema político es transversal. Para el Padre Melo, la verdadera fuerza que gobierna Honduras no son los partidos ni la empresa privada. “La fuerza definidora es el crimen organizado. Y está infiltrado en todos los partidos y cámaras empresariales. Por eso nada cambia”.
Las elecciones del 30 de noviembre, asegura, no resolverán la crisis. “Van a haber elecciones, porque es lo único que no falta en Honduras. Pero no serán libres ni transparentes. Serán el resultado de una negociación entre cúpulas para mantener la impunidad”.
Su proyección es contundente: “El próximo gobierno, sea quien sea, llegará con una legitimidad frágil. Y nos esperan cuatro años de inestabilidad. O los movimientos sociales recuperan la iniciativa, o el país se sigue hundiendo”.
Una calle que ya no se escucha
Desde la década del 2000, los movimientos sociales han protagonizado luchas significativas. Sin embargo, en los últimos cuatro años, su presencia ha disminuido. Según el Padre Melo eso tiene su origen con la llegada de LIBRE al poder.
“Los que más perdieron fueron los movimientos sociales”, porque “fueron cooptados, se fraccionaron, se volvieron verticales, dejaron de protestar por no molestar al nuevo gobierno”, sostiene el sacerdote.
Celenia, desde su organización, lo resume de otra manera: “Nosotros no estamos con ningún partido, porque nos quieren para mostrar, no para escuchar. Los que están en el poder fueron compañeros de lucha. Pero hoy no nos llaman ni a reunirnos”.
“Nadie va a venir a salvarnos”
A pesar del panorama, no hay resignación. En cada territorio visitado, hay procesos vivos: asambleas comunitarias, defensa ambiental, agricultura autónoma, formación de mujeres, resistencia juvenil. “Lo único que nos puede salvar es volver a organizarnos. No esperar nada de los partidos. Ser base, volver a la comunidad”, dice Celenia.
En las palabras de Hermín: “No queremos regalos. Queremos tierra, respeto y organización. Si no nos escuchan, volveremos a tomar la calle”.
Y el Padre Melo cierra con una advertencia: “No es tiempo de creer en nuevos caudillos. Es tiempo de que el movimiento social se reconstituya, presione, y proponga. Porque si no lo hacemos ahora, ya no habrá país que recuperar”.