Durante septiembre e inicios de octubre de 2025, el proceso electoral hondureño ingresó en una fase de alta sensibilidad institucional. Los avances en identificación ciudadana y consolidación del padrón conviven con brechas normativas y operativas que, si no se corrigen a tiempo, podrían afectar la confianza en el censo electoral y en la divulgación de los resultados. Aunque el cronograma se ha acelerado (impresión de materiales, integración de estructuras territoriales y contratación de soluciones tecnológicas), la decisión de verificar la totalidad de las actas y la ausencia de reglas detalladas para la transmisión preliminar exigen una planificación minuciosa para evitar demoras que el entorno político no está en condiciones de absorber.
El monitoreo de este periodo identifica cuatro vectores críticos. En primer lugar, la gestión institucional: mejoró la trazabilidad del DNI y se actualizó el censo, pero persisten vacíos normativos en relación con el voto en el exterior y riesgos de conectividad que deben resolverse mediante cierres operativos verificables antes de los simulacros. En segundo lugar, la consistencia jurídica: las resoluciones sobre inscripción de candidaturas garantizan la aplicación uniforme de la ley y limitan la discrecionalidad partidaria, aunque la comunicación de los fundamentos en ciertos casos aún puede perfeccionarse. En tercer lugar, la equidad en la competencia: aunque la regulación de propaganda está vigente, su cumplimiento es desigual y la expectativa de sanciones es baja. Finalmente, en cuarto lugar, la sostenibilidad institucional: la dependencia de decisiones presupuestarias y apoyos externos mantiene a los órganos de control con márgenes operativos estrechos, un escenario que los partidos no parecen dispuestos a revertir.
Paralelamente, la seguridad del proceso enfrenta un entorno de riesgo que incluye violencia letal, hostigamiento a autoridades y agresiones dirigidas contra mujeres en política. La adopción del Protocolo contra la Violencia Política de Género es un paso importante, aunque requiere ser complementado con acciones articuladas con la justicia y los partidos. En este contexto, el CESPAD enfoca su observación en la capacidad de las instituciones para cerrar las brechas normativas y operativas antes de la jornada electoral, garantizando reglas claras para la transmisión de resultados, medidas de integridad en cada etapa y protección efectiva para quienes participan y administran el proceso. El objetivo es contribuir, mediante evidencia y análisis, a que la legalidad formal se traduzca en una confianza pública.
Aspiramos a que el Tercer Informe de Monitoreo de las elecciones generales sea una herramienta que promueva el debate público y apoye a la institucionalidad electoral en la toma de decisiones, con el fin de garantizar un proceso electoral transparente y legítimo.