El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre la reactivación en la agenda legislativa del Congreso Nacional del proyecto de “Ley de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental”, listado como punto No. 11 de la actual agenda parlamentaria y convocado a tercer debate[1].
La propuesta, presentada por el diputado Luis Redondo y respaldada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y el sector empresarial organizado, pretende autorizar a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a otorgar licencias ambientales de manera inmediata, mediante un mecanismo “especial, excepcional y simplificado”, bajo el argumento de dinamizar la economía y generar empleo.
Sin embargo, desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) hacemos las siguientes consideraciones:
- El proyecto presenta el desmantelamiento del control ambiental como una medida de eficiencia administrativa. En la práctica, traslada funciones públicas a mecanismos privados y vulnera derechos fundamentales de participación, consulta previa y acceso a la información. En tanto organizaciones ambientales y de derechos humanos, desconocen el contenido del dictamen final. En un país donde se asesinan defensores ambientales y la impunidad es la norma, agilizar licencias sin controles es institucionalizar el riesgo.
- Aunque la versión actual del dictamen menciona la protección de territorios ancestrales y la consulta previa, estas cláusulas no han sido debatidas con los pueblos y comunidades que serían directamente afectadas. El proceso legislativo sigue sin realizar una consulta social, sin análisis técnico independiente y sin transparencia. En lugar de fortalecer la institucionalidad ambiental, esta ley la sustituye por un sistema de licenciamiento exprés, contrario a los principios del Acuerdo de Escazú, aún pendiente de ratificación por el propio Congreso.
El CESPAD llama a las organizaciones sociales, ambientales, campesinas y territoriales a mantenerse en alerta frente a esta ofensiva legislativa, que pretende consolidar un modelo extractivo-privatizador con ropaje de “modernización”. La intención de acelerar licencias sin salvaguardas ni controles democráticos profundiza la vulnerabilidad ambiental y pone en riesgo la vida de los pueblos y defensores de la naturaleza.
Exigimos al Congreso Nacional detener la aprobación de este decreto y abrir un proceso de diálogo público real, con participación efectiva y vinculante de las comunidades y organizaciones sociales, en línea con los estándares del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú.
Tegucigalpa, 21 de octubre de 2025
[1] Adjuntar agenda.