Escrito por Joan Suazo
Desde el corazón de Intibucá, donde reside el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, hasta el eco ancestral de las comunidades garífunas de Tela, las y los líderes territoriales alzan la voz. Advierten sobre un panorama electoral sombrío: un campo minado por la fragilidad institucional, el mercantilismo de voluntades y un profundo desencanto social. Sin embargo, en medio de la adversidad, estos líderes forjan un compromiso inquebrantable: el voto no es una simple marca, sino un arma de exigencia, una trinchera de resistencia y la conciencia colectiva.
A menos de dos meses de las elecciones generales, el escenario político en Honduras también se juega en los territorios históricamente marginados, donde las urnas parecen más una herida abierta que una esperanza de cambio. Desde las luchas por tierra y autonomía hasta la formación política comunitaria, las organizaciones locales denuncian una profunda desconexión entre las promesas de campaña y las necesidades reales del país.
“El sistema está controlado por el crimen organizado”
Desde una perspectiva crítica, el sacerdote jesuita y defensor de Derechos Humanos, Ismael Moreno, advirtió que el proceso electoral por sí solo no resolverá la crisis del país. “Lo que viene después de las elecciones es una crisis postelectoral anunciada. Aquí quien no negocia, pierde. Y el sistema está controlado por el crimen organizado”, afirmó.
Uno de las mayores preocupaciones es la posible escalada de violencia electoral, especialmente a un año del asesinato de Juan López, líder comunitario del valle del Aguán y candidato a alcalde por Tocoa, Colón. Su muerte, aún impune, se ha convertido en símbolo del riesgo que enfrentan quienes defienden los bienes comunes en Honduras, intentando generar cambios políticos frente a caciques “apadrinados” por el poder político y el narcotráfico.
López fue asesinado tras una secuencia de criminalización, hostigamiento y amenazas, pese a estar protegido por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su caso no fue un hecho aislado, forma parte de un patrón sistemático de represión en territorios donde operan megaproyectos extractivos.
Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, en las elecciones de 2021 se registraron al menos 30 muertes violentas relacionadas con la política. La amenaza persiste, sobre todo en zonas donde convergen conflicto territorial, pobreza y estructuras delictivas.
Además de la violencia física, persisten amenazas como la compra de credenciales, el control partidario de las mesas electorales y la desconfianza en el sistema de votación y transmisión de datos. “Aquí los muertos votan. Y el que tenga el dinero, gana. Esa es la lógica del poder en este país”, afirmó Dania Hernández, del COPINH.
Contradicciones estructurales evidencian también la exclusión de las mujeres. Aunque representan más del 52% del padrón electoral, sólo el 26% de los escaños en el Congreso están ocupados por ellas. La participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en cargos de decisión es prácticamente nula, reflejando una democracia excluyente que no logra reconocer la diversidad del país.
Desconexión entre el discurso político y las demandas territoriales
Las organizaciones comunitarias como el COPINH y La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Plataforma Ambiental de Marcala, La Paz, y el Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), coinciden en denunciar la manipulación del voto, el clientelismo electoral, la desinformación religiosa y las narrativas polarizantes que dividen a las comunidades.
“Nosotras no somos parte de ningún partido, pero exigimos que se nos respete como pueblo. Si hay que ir a la calle para defender el territorio, lo vamos a hacer”, declaró Catalina Hernández, Coordinadora de la Mujer del COPINH.
Sus demandas son claras: obtención de títulos comunitarios, acceso a salud, educación, agua potable, empleo y participación real. Sin embargo, la instrumentalización de la pobreza mediante entregas de láminas, alimentos y promesas vacías continúa siendo una práctica común en campañas electorales.
“Los políticos llegan y le tiran tierra al otro. Dicen que el otro les va a quitar la tierra, que les van a obligar a abortar, que viene el comunismo. Eso divide y confunde a la gente”, lamentó Hernández. Explicó que los políticos aprovechan la ignorancia y la desesperanza para comprar votos o simplemente manipular a las comunidades, sin cumplir sus promesas y sin regresar hasta la siguiente campaña.
A pesar de que se tiene una mayor afinidad con el gobierno actual de Libre, las demandas aún no se han materializado. Se han instaurado mesas de diálogo con sectores sociales en respuesta a presiones comunitarias, pero en la mayoría de los casos esas instancias carecen de continuidad, no generan resultados concretos y a menudo sirven más como mecanismos de contención política que como espacios de solución genuina.
Las comunidades organizadas que demandan soluciones estructurales a problemas históricos o que enfrentan crisis coyunturales, como las derivadas de conflictos ambientales, megaproyectos extractivos o la violencia en el ámbito rural, a menudo enfrentan desafíos en su interlocución. En la mayoría de los casos, estas comunidades señalan que estas instancias carecen de continuidad, no generan resultados concretos y, en algunos casos, se emplean como mecanismo de contención política en lugar de convertirse en espacios genuinos de resolución de los problemas.
El voto: entre la resignación y la conciencia política
En las comunidades garífunas de Tela, el desencanto con las instituciones coexiste con la esperanza de que el voto pueda ser una herramienta de incidencia. “Aquí la gente vota por agradecimiento, por miedo o por no perder lo poquito que tienen”, señaló el dirigente comunitario garífuna Junior Avilez.
A pesar del desgaste, diversas organizaciones continúan promoviendo procesos de formación política y asambleas locales para fomentar un voto informado y autónomo, ajeno a la influencia de los partidos políticos. “Si todas las comunidades garífunas votáramos juntas, podríamos poner un alcalde propio. Pero no hemos terminado de entender el poder que tenemos”, añadió Avilez.
Participación sin representación
En las elecciones generales de 2021, la participación ciudadana alcanzó el 68.4%, una de las cifras más altas en la última década. Pero, ese impulso no se tradujo en mejoras sustantivas para los territorios rurales. Aunque representan la mayoría del padrón, las mujeres y comunidades originarias siguen excluidas de los espacios donde se toman las decisiones.
A medida que se acercan los comicios del 30 de noviembre, la brecha entre el discurso político y la realidad cotidiana en los territorios organizados se vuelve más evidente. Muchas comunidades no esperan ni salvadores ni milagros electorales: exigen respeto, autonomía y un Estado que no llegue cada cuatro años, sino que permanezca presente y comprometido en su desarrollo.
La esperanza no reside en las urnas, sino en la organización social. Según Moreno, los movimientos sociales deben prepararse para una etapa más profunda de reorganización popular: “Lo que hay que regenerar no son los partidos, es el tejido social. Este país ya no se arregla con votos, se reconstituye desde abajo”.
Celenia Castillo, una lideresa comunitaria de La Paz, coincide: “no tenemos que esperar que un gobierno venga a decirnos: ‘le vamos a dar esto’. Hay que organizarse para construir desde la comunidad, exigir, independientemente del color político”.
En la Honduras profunda, el voto no es solo un derecho, sino una trinchera simbólica. Frente a un escenario de impunidad persistente, el acto de resistencia más auténtico parece ser pensar en colectivo, organizarse y mantener viva la lucha por la autonomía territorial.