Escrito por Mirna Flores
A lo largo de su historia, la población hondureña ha experimentado diversas formas de violencia, algunas aceptadas, otras resistidas, y la mayoría arraigadas en la estructura económica, institucional y cultural del país. La violencia y la inseguridad se desarrollan en un contexto de actores y acciones que impactan la vida de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática. Abordar esta problemática en el actual proceso electoral de 2025 es fundamental para la democracia y los derechos humanos. Es crucial que los candidatos presidenciales comprendan la situación, identifiquen alternativas y las presenten a la ciudadanía, contribuyendo así a un debate constructivo, menos confrontativo y centrado en soluciones plausibles para los problemas estructurales.
Al analizar este problema en su contexto más cercano, Centroamérica fue el epicentro de conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua hace más de tres décadas, siendo escenario de enfrentamientos entre guerrillas y ejércitos. Honduras, debido a su posición geográfica, participó indirectamente en el conflicto, pues su territorio fue utilizado por los intereses de Estados Unidos para desarticular grupos guerrilleros o apoyar la contrarrevolución. En este entorno, bajo la doctrina de la seguridad, se fortaleció la violencia política, la militarización y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En la década de 1990, los procesos de pacificación regional impulsaron reformas en los sectores de defensa, seguridad y justicia. Sin embargo, una década después de iniciar estas reformas, la violencia social y la criminalidad irrumpieron con mayor intensidad, con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado poniendo en jaque a las instituciones de seguridad y justicia. La acción de las pandillas o maras se ha extendido en los barrios más empobrecidos, donde ejercen un control territorial que confronta al Estado. Además, la criminalidad común persiste, afectando la vida diaria de la población, lo que ha provocado el abandono de los espacios públicos, el amurallamiento de las casas y la instalación de rejas en las entradas y salidas de las colonias.
La respuesta de los gobiernos fue promover políticas de «mano dura». El presidente Ricardo Maduro (2002-2006) del conservador Partido Nacional, quien había sufrido la pérdida de su hijo en un secuestro, inició una campaña política de «Cero Tolerancia» contra los criminales, logrando la empatía de gran parte de la población, a pesar de la persistencia de los problemas económicos y la precariedad en las condiciones de vida. En las elecciones de 2005, Porfirio Lobo Sosa se postuló como candidato del conservador Partido Nacional con promesas de aplicar mano dura a la delincuencia. Lobo Sosa ya había promovido la aprobación de la Ley Antimaras desde el Congreso Nacional e incluso prometió el restablecimiento de la pena de muerte, de la cual luego se retractó. El contendiente y ganador de esas elecciones fue Manuel Zelaya, quien en su campaña electoral ofreció el endurecimiento de las condenas, la duplicación de la fuerza policial, programas de rehabilitación para los reos, la revisión de la penalización por pertenecer a las maras sin haber cometido delitos, y la revisión de la peligrosa saturación de las prisiones, que estaba generando un enorme hacinamiento debido a las políticas de encarcelamiento. Los sectores opositores al expresidente Zelaya cuestionaron su intención de politizar a la Policía Nacional con el modelo de Mesas de Seguridad; no obstante, su triunfo demostró que la ciudadanía no se conformaba con promesas de mano dura.
Tras el golpe de Estado de 2009, orquestado por políticos, empresarios y fuerzas armadas, y la breve usurpación del gobierno por los gestores del golpe, tres gobiernos de corte nacionalista asumieron el poder entre el 2010 y 2022: Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien gobernó por dos periodos consecutivos mediante una reelección inconstitucional. Los tres gobiernos consecutivos del Partido Nacional permitieron el aumento de la corrupción y la penetración del narcotráfico en las instituciones, e incluso fueron parte de ello.
Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), fue más que evidente cómo las redes de corrupción permearon las instituciones de seguridad, justicia y fuerzas armadas. JOH desarrolló un gobierno de corte militarista y represivo, aumentando el presupuesto de defensa, creando la Policía Militar de Orden Público adscrita a las Fuerzas Armadas, y depurando una policía civil debilitada, que estaba penetrada por el crimen organizado y sus vínculos con el narcotráfico.
Las elecciones de 2013 marcaron la ruptura del bipartidismo exclusivo de dos fuerzas de centro-derecha, nacionalistas y liberales, con el ingreso del Partido LIBRE a la contienda electoral. Las elecciones de 2017, muy cuestionadas por el fraude electoral que dio el triunfo a Juan Orlando Hernández para un segundo mandato, generaron una profunda crisis postelectoral. El descubrimiento de los vínculos del expresidente con grandes capos de la droga extraditados a Estados Unidos y las revelaciones que implicaban la participación de altos funcionarios en la alta corrupción impactaron en la deslegitimación del gobierno. El expresidente Hernández fue capturado por la Policía Nacional, con una orden de arresto de la Corte Suprema de Justicia, días después de que la presidenta Xiomara Castro asumiera el gobierno. La captura se produjo en cumplimiento de la solicitud de extradición realizada por el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, tráfico de armas, corrupción pública ligada al crimen organizado, hechos por los que fue condenado a 45 años de cárcel.
Con la transición al gobierno de Libre y el triunfo de Xiomara Castro (2022-2026), los temas de campaña en Seguridad y Defensa se concretaron en el Plan de Gobierno «Refundar Honduras». Este Plan contemplaba:
- Formar una policía comunitaria y eficaz.
- Despolitizar el sistema de seguridad y justicia.
- Asegurar el funcionamiento de entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
- Combatir de manera frontal la extorsión y el lavado de activos.
- Recuperar los espacios públicos controlados por el crimen organizado.
- Controlar y vigilar territorialmente las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos.
- Desmilitarizar la seguridad ciudadana y asegurar la conducción civil de la seguridad y la defensa.
El Plan, desde el enfoque de la defensa, la seguridad y la justicia, experimentó un giro en sus intenciones iniciales, especialmente en el tema de la desmilitarización de la sociedad y la política. Además, ha tenido alcances y resultados limitados en algunos de sus ejes o lineamientos, como, por ejemplo, recuperar los espacios públicos controlados por la criminalidad, asegurar la conducción civil de la defensa, derogar la tasa de seguridad y eliminar el Consejo de Seguridad y Defensa.
Estas promesas incumplidas llevan a la conclusión de que los cambios en seguridad y justicia requieren una democracia fortalecida. En un entorno democrático limitado por la intolerancia y los desacuerdos, y frente a situaciones abrumadoras de criminalidad o violaciones a los derechos humanos, la posibilidad de implementar nuevas visiones de seguridad que no se centren en la seguridad del Estado requiere el apoyo y la participación ciudadana. Las viejas y nuevas formas de violencia social, política, de género, raza o etnia, continúan siendo amenazantes y paralizantes para los hondureños y hondureñas. Además, se siguen aumentando los presupuestos de defensa y seguridad sin aplicar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Este análisis sobre la situación de violencia e inseguridad en el país busca generar un debate, discusión y reflexión objetiva y rigurosa sobre la violencia y la seguridad pública que afecta a los ciudadanos. El objetivo es promover propuestas que diferencien los problemas estructurales de los coyunturales, a través de una política integral, sostenible y viable que trascienda la temporalidad de un gobierno.