La Red Hondureña por Escazú, integrada por 35 organizaciones territoriales defensoras del ambiente, pueblos indígenas, derechos humanos y de las personas defensoras, se pronuncia ante el Ministerio Público, institución que tiene el deber de investigar para garantizar el acceso a la justicia.
A 32 días de un proceso electoral, sin una agenda ambiental clara por parte de ninguna candidatura presidencial, en los territorios persiste la impunidad, la criminalización y la violencia contra quienes defienden la vida y protegen los territorios ancestrales de pueblos indígenas y estratégicos.
A este contexto se suma la reactivación, en el Congreso Nacional, del proyecto de “Ley de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental” también conocidas como ley de licencias exprés que busca agilizar licencias ambientales mediante mecanismos “especiales” y “simplificados”. Esta propuesta desmantela los controles ambientales, vulnera los derechos de participación y contradice los principios del Acuerdo de Escazú. En un país donde ser defensor ambiental cuesta la vida, agilizar licencias sin consulta es institucionalizar el riesgo.
Frente a esta realidad, reafirmamos que no hay futuro posible sin justicia ambiental y ecológica, necesitamos eficiencia en las investigaciones desde las diversas fiscalías del Ministerio Público, ya que solo a través de la investigación diligente se puede garantizar la protección al ambiente y a las personas que lo defienden, por ello demandamos que se agilice la investigación de los siguientes casos:
- Investigar a los responsables intelectuales del asesinato de Juan López, asi como de los lideres indigenas Lencas, Pablo Hernandez, Feliz Vásquez, Humberto Carillo; tambien de Juan Silva y Juan Antonio Silva padre e hijo defensores; de Marvin Damian Castro joven defensor de derechos humanos de Choluteca e integrante de MASSVIDA y de Juan Carlos Cerros defensor de Santa Barbara.
- Investigar las denuncias interpuestas por Juan López y el CMDBCPT en la FETCCOP y la Fiscalía de Tocoa por Corrupción y Abuso de Autoridad en la Municipalidad de Tocoa.
- Investigar los medios y plataformas que generan campañas de odio y racismo contra las comunidades garífunas de la OFRANEH y las cooperativas campesinas de la Plataforma Agraria que ejercen defensoría del territorio.
- Exigimos al Ministerio Público, particularmente a la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), que actúen con diligencia en la investigación y judicialización de los responsables de la tala ilegal y destrucción del bosque en los territorios ancestrales del pueblo Tolupán, en especial de la Tribu Las Vegas de Tepemechín en Victoria,
- Exigimos la aplicación inmediata de las resoluciones contenidas en el Dictamen 082- 2025 SERMU, emitido el 28 de octubre de 2025, que determinó que la empresa Agregados del Caribe, S. de R. L. de C. V. (AGRECASA) incurrió en graves daños ambientales, afectando fuentes hídricas y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.
- Denunciamos la falta de justicia para las nueve personas criminalizadas por la empresa fotovoltaica Prados de Namasigüe, Escate Solar y Norfu, en el sur del país, tras más de ocho años de criminalización, defensoras y defensores de derechos humanos organizados en P- CAESUR y otras
- Las Tribus Tolupanas, el pueblo Lenca, Garífuna y Nahua afirmamos que todas las denuncias interpuestas ante las autoridades competentes permanecen engavetadas, sin respuesta ni acciones concretas por parte del Existen denuncias por usurpación de tierras, amenazas y apropiación ilegal de territorios indígenas, incluso hipotecas realizadas por instituciones financieras sobre tierras ancestrales, lo cual constituye una violación directa a los derechos colectivos del pueblo Tolupán.
- Desde la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambiental de Honduras (ARCAH) se han documentado múltiples violaciones ambientales vinculadas a proyectos extractivos y energéticos que operan sin consulta y sin evaluación de impacto ambiental. Entre ellos, los casos de comunidades afectadas por la instalación de plantas industriales y extractivas que han provocado contaminación, deforestación y despojo de fuentes de agua, los cuales permanecen sin investigación penal ni sanciones efectivas.
- El Consejo Nacional Indígena y Negro de Honduras (CONAMINH) exige al Estado de Honduras el cese inmediato de la criminalización, persecución y difamación en contra del pueblo Garífuna y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
- Denunciamos que, tras cinco años de silencio y cuatro denuncias formales presentadas ante el Ministerio Público contra las ZEDE, delitos graves como Traición a la Patria no han sido perseguidos ni investigados.
- Desde las redes de mujeres y especialmente en Trujillo, Colón demandamos que se investiguen todos los femicidios en el departamento y el pais.
Exigimos que se respete las declaratorias de territorios libres de minería metálica y no metálica emitidas por los diferentes municipios, así como el alto inmediato a la tala de bosques.
En la narrativa de los medios de comunicación solo hay espacio para la propaganda electoral, mientras en los territorios, continúan la criminalización, las desapariciones y los asesinatos contra las personas que defienden el ambiente y solo desde la aplicación de justicia se puede romper con este ciclo de violencia.
¡Escazú en Honduras ahora más que nunca!
Tegucigalpa, 29 de octubre de 2025