Escrito por Lucía Vijil Saybe
El 18 de noviembre del 2025, durante una conferencia de prensa, los habitantes de la comunidad de Sapadril denunciaron que 13 defensores han sido criminalizados por el delito de usurpación. Entre ellos se encuentran Celedenio Díaz, Isaí Núñez Godínez, Miguel Ángel Pérez Orellana, Olvin Narváez Rivera, Noe Flores, Pablo Sánchez, Rosalío García, Elmer Portillo, Freddy Francisco Rivera, Víctor Dubón, José Antúnez, Isis Vanessa Laínez y Nahún Reyes Rivera. Desde las comunidades, expresaron que: “todos estamos ahí, que seguimos y que si hace falta pues voluntariamente nos presentaremos”.
El conflicto en torno al proyecto minero “Cantera Sapadril”, operado por AGRECASA, se ha estructurado a partir de una secuencia de actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas que, vistas en conjunto, revelan una grave inconsistencia institucional y un procedimiento ambiental marcado por tensiones entre criterios técnicos y decisiones políticas. Desde el CESPAD se ha documentado la línea histórica de resistencia comunitaria y el papel del Estado en las diversas etapas del conflicto[1].
El expediente inicia formalmente con la emisión del Dictamen Técnico 514/2024 de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), que identifica contaminación, afectación a la Microcuenca Medina, pérdida de biodiversidad y riesgos a la salud comunitaria. Al recomendar no renovar la licencia ambiental, este dictamen sienta un precedente técnico que condicionará las decisiones posteriores de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
El 21 de enero de 2025, la revisión administrativa continúa con el Dictamen Técnico 94/2025, que confirma y amplía los hallazgos previos, señalando que los impactos ambientales observados constituyen causal de clausura definitiva, según el artículo 116 del Reglamento de la Ley General del Ambiente.
Sin embargo, apenas seis días después, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) emitió la Resolución 30-2025, ordenando la reactivación total e inmediata de las operaciones, generando un quiebre institucional. Mientras la unidad técnica ambiental documenta daños graves y recomienda no renovar la licencia, la autoridad minera autoriza la continuidad operativa sin considerar los dictámenes ambientales vigentes. Administrativamente, esta contradicción obliga a la SERNA a realizar un análisis exhaustivo y jurídicamente sustentado para evitar decisiones arbitrarias o anulables.
En respuesta, el 28 de febrero de 2025, DECA emitió el Dictamen Técnico 167/2025, reafirmando por tercera vez que no debe renovarse la licencia ambiental. Con este dictamen, la unidad técnica cierra la fase de evaluación ambiental revalidando que persisten los daños y que la empresa incumple medidas de mitigación y remediación. La situación se agrava en abril de 2025, cuando las comunidades de Sapadril instalaron el campamento “René Alemán”, denunciando la continuación de las operaciones sin una licencia renovada.
Debido a la contradicción entre los dictámenes técnicos y la resolución de INHGEOMIN, la Unidad de Servicios Legales de SERNA solicitó el 2 de mayo de 2025 una aclaración a DECA respecto de la naturaleza del dictamen 167/2025. En respuesta, DECA emitió el Dictamen Técnico 393/2025, confirmando nuevamente contaminación en la quebrada Brisas del Mar y el río Sapadril, excedencias en turbidez y conductividad, impactos en la salud pública y riesgos de colapso ecosistémico en la Microcuenca Medina. Además, recomienda a SERNA determinar si procede la clausura definitiva, total o parcial, y remite el caso a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía del Medio Ambiente.
El punto de inflexión en el expediente ocurrió el 22 de mayo de 2025, cuando la Dirección Legal de SERNA emitió el Dictamen Jurídico 082-2025, que evalúa la legalidad del procedimiento. Este dictamen, basado en los informes técnicos previos, concluye que la continuidad de las operaciones sin licencia viola la normativa ambiental y que la no renovación de la licencia es jurídicamente procedente. Su análisis se basa en los dictámenes 94/2025, 167/2025 y 393/2025, que documentan daños persistentes y la necesidad de no renovar la licencia ambiental.
El dictamen legal establece que los informes técnicos de DECA son vinculantes, dado el daño demostrado, y concluye que la resolución 30-2025 de INHGEOMIN resulta incompatible con el marco legal ambiental, puesto que autorizó operaciones sin considerar la evidencia de contaminación, afectación a microcuencas protegidas y riesgos a la salud pública. Además, el documento determina que la no renovación de la licencia es jurídicamente procedente y que la continuidad de las operaciones carece de fundamento legal. En consecuencia, recomienda remitir el caso a la PGR y a la Fiscalía del Medio Ambiente por posibles delitos ambientales. También advierte que cualquier resolución contraria podría derivar en nulidades en sede contenciosa, responsabilidades administrativas y penales para las autoridades, y un agravamiento de la conflictividad social.
Hasta finales de julio de 2025, la unidad técnica (DECA) ha emitido tres dictámenes consecutivos recomendando la no renovación. La unidad jurídica ha declarado ilegal la continuidad operativa; y, pese a ello, la empresa sigue operando sin licencia ambiental vigente. El procedimiento administrativo exige a SERNA una resolución congruente con los insumos técnicos y jurídicos, lo cual, a la luz del expediente, sólo permite una salida jurídicamente válida: la clausura definitiva del proyecto y el inicio de acciones de responsabilidad contra la empresa y, de ser necesario, contra los funcionarios que autorizaron operaciones en contravención de los dictámenes ambientales.
Desde las comunidades, se han realizado visitas a distintas instituciones del Estado para obtener la decisión final por parte de SERNA. “Pues la acción que se ha realizado ha sido la visita sobre todo a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, donde se está solicitando lo que sería la resolución final, pero todavía nos dijeron que no estaba, que van a trabajar, porque en un principio la empresa pedía que se hiciera una nueva inspección, pero nosotros dijimos que no vale porque ya pasaron varios meses y al no estar trabajando pues no se puede evidenciar todo el daño que están provocando”[2].
El 11 de noviembre de 2025, AGRECASA difundió un comunicado público[3] atribuyendo los recientes desbordamientos y escorrentías a la “falta de acceso a la planta” producto del campamento comunitario, señalando que esta obstrucción habría impedido realizar labores de mantenimiento y activación de sistemas de bombeo. Este pronunciamiento es un intento de la empresa por trasladar la responsabilidad de los daños ambientales hacia la población movilizada.
La criminalización de defensores y el uso de la figura de usurpación en casos de conflictividad socioterritorial no es nueva. Sin embargo, históricamente ha sido una forma de detener el proceso de resistencia comunitaria, de distraer sobre el proceso relevante de las concesiones y de generar incertidumbre en el espacio territorial. El ejercicio del campamento en Sapadril, está asistido por el derecho histórico de la defensa territorial y de lo que implica la devastación de ecosistemas para las comunidades en términos de salud y dinámica de vivienda.
El caso de Sapadril sigue siendo relevante porque ejemplifica claramente las tensiones entre las secretarías de Estado, las relaciones de poder construidas a lo largo de los años entre grandes empresas e instituciones y, sobre todo, revela cómo la vulnerabilidad de derechos humanos y ecológicos permanecen fuera del debate público, aunque es lo más importante. La demanda principal sigue siendo el cierre definitivo de AGRECASA y “que se le demande a la empresa para que puedan resarcir los daños que provocaron tanto a las fuentes de agua como a la salud, a las viviendas”[4].
[1] Más información: https://cespad.org.hn/minera-en-sapadril-devastacion-y-violencia-anunciada/; https://cespad.org.hn/analisis-de-coyuntura-continua-extraccion-minera-en-sapadril-mientras-la-ciudadania-exige-respuestas/; https://cespad.org.hn/analisis-de-coyuntura-con-todos-los-dictamenes-ambientales-en-contra-agrecasa-aun-no-ha-cerrado-definitivamente/ y; https://cespad.org.hn/analisis-semanal-a-la-espera-de-un-cierre-definitivo-de-la-minera-agrecasa/
[2] Entrevista a liderazgo de la comunidad de Sapadril. 17 de noviembre del 2025.
[3] Disponible: https://www.facebook.com/photo?fbid=122201242916304273&set=a.122113979930304273
[4] Entrevista a liderazgo de la comunidad de Sapadril. 17 de noviembre del 2025.