Escrito por Gustavo Irías
Análisis Semanal
El ciclo electoral hondureño ha llegado a su fin. Este ha sido un proceso extremadamente complejo caracterizado por la polarización ideológica, los discursos de odio, las desconfianzas mutuas entre los principales actores políticos, los miedos en la población, la injerencia extranjera y, finalmente, por graves regresiones democráticas en el funcionamiento y resultados que nos ha entregado la institucionalidad.
En estos días se está avanzando hacia el cambio de gobierno, comenzando con la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. En un marco en el cual vuelven a ser predominantes los partidos políticos del bipartidismo (Partido Nacional -PN- y Partido Liberal -PL-) con la capacidad, por lo menos en términos aritméticos, de lograr mayorías simples y calificadas. Dejando en una tercera posición a Libertad y Refundación (LIBRE), con posibilidades limitadas de incidir en las principales decisiones de esta legislatura.
En esta nueva realidad política, sin mayores dificultades el viejo bipartidismo ha logrado consensuar la integración de la Junta Directiva provisional y en propiedad del Congreso. Pero, no hay que desconocer la fragmentación que caracteriza al PL y no sería extraño que en temas sensibles vayan a surgir en el futuro inmediato y mediato diferencias que lleguen a reconfigurar las mayorías simples y calificadas. En ese caso, dando espacio a un rol de mayor importancia a la bancada de LIBRE.
Para el actual momento, es relevante destacar la distancia que ha tomado de la dirigencia de su partido el candidato presidencial liberal (Salvador Nasralla) opuesto a un acuerdo bipartidista para integrar la directiva del legislativo, al extremo de expresar que “la gente se decepciona de los partidos y sienten que son un mismo partido” (en referencia al PN y PL). Adicionalmente, en sus redes sociales ha posteado: la orden que impartí era que “ningún diputado Liberal debe(ría) aceptar un puesto en la directiva del Congreso”. “El tiempo nos dará la razón. Ojalá que el crimen organizado que los está colocando en esa directiva, para legitimar a este gobierno que nos robó las elecciones presidenciales, no los obligue a tomar decisiones en contra de la mayoría del pueblo hondureño”.
Al horizonte se perfila la probable fragmentación del PL entre nasrallistas y anti-nasrallitas. ¿Qué implicaciones tendrá este fenómeno en la configuración de la nueva oposición? Aún es muy temprano para hacer conjeturas, pero, la interrogante es relevante.
Ahora bien, el retorno del bipartidismo como hecho político no representa por sí mismo la reversión democrática a la que queremos hacer referencia en este artículo, es evidente que la mayoría del electorado voto a favor del PN y del PL. En todo caso, en una democracia se pierde o se gana y las alternancias en el gobierno son parte de la normalidad democrática. La reversión democrática en la que queremos centrarnos está relacionada con el contenido y funcionamiento del Estado de derecho hondureño en esta coyuntura electoral.
Según, O´Donnell un Estado de derecho debe defender las libertades y garantías de la democracia política, proteger los derechos civiles de la ciudadanía y asegurar la rendición de cuentas. Por su parte, para Robert Dahl una dimensión esencial de este Estado de derecho es la realización de “elecciones libres, imparciales y frecuentes” haciendo énfasis en el ejercicio del sufragio en libertad y sin coerción, con una institucionalidad imparcial que asegure transparencia y evite irregularidades que distorsionen el proceso electoral.
Si bien es cierto, los resultados electorales han terminado siendo aceptados por la mayoría de los actores políticos y estamos avanzando hacia la instalación de un nuevo gobierno. Lo cierto es que estos resultados, con la excepción del Partido Nacional, las iglesias y algunas organizaciones de la sociedad civil, han sido fuertemente cuestionados por el candidato del Partido Liberal (Salvador Nasralla) y sectores de este partido, por la dirigencia de LIBRE y por el candidato del PINU (Nelson Avila). Igualmente, por varias organizaciones sociales. Para estos sectores opositores, las elecciones hondureñas fueron fraudulentas, carecieron de transparencia, legalidad y legitimidad.
En tal sentido, los traumas históricos de las elecciones “estilo Honduras” signadas por los fraudes, trampas y falta de transparencia no ha sido superados, más bien se han profundizado. Lo más perjudicial de este tipo de dinámicas es que reafirma la cultura política de la ciudadanía centrada en la desconfianza, la apatía y la indiferencia por la política.
Graves retrocesos democráticos
Partiendo de lo dicho anteriormente, nos parece que la institucionalidad hondureña no estuvo a la altura del enorme desafío de asegurar elecciones efectivamente democráticas, en un contexto complejo de polarización e intenso conflicto político.
Para Przeworski el “retroceso democrático” es “un proceso de decadencia incremental” en predicados básicos de la democracia, entre ellos, la realización de “elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y asociación y el Estado de derecho”. Pensamos que en las elecciones generales hondureñas se operaron graves retrocesos democráticos. Los principales fueron los siguientes:
En primer lugar, concurrimos a las elecciones generales con la vigencia de un Estado de excepción que formalmente mantenía suspendidas garantías constitucionales básicas, tales como el derecho de asociación y reunión (art. 78), la libertad de circulación (art 81), la libertad personal y detención (art. 84), la inviolabilidad del domicilio (art. 99) y otras más. El ejercicio pleno de las libertades democráticas es uno de los estándares internacionales básicos de una elección democrática. El partido de gobierno, desde la presidencia de la república, tuvo la oportunidad de mostrar su real compromiso con la democracia, sin embargo, se opuso sistemáticamente a su derogación o suspensión. Es más, este decreto todavía está en vigor.
En segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por activistas de los tres partidos políticos predominantes (PN, PL y LIBRE) sumergidos en pugnas inter partidarias no llegaron a constituirse en el “árbitro” con un pleno de consejeros dotados de independencia, autonomía y capacidades técnicas en la organización y administración de las elecciones. Algunas contrataciones estratégicas, como la del TREP, fueron erróneas y afectaron significativamente la transparencia y calidad de los resultados electorales finales. Y lo más grave, es que la máxima autoridad electoral renunció a su deber de asegurar los escrutinios especiales y resolver las impugnaciones presentadas, prestándose a los intereses del Partido Nacional formulando y publicando dos declaraciones finales de resultados que no cumplieron con todos los requisitos que establece la Ley Electoral (verificación de los votos, cadena nacional y publicación en el diario oficial “La Gaceta”). En efecto, estamos ante un colapso del sistema electoral hondureño, en las condiciones actuales este sistema no sería capaz de organizar y administrar un proceso electoral creíble.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) estuvo lejos de asegurar el acceso a la justicia a los diferentes partidos y candidatos que presentaron reclamos. Similar al CNE se les negó el derecho a los conteos especiales de las actas con inconsistencias. El caso más significativo fue el de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central que con una diferencia de votos de apenas 0. 2% y con más de 400 actas con inconsistencias, se rechazó la solicitud del candidato perdedor (el actual alcalde Jorge Aldana) al escrutinio especial. Además, de un total de 66 alcaldías con margen de diferencia de apenas el 5% y con muchas actas con inconsistencias se resolvieron a favor los recursos de solo 15 alcaldías.
En cuarto lugar, el Congreso Nacional dividido en dos facciones, ninguna de ellas con fuerza de ley, intentaron imponer decisiones desde el absurdo de instruir al jefe de las Fuerzas Armadas a capturar al presidente del Congreso, Luis Redondo. Hasta la orden, de la otra fracción (presidida por Redondo), a que el CNE recontará todos los votos. Este decreto incluso fue sancionado por la Presidenta de la República y publicado en “La Gaceta”. Probablemente, las acciones de estas dos facciones del Congreso Nacional representaron el mayor exabrupto en esta coyuntura electoral, alimentada por la confrontación inter partidaria.
Y, en quinto lugar, el Ministerio Público en lugar de actuar como un representante de la sociedad en enfrentar los delitos electorales, empezando por resolver penalmente el caso del “caos” de las elecciones primarias en Tegucigalpa, terminó actuando en esta coyuntura como un brazo político al servicio del partido de gobierno. Se abusó del recurso de «notitia criminis», sin abrir requerimientos fiscales, más que todo para ejercer presión política
En resumen, en la coyuntura electoral se operó un grave retroceso democrático en el país, particularmente en materia electoral. Esto tiene implicaciones para el nuevo gobierno, en lo referido a su baja legitimidad, es decir, en el reconocimiento y aceptación política y social por parte de los actores que cuestionan los resultados. Asimismo, nos indica que, si no se reconocen y abordan estos retrocesos, futuros procesos electorales serán más conflictivos y podrían llevar al país a grados de ingobernabilidad hasta ahora desconocidos.
Injerencia extranjera
Adicionalmente, las elecciones hondureñas se inscribieron en la disputa geopolítica regional. En un momento en que la administración Trump ha revivido la Doctrina Monroe y en consonancia con esa Doctrina uno de los propósitos principales de la nueva estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU es recuperar su hegemonía en América Latina asegurando la presencia de gobiernos subordinados a sus intereses. La eventual continuidad de un gobierno LIBRE, con orientación progresista y aliado de las corrientes bolivarianas de la región, fue percibida como contraria a esos intereses y en un contexto tan polarizado era de esperar una injerencia directa y finalmente la misma se concretó.
La intervención estadounidense siempre ha estado presente en los procesos electorales hondureños, a veces imponiendo preferencias y otras veces tolerando la competencia. Es más, este intervencionismo ha sido patrocinado, en muchas veces, por los mismos actores políticos nacionales. Para el caso, en los meses previos a la realización de las elecciones de noviembre, diversas delegaciones integradas por representantes de los partidos centenarios y de la sociedad civil visitaron varias oficinas en Washington, abogando por un rol más activo de la Administración Trump.
Aun así, no dejó de sorprender el anuncio del presidente Trump, mediante tres tuits, su apoyo directo a la candidatura de Nasry Asfura, su determinación de cancelar la ayuda estadounidense si ganaba otro candidato y la decisión de indultar a Juan Orlando Hernández de la condena por narcotráfico. Este conjunto de anuncios incidió, a última hora, en la intención del voto del electorado, afectando en forma significativa a Salvador Nasralla. Este grado de injerencia modificó las reglas de la competencia, limitando las garantías de igualdad formal y la libertad de elección, socavando la soberanía popular y el ejercicio democrático.
¿Cómo revertir los retrocesos?
Ante los retrocesos democráticos descritos en la institucionalidad hondureña lo que se impone es la defensa de la democracia con “un programa positivo y con visión de futuro para reformarla” (A. Przeworski). Son muchas las líneas de acción que de aquí se desprenden, pero, en este momento nos interesa especialmente lo que podríamos llamar una profunda reforma electoral.
Es esencial asegurar la existencia de una institucionalidad electoral que sea un árbitro y no juez y parte de las contiendas electorales. Realmente dotada de independencia, autonomía y profesionalismo. De tal manera, que garantice la realización de elecciones transparentes, genuinas y legitimas, evitando irregularidades que distorsionen la voluntad del electorado. Esto implica abandonar el diseño institucional de la integración de los órganos electorales por la representación de los partidos políticos, igualmente, avanzar hacia la ciudadanización real de las Juntas Receptoras de Votos.
Esta coyuntura electoral evidenció que los partidos políticos son los actores con menor compromiso con la democracia y en momentos claves se constituyen en el principal factor para su debilitamiento.
Entre los principales acuerdos bipartidistas para la integración de la nueva Junta Directiva del Congreso aparece el tema de la reforma electoral como una prioridad legislativa. Pero, si revisamos la historia sabemos que la elite política es la fuerza con mayor resistencia a una reforma electoral profunda. En tal sentido, una reforma de esta naturaleza solamente podrá avanzar si hay presión y propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Y para ello, estas tendrán que superar su fragmentación y actuar en forma más articulada.
La democracia electoral hondureña importa e importa mucho, pero, para que esta funcione de acuerdo a estándares universalmente aceptados es necesaria su reforma profunda.
Análisis Semanal _ Honduras Entre la Alternancia y el Retroceso Democrático