Escrito por Claudia Mendoza
El asesinato del ambientalista Juan Bautista Silva y su hijo Juan Antonio en febrero de 2025, en las montañas ubicadas entre los departamentos de Comayagua y Francisco Morazán, en el centro de Honduras, fue acto de violencia extrema y un mensaje político escrito con la saña del descuartizamiento. El caso de este padre e hijo pasó casi inadvertido, excepto por la atención mediática momentánea que recibió debido a la forma extrema del crimen. Más allá de este aspecto, este defensor de la naturaleza no sólo enfrentó la amenaza de quienes cortaban el bosque, sino también el silencio y apatía del Estado y de las instituciones que debieron protegerlo.
¿Quién era Juan Bautista Silva?
Cuando fue asesinado tenía 70 años de edad. Era originario de la aldea Protección, ubicada en el municipio de la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua. Según su familia, desde muy joven sintió un profundo respeto y amor por la naturaleza. Su vida transcurría entre la quietud del bosque y el ruido de las motosierras que siempre intentó silenciar con llamados de atención a quienes encontraba talando el bosque furtivamente.
“Si él oía alguna motosierra, él se iba a ver a donde era, a ver si estaban cortando palos verdes. Pero cuando era leña seca les decía, corten lo seco, pero no lo verde”, Ana Luisa Hernández, esposa de Juan Bautista Silva.
Desde 1978, Silva, junto decenas de pobladores de las aldeas Zambrano (Francisco Morazán), Las Moras y Protección (Comayagua), conformaron una Cooperativa Forestal que promueve el uso sostenible de la resina del bosque de pino para generar ingresos para sus familias. En otras palabras, el cuidado del bosque se convirtió en una cuestión de supervivencia para estas familias.
A lo largo de los años, Silva enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la presencia de grupos y personas que, sin escrúpulos ni permiso, llegaban a las montañas a talar los árboles. Esta labor le acarreó diversas amenazas y enfrentamientos, evidenciando su compromiso con la conservación y el bienestar de su entorno.
En las zonas rurales, muchas mujeres y hombres, como Silva, se convierten en defensores de los recursos naturales de sus propias comunidades. Desempeñan una labor muchas veces invisibilizada, pero impulsada por una convicción profunda que, en ocasiones, les ha costado la vida. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a este hombre, quien el 23 de febrero de 2025 recibió la llamada telefónica de un individuo que se hizo pasar por funcionario del Ministerio Público. Lo citó en el bosque para que le mostrase las pruebas de la devastación que días antes había denunciado ante la fiscalía del Estado.
Lo que nadie imaginó es que aquella llamada sería en realidad un oscuro presagio de muerte. Juan Bautista Silva y su hijo, Juan Antonio, nunca regresaron. Varios días después, toda la comunidad se movilizó para buscarlos. Finalmente, fueron encontrados sin vida, víctimas de una de las formas más crueles y sanguinarias. Como un mensaje de advertencia, sus cuerpos fueron desmembrados y dispersados entre el bosque y los riscos de la zona.
Ha transcurrido casi un año desde que ocurrió aquel atroz asesinato. La familia y la comunidad permanecen a la espera de que la investigación conduzca a la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales. Sin embargo, nada ha ocurrido hasta ahora. El expediente de su caso continúa acumulando polvo en una fría gaveta del Ministerio Público de Honduras.
- ¿De qué manera el silencio institucional y la falta de protección efectiva crearon el escenario ideal para el crimen de Juan Bautista Silva y Juan Antonio?
- ¿Cómo impacta el asesinato de estos defensores en la voluntad de resistencia de las comunidades que defiende su territorio?
En relación con estas preguntas, analizamos a continuación el caso Silva.
Defensores ambientales: olvido estatal y violencia extrema
Aunque el Informe de 2024, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intitulado “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, identificó que el Estado de Honduras mostró una “apertura al diálogo” y una voluntad política en el discurso que sostuvo el gobierno de Xiomara Castro, también estableció que existía una desconexión total con lo que sucede en los territorios[1].
Esa valoración no dista del caso de Juan Bautista Silva y su hijo Juan Antonio. Su asesinato ocurrió en 2025, en un contexto donde el Estado y gobierno aseguraban estar protegiendo el bosque a través del Plan Cero Deforestación al 2029, impulsado por Castro en 2024. El objetivo del Plan es frenar la pérdida de bosque mediante una inversión de 19,000 millones de lempiras, combatiendo la ganadería extensiva y el crimen organizado.
Sin embargo, la CIDH explica que esta violencia persiste porque las estructuras criminales y las redes de corrupción local no han sido desmanteladas, dejando al defensor comunitario en un estado de vulnerabilidad en el cual el discurso del gobierno no llega a proteger su vida.
Relacionado con el caso Silva, la CIDH señala que la falta de presencia afectiva de las instituciones de justicia en las zonas del interior del país permite que actores no estatales (como los madereros ilegales) ejerzan un control de facto. El asesinato de Silva es la representación de lo que la CIDH llama “zonas de silencio e impunidad” donde el defensor está solo frente al agresor.
La necesidad de reconocer los defensores comunitarios para el Estado
El documento de la Plataforma de la Diversidad Rural, intitulado Informe sobre la Situación de los Defensores de la Madre Tierra y el Territorio en Honduras (2023)[2], describe con mucha precisión el escenario de vulnerabilidad y el modus operandi del Estado al permitir que tragedias como la de Juan Bautista y Juan Antonio ocurriera.
El informe señala que el Estado hondureño reconoce con mayor peso a defensores que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil con presencia en la capital o zonas de mayor representatividad conflictiva que han ganado notoriedad por su contexto. Juan Bautista Silva era un defensor nato, un campesino que cuidaba del bosque por convicción propia.
Sin embargo, este tipo de defensores están en indefensión absoluta porque no figuran en las bases de datos de ninguna estructura, convirtiéndose en blancos fáciles para las mafias madereras, porque su muerte no genera la misma presión mediática que la de un líder con renombre a nivel nacional e internacional.
El Estado permite la operación de estos grupos al no ejercer soberanía en los territorios rurales, colocando a los pobladores como Juan Bautista Silva, en una fragilidad insospechada ante los intereses económicos armados.
Silva fue asesinado haciendo lo que le correspondía al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas. De allí que el informe destaca que el Estado terceriza riesgos: deja que los campesinos o los ambientalistas “pongan el cuerpo” para proteger el bosque mientras el gobierno se lleva el crédito internacional por las políticas ambientales.
La trampa de la llamada y la falta de respuesta institucional
Los defensores son frecuentemente engañados para ser sacados de sus zonas de seguridad. Juan Bautista y Juan Antonio fueron atraídos a la zona del crimen con engaños mediante una llamada falsa. Este tipo de situaciones ocurre porque no existen estructuras ambientalistas y mucho menos protocolos de alerta temprana en los pueblos donde existen grupos de personas o ambientalistas en solitario que luchen por la defensa del bosque.
Cuando un defensor rural recibe una amenaza o es citado con engaños, no tiene a quien llamar que sea de confianza, porque casi siempre en las zonas rurales existe colusión entre las autoridades locales, como la policía y las alcaldías, y los explotadores del bosque.
La saña del crimen como mensaje disciplinador
El hecho de que padre e hijo fueran descuartizados encaja con lo que, de forma literal, el informe de la Plataforma de la Diversidad Rural aborda como violencia ejemplarizante. Es decir, no se busca solo eliminar al opositor, sino aterrorizar a toda la aldea. Descuartizar a un defensor es una forma de “matar la resistencia comunitaria”, a través del horror.
«Las agresiones contra las y los defensores de la Madre Tierra no son hechos aislados, sino que responden a patrones de violencia sistemática que buscan desarticular las luchas territoriales. El uso de la violencia extrema, que incluye el asesinato con saña, la tortura y la exposición de los cuerpos, funciona como un mecanismo de castigo ejemplarizante. El objetivo trasciende la eliminación física del defensor; busca instaurar el terror colectivo en la comunidad para paralizar cualquier intento de resistencia frente a los proyectos extractivos o la explotación ilegal de los recursos», sostiene el informe.
También, aunque el crimen de Juan Bautista y su hijo podría analizarse como un crimen de odio, el descuartizamiento de ambos, significa un “mecanismo de castigo” para que nadie más en esa zona se atreva a denunciar la tala. Es un ejemplo de la situación que enfrentan todas las comunidades donde ocurren asesinatos con o sin saña.
Al asesinar al padre, un líder reconocido en la zona y conocedor del bosque, y al hijo, quien podría considerarse relevo generacional, se cumple el patrón de “desarticular las luchas”. Tras un crimen de semejante magnitud e impacto, surge el terror colectivo y las comunidades suelen quedarse en silencio, temerosas y con un sentimiento pleno de indefensión.
El Estado, mientras tanto, no ofrece protección, pero el crimen organizado sí ofrece un “ejemplo” de lo que podría ocurrirles a otras personas que insistan en romper el orden institucionalizado por las mafias locales.
La impunidad estructural y el olvido judicial
El informe advierte que el 90% de los crímenes contra ambientalistas en Honduras quedan impunes. En relación con Silva, pareciese una predicción por la trayectoria judicial del caso.
“Él, hace algún tiempo, había interpuesto una denuncia aquí en el Ministerio Público, en la fiscalía del medio ambiente por la tala ilegal que se estaba desarrollando en su municipio”, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público[3].
Aunque Silva interpuso una denuncia, el Ministerio Público no ha realizado, hasta el momento, ninguna captura de los autores materiales del delito, a pesar de que el crimen estaría relacionado a las personas denunciadas por Silva semanas antes del hecho.
“Hasta el momento, las investigaciones que se han hecho apuntan a que sí, las denuncias que él había hecho por la tala ilegal que se estaba haciendo en su zona, pues, obviamente, esto sería producto de la muerte, de esas denuncias y la lucha que tenía por proteger el medio ambiente”[4].
A esto se le llama impunidad selectiva: el Estado es eficiente para capturar campesinos por “usurpación”, pero ineficiente para capturar a los asesinos de ambientalistas. Casos emblemáticos como el de Berta Cáceres y Juan López, que continúan a la espera de una genuina y objetiva investigación que visibilice a los autores materiales y, sobre todo, intelectuales, evidencian este extremo.
Como continúa señalando el informe de la Plataforma, la situación de defensores como Juan Bautista Silva es de una “indefensión estructural”, porque el Estado hondureño ha creado un sistema en el cual la protección es un privilegio de pocos, mientras que, en las zonas rurales, el Código Penal se usa para criminalizar al campesino y el silencio judicial para proteger al sicario de la madera».
“Las agresiones contra las y los defensores de la Madre Tierra no son hechos aislados, sino que responden a patrones de violencia sistemática que buscan desarticular las luchas territoriales. El uso de la violencia extrema, que incluye el asesinato con saña, la tortura y la exposición de los cuerpos, funciona como un mecanismo de castigo ejemplarizante. El objetivo trasciende la eliminación física del defensor; busca instaurar el terror colectivo en la comunidad para paralizar cualquier intento de resistencia frente a los proyectos extractivos o la explotación ilegal de los recursos”, afirma el documento.
Reflexiones sobre el caso
La muerte civil precede a la muerte física. Los defensores ambientalistas como Juan Bautista y Juan Antonio Silva mueren primero en el olvido institucional. No aparecen en las listas de protección porque su labor es solitaria y silenciosa. El Estado sólo “descubre” su existencia cuando tiene que levantar sus cuerpos.
La necropolítica del bosque. El asesinato de los Silva no fue un robo ni un crimen común, fue un acto comunicativo. Descuartizar a un defensor es un mensaje contundente de las mafias de la tala para el resto de la comunidad. Es un crimen que también asesina “la resistencia popular”, porque dice claramente: quien se atreva a continuar con la labor de defensoría del bosque será el siguiente.
El fallo de las organizaciones de DDHH nacionales e internacionales. El crimen de Silva abre una puerta para hacer una crítica necesaria hacia las organizaciones no gubernamentales que solo reaccionan ante figuras políticas de renombre. En el caso Silva, hace falta un acompañamiento técnico-legal para presionar por una investigación sobre los autores intelectuales. También, se requiere un modelo de protección comunitaria que no dependa de tener un “perfil alto” en redes sociales o contactos con organizaciones de peso en el país, para que se brinde apoyo y presión ciudadana que demande justicia.
Justicia ambiental es justicia penal. No habrá protección real mientras el Estado siga otorgando permisos de explotación en zonas de conflicto y mientras el Ministerio Público no desmantele las estructuras criminales que ordenan estos asesinatos.
Dignidad de la memoria. El caso de Juan Bautista Silva debe ser rescatado del archivo de crónica roja para ser integrado en la narrativa de la resistencia ambiental de Honduras. Su sacrificio es el nivel más puro de defensa: cuidar los bosques hasta dar la vida.
[1] https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/informe-honduras.pdf
[2] https://plataformadtt.org/wp-content/uploads/2023/04/Situacion-de-las-y-los-defensores-de-la-Madre-Tierra-HONDURAS.pdf
[3] Entrevista realizada al medio de televisión internacional UNIVISION, en abril del 2025.
[4] Ídem