Escrito por Dulce Davis
Introducción
Honduras ha suscrito diversos marcos normativos a nivel regional e internacional, con el objetivo de promover la participación y representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas. En 2020, se incorporó en la Ley electoral el modelo de democracia paritaria, es decir, la participación y representación equilibrada entre hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar de estas medidas afirmativas, el país continúa registrando las tasas más bajas de representación femenina en el ámbito político de la región latinoamericana.
Esta contradicción evidencia que los avances formales no se traducen en transformaciones sustantivas. Los obstáculos culturales, políticos e institucionales siguen operando de manera entrelazada, comprometiendo la calidad democrática del país a través de la persistente subrepresentación de las mujeres.
Este documento analiza esta problemática a partir de las siguientes interrogantes:
¿Cómo influye la interacción entre los sistemas institucionales, culturales, económicos, mediáticos y simbólicos en la persistencia de la desigualdad y exclusión de las mujeres en la participación política en Honduras?
¿De qué manera, a pesar de los marcos legales, la política hondureña sigue siendo un espacio predominantemente masculino, en el que prácticas institucionales y culturales con sesgos patriarcales limitan el desarrollo de una verdadera democracia representativa?
Marco analítico: enfoque sistémico, justificación del sistema y neoinstitucionalismo feminista
Desde un enfoque sistémico, este documento analiza a la sociedad como un sistema compuesto por subsistemas interconectados que funcionan de manera adaptativa[1]. Este enfoque estudia estas dinámicas sociales de forma interdependiente, reconociendo que cada sistema está conformado por actores, normas y relaciones que se retroalimentan o afectan colectivamente.
En este contexto, el sistema político hondureño no puede ser entendido de manera aislada, sino en estrecha relación con los sistemas cultural, económico, institucional y mediático. Por su parte, la psicología social examina las estructuras de poder que se sostienen a través de procesos de legitimación y violencia simbólica.
La Teoría de Justificación de Sistema (TJS), propuesta por Jost y Banaji, explica cómo las personas tienden a aceptar las estructuras de poder existentes (sociales, políticas, económicas), incluso cuando son desiguales y excluyentes[2], pero proveen estabilidad, sentido y funcionalidad. Alterar este orden implicaría romper las lealtades corporativas establecidas, abrir crisis y dar apertura a democratizar el poder, lo que representa una ruptura del status quo para los grupos históricamente privilegiados.
Por otro lado, si esta dinámica afecta de manera diferenciada a las mujeres, resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque de género. La teoría del neointitucionalismo feminista plantea que las instituciones están generizadas, es decir, diseñadas sobre lógicas masculinas que moldean las posibilidades de las mujeres. Esto demuestra que las instituciones no son neutrales, sino que están impregnadas de normas y prácticas de género que perpetúan las desigualdades[3]. Estas desigualdades no solo se encuentran en las normas escritas, sino también en los valores y prácticas institucionales cotidianas.
La institucionalidad hondureña está marcada por sesgos de género y las normas institucionales, junto con los vicios de la cultura política del país, bloquean una paridad real, convirtiéndose en una paridad simulada (Freidenberg, 2022[4]). En países como Honduras, estas barreras generan bloqueos importantes que impiden responder a las necesidades de la población y afectan gravemente la calidad de democracia del país.
El neoinstitucionalismo plantea que, desde el poder formal, es posible establecer las bases para una transformación social. Sin embargo, también reconoce que puede ser utilizado como instrumento para perpetuar la desigualdad, mediante la creación de normativas que actúan como obstáculos formales para alcanzar la igualdad.
Sistema de partidos en Honduras y cultura política: el terreno donde se reproduce la exclusión
Para comprender esta dinámica, se retoman los hallazgos de la Primera Encuesta Nacional, realizada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), la que analiza la percepción de la población hondureña respecto al papel de las mujeres en el ámbito político. También se presentan datos sobre la serie histórica de la participación política de las mujeres en cargos de diputaciones y alcaldías, así como información actualizada sobre su nivel de participación en las elecciones primarias de marzo y en las generales de noviembre de 2025.
Al analizar esta información en conjunto con las teorías de neoinstitucionalismo feminista y el enfoque sistémico, podemos comprender cómo se entrecruzan y superponen diversos factores que contribuyen a una democracia de baja calidad. En este contexto, el 53% de la población representada por mujeres, adolescentes y niñas no participa en espacios de toma de decisiones en el país, o bien su participación se limita y se condiciona significativamente.
El sistema de partidos en Honduras, hasta antes de la crisis del 2009, había sido históricamente bipartidista, conformado por el Partido Liberal de Honduras (PLH) y el Partido Nacional de Honduras (PNH). Después del golpe de Estado, emergió en la arena política el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que, aunque presenta algunas diferencias en su ideología, comparte con los otros partidos una cultura política y una estructura interna caracterizada por rasgos patriarcales.
El recuento histórico de las crisis sociopolíticas en Honduras revela una realidad contundente: las mujeres nunca han sido una prioridad para el sistema electoral ni para los “dueños” de los partidos. Cada una de las fracturas del país se ha resuelto mediante pactos entre hombres, excluyendo sistemáticamente la voz femenina.
Marco normativo: avances formales y límites en su implementación
Honduras ha suscrito diversos convenios internacionales en materia de promoción de la igualdad de género y democracia paritaria. Entre estos, destacan instrumentos, destacan especialmente el Consenso de Quito (2007) y la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria (2015), las que establecen la paridad como un motor fundamental para alcanzar la igualdad de poder y garantizar la toma de decisiones (Báez y García 2023[5]). Estos convenios, junto con la Convención de Belém do Pará (1994) y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), obligan a los Estados a proteger los derechos, prevenir y sancionar violencia de género y promover la igualdad sustantiva.
No obstante, suscribirse a marcos regionales e internacionales no garantiza una igualdad sustantiva si las normativas nacionales no son lo suficientemente robustas y su implementación permite evasiones, vacíos y prácticas institucionales excluyentes.
A lo largo de una histórica lucha de la mujeres organizadas y de la comunidad internacional por una mayor representación política, Honduras ha transitado desde una cuota de género, establecida por la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM 2000), hacia la paridad formal mediante la modificación de la Ley de Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP, Decreto 54-2012) y, más recientemente, la Ley Electoral (LE, 2021), que establece la obligatoriedad de la paridad formal; sin embargo, a pesar de haberse realizado dos procesos electorales bajo esta normativa, los avances en la materia han sido limitados y no significativos.
Mecanismos que neutralizan la paridad: ruta de evasión y bloqueos del sistema político-electoral
Para comprender cómo se manifiestan los sesgos de género desde la elaboración de la norma hasta su implementación, se identifican cuatro mecanismos principales:
No 1: Evasión legal en la construcción de la norma: el artículo 74, numeral 3, de la Ley Electoral, establece una excepción al principio de paridad cuando no se realizan elecciones primarias, debilitando su obligatoriedad. Esta excepción abre una ruta de evasión legal, que habilita otros mecanismos de bloqueo a la paridad y la alternancia.
No 2. Evasión mediante la interpretación de la ley: las elecciones primarias funcionan como filtro, ya que los representantes de los partidos priorizan “competitividad” por encima de igualdad y aplican interpretaciones que reducen la presencia efectiva de mujeres en candidaturas.
No 3: Sistema de elección mediante voto preferencial: Honduras utiliza un sistema electoral de representación proporcional con listas abiertas lo que anula la efectividad del mandato de alternancia/cremallera (mujer más votada, hombre más votado).
No 4: Evasión por manipulación partidista: los caudillos de los partidos deciden las posiciones que ocupan las candidatas, relegando a las mujeres a puestos de menor competencia, generalmente como suplentes o en las últimas casillas de la papeleta, reduciendo su posibilidad de ser electa.
En este contexto, Flavia Freiderberg se refiere al “triple candado institucional”: la norma contiene sesgos de género, el sistema electoral incumple y no sanciona, y los partidos agudizan sesgos en su aplicación interna. Como señala la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez: “ellos hacen la ley y nos ponen la trampa”.
En conjunto, estos mecanismos generan y mantiene sesgos y obstáculos en la práctica, como el uso discrecional del financiamiento, la violencia política no sancionada, la desigualdad en el acceso a cargos de liderazgo partidario y la falta de respuestas institucionales que protejan a las mujeres y hagan exigible la paridad de género.
Sistemas que sostienen la exclusión: evidencia empírica y articulación de factores
1. Sistema cultural
La encuesta del CESPAD revela que los espacios políticos son los principales entornos donde se perpetúa la violencia contra las mujeres. La percepción de una “cultura machista dentro de los partidos políticos” fue calificada con máxima influencia (10) por el 39.7% de las personas encuestadas, lo que refleja que las estructuras partidarias reproducen patrones patriarcales, sesgos y exclusión.
Este estudio también evidencia la normalización de estereotipos de género, así como comentarios u opiniones despectivos sobre la capacidad de las mujeres: el 77.1% reportó haber escuchado comentarios negativos sobre la capacidad de las mujeres en política. Aunque una proporción significativa (87%) manifiesta apertura a la paridad[6], persisten prácticas discriminatorias que legitiman la exclusión. Desde la perspectiva de la Teoría de Justificación del Sistema, esta coexistencia de apoyo a la igualdad y de prácticas discriminatorias pueden entenderse como un mecanismo de estabilidad: el sistema se reproduce porque se presenta como “normal” o “funcional” para sectores privilegiados que ostentan el poder, aunque sea disfuncional para la mayoría[7].
2. Sistema económico
En Honduras, el 63.2% de las mujeres se encuentra en pobreza multidimensional[8]. La distribución sexual del trabajo y la carga de cuidados impactan directamente en su participación política: muchas mujeres deben afrontar, además de sus responsabilidades, una doble o incluso triple jornada laboral para competir con los hombres, siempre en condiciones desiguales.
Asimismo, las mujeres acceden en menor medida a recursos económicos destinados a campañas. Pomares (citada por Freidenberg, 2022) denomina “techo de billetes” a las dificultades adicionales para obtener dinero y redes de donantes, lo que favorece desproporcionadamente a candidatos hombres con conexiones y aliados tanto formales como informales. Según la encuesta, el 57.8% considera que las mujeres no disponen de los mismos recursos económicos que los hombres para financiar campañas, lo que limita su autonomía, incrementa su vulnerabilidad y perpetúa las desigualdades en la participación política.
3. Sistema mediático
Algunos comentarios negativos sobre las mujeres en política circulan en medios tradicionales y en redes sociales. Esto evidencia que estos canales actúan como reproductores y amplificadores del machismo estructural, operando en conjunto con los sistemas cultural y simbólico. La naturalización de estos comentarios perpetúa un sistema de violencia simbólica que limita la participación femenina y afecta su representación en los espacios de toma de decisiones.
Por otra parte, los medios de comunicación suelen dar mayor visibilidad a figuras masculinas, mientras que la presencia de las mujeres en los espacios mediáticos es mucho menor. Incluso, los temas relacionados con las mujeres son analizados en los medios de comunicación por hombres.
4. Sistema simbólico
El informe “Ni nombradas, ni escuchadas”, revela que, de un total de 554 discursos de candidaturas presidenciales, sólo un 2% menciona demandas de las mujeres, y cuando lo hace, suele ser de forma superficial[9]. Es evidente que, además de estar invisibilizadas en la esfera política, las mujeres son excluidas en los discursos de las candidaturas presidenciales. Por otro lado, el informe registra a los agentes estatales como los principales perpetradores de violencia contra las mujeres en espacios políticos, siendo la institucionalidad, a través del poder formal, la principal fuente de violencia política.
Asimismo, persisten estereotipos de liderazgo: una parte de la población aún asocia a las mujeres con características emocionales como empatía, compasión, calidez y amabilidad (27.0% y 24.2%). En contraste, atributos vinculados con el poder y la autoridad, como firmeza y determinación (16.7%), y la capacidad para tomar decisiones difíciles son (10.8%), atribuidos a hombres[10]. Este patrón refleja una segmentación simbólica de liderazgo político: los hombres son percibidos como racionales, mientras que las mujeres como empáticas y cuidadoras, lo que impacta en las expectativas electorales y en las prácticas partidarias.
Evidencia de resultados: representación política y efecto filtro del proceso electoral
Como resultado del engranaje sistémico, que incluye un diseño normativo con excepciones, interpretaciones sesgadas, voto preferencial, manipulación partidaria, ausencia de sanciones y sistemas cultural, mediático y simbólico sin regulaciones, se mantiene una baja representación de mujeres en todos los niveles. Actualmente, hay 38 mujeres en el Congreso Nacional y 20 en alcaldías[11]. Esta subrepresentación también se refleja en el gobierno central y en otros espacios de participación.
Los datos históricos indican que, ni a nivel de diputaciones ni en las corporaciones municipales, las mujeres han alcanzado la paridad.
Aunque entre 2000 y 2009 se registró un aumento significativo en la representación femenina del Congreso Nacional, en la actualidad la tendencia se ha estancado, también en el nivel municipal.
Gráfico No 1. Representación política a nivel de diputaciones en Honduras (1981-2026)
Elaboración propia, con datos obtenidos de JASS Honduras y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Gráfico No 2. Representación política a nivel de municipalidades en Honduras (2001-2025).
Elaboración propia, con datos obtenidos de JASS Honduras y el CNE.
Obsérvese el cuadro N1; estos datos muestran cómo funciona el sistema político hondureño. Aunque las mujeres participaron en un 47% en las elecciones primarias, esta etapa actúa como filtro de exclusión, ya que su participación se reduce en las elecciones generales. Esto marca un punto crítico en la relación entre participación y representación, lo que plantea una pregunta clave: ¿la baja representación refleja falta de interés o es un resultado del sistema que bloquea el acceso?
La situación más crítica se observa a nivel municipal: alcaldías alcanzan apenas un 11.7% de participación femenina, mientras que las vicealcaldías apenas un 9.4%. Aunque en este nivel las elecciones son de carácter simple, los resultados no difieren mucho de las diputaciones, donde influyen factores adicionales, como el número de candidaturas por departamento, los votos del partido, las negociaciones internas y la posición en la papeleta. En ambos casos, las elecciones primarias son decisorias para avanzar a la etapa de representación.
Estos datos no pueden analizarse sin considerar el contexto en el que se desarrollan: un entorno sumamente violento, que ha sido naturalizado o percibido como parte del juego político. La combinación de primarias como filtro, reglas aplicadas de manera parcial, la falta de sanciones ante la violencia política y la ausencia de un abordaje integral con enfoque de género, genera resultados preocupantes: apenas 38 mujeres acceden a diputaciones y 20 a alcaldías, sin avances significativos hacia la igualdad de género.
Cuadro N°1 Participación y representación de las mujeres en elecciones primarias y generales a nivel de alcaldías y diputaciones, 2025.
| Cargo | Elecciones primarias | Elecciones generales | Porcentaje de disminución | Resultados de elecciones generales |
| Alcaldesa | 22% | 10.6% | 11.7% | 20 |
| Diputada propietaria | 47% | 43.8% | 3.3% | 38 |
Elaboración propia con datos del CNE, 2025.
Análisis de los actores que refuerzan la exclusión
La subrepresentación de las mujeres no puede explicarse como “factores aislados”. Responde a un sistema interconectado en el cual las reglas formales e informales se refuerzan mutuamente:
- El diseño normativo incorpora excepciones que permiten evadir la obligatoriedad de la paridad.
- La interpretación e implementación de estas normas favorecen estructuras partidarias y grupos privilegiados.
- El sistema partidario distribuye las oportunidades de forma desigual y reproduce pactos masculinos.
- El modelo electoral, basado en el voto preferencial, debilita los mandatos de alternancia en los resultados.
- El sistema económico limita el tiempo y los recursos disponibles para competir (“techo de billetes” y responsabilidades de cuidado).
- La cultural y los simbolismos sociales legitiman prejuicios y estereotipos sobre liderazgo femenino.
- Los medios de comunicación amplifican la violencia simbólica e invisibilizan las agendas de participación de las mujeres.
Todo está atravesado por la corrupción, que condiciona el funcionamiento institucional. En definitiva, la institucionalidad puede ser un agente de transformación, pero también permite evasiones y reproduce sesgos que consolidan la vulneración de los derechos del 53% de la población.
Conclusiones
- La baja representación política de las mujeres en Honduras no responde a factores individuales, sino a un entramado sistémico de reglas formales e informales que neutralizan la paridad y “castigan” a las mujeres que desafían el orden establecido.
- El sistema político-electoral funciona como un filtro estructural de exclusión, en el cual la participación de las mujeres disminuye significativamente desde las elecciones primarias hasta las generales, limitando su representación.
- Las instituciones políticas y los partidos están atravesadas por sesgos de género que reproducen lógicas patriarcales, favorecen pactos masculinos, distribuyen de manera desigual las oportunidades y limitan el liderazgo de las mujeres.
- La exclusión política de las mujeres se sostiene por la articulación de múltiples sistemas: cultural, económico, mediático y simbólico, que normalizan estereotipos, restringen el acceso a recursos, amplifican la violencia política y establecen modelos de liderazgo excluyentes.
- La persistencia de la subrepresentación femenina constituye un déficit democrático estructural, ya que limita la pluralidad de voces, empobrece los procesos de toma de decisiones y excluye a más de la mitad de la población de los espacios de poder.
- El sistema electoral hondureño requiere un nuevo pacto social con enfoque de género, que garantice la inclusión real de las mujeres y supere la actual situación de indefensión.
[1] Laura Hernández Arteaga, La Teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Una observación desde el sistema de la ciencia mundial, 2021. https://surl.li/rsdnaq
[2] J. Francisco Morales Domínguez, 2007, Psicología social. https://url-shortener.me/9R3R
[3] Gilas Karolina, 2024: Género, instituciones y poder: nuevas tendencias teóricas para el estudio del poder generizado en América Latina. https://url-shortener.me/9R3T
[4] Freingderberg Flavia, 2022. La construcción de democracias paritarias en América Latina.
[5] Adriana Báez Carlos | Erika García Méndez, 2023. Democracia paritaria, avances y desafíos en la representación de las mujeres.
[6] CESPAD, 2025. Primera Encuesta Nacional sobre la Percepción de las Mujeres en Política. https://url-shortener.me/9R3Z
[7] IDEM 1
[8] PNUD 2024. Reflexiones sobre la pobreza multidimensional que enfrentan las mujeres en Honduras. https://url-shortener.me/9R45
[9] Ni nombradas, ni escuchadas, CESPAD 2025. https://url-shortener.me/9R4F
[10] IDEM 6
[11] Consejo Nacional Electoral, 2025. Certificación No 3055-2025.