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El CESPAD presenta propuesta de reformas electorales orientada a fortalecer los cierres del proceso y la institucionalidad rumbo a 2030.

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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó el documento “Hacia una nueva institucionalidad electoral. Propuesta de reformas electorales”, elaborado a partir del monitoreo electoral continuo, desarrollado desde el inicio del calendario electoral de 2024 hasta la conclusión de las elecciones generales de 2025 y la fase de toma de posesión en enero de 2026.

Este seguimiento permitió observar el proceso electoral de manera integral, considerando no solo la jornada de votación, sino también las decisiones institucionales, prácticas operativas y dinámicas políticas que incidieron de forma directa en su desarrollo y desenlace. El monitoreo evidenció un proceso marcado por altos niveles de polarización, desconfianza entre actores y tensiones institucionales que pusieron a prueba la capacidad del sistema electoral para producir certeza jurídica, especialmente en las fases finales del proceso.

A partir de estos hallazgos, el CESPAD presenta una propuesta de reformas electorales organizada en tres niveles complementarios, concebidos para fortalecer la capacidad del sistema electoral y garantizar cierres jurídicos claros, verificables, y reducir los márgenes de discrecionalidad institucional; los niveles son:

  1. Las reformas urgentes se concentran en vacíos y ambigüedades normativas que ya generaron tensiones durante el proceso electoral 2024–2025 y que, de no corregirse, representan un riesgo inmediato de repetición de conflictos en los próximos comicios.
  2. Las reformas pendientes agrupan cambios largamente identificados y postergados en ciclos anteriores, cuya ausencia continúa debilitando la calidad democrática y la confianza ciudadana en el sistema electoral.
  3. Las reformas nuevas recogen aprendizajes derivados del proceso 2025–2026 y buscan responder a prácticas y distorsiones que no estaban adecuadamente previstas en el marco normativo vigente.

Desde la perspectiva de CESPAD, este paquete de reformas debe entenderse como una oportunidad estratégica para construir, de cara al proceso electoral de 2030, un sistema electoral con reglas claras, procedimientos previsibles e instituciones capaces de resolver las controversias dentro del marco jurídico, sin trasladar nuevamente los costos de la inacción al siguiente ciclo.

En ese sentido, la instalación de la Comisión Especial para la Iniciativa de Reforma Electoral del Congreso Nacional de la República representa una ventana institucional clave para procesar estas reformas de manera ordenada, técnica y con visión de mediano plazo. Esta comisión, promovida por la Presidencia del Congreso Nacional, ya cuenta con una propuesta de proyecto de ley presentada. Esto abre una oportunidad concreta para encauzar la discusión electoral no desde la urgencia de una crisis, sino desde la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad democrática antes del próximo ciclo electoral.

Tegucigalpa, 10 de febrero de 2026.

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