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Escrito por Kevin Isidro
La llegada de Nasry Asfura a la presidencia, el 27 de enero de 2026, marcó el inicio de un nuevo ciclo político en Honduras, cuyo rumbo en materia agraria comienza a delinearse tanto en los planteamientos programáticos del gobierno como en las iniciativas legislativas impulsadas desde el Congreso Nacional.
En este contexto, surge una pregunta fundamental para comprender la dirección de la política agraria en Honduras: ¿para quiénes se diseña la política agraria?
A diferencia de los enfoques históricos centrados en la reforma agraria y el acceso a la tierra, las primeras señales de la política pública del gobierno de La Racha apuntan a mayor énfasis en la productividad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector agroindustrial como pilares del desarrollo rural.
Este enfoque, que es manifiesto en el Plan de Gobierno “Vamos a Estar Bien” 2026-2030, parte de una visión del sector agroindustrial como uno de los motores principales de la economía hondureña. En esta perspectiva, el campo se entiende principalmente como un espacio estratégico para generar empleo, aumentar las exportaciones y promover el crecimiento económico. Por ello, la política agrícola tiende a centrarse en fortalecer las cadenas productivas, atraer inversión, promover la tecnificación agrícola y ampliar los mecanismos de financiamiento para la producción.
Sin embargo, este enfoque productivista puede entrar en tensión con las dinámicas estructurales que, a lo largo de la historia, han caracterizado la conflictividad agraria en Honduras. Desde hace décadas, el país ha experimentado un proceso de reconcentración progresiva de la tierra, acompañado por la expansión de modelos agroexportadores y el debilitamiento de la agricultura campesina. En este contexto, la falta de propuestas que aborden de manera integral los problemas estructurales relacionados con el acceso a la tierra, plantea interrogantes sobre la efectividad de este modelo para reducir los conflictos territoriales y promover condiciones de desarrollo rural más equitativas.
El blindaje jurídico de la agroindustria
La orientación productivista que comienza a delinearse en la política agraria del nuevo gobierno también se refleja en varias iniciativas legislativas presentadas en el Congreso Nacional. El 10 de febrero de 2026, en sesión pública, se dio a conocer el anteproyecto titulado “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”[1]. Este proyecto busca declarar de interés nacional la protección de la producción agroindustrial y ofrecer beneficios regulatorios y administrativos preferentes para este sector.
Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la declaración de inafectabilidad de las tierras destinadas a la agroindustria. Esto significa que dichas propiedades no podrán ser objeto de procesos de reforma agraria u otras figuras de utilidad pública, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica y la protección de las inversiones productivas.
El anteproyecto también plantea mecanismos para agilizar los trámites administrativos, incluyendo la preferencia en los procesos y la reducción de plazos para los proyectos agroindustriales. Además, contempla la aplicación de la figura de silencio administrativo positivo, de modo que si las instituciones públicas no responden dentro de los plazos establecidos, se considera que la solicitud ha sido aprobada. Estas medidas buscan facilitar y acelerar la obtención de licencias ambientales, permisos de operación y otros trámites necesarios para impulsar el desarrollo de actividades agroindustriales.
De manera paralela, la nueva normativa busca garantizar que los productos agroindustriales puedan circular libremente por todo el país, incluso en momentos de protestas o manifestaciones. Para lograr esto, establece que las autoridades deben despejar de inmediato las carreteras, caminos y rutas estratégicas cuando estas se vean bloqueadas por protestas o tomas relacionadas con conflictos sociales.
También indica que, ante ocupaciones, invasiones o usurpaciones de tierras destinadas a la agricultura, deben intervenir rápidamente el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras autoridades, aplicando las leyes penales correspondientes para frenar y sancionar estos delitos de forma inmediata.
En conjunto, estas medidas parecen cambiar la forma en que se manejan los conflictos agrarios relacionados con las tierras agrícolas. En lugar de tratar estos problemas principalmente como disputas sociales o políticas, ahora se abordan desde la perspectiva de la seguridad, protegiendo las inversiones y aplicando la ley penal a quienes ocupan o bloquean tierras.
Qué significa esto para la gestión de los conflictos en el campo
En general, estas propuestas reflejan una tendencia a poner en primer plano la estabilidad de las inversiones agrícolas como parte central de la política agraria del país. Además, la declaratoria de inafectabilidad de tierras agroindustriales representa un elemento particularmente relevante en el debate agrario en Honduras, ya que podría limitar significativamente la capacidad del Estado para aplicar instrumentos tradicionales de redistribución de la tierra o para resolver conflictos territoriales mediante mecanismos vinculados a la reforma agraria.
Asimismo, la incorporación de mecanismos de respuesta coercitiva, como recuperaciones de tierras y bloqueos vinculados a conflictos agrarios, tiende a trasladar estas disputas del ámbito político y social hacia el penal y de seguridad pública. Esto modifica el marco institucional mediante el que, históricamente, se han gestionado estas tensiones.
En este contexto, la política agraria en el nuevo ciclo político parece orientarse hacia un modelo que prioriza la protección jurídica de la agroindustria, la seguridad de las inversiones y la continuidad de las cadenas productivas. En contraposición, los problemas estructurales relacionados con el acceso a la tierra, la redistribución agraria y la inclusión productiva de la agricultura campesina permanecen en un lugar marginal dentro del debate programático.
Este giro plantea interrogantes relevantes sobre la capacidad del actual modelo agrario para enfrentar simultáneamente los desafíos de la seguridad alimentaria, la reducción de la desigualdad rural y la resolución democrática de la conflictividad territorial, aspectos que siguen siendo centrales en la realidad del campo hondureño.
El nombramiento del nuevo director ejecutivo del INA
En medio del proceso de redefinición de la política agraria, el presidente Nasry Asfura juramentó el 12 de marzo a Javier Talavera como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA).
Talavera cuenta con experiencia previa como asesor legal del INA durante el período 2022-2025, participando en distintos espacios institucionales vinculados a la gestión de la conflictividad territorial. Entre estos, destaca su participación en la “subcomisión de desalojos” de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, así como en equipos de atención a conflictos agrarios de alto impacto, como el caso de Las Galileas, entre otros.
Este nombramiento contribuye a mitigar las preocupaciones expresadas por organizaciones y grupos campesinos respecto a una posible eliminación del Instituto. Sin embargo, la designación se produce en un momento particularmente delicado para la institucionalidad agraria. El país enfrenta altos niveles de conflictividad territorial, un proceso prolongado de reconcentración de la tierra y un creciente debate político sobre el papel de la agroindustria dentro del modelo de desarrollo rural.
En este contexto, el reto del nuevo director ejecutivo del INA va más allá de la gestión administrativa de la institución. El desafío central será definir el papel que desempeñará el INA en el nuevo ciclo político: si actuará como un organismo dedicado a garantizar el acceso a la tierra y la resolución democrática de los conflictos agrarios, o si su rol tenderá a reconfigurarse hacia funciones más orientadas a la estabilidad jurídica de las inversiones y la contención institucional de la conflictividad territorial.
La pregunta que subyace a este nombramiento remite al debate más amplio que ha sido tema de análisis: ¿para quién se diseña la política agraria en Honduras y cuál será el papel de la institucionalidad pública en esa disputa?
El verdadero problema: medios de vida y seguridad alimentaria
La expansión de modelos agroexportadores y la concentración de la tierra han reducido la participación de la agricultura campesina, responsable históricamente de una parte significativa de la producción de granos básicos para el consumo nacional. Este proceso ha incrementado la dependencia alimentaria del país y limitado las capacidades productivas de miles de familias rurales.
Según estimaciones del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH (OBSAN), en 2024 alrededor de 1.6 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda. Se proyecta que esta cifra podría aumentar hasta aproximadamente 2.2 millones para mediados de 2026[2]. Esto significa que cerca de una quinta parte de la población hondureña podría encontrarse en condiciones de inseguridad alimentaria severa, en un contexto marcado por pobreza rural, vulnerabilidad climática, volatilidad de los precios de los alimentos y restricciones estructurales en el acceso a tierra productiva.
En este escenario, el debate sobre la política agraria no puede limitarse únicamente a la seguridad jurídica de las inversiones o al fortalecimiento de determinados sectores productivos. La pregunta de fondo sigue siendo cómo garantizar el derecho a la alimentación y condiciones dignas de producción para quienes trabajan la tierra. En última instancia, la discusión sobre el modelo agrario hondureño no se reduce a hectáreas, productividad o exportaciones: trata sobre la capacidad del país para alimentar a su propia población y sobre el tipo de agricultura que se quiere construir para las próximas generaciones.
[1] Congreso Nacional de Honduras. (2026). Anteproyecto de decreto: Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial de Honduras. https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2026/02/Anteproyecto-de-Decreto-LEY-PARA-EL-FORTALECIMIENTO-Y-PROTECCION-DEL-SECTOR-AGROINDUSTRIAL-DE-HONDURAS.pdf
[2] Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OBSAN-UNAH). (2026). Proyecciones de inseguridad alimentaria en Honduras. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.