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Escrito por Dulce Davis
La instalación de un nuevo gobierno, en teoría, suele venderse bajo la narrativa del cambio, pero en el gobierno de Nasry Asfura esta promesa se estrella contra una realidad de contradicciones ideológicas. Mientras algunos funcionarios públicos, diputados y diputadas ensayan discursos alineados con los derechos de las mujeres, los simbolismos caminan en sentido opuesto: la exhibición de la bandera “provida” en actos de Estado y el marcado sesgo familistas de su investidura no parecen ser errores de forma.
Ante este escenario, la pregunta no es si existe “la posibilidad” de una agenda de protección, la pregunta es ¿las mujeres en Honduras están ante una instrumentalización del discurso de género para maquillar un proyecto conservador? o ¿estas señales son un retroceso disfrazado de pragmatismo político o, simplemente, la continuación de una histórica tradición en la cual los derechos de las mujeres se subordinan a pactos de poder y cuotas ideológicas, sin importar el color del partido de turno?
En ese breve contexto, este análisis está orientado a:
- Evaluar si las acciones recientemente anunciadas representan una verdadera agenda de protección de los derechos de las mujeres.
- Identificar las contradicciones existentes y, desde una perspectiva crítica, proponer elementos clave para una agenda integral, sostenible y que adopte un enfoque genuino en los derechos de las mujeres.
Datos y estadísticas alarmantes
Este análisis cobra especial relevancia en un escenario donde “Honduras continúa figurando como uno de los países más peligrosos de la región para el sector de las mujeres, con altas tasas de femicidios que registran 7,2 casos por cada 100.000 mujeres”[1], según los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Aunque la violencia no distingue edades ni niveles socioeconómicos, es evidente que la mayor concentración de casos afecta a mujeres en condición de mayor vulnerabilidad. La violencia sexual, física y simbólica contra mujeres, niñas y adolescentes forma parte de una cadena de violencia que, en su expresión más extrema, termina en feminicidio. La violencia que sufren las mujeres no puede seguir interpretándose como hechos aislados.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se registran 33 las muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras[2]. Además, existe una problemática adicional de violencia estatal e institucional, que se manifiesta cuando el Estado no implementa los marcos protectores y no activa los mecanismos necesarios para garantizar la vida y la integridad de las víctimas.
Las altas tasas de impunidad envían un mensaje claro: las vidas de las mujeres no importan. Cuando no existen mecanismos efectivos de prevención, investigación y sanción, la violencia se perpetúa. La negligencia del Estado no sólo deja a las víctimas en indefensión, sino que también premia al agresor y transmite a la sociedad la falsa idea de que cometer un crimen contra una mujer, niña o adolescente no tendrá consecuencias.
Por ello, todas las muertes violentas de mujeres deben entenderse también como una responsabilidad del Estado. No solo por su incapacidad de sancionar, sino por la ausencia de políticas preventivas capaces de transformar las condiciones que permiten que esta violencia persista. La aprobación de leyes de educación integral, el abordaje estructural de la violencia de género, campañas sistemáticas de prevención y la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en los marcos regulatorios necesarios para enfrentar esta crisis.
Los femicidios íntimos (4), por violencia intrafamiliar (1), por conexión (11), por violencia sexual (4), por delincuencia organizada (2), los que aún no se determinan, los homicidios y todas las muertes violentas[3], así como las desapariciones, las violencias a nivel físico, psicológico y simbólico forman parte de un mismo sistema de violencia que podría prevenirse si existieran políticas públicas eficaces.
Los patrones de agresión están profundamente relacionados con los niveles de permisividad social, la impunidad y la ausencia de castigo efectivo, en medio de una sociedad que normaliza la violencia, y un sistema institucional que no logra establecer límites claros. Si las etapas iniciales de la violencia no se abordan a tiempo, pueden escalar hacia feminicidios, desapariciones y otras formas extremas de agresión. Lo que sucede en Honduras no es únicamente un problema de criminalidad, sino una epidemia de violencia que se ha convertido en una auténtica crisis de seguridad nacional.
La impunidad como eje del problema
Diversas organizaciones de mujeres han señalado una debilidad fundamental: “la investigación deficiente por parte de los operadores de justicia”.
Las mujeres organizadas cuestionan que la falta de mecanismos investigativos que permitan abordar cada etapa del proceso de manera integral. “Por ejemplo, la adecuada custodia de las pruebas presenta sería deficiencias, además, no se cuenta con peritajes forenses adecuados que garanticen la rigurosidad del proceso investigativo y permitan establecer con claridad los casos de femicidio. Como resultado, las pruebas suelen contaminarse y los resultados de las investigaciones quedan limitados”, señaló Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H).[4]
Esta situación está estrechamente vinculada a la falta de recursos, a la escasez de personal especializado y al debilitamiento institucional. Como consecuencia, muchas víctimas no encuentran condiciones seguras para denunciar, lo que contribuye a profundizar el ciclo de violencia. La impunidad termina funcionando como un mecanismo que protege al agresor. En muchos casos, no solo no se sanciona al perpetrador, sino que, además, se revictimiza a la víctima, quien enfrenta procesos judiciales sin el acompañamiento ni las garantías necesarias para su seguridad e integridad.
Por esta razón, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no puede entenderse únicamente como un problema criminal. También refleja una falla estructural del sistema de justicia y, en consecuencia, constituye una falla del Estado hondureño en su deber de proteger a su ciudadanía.
El nuevo escenario político: señales, propuestas y expectativas
En medio de la gravedad del problema, el escenario político actual muestra algunas señales positivas, pero aún sin cambios efectivos.
Una de las señales más destacadas es la apertura del Poder Legislativo para recibir a mujeres organizadas y escuchar sus demandas. Este dialogo tuvo como objetivo fortalecer la incidencia política entre mujeres organizadas, instituciones del Estado y cooperación internacional, con el propósito de posicionar una agenda legislativa y presupuestaria que garantice recursos, marcos legales y reformas orientadas a la participación política, la autonomía económica, el derecho al cuidado, la salud integral y el fortalecimiento de la institucionalidad pública para las mujeres”[5].
También se registran declaraciones del Ministro de Seguridad, quien en dos ocasiones ha hecho referencia a la violencia hacia las mujeres. En su primera declaración señaló que: “El abordaje de las muertes violentas de mujeres debe priorizarse dentro de las políticas de seguridad”[6]. Mientras, en su segunda intervención reconoció la gravedad de la situación, afirmando:
“estamos trabajando en diseñar una política nacional que atienda esta problemática de manera integral”[7].
Además, la diputada Lissy Matute Cano presentó la moción para “la creación de una comisión especial de investigación de muertes violentas de mujeres”, una propuesta que fue aprobada por el Congreso Nacional. “El objetivo es integrar una instancia que permita coordinar esfuerzos con instituciones judiciales, policiales y organismos de protección de la mujer para erradicar los feminicidios”, manifestó la parlamentaria[8].
Mientras, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), las mujeres diputadas dirigieron la sesión plenaria y presentaron diversas propuestas de leyes y mociones dirigidas a mejorar las condiciones de las mujeres en Honduras. Entre las iniciativas presentadas se encuentran:
- Moción para la ampliación de casas refugio
- Moción exhortativa para fortalecer la prevención de embarazo en adolescentes
- Ley para protección contra el abuso sexual a menores
- Ley de prevención sobre cáncer de cérvix
- Ley especial contra la violencia política
- Ley contra la revictimización
- Ley de alerta morada
- Incremento del presupuesto del Ministerio Público para crear oficinas de atención a los femicidios
- Ley Rosa
- Ley contra la violencia política
- Reforma a la Ley de Igualdad de Oportunidades
- Ampliación de casas refugio, entre otras[9].
Estas propuestas abordan temas cruciales como justicia y seguridad, igualdad y participación, salud sexual y economía menstrual, y representan un compromiso para saldar deudas históricas con las mujeres hondureñas. Si se les da continuidad efectiva en las comisiones correspondientes, estas iniciativas podrían pasar de ser gestos simbólicos del 8M a instrumentos concretos que mejoren las condiciones de las mujeres.
Por otra parte, cabe destacar el nombramiento de la ministra en el despacho de la Mujer, en un contexto en el que su posible desaparición o fusión generó preocupación entre organizaciones feministas.
Estos hechos plantean pregunta legítima: ¿estamos frente a un posible cambio en la manera en que el Estado aborda la violencia contra las mujeres? ¿O se trata únicamente de gestos políticos que buscan transmitir una imagen de compromiso sin modificar realmente las condiciones estructurales que producen esta violencia?
Las contradicciones del poder
Aunque estas acciones pueden interpretarse como señales positivas, todavía son incipientes y fragmentadas. Sin la aprobación del Congreso Nacional, sin una articulación institucional sólida, sin plazos claros, sin responsables definidos y sin una asignación presupuestaria suficiente, difícilmente podrán traducirse en transformaciones reales y duraderas.
Las contradicciones también se evidencian en decisiones recientes que generan preocupación. La aprobación de la lectura obligatoria de la biblia en centros educativos públicos y el uso simbólico de la bandera “provida” en el Congreso Nacional plantean interrogantes sobre el compromiso genuino con la laicidad del Estado y con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Estas tensiones se agravan si se considera que la reducción de penas vinculadas con el feminicidio aún no se acompaña de reformas integrales al Código Penal con enfoque de género.
La coexistencia de discursos protectores con reformas legales regresivas revela profundas tensiones ideológicas dentro del Congreso Nacional y entre los operadores del sistema de justicia. El temor del movimiento de mujeres es que estas iniciativas respondan únicamente frente a la presión social, sin convertirse en cambios estructurales que garanticen seguridad y justicia para las mujeres.
¿Qué necesitamos para avanzar hacia una verdadera agenda de seguridad para las mujeres?
Para que estas señales políticas se traduzcan en cambios concretos, es fundamental cumplir con ciertas condiciones básicas:
- Impulsar reformas legales coherentes con las necesidades y derechos de las mujeres.
- Fortalecer la articulación institucional para un abordaje integral del problema.
- Asignar presupuesto sostenido para las áreas que abordan la violencia contra las mujeres.
- Garantizar la presencia de personal especializado con enfoque de género.
- Reconocer el papel fundamental de las organizaciones de mujeres, que históricamente han impulsado estas demandas.
No es posible hablar de una agenda integral de seguridad para las mujeres sin abordar la prevención mediante procesos de educación y cambio cultural. Tampoco garantizar atención inmediata y protección efectiva para las víctimas.
Asimismo, es indispensable desarrollar políticas de reparación para las víctimas y sus familias, así como garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde un enfoque interseccional que incluya a niñas, adolescentes, mujeres rurales, indígenas y de la diversidad.
[1] CEPAL 2023 – Violencia feminicida en cifras, https://www.cepal.org/es/comunicados/al-menos-11-mujeres-son-victimas-feminicidio-cada-dia-america-latina-caribe
[2] Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 2026 https://www.hondudiario.com/2026/02/23/honduras-encabeza-lista-de-asesinatos-a-mujeres-en-latam-segun-observatorio-de-la-unah/
[3] Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), 2026 https://derechosdelamujer.org/mujeres-en-cifras-3/estadisticas/
[4] Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) 2025, intervensión de Suyapa Martínez en Foro “Ni una menos en honduras: la violencia también se presupuesta” https://www.facebook.com/share/p/18J57RTzZx/
[5] Reunión sostenida entre mujeres organizadas, cooperación internacional y representantes de la junta directiva del Congreso Nacional, 2026 https://www.facebook.com/share/v/1FAmmjuNjZ/
[6] Declaraciones del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Gerson Onán Velásquez, 2026. https://www.facebook.com/share/p/188T92CsHC/?wa_status_inline=true
[7] Secretario de Seguridad Gersón Velásquez, https://www.facebook.com/share/v/18B56aLhax/
[8] Congreso Nacional 2026, https://www.facebook.com/share/p/1CH8rL51u6/
[9] Congreso Nacional, 2026, propuestas de ley y mociones presentadas por las mujeres diputadas en el marco del 8M https://www.youtube.com/live/gObIqireS1o?si=DwW0ST8wAaY19i2T