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Escrito por Dulce Davis
Bajo la consigna de una supuesta “política de austeridad”, el gobierno de Nasry Asfura vuelve a enviar un mensaje contundente: los derechos de las mujeres no son una prioridad estructural, sino una pieza en el tablero de las negociaciones políticas. Las recientes disposiciones de la secretaría de finanzas (SEFIN) demuestran que el presupuesto público está lejos de ser una herramienta técnica y neutral. Es, en realidad, un manifiesto político que decide qué vidas deben ser respaldadas y cuáles están destinadas al sacrificio.
El análisis del proceso de discusión y aprobación del presupuesto general de la República 2026 evidencia que los derechos de las mujeres en Honduras no son garantizados como parte de una política estructural, sino que continúan siendo objeto de negociación política. Por eso, en este análisis, se busca abordar las decisiones tomadas alrededor del presupuesto en función de las de los derechos de las mujeres.
Frente a estos escenarios surgen algunas preguntas:
- ¿Por qué la Secretaría de Finanzas insiste en considerar al sector mujer como uno de los principales grupos para reducir los gastos del Estado?
- ¿Bajo qué lógica se toman estas decisiones que debilitan la institucionalidad encargada de proteger la vida de las mujeres?
- ¿Realmente, estamos ante un simple error técnico o una decisión política de desprotección premeditada?
La falsa austeridad y la priorización de intereses
La propuesta inicial de la SEFIN, contemplaba una reducción del 47% al presupuesto de la secretaría de la mujer (SEMUJER), y la eliminación del 5% de las transferencias municipales destinadas a las oficinas municipales de la mujer (OMM). Esta lógica de “austeridad” resulta contradictoria: mientras se asfixiaba financieramente a la institucionalidad de las mujeres, sectores como Seguridad y Defensa recibían aumentos que superan los 1,830 y 1,524 millones de lempiras, respectivamente[1]. Esto evidencia que no hay escasez, sino una priorización de intereses y decisiones políticas que marginan las necesidades de las mujeres.
Esta propuesta no solo implicaba un ajuste administrativo, sino un reordenamiento de prioridades del gasto público. En este esquema, la institucionalidad de las mujeres pasaba de ser un eje de política pública a un componente prescindible[2]. De hecho, bajo esa misma lógica de austeridad, al inicio del actual gobierno, se llegó a plantear la fusión o eliminación de la Secretaría de la Mujer (SEMUJER), la que logró mantenerse únicamente por las acciones de incidencia de las mujeres y feministas organizadas que argumentaron su importancia estratégica para dirigir la política nacional de derechos.
La respuesta de las organizaciones de mujeres no se hizo esperar. Ante el Congreso Nacional se inició un proceso de incidencia y diálogos con la Comisión de Género para frenar este retroceso. Después de intensas jornadas de negociaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad y garantizar recursos para la prevención de la violencia, se lograron victorias parciales: se mantuvo el 5% para las OMM y se consiguió un aumento de 50 millones para SEMUJER.
Sin embargo, la pugna dejó saldos negativos: se eliminó el artículo 215 de las disposiciones generales del presupuesto, el cual destinaba un 10% del presupuesto de cada entidad gubernamental a temas de género, dejando la inversión para la prevención de violencia sujeta a la discrecionalidad de cada institución, lo que dificulta la trazabilidad de los recursos para asegurar que lleguen de manera directa a las mujeres[3]. Esta situación deja en claro que los criterios utilizados para la construcción del presupuesto se limitan a aspectos técnicos ignorando los componentes diferenciados y el impacto social de las realidades de las mujeres.
Las disposiciones enviadas por la SEFIN evidencian que el presupuesto depende más de una correlación de fuerzas y una lucha entre sectores que de una planificación con enfoque de derechos[4]. Por eso, es imperativo que las disposiciones del presupuesto escalen a un plano de análisis socioeconómico y cultural para dar respuesta desde un enfoque estratégico y de gobernanza inclusiva, superando la visión técnica y los sesgos políticos que hoy mantienen a los derechos de las mujeres en la precariedad.
Derechos que ya existen, pero se negocian
La ausencia de un enfoque de derechos en la planificación y el uso estratégico del presupuesto limita las posibilidades de las mujeres para garantizar sus derechos, los que ya están establecidos en ley. Sin embargo, las mujeres deben luchar continuamente para hacerlos efectivos. En lugar de fortalecer progresivamente estos derechos, se evidencian intentos de retroceso que reducen o eliminan aspectos claves, afectando directamente la vida de niñas, adolescentes y mujeres. La situación refleja un constante “regateo” y presión, en un contexto en el cual los derechos de las mujeres, en lugar de consolidarse, están siendo vulnerados, poniendo en evidencia la falta de interés y voluntad política para mejorar sus condiciones.
Estas decisiones presupuestarias pueden interpretarse desde tres aristas: un desconocimiento técnico de la alta gerencia en la Administración del Sistema Fiscal, una falta de interés genuino hacia el sector de las mujeres, o bien una decisión deliberada para profundizar la vulnerabilidad a un sector históricamente excluido en la vida económica, social y política de Honduras. Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿estamos frente a un error técnico o ante una decisión política intencionada?
Estas acciones contradicen frontalmente los discursos oficiales de gabinete que posicionan a las mujeres como una prioridad[5]. La realidad presupuestaria revela una narrativa distinta: la reducción de recursos debilita la institucionalidad y, por ende, anula la capacidad de respuesta estatal ante flagelos como la violencia, la impunidad y la desigualdad. Esto demuestra que el discurso gubernamental obedece a políticas simbólicas y no a una estrategia real de transformación.
El Estado hondureño continúa respondiendo desde un enfoque reactivo en lugar de uno estratégico y preventivo. Al priorizar el gasto público desde una mirada masculinizada, se ignoran las desigualdades estructurales históricas, colocando a las mujeres en una situación de total indefensión. Esta situación reduce los derechos fundamentales a un “regateo” constante. Es decir, los derechos dejan de ser garantías estatales irrenunciables para convertirse en negociación, lo que denota una carencia absoluta de enfoque en la toma de las decisiones de las distintas entidades.
El presupuesto aprobado no constituye un hecho aislado, sino una expresión de cómo el Estado hondureño continúa abordando los derechos de las mujeres: como elementos negociables y no como obligaciones garantizadas. Hoy, esas prioridades confirman que las mujeres no están en el centro de la política pública, sino en el margen de la distribución del gasto, obligadas a disputar año tras año derechos que ya deberían estar plenamente garantizados.
[1] El Heraldo, Honduras tendrá un presupuesto de más de L444,335 millones en 2026 tras aprobación en el Congreso https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-tendra-presupuesto-mas-lempiras-444-335-millones-2026-tras-aprobacion-congreso-nacional-HG30272599#google_vignette
[2] Secretaría de finanzas, 2026. Proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la república ejercicio fiscal 2026.
[3] La Gaceta, Decreto No. 62-2026. Presupuesto 2026.
[4] Centro de Estudio para la Democracias, 2026. Carta al presidente Tito Asfura https://surl.li/bsgjpv
[5] Declaraciones del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, https://www.facebook.com/share/p/18sU7QRfWw/