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Escrito por Lucía Vijíl y Kevin Isidro
Diagnóstico situacional. Puntos críticos y desafíos de la gestión ambiental y territorial actual
Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras inició una nueva fase de profundización del modelo neoliberal y extractivo. Este periodo se ha caracterizado por la expansión intensiva de las industrias minera, forestal, energética, agroindustrial, turística, además de la implementación de regímenes de excepción como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Durante más de una década, el marco normativo fue reformado para favorecer la concesión intensiva del territorio a grandes capitales nacionales e internacionales, en detrimento de los bienes comunes. Paralelamente, se instauró una política de control territorial basada en la militarización, la criminalización, la judicialización y la violencia sistemática contra comunidades rurales, indígenas, garífunas y campesinas. A la vez, se acumuló una mora agraria que supera las 1,100 solicitudes de tierra sin respuesta efectiva del Estado[1].
Durante la administración de Xiomara Castro (2022-2025), se adoptaron medidas de gran valor político, como la derogación de la Ley ZEDE, la declaratoria del país libre de minería a cielo abierto, la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, y la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes para desmontar las estructuras del modelo extractivo y de concentración territorial, operando principalmente como mecanismos de contención parcial ante el descontento social acumulado.
En ese período, la situación de vulnerabilidad para las comunidades y las personas defensoras de los bienes comunes se mantuvo en niveles críticos. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en 2024 se registraron 284 ataques que afectaron a 319 víctimas, de las cuales 219 eran personas u organizaciones defensoras de derechos humanos[2]. La persistencia de agresiones, la judicialización y crímenes de alto impacto -como el asesinato de Juan López-, sumados a las incursiones armadas contra comunidades campesinas organizadas en cooperativas en el Valle del Aguán como Tranvío, Camarones y El Chile, entre los años 2024 y 2025, evidencian una continuidad en los patrones de riesgo e impunidad que rodean la defensa de los derechos territoriales.
En el contexto electoral, el plan de gobierno de Nasry Asfura, titulado “VAMOS A ESTAR BIEN” (2026-2030), prioriza el crecimiento económico mediante la atracción de inversión, el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo como ejes centrales de gestión. Este enfoque reaviva una disputa estratégica sobre el modelo de desarrollo nacional, especialmente en aspectos relacionados con la regulación ambiental, la participación comunitaria, la gestión territorial y la distribución social de beneficios. Esta orientación ha generado alertas e incertidumbre en comunidades históricamente marginadas por procesos de despojo y exclusión.
Asfura asumió el poder tras un ciclo de alternancia política que no ha logrado traducirse en transformaciones estructurales en la gestión ambiental, agraria y territorial. Honduras continúa marcada por una alta concentración de la propiedad agraria, la expansión de actividades extractivas y agroindustriales y una vulnerabilidad crítica ante los efectos del cambio climático. A esto se suma una alarmante inseguridad alimentaria[3], el debilitamiento de las instituciones reguladoras en materia ambiental y una prolongada conflictividad socioterritorial que refleja profundas desigualdades históricas en el acceso a la tierra, los bienes comunes y en la participación democrática en el territorio.
En el marco de las acciones emprendidas por el Gobierno de Nasry Asfura durante sus primeros meses de gestión, se han identificado los siguientes puntos críticos relacionados con temas ambientales y agrarios:
Ventanilla única: el 5 de marzo del 2026, el Gobierno, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente[4], anunció la reactivación de la entrega de licencias ambientales vinculadas a proyectos extractivos, bajo un procedimiento más rápido y ágil.
Persistencia de la impunidad en los asesinatos de ambientalistas:
- Caso Berta Cáceres: el 2 de febrero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final, en el cual se evidenció graves falencias en la investigación estatal del asesinato de Berta Cáceres y propuso nuevas líneas de indagación sobre la autoría intelectual[5]. Tras su publicación, el Estado no ha adoptado medidas concretas para implementar las recomendaciones ni para reactivar líneas investigativas clave. En una audiencia de seguimiento al informe del GIEI, el 17 de marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó que la representación estatal retomara argumentos coincidentes con los de la defensa de un imputado, evitando pronunciarse sobre medidas de reparación integral y desestimando los hallazgos del mecanismo internacional[6]. Posteriormente, el 10 de abril de 2026, la OACNUDH exhortó a Honduras a cumplir de forma integral las recomendaciones del GIEI, ante las persistentes condiciones de impunidad. No obstante, hasta la fecha no se registran avances sustantivos[7].
- Caso Juan López: el 25 de marzo de 2026, se realizó una audiencia de declaración de imputado contra el empresario Lenir Pérez, por el caso vinculado a las irregularidades en al Parque Nacional Carlos Escaleras y el asesinato de Juan López. El 26 de marzo de 2026, el tribunal otorgó medidas sustitutivas a la prisión, permitiendo que el procesado continúe en libertad bajo una fianza millonaria[8]. Esta decisión refleja una respuesta estatal permisiva frente a actores señalados en casos de alto impacto ambiental y de derechos humanos. Ante esto, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció públicamente la persistencia de impunidad en el caso de Juan López y cuestionó la instrumentalización política de la justicia. Además, exigió al Ministerio Público acciones inmediatas contra los autores intelectuales y las estructuras de corrupción vinculadas al megaproyecto Pinares Ecotek[9]
Desalojos de comunidades campesinas vinculadas a la CNTC: el 9 de abril de 2026, fuerzas policiales y militares ejecutaron el desalojo de 39 familias campesinas en la comunidad de San Nicolás, Comayagua. Organizaciones campesinas denunciaron el despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad, incluyendo equipo militar, así como la quema de cultivos y la captura de 17 personas[10]. En respuesta, el 16 de abril de 2026, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) interpuso un recurso de amparo solicitando la suspensión del desalojo, la liberación de los detenidos y la restitución del derecho a la tierra, denunciando la ilegalidad del operativo[11]. Al momento de este análisis, el Estado no ha emitido una respuesta pública ni ha establecido medidas de reparación para las familias afectadas.
Avance de proyectos de megaestructura sin mecanismos de participación ciudadana:
- Represa multipropósito “El Tablón”: el 5 de marzo de 2026, el Gobierno anunció la aceleración de los estudios técnicos con el objetivo de iniciar la construcción en noviembre del mismo año, trasladando la ejecución del proyecto a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto continúa avanzando pese a la oposición de comunidades locales y sin evidencia clara de procesos de consulta efectivos, priorizándose su carácter de “obra estratégica” para el país[12], por encima de los consensos sociales.
- Ferrocarril interoceánico: el 6 de marzo de 2026, el ejecutivo firmó un acuerdo para el estudio de factibilidad del ferrocarril interoceánico, proyecto que busca posicionar a Honduras como un corredor logístico entre los océanos Atlántico y el Pacífico. Aunque la iniciativa avanza mediante alianzas internacionales y la promoción de inversiones, carece de detalles públicos sobre procesos de consulta con las comunidades potencialmente afectadas por su trazado territorial[13].
Reincorporación al CIADI: en marzo de 2026, el Gobierno oficializó la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el objetivo de fortalecer garantías para la inversión extranjera. Aunque aún está pendiente la ratificación legislativa, esta decisión blinda un marco jurídico favorable a proyectos extractivos, sin que exista una discusión pública amplia sobre sus posibles implicaciones en conflictos socioambientales[14].
Ley de fortalecimiento del sector agroindustrial: el 10 de febrero de 2026, se presentó en el Congreso Nacional un anteproyecto de ley orientado a otorgar una protección jurídica y administrativa preferente al sector agroindustrial. La propuesta destaca por medidas como la agilización de licencias, la declaración de inafectabilidad de tierras y la intervención inmediata de fuerzas de seguridad ante escenarios de conflicto[15].
Reforma al Código Penal: en febrero de 2026, se emitieron alertas sobre disposiciones que incrementan las penas por el delito de usurpación y amplían su aplicación en contextos de conflictividad territorial, consolidando el uso del derecho penal como el principal mecanismo estatal para la gestión de la conflictividad agraria[16].
Sentencia de la Corte IDH sobre Cayos Cochinos: en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) declaró al Estado de Honduras responsable por violar los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. La sentencia resalta la vulneración de la propiedad colectiva y del derecho a la consulta previa, libre e informada, en decisiones sobre el área protegida y actividades autorizadas en su territorio. La Corte estableció que el Estado implementó medidas administrativas y permitió actividades turísticas y de control territorial sin garantizar la participación efectiva de la comunidad, generando restricciones al uso de recursos tradicionales y afectaciones a su modo de vida e identidad cultural[17].
Desde una perspectiva democrática, la superación de estos desafíos será determinante para reducir las brechas históricas de desigualdad, prevenir nuevas escaladas de violencia y fortalecer la legitimidad institucional del Estado. La capacidad del gobierno para responder a las demandas agrarias, ambientales y territoriales mediante diálogo, justicia y políticas públicas inclusivas determinará si el país avanza hacia una gobernanza democrática del territorio o si, por el contrario, profundiza las dinámicas de exclusión y confrontación.
- Fortalecimiento institucional. Recuperar las capacidades técnicas, presupuestarias y regulatorias de las instituciones públicas responsables de la gestión ambiental, territorial y de recursos naturales, revirtiendo la debilidad estatal que ha facilitado capturas corporativas y respuestas reactivas o improvisadas.
- Política agraria integral. Impulsar una reforma que aborde la concentración de la tierra, acelere los procesos de titulación, fortalezca la seguridad jurídica de las comunidades campesinas e indígenas, priorizando mecanismos de resolución pacífica de disputas. Sin avances en este campo, la conflictividad rural continuará siendo uno de los principales focos de inestabilidad nacional.
- Seguridad y soberanía alimentaria. Dinamizar la producción nacional mediante políticas sostenidas que respalden la agricultura campesina y familiar, facilitando el acceso a créditos, asistencia técnica especializada, sistemas de riego, almacenamiento y canales de comercialización justos.
- Revisión del marco penal. Evaluar integralmente las reformas del Código Penal que endurecen el delito de usurpación o que han ampliado su aplicación en disputas por tierra y territorio. El uso del derecho penal como mecanismo principal de gestión del conflicto puede debilitar soluciones democráticas, fomentar la criminalización de la protesta social y profundizar las confrontaciones en lugar de resolver sus causas estructurales.
- Protección a defensores. Implementar mecanismos urgentes de prevención, protección e investigación ante amenazas, ataques y asesinatos de personas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes. Erradicar la impunidad en estos casos emblemáticos debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza en las instituciones.
- Garantía de consulta. Asegurar que todos los proyectos de infraestructura, energía o inversión privada incorporen de forma irrenunciable procesos de consulta efectiva, la participación comunitaria, la transparencia y evaluaciones ambientales rigurosas.
- Articulación multiactor. Crear espacios permanentes de diálogo entre instituciones públicas, gobiernos locales, comunidades y actores sociales desde las etapas iniciales de diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura.
- Equidad en la inversión. Reorientar la inversión pública y el crecimiento económico hacia regiones y poblaciones históricamente excluidas, garantizando que el crecimiento económico se traduzca en acceso real a servicios básicos, infraestructura social, oportunidades productivas y una distribución justa de beneficios sociales.
[1] Prensa Latina. (2023, junio 6). Crean en Honduras comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra. https://archivo.prensa-latina.cu/2023/06/06/crean-en-honduras-comision-de-seguridad-agraria-y-acceso-a-la-tierra
[2] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. (2025). Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2024. OACNUDH. https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2025/04/v1_Informe-Anual-2024.pdf
[3] De acuerdo con la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 alrededor de 1.8 millones de personas en Honduras enfrentaron niveles altos de inseguridad alimentaria aguda (Crisis o peor), incluyendo 116,000 personas en condición de Emergencia, lo que evidencia la persistencia de vulnerabilidades estructurales asociadas a pobreza, desigualdad rural y fragilidad productiva.
[4] Más información: https://www.facebook.com/share/1Bh2YLv2RF/
[5] Más información: https://contracorriente.red/2026/02/02/giei-presenta-radiografia-de-como-se-financio-el-asesinato-de-berta-caceres-y-expone-fallas-en-la-institucionalidad-hondurena/
[6] Más información: https://criterio.hn/cidh-senala-que-el-estado-de-honduras-retoma-argumentos-de-imputado-en-caso-berta-caceres/
[7] Más información: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/04/honduras-must-implement-group-experts-recommendations-berta-caceres-case
[8] Más información: https://criterio.hn/lenir-perez-evita-prision-tras-fianza-millonaria-por-caso-de-parque-carlos-escaleras/
[9] Más información: https://www.facebook.com/share/p/1JL4cLKTkB/
[10] Más información: https://www.facebook.com/share/p/18fPvVp693/
[11] Más información: https://www.facebook.com/share/p/1DgMLfffLP/
[12] Más información: https://www.laprensa.hn/premium/represa-el-tablon-honduras-nuevo-sitio-inundaciones-quimistan-valle-sula-IN22941595
[13] Más información: https://www.laprensa.hn/honduras/presidente-asfura-firma-acuerdo-estudio-ferrocarril-interoceanico-honduras-FN29601172
[14] Más información: https://criterio.hn/adhesion-de-honduras-al-ciadi-debera-ser-ratificada-por-el-congreso/
[15] Más información: https://cespad.org.hn/alerta-ambiental-presentan-en-el-congreso-nacional-ley-que-blindara-la-agroindustria-y-criminaliza-el-conflicto-agrario-en-honduras/
[16] Más información: https://cespad.org.hn/alerta-aumento-de-penas-por-usurpacion-agrava-la-criminalizacion-del-conflicto-socioterritorial-en-honduras/
[17] Más información: https://oas.org/es/cidh/decisiones/Corte/2023/HN_12.614_NdeREs.PDF