Escrito por equipo del CESPAD
Al cumplirse los primeros 100 días de gestión, tanto sectores críticos como afines coinciden en una valoración negativa del cogobierno Nacionalista-Liberal, aunque sus argumentos parten de premisas y objetivos distintos.
Para organizaciones como el CESPAD, el rumbo de la administración genera profunda preocupación. El análisis destaca que el Ejecutivo parece responder prioritariamente a los intereses del gran sector privado, manteniendo la invisibilización histórica de las demandas sociales. También se cuestiona la dirección de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La conclusión es punzante: no existe un cambio de rumbo. Se trata de la continuidad de un modelo tradicional, cimentado en desigualdades y exclusiones. Bajo esta óptica, el gobierno de Asfura se limita a administrar la crisis estructural sin atender las reformas profundas que ataquen sus causas de origen.
Por otro lado, los sectores afines al oficialismo consideran que el gobierno “aún no arranca”. Advierten sobre las consecuencias que esto podría tener en la gobernanza y en el curso político a mediano plazo, ya con la mirada puesta en las elecciones de 2029. Para este sector, se trata de un gobierno sin rumbo, con un gabinete cuestionado por su falta de meritocracia y, sobre todo, incapaz de tomar decisiones significativas frente a los problemas de la economía y la salud.
Ambas posiciones son respaldadas por dos encuestas de opinión pública realizadas recientemente por dos medios de comunicación corporativos. La primera, de ICN Analytics, señala que el 62.12% de los consultados percibe que la situación del país está peor y que el principal problema es la economía (52.24%). La segunda, de Consulting HNL de Televicentro, revela que el 52% de la población se siente entre dudosa y desanimada respecto a la gestión actual. En sintonía con esto, el 56% de los encuestados considera que el país avanza por un rumbo equivocado.
En este análisis destacamos los planteamientos centrales del CESPAD, disponibles en el documento principal (descargar aquí).
La profundización del modelo extractivista
La situación ambiental y agraria constituye un eje central del análisis. Honduras continúa profundizando un modelo económico extractivista caracterizado por la expansión minera, agroindustrial, energética y turística. Aunque durante el gobierno anterior se adoptaron medidas simbólicas importantes —como la derogación de la Ley ZEDE y la declaratoria del país libre de minería a cielo abierto—, las estructuras económicas y territoriales asociadas al extractivismo permanecieron intactas.
Los primeros meses del gobierno de Asfura muestran señales claras de reactivación de este modelo mediante políticas orientadas a facilitar la inversión privada y agilizar procesos de licenciamiento ambiental. Uno de los aspectos más preocupantes es la reactivación de la entrega rápida de licencias ambientales para proyectos extractivos. Esta medida ha sido interpretada como una flexibilización de los mecanismos de regulación y vigilancia ambiental.
En el ámbito agrario, continúan registrándose desalojos violentos contra comunidades campesinas organizadas, mientras avanzan proyectos de infraestructura de gran escala sin mecanismos efectivos de consulta ciudadana.
La reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es otro indicador del fortalecimiento de garantías jurídicas para la inversión extranjera, sin que exista una discusión amplia sobre sus implicaciones para los conflictos territoriales y ambientales.
Estas políticas podrían profundizar la conflictividad socio territorial y debilitar aún más las garantías de consulta previa, acceso a la justicia y protección de defensores de derechos humanos.
La persistencia de la arquitectura de impunidad
El retorno del Partido Nacional al poder no representa una ruptura con el modelo político anterior, sino la reactivación de estructuras institucionales que históricamente han facilitado la corrupción y la captura del Estado. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 mantiene a Honduras entre los países peor evaluados de la región, reflejando la persistencia de una impunidad estructural que no ha sido desmontada pese a los cambios de gobierno.
En lugar de responder a la histórica demanda ciudadana por instalar una segunda misión internacional contra la corrupción (CICICH), el gobierno trasladó la agenda hacia la Procuraduría General de la República (PGR). Para ello eliminó la Secretaría de Transparencia. Este cambio ha sido cuestionado por los posibles conflictos de interés y por la concentración del control institucional dentro del Poder Ejecutivo.
El uso discrecional de recursos públicos también ha generado preocupación. Las denuncias sobre transferencias de fondos desde Casa Presidencial hacia diputados del Congreso Nacional mediante bonos individuales han sido interpretadas como una reactivación de mecanismos clientelares históricamente asociados al control político del gasto público.
En el ámbito legislativo se han presentado iniciativas sobre transparencia, ética pública y contratación estatal. Sin embargo, no existe —ni está en curso— una estrategia integral capaz de desmontar las bases estructurales de la impunidad. Además, persisten marcos normativos que limitan la persecución penal de funcionarios públicos y actores políticos vinculados a casos de corrupción.
Los intereses y demandas de las mujeres continúan invisibilizados
En relación con los derechos de las mujeres, las deudas históricas del Estado hondureño permanecen intactas. La violencia de género, los femicidios, la exclusión política y la desigualdad económica continúan afectando gravemente a las mujeres hondureñas. En los primeros meses de 2026 se registraron al menos 72 femicidios, mientras la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres sigue alcanzando niveles alarmantes.
La actual administración ha adoptado una narrativa conservadora y familista, influenciada por sectores religiosos que buscan limitar derechos sexuales y reproductivos. La ofensiva contra el acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), junto con la ausencia de políticas de educación sexual integral, constituye uno de los ejemplos más visibles de esta tendencia.
En materia presupuestaria, aunque se mantuvieron algunos recursos destinados a la Secretaría de la Mujer, la eliminación de disposiciones orientadas a garantizar asignaciones específicas de las diferentes dependencias gubernamentales -10% de su presupuesto propio- para políticas de género representa un retroceso importante.
Asimismo, la presencia de mujeres en el aparato estatal no necesariamente implica acceso real al poder político. Las áreas estratégicas de gobierno continúan bajo control masculino, mientras las mujeres permanecen sobrerrepresentadas en espacios administrativos y de asistencia social.
La institucionalización de la excepción y opacidad
La situación del sistema sanitario hondureño es una de las expresiones más críticas de la crisis estructural del Estado. Durante los primeros cien días de gobierno, la administración de Nasry Asfura aprobó la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud y decretó la intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El gobierno justifica estas medidas en la necesidad de enfrentar la crisis hospitalaria, el desabastecimiento de medicamentos y la mora quirúrgica acumulada. Sin embargo, el uso permanente de mecanismos de excepción debilita los controles de transparencia y favorece prácticas discrecionales.
La posibilidad de contratar directamente servicios privados de salud para resolver la mora quirúrgica también ha despertado fuertes críticas. Esta estrategia podría acelerar procesos de privatización progresiva del sistema sanitario mediante la transferencia de recursos públicos hacia clínicas privadas.
El uso de fideicomisos como mecanismo de administración financiera representa otro foco de preocupación, debido al historial de corrupción asociado a este tipo de estructuras.
La crisis entre el gobierno y el gremio médico profundizó aún más las tensiones del sistema. Los despidos de médicos especialistas, las protestas gremiales y las denuncias sobre precarización laboral evidenciaron la ausencia de una estrategia coherente para fortalecer el sistema público de salud.
Dada todas estas circunstancias, el sistema sanitario continúa atrapado entre la crisis estructural, la corrupción histórica y la amenaza de una privatización progresiva.
La escalada de la violencia
La violencia y la inseguridad continúan siendo uno de los principales problemas nacionales. Durante los primeros meses del gobierno de Asfura se registró un incremento en homicidios, femicidios, secuestros y masacres. Honduras sigue figurando entre los países más violentos de América Latina y es el primero en Centro América.
Las estrategias de seguridad continúan siendo predominantemente reactivas y militarizadas. La persistencia de estados de excepción y el fortalecimiento del aparato coercitivo no han logrado reducir significativamente la violencia.
La percepción de inseguridad se ha incrementado debido al resurgimiento de delitos de alto impacto y a la sensación de incapacidad estatal para garantizar protección efectiva. Asimismo, destaca la brutalidad extrema de los femicidios y la expansión de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.
En resumen, las respuestas centradas exclusivamente en el endurecimiento penal y la militarización resultan insuficientes para enfrentar problemas profundamente asociados a la desigualdad social, la impunidad y la fragilidad institucional.
Algunas propuestas de mejora
Si en la actual administración existe voluntad de adoptar ajustes para reducir los riesgos mencionados y dar respuesta a las preocupaciones de diversos sectores sociales, las propuestas de mejora deberían orientarse a lo siguiente:
Recuperar la institucionalidad ambiental y territorial y gestionar democráticamente la conflictividad territorial
- Fortalecer la regulación ambiental y los procesos de consulta comunitaria.
- Impulsar una política agraria integral que reduzca la conflictividad territorial, mediante procesos de negociación y gestión democrática de los actuales conflictos.
- Evitar la criminalización de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
- Garantizar protección efectiva para defensores ambientales y territoriales.
Fortalecer la lucha contra la corrupción
- Definir una estrategia nacional anticorrupción con metas claras y verificables, la cual debe incluir la revisión de leyes y mecanismos que favorecen la impunidad.
- Garantizar independencia del Ministerio Público, Poder Judicial y órganos de control.
- Transparentar el uso de recursos discrecionales y fondos especiales.
- Impulsar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Impulsar políticas integrales para las mujeres
- Declarar la violencia contra las mujeres como prioridad nacional.
- Fortalecer y crear nuevas unidades de investigación de femicidios y violencia de género.
- Garantizar presupuestos con enfoque de género, por lo menos a partir del 2027.
- Proteger los derechos sexuales y reproductivos.
- Promover mayor participación política y económica de las mujeres.
Fortalecer el sistema público de salud
- Reducir el uso permanente de mecanismos de excepción en salud.
- Transparentar fideicomisos y compras de emergencia.
- Priorizar la inversión en hospitales y servicios públicos.
- Construir acuerdos sostenibles con el gremio médico, garantizando la estabilidad laboral y el fortalecimiento de la carrera sanitaria.
Construir una política integral de seguridad
- Superar el enfoque exclusivamente militarizado y reactivo.
- Fortalecer la prevención de la violencia desde las comunidades.
- Mejorar las capacidades de investigación criminal.
- Combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
- Reducir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de seguridad y justicia.