Descarga el análisis de coyuntura en pdf aquí.
Escrito por Mirna Flores
En medio de una débil democracia, los gobiernos de turno han dado poder a las Fuerzas Armadas durante décadas, convirtiéndolas en actores políticos clave, con amplias funciones en la seguridad pública, apoyo en procesos electorales y resguardo de los centros penales, entre otros aspectos de relevancia. Los roles más controversiales radican en el mandato de resguardar la Constitución de la
República y asegurar la alternabilidad en la presidencia. Estas atribuciones colocan a los militares en el ojo del huracán como árbitros de las crisis políticas y objeto de disputas interpartidarias sobre sus roles y funciones, tal como lo han demostrado los últimos procesos electorales. En este escenario, no es casualidad que exintegrantes de las cúpulas militares enfrenten requerimientos fiscales
por presuntas violaciones a los derechos humanos en contextos de convulsión política y enfrentamientos partidarios.
La actual Constitución de la República de Honduras, aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, promulgada mediante el Decreto No. 131 y publicada en el diario oficial La Gaceta, tiene más de 40 años de vigencia. Por ello, su contenido responde más a las condiciones socio-políticas de los años 80 que a las exigencias operativas de una democracia moderna, particularmente en lo referente a las facultades políticas otorgadas a los militares.
Durante la Guerra Fría y los conflictos armados que tuvieron a Centroamérica como epicentro, los militares aumentaron sustancialmente su poder político, económico y bélico. En la actualidad, esta condición representa una herencia material y simbólica consolidada a través de las relaciones de cooperación con Estados Unidos. Resulta indispensable considerar esta relación histórica para comprender por qué los militares en Honduras ostentan un alto nivel de poder, autonomía y mando, así como la constante búsqueda de respaldo por parte de la clase política para afianzar su propia gobernabilidad. Posteriormente, su participación en el golpe de Estado (2009) y el carácter represivo con el que se respondió a la protesta social en el posgolpe catapultaron ese poderío.
De igual manera, influyó la creación de una Policía Militar del Orden Público (PMOP), iniciativa del expresidente Juan Orlando Hernández, con la que se desdibujaron los límites que la Constitución impone a la Defensa y a la Seguridad Nacional. La Carta Magna establece que la intervención militar en tareas de seguridad pública debe ser temporal, no permanente, justificada únicamente en
estados de emergencia y bajo solicitud explícita de la Policía Nacional. Sin embargo, la PMOP (perteneciente a la estructura militar) ejecuta funciones de naturaleza policial: tareas de saturación en barrios vulnerables donde operan maras y pandillas, así como la administración y resguardo del sistema penitenciario. Con ello, se les ha delegado la responsabilidad de mantener el orden en ámbitos donde la raíz de la ingobernabilidad se encuentra con la corrupción. De este modo, los militares han asumido un rol multifuncional, consolidando su presencia
e intervención en la seguridad pública.
Sumado a estos roles y a la alianza histórica con Estados Unidos, que evolucionó de maniobras conjuntas contra la guerrilla y el comunismo hacia la lucha contra el “narcoterrorismo”, surge el riesgo latente de que los movimientos sociales sean estigmatizados bajo esa categoría, utilizándola como un instrumento para desarticular la protesta y las demandas ciudadanas.
En el presente documento se analiza cómo las estrategias de seguridad fortalecen la militarización, la mano dura y el populismo punitivo en el gobierno del presidente Nasry Asfura, en articulación con el liderazgo de la cúpula bipartidista del Poder Legislativo. Los ejes de análisis del trabajo son: a) Poder militar y militarización; b) Mano dura y populismo punitivo; c) La estrategia del gobierno para enfrentar la criminalidad y sus riesgos; d) Retos y desafíos gubernamentales frente a la militarización, la mano dura y el punitivismo.