Escrito por Claudia Mendoza
La semana estuvo dominada por una agenda mediática que mantuvo en primera plana la reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y al subsector eléctrico. Aunque con el paso de los días el tema comienza a silenciarse gradualmente, el fondo permanece vigente: ¿qué se aprobó realmente?, ¿las reformas conducirán a privatizar este bien estatal? y, no menos importante, ¿quiénes serán los más beneficiados y los más perjudicados con estas reformas?
En medio de un clima social con opiniones divididas, los diputados y diputadas del Congreso Nacional aprobaron la noche del 31 de agosto, en tercer y último debate, el dictamen de la que denominaron Ley de Justicia Energética. Esta ley plantea cambios al marco legal del sector eléctrico y una transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Las anunciadas reformas se aprobaron con el respaldo de los 49 diputados nacionalistas y 29 liberales, “sin privatizarla, tal y como había anunciado el Legislativo”, sostiene en su página web el Congreso Nacional[1].
Sin embargo, en medio de los diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito político que han salido al paso para pronunciarse en el debate nacional, la Coalición Contra la Impunidad (CCI) hizo público el 31 de agosto de 2026 un contundente comunicado titulado: ¡NO AL APAGÓN SOBERANO!
Esta plataforma, de la cual el CESPAD forma parte, advirtió sobre los graves riesgos que el anteproyecto de reformas del subsector eléctrico representa para el patrimonio público y los derechos humanos de la población hondureña. Por esa razón, analizamos este importante tema a la luz del pronunciamiento público de la CCI.
Las dos realidades en la ENEE: la gran mora frente a una población sacrificada
Antes de meternos de lleno en el pronunciamiento, es importante mencionar que el dictamen mantiene bajo la sombra y el silencio la deuda o mora millonaria acumulada por grandes empresas, industrias y dependencias del propio sector público, a los que no se les aplican esquemas de cobros rígidos ni cortes inmediatos como ocurre con las PYMES y MiPyMES (empresas micro, pequeñas y medianas) y con la población en general, la que al acumular un máximo de dos meses de mora es privada del servicio de forma abrupta.
Aunque nunca se ha dado a conocer una lista fehaciente de morosos tanto de la empresa privada como del propio Estado, las publicaciones en los medios de comunicación registran contradicciones. A pesar de que los voceros oficiales suelen atribuir la mayor mora al sector público[2], los desgloses financieros que se han hecho públicos contradicen esa versión al reflejar que: aunque el gobierno aparece como uno de los principales deudores, los clientes residenciales representan el grupo con mayor mora acumulada. Los hogares mantienen una deuda de 10,497 millones de lempiras, lo que representa el 51.8% de las cuentas pendientes. El sector comercial privado acumula 3,971 millones de lempiras, mientras que la industria privada registra una deuda cercana a los L700 millones. En el sector público, la mora alcanza aproximadamente 4,251 millones de lempiras, principalmente por compromisos de instituciones autónomas[3].
Este aspecto ha sido parte fundamental de la histórica quiebra a la que han llevado a la ENEE los distintos gobiernos hondureños desde 1957, cuando fue creada por la Junta Militar de Gobierno mediante el Decreto Número 48, como ente estatal responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica en todo el país.
El también histórico trato preferencial a estos grandes consumidores ha facilitado que jamás se les haya aplicado cortes inmediatos ni persecución penal, lo que ha perpetuado un esquema de impunidad financiero que ha desangrado a la empresa estatal de energía.
En el otro extremo, la población y las empresas medianas y pequeñas han sobrellevado el costo real de un mal servicio que se reduce (en muchos sectores del país) a cortes intempestivos y continuos que han provocado la pérdida de materias primas y jornadas laborales completas en las empresas.
En lugar de aliviar el bolsillo, el esquema aprobado a través de la reforma traslada los costos operativos del Operador del Sistema (OSM), cargos regulatorios de la CREE y fondos sociales al recibo mensual del usuario final. Lo anterior está consignado en el Artículo 3, relacionado con La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que dice literalmente lo siguiente:
“El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o los consumidores calificados en poner a disposición de la CREE los montos en los términos antes descritos constituirá infracción muy grave conforme al Artículo 26 de esta Ley. El cargo correspondiente a las empresas distribuidoras puede ser trasladado a las tarifas de distribución final de energía eléctrica, previa autorización de la CREE”.
De la urgencia de rescate a la “privatización funcional”
Aunque la CCI reconoce la urgencia histórica de rescatar financiera y operativamente a la estatal eléctrica, el articulado aprobado por el Congreso Nacional contiene amenazas estructurales que profundizan la opacidad y abren paso a una privatización encubierta o por la vía de los hechos.
Esta reorganización fragmenta la ENEE en subsidiarias mercantiles que operarán bajo el Código de Comercio. Al crearse estas sociedades anónimas autónomas: ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución, el Estado mantiene formalmente la titularidad del activo, pero transfiere por periodos mínimos de 30 años el uso, la administración, la gestión y la capacidad de beneficios económicos a lógicas corporativas.
“ARTÍCULO 3.- TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). A. TRANSFORMACIÓN Y SEPARACIÓN DE LA ENEE EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS. Se ordena la transformación y escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), adoptando la figura de sociedades mercantiles anónimas unipersonales cuyo único socio es el Estado de Honduras, de conformidad con lo que establece el Artículo 4 de la Ley General de la Industria Eléctrica para la habilitación de las empresas del subsector eléctrico”, establece el dictamen.
El texto añade:
“A ese efecto, la ENEE deberá transformarse y escindirse en una o más sociedades de generación, de distribución y de transmisión, las cuales serán propiedad del Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como empresa matriz. Se entiende por escisión, para efectos del presente decreto, la reorganización societaria mediante la cual la ENEE separa jurídica, operativa, administrativa, financiera y contablemente las actividades de generación, transmisión y distribución, manteniendo ENEE Matriz la titularidad de los bienes y activos que le transfiera el Estado y asignándolos a las sociedades subsidiarias únicamente para su administración, operación, mantenimiento y custodia, mediante la suscripción de Contratos de Administración, sin transferencia de dominio”.
Un aspecto preocupante es que, al sacar a estas nuevas subsidiarias de la Ley de Contratación del Estado para regirlas por el derecho mercantil, se eliminan filtros y barreras anticorrupción. Es decir, la reforma deja al desnudo un esquema de captura corporativa del regulador y del mercado.
Según la CCI, la propuesta ha sido orquestada por los grandes generadores de energía (beneficiarios de contratos leoninos), las redes de clientelismo de partidos políticos, consorcios de intermediación y gestión privada (privatización funcional), el lobby corporativo que captura a las entidades regulatoria, por lo que esa reforma tiene de fondo aspectos estructurales y amenazas a los derechos humanos.
A continuación, los puntos centrales del análisis de la CCI:
- La privatización funcional y mercantilización de un derecho fundamental a la energía.
De acuerdo con el análisis de la CCI, la transformación societaria y la posibilidad de que estas subsidiarias mercantiles emitan deuda respaldada por los bienes de la empresa estatal debilita el control público. Esto facilita una privatización por la vía de los hechos, en la cual la infraestructura construida con fondos públicos pasa a operar bajo lógicas corporativas privadas, encareciendo la energía y comprometiendo su acceso como bien esencial.
- Favorece la elusión de controles y la opacidad contractual.
Esto implica que las compras y contrataciones de las nuevas subsidiarias se regirán por el Código de Comercio eludiendo los controles de la Ley de Contratación del Estado, eliminando las barreras anticorrupción vitales, y propiciando la discrecionalidad y la captura corporativa.
- La captura regulatoria y falta de blindaje político.
La CCI cuestiona que los mecanismos de dirección y regulación, como en la CREE y el OSM, carecerán de filtros estrictos de idoneidad y desvinculación político-partidaria, dejando los espacios de decisión expuestos a redes de influencia y al clientelismo del bipartidismo.
- Exclusión social y criminalización de la pobreza.
El proyecto de reforma prioriza la eficiencia mercantil y financiera por encima de la función social del Estado, margina a las comunidades rurales y empobrecidas de los planes de electrificación. Asimismo, las normativas punitivas contra el hurto de energía, desvinculadas de un análisis de tarifas impagables, criminalizan a los sectores vulnerables mientras se protegen contratos abusivos y redes de corrupción históricas.
Frente a este anteproyecto de reforma del subsector electricidad, la Coalición Contra la Impunidad exige a los poderes del Estado y a los diputados del Congreso Nacional, cuatro aspectos concretos:
- 1. Que la ENEE permanezca sujeta a rigurosos marcos de transparencia y fiscalización pública. Rechazamos la aplicación de normativas mercantiles que evadan la Ley de Contratación del Estado.
- 2. Que se haga una revisión y anulación de contratos leoninos de generación de energía. Cualquier reforma del subsector electricidad debe estar sujeta a la depuración de los contratos de generación onerosa bajo esquemas take-or-pay (toma o paga) que desangran las finanzas públicas en beneficio de los grandes generadores privados.
- Construir gobernanza técnica e independiente de la ENEE estableciendo candados legales estrictos y transparentes para garantizar que los órganos reguladores y de despacho (CREE y OSM) estén integrados por perfiles de probada independencia, libres de cuotas partidarias y conflictos de interés corporativo.
- 4. Mantener la garantía de la energía como derecho humano. Toda reforma debe incorporar de manera vinculante salvaguardas que protejan a los usuarios residenciales y comunidades vulnerables frente a tarifazos y métodos injustos de cobro, asegurando la función social del servicio eléctrico.
La CCI reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos económicos, sociales, ambientales y del patrimonio público y sostiene que se mantendrá vigilante ante el proceso legislativo, acompañando a las bases sociales y exigiendo que cualquier transformación del sector eléctrico priorice los intereses de las mayorías y no los privilegios de corporaciones y élites políticas.
“¡La soberanía energética no se negocia!”, puntualizó la CCI.
[1] https://congresonacional.hn/noticias/6a965e0f408d0f4c291245c6
[2] https://confidencialhn.com/gobierno-el-mayor-moroso-de-la-enee-acumula-l14-mil-millones-de-una-deuda-total-de-l18-mil-millones/
[3] https://tiempo.hn/honduras/2026/08/05/enee-estado-empresas-usuarios-acumulan-mora-millonaria/