El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, adscrito al Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), hizo público su más reciente boletín informativo, un documento que ofrece un panorama detallado sobre cómo las decisiones legislativas y el modelo extractivista continúan tensionando el mapa social entre las comunidades indígenas y afrodescendientes del país.
El informe de monitoreo analiza las reformas al sector eléctrico, los vacíos de participación en leyes ambientales y el aumento del estrés hídrico en 75 municipios en alerta roja. También, se identifican al menos 8 desalojos masivos de tierras entre enero y agosto de 2026, evidenciando el uso del derecho penal para criminalizar a las y los defensores comunitarios.
A continuación, los hallazgos clave del informe
- Reformas legislativas y vacíos en gestión ambiental
El informe analiza la reciente aprobación en el Congreso Nacional de la ley de reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aprobada con 78 votos el 31 de agosto de 2026. La normativa, aunque mantiene la propiedad estatal, plantea dudas sobre los efectos de la autonomía mercantil de sus nuevas subsidiarias.
El boletín también advierte sobre la falta de socialización con organizaciones ambientalistas y comunidades locales en iniciativas clave como la nueva propuesta de Ley de Cambio Climático y la Ley de Gestión Integral de Residuos, la que únicamente facilitó espacios de diálogo para el sector privado y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).
- Agudización de la crisis del agua y conflictos territoriales
Ante la declaratoria de alerta roja por sequía meteorológica en 75 municipios por parte de COPECO, el Observatorio señala que departamentos como Francisco Morazán y Choluteca, que concentran 39 de estos municipios, enfrentan un riesgo elevado de profundización de conflictos socioambientales, al cruzarse la escasez de agua con disputas mineras, hidroeléctricas y agroindustriales.
- Creciente movilización ciudadana y resistencia ancestral
El boletín documenta hitos clave de la resistencia comunitaria organizada por la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, entre los que destacan:
- Acciones en el Día de la Identidad Nacional (20 de julio). Manifestaciones en siete puntos del país exigiendo la derogación de decretos que criminalizan la protesta (como los Decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026).
- Acciones legales. La interposición de 16 recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley de Protección Agroindustrial y una iniciativa ciudadana respaldada por 14,000 firmas para solicitar juicio político a diputados del Congreso Nacional.
- El Campamento por la Vida del pueblo Garífuna. Instalado de forma indefinida frente a la CSJ por la OFRANEH y acompañado por el COPINH y la Plataforma Agraria, en demanda del cierre de causas penales por «usurpación» contra cinco defensores ancestrales de la comunidad de San Juan, Tela.
El Observatorio concluye que se consolida un patrón en el cual se utiliza el delito de usurpación y la fuerza pública para proteger intereses privados sobre tierras comunitarias, sin ofrecer alternativas habitacionales o de reubicación a las familias afectadas.
Si deseas conocer más información sobre la conflictividad socio-territorial en Honduras, visita el Observatorio de la Conflictividad en la siguiente dirección: https://observatorio.cespad.org.hn/