Escrito por Lucía Vijil Saybe
30 de septiembre de 2026
La ZEDE Próspera, con la llegada del Gobierno de Nasry Asfura, retomó su estrategia de incidencia y acercamiento con actores empresariales y políticos. Tan solo en los últimos 2 meses organizó dos eventos clave. El primero, la Infinita Startup Week (del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2026), en el que reunió a especialistas en biotecnología, inteligencia artificial, criptomonedas y longevidad. Y el segundo, la Free Cities Conference 2026 (del 3 al 6 de septiembre), la primera edición de este encuentro dentro de una “ciudad libre”.
El 15 de septiembre del 2026, Próspera ZEDE anunció en sus redes sociales el nombramiento del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción. Ante esto, el 21 de septiembre del 2026, la Procuraduría General de la República de Honduras presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Jorge Colindres (secretario técnico de Próspera ZEDE) y Alberto Hernández, acusándolos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas.
Estas acciones ocurren en un contexto de alta controversia política y legal. Es importante recordar que el 20 de septiembre de 2024, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto 236-2012, mediante el cual se reformaron los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como el Decreto 120-2013, correspondiente a la Ley Orgánica de las ZEDE.
A pesar de esa declaratoria, Próspera continúa escudándose en el tratado internacional DR-CAFTA. Como afirma Colindres, secretario técnico de Próspera: “El Estado de Honduras no puede decir que tiene una ley, que tiene una sentencia, que tiene cualquier disposición de derecho interno. No puede utilizarlas como excusa para incumplir un tratado internacional”.
Este escrito ofrece un marco conceptual y contextual para analizar las ciudades modelo y a Próspera más allá de las dinámicas económicas. A la luz de teorías sobre libertarismo, neoliberalismo como excepción, la política de salida, el urbanismo empresarial, la colonialidad del territorio y flexibilización territorial del capital, nos preguntamos: ¿cuáles son las implicaciones para la soberanía, la ciudadanía, la territorialidad y la distribución del poder en Honduras?
I. Antecedentes
El proyecto de las Ciudades Modelo en Honduras surgió tras el golpe de Estado de 2009.Literatura especializada indica cómo funcionarios hondureños establecieron alianzas con asesores internacionales, economistas neoliberales y promotores del movimiento global destartup cities y las charter cities (Geglia, 2022). Este proceso facilitó que, en 2013, durante el Gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa y con Juan Hernández como presidente del Congreso Nacional, se aprobaran las reformas constitucionales y de la Ley Orgánica de las ZEDE.
Inspirado inicialmente en las charter cities de Paul Romer, el modelo hondureño adoptó una forma radical: permitió que entidades privadas ejercieran funciones cuasiestatales bajo un régimen de excepción jurídica. Geglia (2022) interpreta esto como una estrategia de flexibilización territorial del capital y de externalización de funciones estatales hacia actores privados y extranjeros.
En diciembre del 2022, Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC, demandaron al Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al amparo de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). Antes de la demanda formal, las empresas estadounidenses enviaron una Solicitud de Consultas bajo el tratado comercial CAFTA-DR el 3 de junio de 2022 y una Notificación de Intención de Arbitraje, el 16 de septiembre de 2022, las que no recibieron respuesta por parte del gobierno hondureño.
Posteriormente, el 20 de septiembre de 2024, en el gobierno de Xiomara Castro, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional el régimen de las ZEDE, incluyendo las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución y el Decreto 120-2013, con efectos ex tunc (desde su origen). Esta decisión invalidó el sustento jurídico que permitía la creación y funcionamiento operativo de las ZEDES (en ese momento, instaladas tres: Ciudad Morazán, Orquídea y Próspera).
A pesar de este fallo, bajo la actual administración de Nasry Asfura, Próspera mantiene sus actividades de promoción empresarial, expansión territorial, cooperación con instituciones públicas, nombramiento de autoridades propias, programas comunitarios y defensa de la institucionalidad de Prospera. El monitoreo de medios (anexo), visibiliza parte de sus actividades: i) visitas de delegaciones de inversionistas, ii) eventos de networking y retiros empresariales, iii) proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura, iv) iniciativas de biotecnología y terapias experimentales y, v) alianzas con instituciones públicas como el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y privadas como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Esta dinámica consolida una profunda tensión entre la invalidez jurídica constitucional y la persistencia material de Próspera en el territorio.
II. Desarrollo conceptual
Para comprender este fenómeno es necesario acudir a varias líneas teóricas.
Especialmente en sus vertientes propietarias, anarcocapitalistas y libertarias, esta corriente concibe:
Bajo este esquema, la gobernanza se concibe como un mercado. En lugar de que la población participe colectivamente en la elaboración de normas mediante instituciones democráticas, laspersonas son tratadas como clientes o consumidores de jurisdicciones; cada relación se define mediante una transacción. Steinberg, Nyman y Caraccioli (2012) señalan que estos proyectosprometen resolver problemas políticos mediante la innovación tecnológica, la movilidad y la experimentación institucional. Sin embargo, advierten que estos modelos no eliminan las contradicciones del capitalismo, sino que solo las reorganizan.
Para la arquitectura ideológica de Próspera ZEDE, Lynch (2017) recurre a la teoría de la política de salida, explicando que estos proyectos son imaginarios y que buscan construir estructuras sociales, políticas y económicas independientes de las instituciones vigentes, permitiendo a individuos «soberanos» elegir el sistema de gobierno que mejor se ajuste a sus preferencias. En esta lógica, la participación política es sustituida por la libertad de abandonar una jurisdicción y trasladarse a otra, según la capacidad de pago y las ventajas contractuales obtenidas.
Lynch identifica dos formas de salida: a) salida territorial: mediante ciudades autónomas, enclaves o jurisdicciones especiales, y b) la salida digital: mediante criptomonedas, contratos inteligentes, sistemas legales de código abierto y organizaciones autónomas descentralizadas.
Próspera articula ambas dimensiones: por un lado, se proyecta como una jurisdicción territorial diferenciada con normativa y autoridades propias; por el otro, incorpora un imaginariotecnológico apoyado en la innovación regulatoria, servicios digitales, plataformas empresariales, biotecnología y posibles formas de gobernanza contractual.
Lynch y Munoz-Viso (2024) sostienen que estos proyectos suelen fracasar al enfrentarse con las relaciones sociales, políticas y materiales preexistentes, como la resistencia de Crawfish Rock en Roatán y la sostenida movilización ciudadana en Honduras en contra de este proyecto. Próspera ZEDE cumple una función ideológica determinante: promueve la noción de que la democracia, la regulación pública y la política territorial son obstáculos que deben ser evadidos.
2) Neoliberalismo como excepción
La propuesta de Aihwa Ong sobre el neoliberalismo como excepción ofrece más aportes a la discusión conceptual. Ong (2006) plantea que los Estados crean espacios diferenciados en su territorio para atraer capital, tecnología y actividades económicas, suspendiendo o reorganizando las reglas vigentes en el resto del país. La excepción no implica la desaparición del Estado; por el contrario, emana de una decisión estatal que selecciona ciertos territorios, poblaciones y actividades para someterlos a una modalidad distinta de gobierno.
De este modo, la discusión no es únicamente si Próspera se ubica dentro o fuera de los límites territoriales de Honduras, sino sobre ¿qué tipo de soberanía se produce cuando el Estado conserva la soberanía formal, pero cede a una entidad territorial privada la administración defunciones públicas bajo un régimen de excepción? Aquí resulta útil la categoría de soberanía graduada: las personas y las comunidades no reciben el mismo nivel de protección, regulación, tributación o capacidad de decisión. La ciudadanía se fragmenta en función de la ubicación, la propiedad, la función económica y la capacidad de integrarse al régimen especial.
b) Urbanismo empresarial
Próspera ZEDE también puede inscribirse en la literatura sobre urbanismo empresarial. Harvey (1989) explicó que comenzaron a gestionarse como plataformas de competencia interurbanadestinadas a atraer inversión, turismo, infraestructura, empresas y consumidores globales. En este modelo, la ciudad deja de ser principalmente un espacio de ciudadanía y bienestar socialpara convertirse en una marca, un portafolio inmobiliario, un nodo logístico, un laboratorio regulatorio y un producto para consumidores y residentes globales.
En su plataforma oficial, Próspera promociona desarrollo inmobiliario, turismo de alta gama, biotecnología, inteligencia artificial, energía, servicios legales y regulatorios, y promoción de eventos empresariales. Las visitas guiadas y la narrativa difundida por “influencers” presentan el espacio como una experiencia de inversión y una infraestructura de oportunidades, construyendo legitimidad sobre una economía simbólica de innovación, prosperidad, sofisticación y pertenencia.
Desde la perspectiva del urbanismo blockchain, Lynch y Munoz-Viso (2024) analizan cómo se entrelazan las tecnologías digitales, los sistemas de propiedad y registro, los contratos inteligentes y la gobernanza automatizada con jurisdicciones territoriales autónomas y membresía optativa. Desde la economía política crítica, las ZEDE operan como una forma de flexibilización territorial del capital, destinada a liberar a las empresas de restricciones fiscales, laborales, ambientales, urbanísticas y judiciales. Se despoja al territorio de su condición de soporte de derechos colectivos, planificación pública y soberanía social.
Esta última perspectiva se vincula con la tesis de Geglia (2022), quien interpreta las ZEDE como una estrategia de clase para externalizar la gobernanza hacia actores privados y extranjeros, una modalidad contemporánea de colonialismo, y con la noción de acumulación por desposesión de Harvey (2007). Esta última permite analizar cómo el capital se expande a través de la privatización de bienes y servicios, la apropiación de tierras, la mercantilización de derechos y el desplazamiento o subordinación de comunidades.
III. Reflexiones críticas
La relevancia política de Próspera ZEDE no radica en su escala territorial, en la cantidad de anuncios comerciales ni en la cantidad de empresas inscritas, sino en su intento deliberado de convertir la teoría libertaria en una arquitectura territorial concreta. Es un proyecto de reorganización del poder cuya meta es disputar quién dicta las reglas, quién administra la justicia, quién recauda tributos y quién define las condiciones de permanencia en el territorio.
El monitoreo de medios refleja que, después de la sentencia de inconstitucionalidad de 2024, Próspera ha mantenido sus actividades de promoción empresarial, biotecnología, turismo, desarrollo inmobiliario, alianzas institucionales, programas comunitarios y nombramiento de autoridades propias. Esa continuidad responde a una necesidad estratégica de generar una realidad institucional y social de facto, buscando la normalización progresiva del proyecto a escala nacional e internacional.
III.2. La producción de una soberanía paralela
El impacto más profundo de Próspera recae en la soberanía. Aunque la Ley Orgánica de las ZEDE le otorgaba facultades en administración, regulación, justicia, tributación, seguridad, saludy educación, sus promotores sostenían que la entidad seguía formando parte del Estado hondureño. Sin embargo, la instauración de autoridades propias y marcos normativos diferenciados configuró una soberanía fragmentada. En la práctica, el Estado conservaba la soberanía formal, mientras delegaba a un ente privado facultades eminentemente públicas.
A pesar de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2024 declaró inconstitucional el régimen ZEDE con efectos ex tunc (desde su origen), los actos de gobierno ejercidos por Próspera visibilizan una tensión abierta entre la soberanía constitucional y la capacidad material de una entidad privada para continuar funciones cuasiestatales.
El nombramiento de un fiscal civil de Próspera trasciende lo comercial: implica reafirmar competencias de representación jurídica, cobro o ejecución de obligaciones, vigilancia del orden interno, la defensa de la propiedad, la presentación de acciones ante mecanismos arbitrales y la aplicación de normas propias.
Si bien este acto no le otorga legitimidad formal, sí demuestra su pretensión de sostener una estructura de gobierno al margen de la institucionalidad nacional.
III.3. La ciudadanía convertida en membresía
El modelo afecta radicalmente a la ciudadanía. Mientras que el sistema democrático fundamenta la pertenencia en la igualdad de derechos, la igualdad jurídica, la representación y la deliberación colectiva, el modelo libertario de ciudad privada la organiza mediante la propiedad, el contrato, la residencia, la capacidad de pago y la aceptación de normas corporativas.
En ese marco, el habitante deja de ser un ciudadano para convertirse en residente, propietario, inversionista, empresario, usuario de servicios o un miembro de una comunidad contractual. La consecuencia es una posible sustitución de la ciudadanía política por una membresía económica y contractual. Mientras que los sectores de mayores recursos pueden acogerse a la “política de salida” y elegir jurisdicciones a conveniencia, las comunidades locales carecen de esa movilidad y deben asumir los impactos sociales y territoriales de acuerdos en los que jamás participaron.
Aunque la comunidad de Crawfish Rock o la mayoría de la ciudadanía hondureña no hayan aceptado este régimen jurídico, hoy enfrentan sus impactos directos sobre la tierra, el acceso, la infraestructura, la seguridad, el ambiente y las relaciones comunitarias.
La expansión de Próspera o de cualquiera de las ZEDES no ocurre sobre un espacio vacío, sino sobre territorios habitados con dinámicas históricas de posesión, actividades económicas y ecosistemas frágiles. La experiencia de Crawfish Rock evidencia cómo una parte de la comunidad conoció tardíamente el alcance del proyecto y que la expansión territorial generó preocupación por la privatización progresiva del entorno, el cercamiento de espacios y la amenaza sobre la propiedad de la tierra.
Desde la perspectiva de la acumulación por desposesión expuesta por Harvey, el riesgo no consiste únicamente en una expropiación formal. El despojo no requiere necesariamente de expropiaciones violentas o inmediatas. Puede operar de forma gradual mediante la presión para vender, el encarecimiento de la tierra, el desplazamiento de ciudadanos, restricciones de acceso, cercamiento de áreas, pérdida de control comunitario, cambios en los usos del suelo, subordinación de la planificación local y la conversión del territorio en activo inmobiliario.
En este proceso, la tierra deja de ser solamente un espacio de vida y adquiere un valor financiero vinculado con su localización, la autonomía normativa, el potencial turístico, la capacidad residencial y la posibilidad de atraer capital global. El riesgo es la forma progresiva en que las lógicas comunitarias de ocupación y uso del territorio se sustituyen por una lógica inmobiliaria dirigida a residentes de mayor capacidad económica.
III.5. Impactos ambientales y sanitarios
Los proyectos de experimentación genética y biotecnología impulsados en Próspera planteanserias interrogantes en materia ambiental y sanitaria. En Crawfish Rock se han documentado denuncias sobre remoción de cobertura vegetal, alteración de colinas, afectación de fuentes de agua y deterioro de ecosistemas locales. Aquí, la cuestión ambiental abarca al menos cuatro dimensiones:
• Biotecnología y ensayos médicos: el desarrollo y promoción de terapias experimentales y empresas de longevidad introduce riesgos adicionales relacionados con el consentimiento informado, la seguridad de los participantes, comités de ética, vigilancia sanitaria, responsabilidad por daños y competencia institucional de las autoridades hondureñas.
La expansión de Próspera y el modelo, además, puede producir una forma de desmocratizaciónterritorial, entendida como desplazamiento de decisiones públicas hacia espacios cerrados, técnicos y empresariales. Las políticas ya no se legitiman mediante la participación ciudadana, sino bajo criterios de eficiencia, innovación, inversión o capacidad de generar empleo.
Escenarios analíticos
Las tendencias plantean cuatro escenarios analíticos.
Escenario 1. Normalización de facto
Próspera continúa operando sin reconocimiento constitucional explícito, pero afianza relaciones con empresas, autoridades, inversionistas y comunidades. La interacción cotidiana consolida una aceptación práctica de la jurisdicción.
Escenario 2. Reafirmación estatal
El Estado hondureño implementa medidas efectivas para hacer cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, recuperar sus competencias, revisar propiedades y contratos, y someter las actividades a las instituciones nacionales.
Escenario 3. Reconfiguración negociada
El Estado y Próspera acuerdan una transición para convertir el proyecto en un régimen especial sujeto al marco constitucional hondureño, con el reconocimiento de inversiones, protección comunitaria, regulación ambiental y recuperación de competencias públicas.
Una cuestión fundamental es que el fracaso jurídico de las ZEDE no invalida la vigencia de la ideología que las sustenta. Las premisas de competencia jurisdiccional, desregulación, ciudades privadas y experimentación territorial pueden reaparecer bajo nuevas figuras normativas.Próspera ZEDE encarna una disputa por el futuro del Estado hondureño: el conflicto radica en determinar bajo qué condiciones se desarrollan estas iniciativas y a quién le corresponde definirlas.
La expresión más profunda de esta utopía tecnoligárquica libertaria consiste en convertir el territorio en un laboratorio de gobierno. Lo que se experimenta no son únicamente nuevas empresas o tecnologías emergentes, sino que se reconfiguran las relaciones entre Estado, capital, ciudadanía y soberanía. En este laboratorio, la participación es marcadamente asimétrica: mientras unos actúan como inversionistas y beneficiarios, otros participan como mano de obra o receptores de programas, y las comunidades locales enfrentan transformaciones territoriales sobre las cuales no tuvieron capacidad real de decisión.
La promesa de escapar del Estado termina en una nueva contienda por el poder público: definir quién puede gobernar, bajo qué reglas y con qué responsabilidad social. En última instancia, Próspera ZEDE debe analizarse como un proyecto de poder territorial: una reorganización neoliberal de la soberanía que, al intentar convertir la jurisdicción en un servicio privado, redefine drásticamente el vínculo entre ciudadanía, propiedad y gobierno.
La sistematización de noticias, declaraciones y eventos corporativos que se citan en este análisis, sobre Próspera ZEDE, se encuentran disponibles para consulta pública y descarga en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1740gGw83xYCOH0dUv0KhzRtiec8qWeI-k2aAAyL4khM/edit?usp=sharing
Referencias
Geglia, B. (2022). Homeland, colony, state or company? Disputing territoriality in Honduran «startup city» development [Tesis doctoral, American University]. American University Repository. http://hdl.handle.net/1961/auislandora:97513
Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 71(1), 3-17. https://doi.org/10.1080/04353684.1989.11879583
Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
Lynch, C. R. (2017). «Vote with your feet»: Neoliberalism, the democratic nation-state, and utopian enclave libertarianism. Political Geography, 59, 82-91. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.03.005
Lynch, C. R., & Munoz-Viso, A. (2024). Blockchain urbanism: Evolving geographies of libertarian exit and technopolitical failure. Progress in Human Geography, 48(1), 66-84. https://doi.org/10.1177/03091325231219699
Ong, A. (2006). Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty. Duke University Press.
Poder Judicial de Honduras. (2024, 20 de septiembre). Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos, declara inconstitucionalidad de Ley Orgánica de las ZEDE [Comunicado oficial]. https://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/SitePages/NPPJ20092024.aspx
Steinberg, P. E., Nyman, E., & Caraccioli, M. J. (2012). Atlas Swam: Freedom, capital, and floating sovereignties in the seasteading vision. Political Geography, 31(1), 10-19. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.11.001