Escrito por Gustavo Irías
16 de noviembre, 2026
En un contexto en el cual las elecciones han reconfigurado el mapa político de las Américas, con las elecciones presidenciales en Brasil y las elecciones de medio término en Estados Unidos como acontecimientos recientes de especial relevancia, al CESPAD le ha parecido oportuno socializar su documento de análisis sobre los resultados electorales de 2025 y la reconfiguración del sistema político hondureño. En efecto, en un evento realizado el 11 de noviembre, se colocaron en el debate público sus principales hallazgos.
Para empezar, las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 marcaron la fractura del tripartidismo configurado desde las elecciones de noviembre de 2013 y el retorno del predominio bipartidista. El regreso del Partido Nacional (PN) al Ejecutivo y su acuerdo de cogobierno con el Partido Liberal (PL) fortalecieron a las fuerzas políticas tradicionales y relegaron al hasta entonces partido gobernante, LIBRE, a una incómoda tercera posición. Sin embargo, esta recomposición no supone el cierre de la disputa entre la defensa del orden establecido y las aspiraciones de transformación democrática. La elevada movilidad del voto y el peso político propio de Salvador Nasralla mantienen abierto el proceso de reconfiguración del sistema político.
Para este análisis retomamos del informe dos preguntas centrales: ¿cómo se reconfiguró el sistema político hondureño en relación con la disputa abierta en 2009? y ¿cómo cambió la correlación de fuerzas y qué significado tiene ese cambio en el corto y mediano plazo? Para responderlas, es necesario distinguir al menos tres dimensiones: la concentración electoral en los partidos tradicionales; la distribución del poder institucional en el Congreso Nacional y en los gobiernos locales; y la capacidad de las distintas fuerzas políticas para construir respaldos sociales duraderos.
La disputa abierta en 2009 y la recomposición bipartidista
El golpe de Estado fracturó al liberalismo y cuestionó la capacidad del bipartidismo para representar a la sociedad hondureña. La disputa adquirió una dimensión que desbordaba la alternancia entre el PN y el PL: enfrentó la preservación del orden político y económico con un proyecto de refundación impulsado por LIBRE. Las elecciones de 2013 expresaron esa ruptura con la irrupción de LIBRE y del Partido Anticorrupción (PAC), encabezado por Nasralla, y abrieron una competencia en la que el bipartidismo dejó de monopolizar la representación.
La convergencia entre LIBRE y Nasralla en 2017 y 2021 mostró que existían condiciones para articular una mayoría contraria al Partido Nacional. La victoria de Xiomara Castro en 2021 fue la expresión más importante de esa posibilidad. Su base, sin embargo, era una alianza heterogénea movilizada por el rechazo a la corrupción, el autoritarismo y el deterioro de las condiciones de vida. Interpretar aquella mayoría como una adhesión exclusiva a LIBRE y a todo su programa de refundación implicaba desconocer la diversidad de sus componentes.
En 2025 cambió la dirección de esa dinámica. El PN obtuvo el 40,26 % de los votos presidenciales; el PL, el 39,50 %; y LIBRE, el 19,19 %. Los dos partidos tradicionales concentraron alrededor del 79,8 % del voto válido. La competencia por la Presidencia volvió a definirse entre ambos, mientras LIBRE quedó en una tercera posición distante. El proyecto que había cuestionado la hegemonía bipartidista perdió capacidad para organizar la disputa electoral nacional.
El alcance de este cambio requiere una precisión. El índice de volatilidad electoral alcanzó el 32,3 %, un nivel alto que expresó el fuerte desplazamiento del voto entre partidos y contribuyó a revertir el predominio del tripartidismo observado en los procesos electorales anteriores. A la vez, la diferencia entre las dos candidaturas principales fue de apenas 0,7 puntos porcentuales. Estos indicadores muestran una competencia muy cerrada y respaldos partidarios inestables. La concentración del voto en el PN y el PL expresa una recomposición favorable al bipartidismo, cuya continuidad todavía depende de cómo evolucionen los liderazgos, las alianzas y la relación de los partidos con la ciudadanía.
Además, detrás de las tres principales organizaciones partidarias persisten cuatro fuerzas políticas: el PN, el PL, LIBRE y el nasrallismo. Este último no constituye un cuarto partido consolidado, pero sí un liderazgo con capacidad propia de convocatoria, especialmente entre sectores urbanos y jóvenes. Su presencia impide identificar automáticamente el crecimiento electoral liberal con una recuperación orgánica del partido. El sistema combina, por tanto, una concentración bipartidista de los resultados con una fragmentación política que permanece sin resolverse.
Los factores que modificaron el apoyo electoral
La derrota de LIBRE se explica por la interacción entre el desempeño gubernamental, la ruptura de alianzas y una confrontación cultural y geopolítica adversa. El gobierno de Castro logró estabilizar la macroeconomía e incrementar la inversión pública, pero esos avances coexistieron con una limitada transformación de las condiciones de vida. Persistieron la precariedad laboral y las dificultades de acceso a servicios públicos de calidad, mientras las principales demandas de los movimientos agrarios, ambientales y de mujeres quedaron postergadas.
El incumplimiento de la promesa de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) frustró una de las expectativas que habían movilizado al electorado de 2021. A ello se sumaron los cuestionamientos por la concentración de poder, el nepotismo y la intolerancia frente a la crítica. Se debilitó así la credibilidad de una propuesta que había ofrecido diferenciarse de las prácticas de los gobiernos anteriores. La distancia entre las promesas y los resultados alimentó el voto de castigo.
La ruptura con Nasralla y la ausencia de una política amplia de alianzas agravaron ese desgaste. LIBRE compitió en 2025 sin la convergencia que había hecho posible la victoria de Castro. La estimación agregada del voto independiente sitúa al PN con el 43,5 % de ese segmento, frente a cerca del 10 % en 2021; Nasralla, bajo la bandera liberal, reunió aproximadamente el 56,4 %. LIBRE perdió capacidad para atraer al electorado situado fuera de su base partidaria.
La batalla cultural contribuyó a este desplazamiento. La propiedad privada, la familia, la religión y las aspiraciones de movilidad social se convirtieron en ejes de confrontación. Las narrativas de los partidos tradicionales presentaron el socialismo democrático como una amenaza a esos valores y conectaron con preocupaciones de amplios sectores sociales. LIBRE sostuvo un discurso dirigido principalmente a los convencidos, no logró vincular sus propuestas de transformación con las necesidades más sentidas de la población y, como un aspecto especialmente relevante, tampoco consiguió —o no mostró suficiente interés en— reducir los temores que los partidos contrarios lograron instalar entre sectores medios y populares durante la campaña.
Los medios corporativos, el gran empresariado y las iglesias incidieron en ese entorno desfavorable al oficialismo. La intervención de Donald Trump en respaldo a Nasry Asfura añadió una presión externa que alteró la igualdad de la competencia. Estos factores reforzaron la ventaja de las fuerzas tradicionales, aunque el estudio también identifica causas internas de la derrota de LIBRE. La evaluación de estos factores debe articularse con el análisis del desgaste gubernamental, de las decisiones de campaña y de la pérdida de aliados.
La nueva correlación de fuerzas en las instituciones y los territorios
El cambio más decisivo se produjo en el Congreso Nacional. El PN pasó de 44 a 49 diputaciones y el PL de 22 a 41, mientras LIBRE descendió de 50 a 35. El acuerdo entre nacionalistas y liberales reúne 90 de los 128 escaños, por encima de los 65 votos necesarios para una mayoría simple y de los 86 requeridos para una mayoría calificada. Mientras ese acuerdo se mantenga, LIBRE deja de ser indispensable para negociar las decisiones legislativas que requieren esos umbrales.
Este desplazamiento modifica la estructura de negociación del sistema. Durante el gobierno anterior, la confrontación entre las principales fuerzas había configurado una especie de «empate catastrófico». El cogobierno bipartidista permite superar ese bloqueo en favor de las fuerzas defensoras del orden establecido. La competencia presidencial entre el PN y el PL coexistió, por tanto, con una convergencia posterior para ejercer el poder legislativo, al margen de Nasralla y sin necesidad del respaldo de LIBRE.
En los territorios, la recomposición presenta diferencias. El PN conserva una fuerte implantación rural, sostenida por liderazgos locales y redes clientelares, y mantiene presencia en ciudades relevantes. El PL alcanzó su mayor respaldo presidencial en los espacios urbanos. En efecto, su candidatura ganó en catorce de las veinte principales ciudades, mientras sus candidaturas municipales triunfaron únicamente en siete. Esta diferencia confirma que la convocatoria de Nasralla y la fortaleza territorial del liberalismo tienen alcances distintos.
LIBRE, por su parte, incrementó sus alcaldías de 50 a 69 y obtuvo un desempeño municipal superior al presidencial. Conserva así espacios de poder y organización que impiden interpretar su derrota nacional como una desaparición política. La correlación de fuerzas es desigual según el nivel de elección: el bipartidismo concentra el poder ejecutivo y legislativo, mientras la oposición mantiene una base territorial desde la cual podría reconstruir su presencia nacional.
El significado político en el corto plazo
En lo inmediato, esta correlación facilita la aprobación de la agenda del gobierno y reduce los márgenes de negociación de la oposición. La mayoría calificada amplía la capacidad del bloque bipartidista para impulsar cambios normativos y modificar los equilibrios entre instituciones. Su significado democrático dependerá de cómo se utilice ese poder: disponer de votos para gobernar no garantiza el fortalecimiento de los controles institucionales ni la ampliación de derechos.
La orientación del nuevo bloque gobernante apunta a la reafirmación del poder de los sectores tradicionalmente privilegiados y genera riesgos de concentración autoritaria. En el ámbito económico y territorial, favorece la profundización del modelo extractivista y abre riesgos de privatización de bienes públicos y bienes naturales, así como de un tratamiento represivo de la conflictividad socioterritorial. La nueva distribución del poder facilita esas orientaciones, pero su concreción dependerá de las decisiones gubernamentales, de la cohesión del cogobierno y de la capacidad de respuesta social.
La fragilidad de la autoridad electoral agrava este panorama. El Consejo Nacional Electoral (CNE) trasladó a su funcionamiento las disputas partidarias, mientras las irregularidades del escrutinio y las declaratorias emitidas sin concluir verificaciones pendientes debilitaron la credibilidad de los resultados. El restablecimiento de una mayoría gobernante convive así con problemas de legitimidad que las elecciones no resolvieron. Se mantiene una democracia defectiva, caracterizada por elecciones periódicas acompañadas de instituciones débiles y una competencia condicionada por poderes de hecho.
A ello se agrega el respaldo estadounidense como recurso de poder para el nuevo gobierno. La intervención de Trump mostró que la correlación interna también está condicionada por actores externos capaces de favorecer candidaturas y proyectos políticos. En consecuencia, la defensa de la autonomía institucional y del ejercicio libre del sufragio adquiere relevancia para cualquier perspectiva de democratización, junto con la preservación del espacio cívico y de los derechos de organización y protesta.
Las condiciones de la disputa en el mediano plazo
El mediano plazo dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para convertir apoyos coyunturales en vínculos sociales duraderos. El desplazamiento del voto independiente hacia el PN no demuestra, por sí mismo, una derechización irreversible de la sociedad. Ese electorado había respaldado antes alianzas contrarias al bipartidismo. Su conducta también responde a la evaluación de los gobiernos, a expectativas de bienestar y a percepciones de riesgo. La persistencia del respaldo al nuevo gobierno estará expuesta a esas mismas exigencias.
Para LIBRE, la reconstrucción supone revisar la interpretación de la victoria de 2021 y las causas de la derrota de 2025. La autocrítica tendría que traducirse en democratización interna, renovación de liderazgos y una política de alianzas que permita recuperar relaciones con sectores sociales y electores distanciados. Su base municipal ofrece un punto de apoyo, aunque la debilidad en espacios urbanos estratégicos limita su capacidad de articular una alternativa nacional. El vínculo entre reformas democráticas y mejoras concretas en la vida cotidiana será decisivo.
El PL enfrenta otra incertidumbre: cuánto del respaldo presidencial de 2025 podrá conservar sin depender de Nasralla. A la vez, su participación en el cogobierno condiciona su perfil como eventual alternativa al nacionalismo. Nasralla conserva capital electoral propio, pero carece de representación institucional autónoma. Su permanencia en el liberalismo, una posible candidatura distinta o su participación en una alianza opositora podrían modificar nuevamente la competencia de cara a 2029. Estas posibilidades mantienen abierta la reorganización de la oposición.
Las organizaciones sociales también enfrentan una relación de fuerzas más adversa para impulsar sus demandas. La articulación en torno a derechos, servicios públicos y conflictos territoriales adquiere importancia ante una oposición parlamentaria con menor capacidad de incidencia. La calidad de la democratización dependerá, además, de ampliar la representación efectiva de sectores excluidos. La presencia de apenas 36 mujeres entre las 128 diputaciones muestra que los cambios en la competencia partidaria siguen coexistiendo con profundas desigualdades en el acceso al poder.
La disputa iniciada en 2009 entra, por tanto, en una etapa de predominio institucional de las fuerzas tradicionales y de debilitamiento del proyecto de refundación. Su desenlace continúa abierto porque la concentración del poder no ha resuelto la crisis de representación ni las demandas sociales que alimentaron aquella ruptura. La posibilidad de una alternativa democrática dependerá de reconstruir mayorías sociales, sostener alianzas y ofrecer reformas viables que amplíen derechos y mejoren las condiciones de vida.