El Boletín Electoral es un aporte del Cespad, que tiene como propósito analizar el desarrollo del proceso de elecciones primarias e internas en Honduras. Abarca el período desde la convocatoria, el 8 de septiembre de 2024, hasta la realización de las elecciones, programadas para el 9 de marzo de 2025. En esta edición se destacan los acontecimientos más relevantes ocurridos entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2025.
A través de este monitoreo se proporciona una valoración general del período analizado y se formulan recomendaciones dirigidas a los órganos electorales. La información se recopiló de los medios de prensa digitales y de los acuerdos emitidos por instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Unidad de Política Limpia (UPL).
Se utilizarán dos categorías:
Institucionalidad electoral
Es el conjunto de reglas, valores, normas, procedimientos y organismos que regulan y garantizan la organización, administración y supervisión de los procesos electorales. Este concepto abarca aspectos como la independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de llevar a cabo las elecciones, la transparencia del proceso electoral y sus resultados. Asimismo, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, candidatos y candidatas; el acceso a la información pública, la protección de los derechos de los votantes y el derecho ciudadano a impugnar los resultados, denunciar infracciones a la ley y tener acceso a un debido proceso.
Violencia electoral
Consiste en acciones que buscan afectar el goce y ejercicio de los derechos político-electorales. Puede manifestarse a través de asesinatos, atentados, estigmatización, así como de normativas o acciones gubernamentales que impidan el ejercicio de los derechos ciudadanos, tanto de candidatos y candidatas como de los electores en general.
Este concepto también abarca la violencia política por razón de género, que comprende acciones u omisiones dirigidas a una persona debido a su género, generando un impacto diferenciado que la afecta de manera desproporcionada, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluso en el ejercicio de un cargo público. (Basado en el Instituto Nacional Electoral (INE), México).
