Por: Xiomara Orellana
Las mujeres campesinas en Honduras llevan más de 30 años esperando la implementación de políticas agrarias inclusivas y justas, pero hasta ahora, ningún gobierno las ha tomado en cuenta. Por eso le ponen sobre la mesa 10 propuestas al Gobierno de Xiomara Castro.
Refundar el campo con programas, proyectos, leyes y acciones que le garanticen a la mujer rural el acceso pleno a sus derechos, en especial a los derechos económicos y de acceso a los recursos productivos, resume, de forma simple, lo que piden las mujeres campesinas a Castro, una mujer con cuya ascensión a la presidencia de Honduras les llena de esperanzas. Pero dicen que es urgente trazar una ruta clara en el corto y mediano plazo para darle espacios de participación a las mujeres campesinas, que les garanticen un pleno desarrollo familiar y comunitario.
Cerca de un millón de mujeres viven en el campo y el área rural de Honduras, que se dedican a oficios domésticos y actividades agrícolas no remuneradas. Pero son parte de la estadística de la población económicamente inactiva en el país, dice el informe Situación Actual de las Mujeres Rurales de Honduras.
Estas mujeres tienen limitado acceso a los recursos productivos porque, en principio, no tienen tierras. Muchas de ellas trabajan la tierra, propiedad de sus familias o de sus esposos. Pero, por otro lado, para ellas no hay acceso al sistema financiero y les resulta casi imposible obtener préstamos para sembrar o instalar un negocio que ayude a sacar adelante a sus familias.
Ante la grave situación que enfrentan, las mujeres organizadas plantean 10 ejes estratégicos de acción que el nuevo Gobierno podría poner en ejecución y con ello darle respuesta a la crisis agraria y alimentaria que enfrentan. Ese documento fue entregado en el mes de diciembre del 2021 a Castro, cuando ya había sido electa como presidenta, y plantea las líneas de acción que priorizan la atención a las mujeres campesinas. “Hablamos de la mora agraria, el acceso a la legalización de la tierra indígena que es urgente”, dice Wendy Cruz, en representación de la Vía Campesina.
Las campesinas sin tierra: la realidad de la mujer en Honduras
Un análisis exhaustivo que realizaron diversas organizaciones campesinas sobre los títulos de propiedad entregados por el Instituto Nacional Agrario (INA), entre los años 2011 y el 2020, establece que de 78,975 títulos entregados sólo el 37.3% corresponden a mujeres.
Esto es un verdadero problema, dicen las mujeres organizadas, porque sin el acceso a la tierra, como principal recurso productivo para la mujer rural es difícil, el acceso a los recursos financieros, créditos agrícolas, hipotecarios o fiduciarios, capital semilla, las mujeres se enfrentan a una situación crítica que las deja sin oportunidades.
“De cada 100 mujeres el 86% no poseen tierra; sólo cuentan el 30% cuenta con titularidad, pero eso no significa que las mujeres sean dueñas de hectáreas, son parcelas pequeñas de una tarea o de un cuarto”, explica Yasmín López, Coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA).
Los obstáculos que enfrentan para alimentar a sus familias y comunidades son muchos. En algunos casos se llega a la criminalización de las mujeres que sobrellevan luchas por un pedazo de tierra, una situación que deja desolado el campo e instalada una crisis alimentaria.
Es escenario se ha recrudecido pese a que en el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), aprobado mediante decreto 110-2015 y publicado en la Gaceta en marzo de 2016, se establece el beneficio para más de 500 mil mujeres rurales. Sin embargo, ese programa sigue sin implementarse y sin presupuesto asignado.
“Estamos en un estatus de sobrevivencia y también de desplazamiento; se está migrando a otros países”, lamenta López.
Los retos del nuevo Gobierno para la mujer campesina
“Las mujeres y hombres del campo no podemos seguir esperando para que nos prioricen en una agenda”, dice categóricamente Wendy Cruz, quien ha estado, por décadas, luchando para que las mujeres campesinas tengan acceso y oportunidades.
Cruz dice que es un reto de Xiomara Castro priorizar a este sector para que el Gobierno vuelva la mirada hacia el campo y las asuman como sujetas políticas. “Sin nuestra participación no vamos a poder refundar el Estado”.
Las propuestas
- El acceso y la seguridad jurídica sobre la tierra como punto de partida para el combate a la inseguridad alimentaria y la reducción de conflictos agrarios en el país.
Es urgente la legalización y el acceso a la tierra. Para lograrlo, el sector campesino propone la creación de una bolsa de tierras ejidales, ociosas, nacionales y fiscales, devenidas de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entre otras, con enfoqué étnico y de género. La bolsa de tierra estará orientada a solventar la mora agraria acumulada en el país, priorizando en un primer momento las regiones que enfrentan mayor conflictividad agraria e inseguridad alimentaria, con espacios territoriales de producción agrícola de granos básicos. De igual forma, las organizaciones piden un fondo para la compra de tierras privadas.
2. Devolverle al INA su mandato constitucional en lo referente a la legalización de tierra al sector indígena, mujeres y campesino.
Las organizaciones solicitan la derogación de los PCM, en materia agraria, que vulneran el derecho humano a la tierra y la alimentación, y debilitan la institucionalidad pública campesina. Estos se consideran decretos que fueron aprobados en el marco de la pandemia y en el marco del paso de los huracanes Eta y Iota, y son los siguientes: PCM 052-2019 “Programa de Desarrollo Agrícola” y los PCM-030 y su reforma en el artículo 41; el “Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, que contempla, también, derogar la Ley ZEDE y su reglamento.
3. Producción de granos básicos para el consumo interno durante el 2022 y el abastecimiento de la reserva de granos básicos para el 2023. Asegurar de manera estratégica que las mujeres indígenas y campesinas accedan a créditos para la producción agrícola y pecuaria.
De acuerdo con las mujeres organizadas, es urgente crear programas estatales de asistencia técnica y financiera pública para la producción agrícola en manos de la mujer campesina y el campesinado, en general. Para lograrlo, proponen la creación de un fondo de emergencia para la reactivación agrícola de pequeños y medianos productores de granos básicos y hortalizas, con un presupuesto de dos mil millones de lempiras. En este ítem, se solicita, también, apoyo para las siembras de primera, para la producción de granos básicos mediante la entrega de kits tecnológicos, que funcionará con un fondo de 360 millones de lempiras.
También se pide dotar de capital financiero y personal técnico al programa CREDIMUJER, con un fondo de 50 millones de lempiras anuales. En la propuesta se contempla que se establezca un crédito agrícola para el sector de pequeños y medianos productores, afectado por los huracanes Eta y Iota, y la creación del programa de extensión agrícola en beneficio de pequeños y medianos productores. Por último, solicitan que se recupere los fideicomisos y reasignen esos fondos a la institucionalidad pública del sector agrícola.
4. Darle respuesta de manera eficiente a la crisis agraria y alimentaria, a través de un esfuerzo de coordinación interinstitucional para atender las demandas coyunturales y estratégicas del sector indígena, campesino y de mujeres en relación al tema agrícola, alimentario y agropecuario.
Las organizaciones plantean la construcción del gabinete agrario, con una participación amplia de mujeres y jóvenes del área rural. La idea con este Gabinete es contar con una instancia consultiva, deliberativa y vinculante para la implementación de políticas públicas, integrada por entes del Gobierno relacionados al tema agrario, la academia, gobiernos locales, sociedad civil y representación legítima de movimientos campesinos, indígenas y de mujeres, para definir las prioridades y las políticas para el desarrollo agrario y rural. El objetivo es proponer planes, acciones y medidas para la provisión integrada de servicios e infraestructura económica y productiva para la agricultura campesina.
5. Promover los derechos campesinos como salvaguarda de los derechos esenciales y un rol activo de la institucionalidad pública en la resolución de históricos conflictos agrarios en el país.
No se ha dado el reconocimiento de los derechos humanos que tienen los campesinos y en especial la mujer campesina. Por eso las organizaciones promueven dos iniciativas: la primera, que se discuta y se adopte la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. La segunda, la instalación de una mesa de resolución de la conflictividad agraria del país.
6. Promover una política pública que garantice la producción de granos básicos en un contexto adverso de los efectos del cambio climático: sequía, huracanes y otros fenómenos.
Esto impulsa a la necesidad de construir un Plan Nacional para la producción pecuaria, de granos básicos, hortalizas y bananos, entre otros, con adaptación y resiliencia al cambio climático. Además, la construcción del instituto de investigación y experimentación de producción agroecológica, como también la construcción del Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, con énfasis agroecológico.
7. Información estadística para la toma estratégica de decisiones en lo referente al sector agrícola del país, con enfoque de género.
Fortalecer y ampliar la recopilación estadística, a la que se le denominará INFOAGRO, porque hasta la fecha Honduras carece de información sobre el sector agrícola que evita que se tomen decisiones estratégicas por parte de los Gobernantes. El país no cuenta con índices de producción, entre otros aspectos que permitirán fortalecer el agro y la seguridad alimentaria en el país.
8. Revisar los términos del Tratado de Libre Comercio, ante la desarticulación de la economía agrícola nacional que promueve la pobreza, falta de empleo, inseguridad alimentaria y migración.
Clave es la revisión al Tratado de Libre Comercio y renegociarlo para tener una salvaguarda a favor de los pequeños y medianos agricultores, porque con los aranceles liberados están desarticulando al sector productivo de granos básicos y hortalizas
9. Contar con un análisis operativo y estratégico que permita tomar acciones y medidas acertadas, en relación con la creación de una nueva institucionalidad pública agrícola, que responda a los desafíos de la transformación agrícola del siglo 21 y demandas del país.
Ante la crisis institucional del sector público agrícola, prácticamente ha desaparecido el Instituto Nacional Agrario (INA), y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), está al servicio de los ganaderos, pero no de los pequeños y medianos agricultores. Por eso las organizaciones solicitan la creación de una nueva institucionalidad.
10. Dotar de recursos económicos y técnicos a las organizaciones campesinas para que potencien sus procesos de organizaci