Presentación
Este es el segundo informe del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) sobre la conflictividad social y política durante el gobierno conducido por la presidenta Xiomara Castro. El objetivo de este informe es caracterizar la conflictividad social que se registró entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, es decir, en un período de 12 meses. Para ello analizaremos los hechos de protesta, las demandas, los actores involucrados, la cobertura geográfica, los repertorios de lucha y las respuestas del gobierno. Con este análisis, buscamos problematizar la conflictividad, identificar tendencias y ofrecer algunas reflexiones finales desde una perspectiva democrática.
Este monitoreo se realiza en el marco del proceso de transición política de los gobiernos autocráticos del Partido Nacional, hacia la recuperación y transformación de la democracia (como promesa del gobierno instalado en enero del 2022 y aspiración de la ciudadanía hondureña).
Nota Metodológica
Definimos la conflictividad social como la expresión de descontento, insatisfacción, reclamo y demandas al Estado de una gran diversidad de colectivos sociales que pueden incluir a: sindicalistas, mujeres, ambientalistas, campesinos, indígenas, comunidades urbanas y rurales y otros, haciendo uso de una variedad de repertorios de lucha (huelgas, manifestaciones, plantones, tomas y otros)[1]. La conflictividad puede responder a situaciones estructurales, que tienen como causa las desigualdades (sociales, territoriales, de raza, género y generacionales), la exclusión y la pobreza. También pueden ser de carácter coyuntural, como los problemas que requieren resoluciones inmediatas: pago de salario, reparación de una calle y otras demandas puntuales. Este informe, además, incluye las manifestaciones de descontento de la oposición política. En este caso, nos referimos a la disputa política o lucha por el poder.
En algunos contextos, la conflictividad social y política puede entrelazarse, dando lugar a situaciones de alta confrontación que tienen el potencial de escalar hasta convertirse en crisis nacionales. En una sociedad democrática, el conflicto social no debería considerarse como un fenómeno disfuncional que genera desorden e ingobernabilidad. Por el contrario, representa una oportunidad para que el Estado active mecanismos de diálogo, implemente reformas y adopte políticas públicas como estrategias adecuadas para gestionar el conflicto[2]. hipotéticamente, en un proceso de transición política del autoritarismo a la democracia, como sería el caso hondureño, se esperaría una democratización del régimen político, reflejada en la creación de espacios de interlocución, negociación y resolución de las demandas populares entre la institucionalidad pública y las organizaciones sociales.
Descargue informe aqui: Abrir espacios a la participación social, una exigencia democrática en Honduras
