Escrito por: Mirna Flores
En el contexto actual, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha expresado que los derechos humanos están en la agenda de las prioridades de su administración, y desde la perspectiva de seguridad, su gobierno le ha dado preponderancia a la policía comunitaria, como una estructura que promueve el acercamiento entre este cuerpo policial y la ciudadanía, para enfrentar las distintas formas de criminalidad común y organizada desde el terreno, es decir, desde los barrios, las aldeas, las comunidades y los municipios.
No obstante, el modelo de seguridad en nuestro país sigue fortaleciendo el papel fuerte y protagónico de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ciudadana mientras, los signos de posibles avances en el fortalecimiento del Estado de derecho, así como el impulso a una verdadera reforma policial son aún muy débiles. Así lo establece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ente que, en marzo del presente año, en su informe anual, afirma que el modelo de seguridad continúa fuertemente caracterizado por el rol de las Fuerzas Armadas, cumpliendo funciones en materia seguridad ciudadana, particularmente la Policía Militar de Orden Público. De allí que consideran que es necesario que el Estado avance en el cumplimiento del compromiso asumido ante mecanismos internacionales de derechos humanos, para reducir, gradualmente, la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana y crear un plan definido para completar la reforma de la Policía[1].
A todas luces, el tema de la desmilitarización y la reforma policial ha perdido o no ha tenido la importancia debida en la agenda gubernamental y, en el centro del debate público, en especial en el ámbito de la policía, lo que ha estado posicionado en estos últimos meses son los continuos cuestionamientos a la actuación policial por los casos recientes en que se involucra a miembros de la institución, en hechos relacionados con muertes extrajudiciales, muertes en retenes, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y prácticas que lesionan la dignidad humana y atentan contra la vida misma de los ciudadanos, y aspirantes para convertirse en miembros u ocupar cargos dentro de la institución policial.
Ante este escenario, las interrogantes que se plantean son las siguientes: ¿qué se está haciendo en el ámbito del fortalecimiento de la policía?, ¿dónde quedó la sonada depuración policial?, ¿qué se está enseñando en los centros de educación policial en materia de derechos humanos?, ¿es la policía parte del problema de la violencia que está obligada a enfrentar?, ¿por qué la policía, frente a casos sonados de corrupción y violación a los derechos ciudadanos, no logra concitar la confianza de que actúa con transparencia y eficiencia?
En el presente documento abordamos el tema “el abuso policial y las violaciones a los derechos humanos”, teniendo como punto de partida que, en el contexto del nuevo gobierno, Castro ha declarado su compromiso con los derechos humanos y el impulso a nuevas formas de relacionamiento de la policía con la ciudadanía, a través de la policía comunitaria. También abordamos los hechos de violencia policial que constituyen posibles y flagrantes violaciones a los derechos humanos y están impactando en la imagen negativa de la policía. Asimismo, intentamos identificar, de manera breve, los factores que estarían incidiendo en las prácticas violatorias de derechos humanos y abusos policiales. Finalmente, abordamos algunos de los retos que tiene la institución policial para fortalecer la función policial en apego a los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana.
Descargue el informe aquí.
[1] OACNUDH. 2022. https://oacnudh.hn/wp-content/informe2022/INFORME_ANUAL_2021_OACNUDH_WEB_.pdf
