El Congreso Nacional (CN) ha respondido a las múltiples alertas sociales sobre el contenido regresivo del proyecto de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental (Ley de Licenciamiento Express). A través de un comunicado oficial, la Comisión de Medio Ambiente del CN anunció la inclusión de salvaguardas específicas, como la exclusión de territorios indígenas y afrodescendientes (Convenio 169 de la OIT) y la exclusión de proyectos mineros del procedimiento de licenciamiento expedito.
Desde el CESPAD valoramos el reconocimiento de estas demandas históricas, sin embargo, consideramos que los ajustes realizados no abordan la raíz del problema. La propuesta de Ley de Licenciamiento Express sigue siendo altamente perjudicial para las comunidades que defienden el ambiente y el territorio, por las siguientes razones:
- Se mantiene la promoción de un procedimiento acelerado para la aprobación de licencias ambientales, sin garantizar recursos mínimos de participación ciudadana ni el acceso público a la información técnica que sustenta cada autorización.
- La ley emplea un lenguaje general y vago que no delimita con precisión los tipos de proyecto según su impacto ambiental (categoría 1y 2) o su grado de afectación (categoría 3 y 4). Esto abre la puerta a interpretaciones discrecionales y a la expansión de proyectos sin controles claros. Entre las autorizaciones que podrían tramitarse de forma expedita se incluyen licencias derivadas de evaluaciones de impacto ambiental (arts. 5, 78 y 79), permisos forestales (art. 46), licencias para la caza, criaderos y exportación de fauna (arts. 42 y 44), autorizaciones para minería metálica y no metálica (arts. 63 al 65), así como permisos municipales condicionados a obligaciones ambientales (art. 62).
- El artículo 4 de la propuesta establece que la SERNA no intervendrá en el proceso de renovación de licencias, delegando completamente esta responsabilidad al titular del proyecto y a prestadores de servicios privados. Esto representa una renuncia del Estado a su deber de supervisión, facilitando el control por parte del capital privado, tanto nacional como transnacional, sobre los territorios.
- Nos preocupa que esta propuesta profundice el modelo extractivo a través de la flexibilización ambiental, en un contexto en el cual el país enfrenta una creciente impunidad, especialmente en relación con los asesinatos de defensores y defensoras que históricamente han denunciado la opacidad y exclusión de los procesos de licenciamiento ambiental.
Por estas razones, desde el Cespad insistimos en:
- Que se DETENGA la discusión en tercer y último debate de esta iniciativa, programada para hoy.
- Que se garantice un proceso de construcción plural, incluyendo a movimientos sociales, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones territoriales y ambientalistas, de manera similar a como se elaboró el proyecto con el sector privado.
- Que los diputados y diputadas recuerden a quién representan. Votar esta ley sin condiciones mínimas de control y participación pone en riesgo los bienes naturales de sus departamentos. En un año electoral, las consecuencias de su voto serán evaluadas por la ciudadanía.
Desde el CESPAD reiteramos que no puede existir inversión legítima ni desarrollo sostenible si los territorios y sus habitantes son excluidos. Es urgente detener esta ley antes de que se convierta en un nuevo capítulo de despojo ambiental y social.
Martes, 13 de mayo del 2025
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