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Desde el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, alertamos a la ciudadanía y a los actores vinculados a la política agraria y a la defensa del territorio sobre la presentación del anteproyecto denominado “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, introducido en sesión pública del Congreso Nacional el 10 de febrero de 2026 por el diputado Eric Alvarado (Copán).
El contenido del anteproyecto reconfigura de manera regresiva el tratamiento del histórico conflicto agrario. Si el Congreso Nacional procesa esta iniciativa y emite dictamen favorable, los riesgos previsibles incluyen:
- La desactivación efectiva de la reforma agraria sin derogarla formalmente, mediante la declaración de INAFECTABILIDAD de las tierras destinadas a la agroindustria, lo que neutraliza el principio de función social de la tierra.
- El debilitamiento de los controles administrativos y ambientales, debido a la tramitación preferente, plazos abreviados y la figura del silencio administrativo positivo únicamente para la agroindustria.
- La criminalización normativa del conflicto agrario y de la protesta social, al deslegitimar tomas, manifestaciones y acciones colectivas que afecten la cadena productiva, trasladando un conflicto histórico del ámbito político y social al ámbito punitivo, mediante la aplicación de los artículos 26-B y 224-A del Código Procesal Penal, así como los artículos 378 y 378-A del Código Penal Vigente.
- La imposición de respuestas coercitivas inmediatas como mecanismo institucional obligatoria, al ordenar la intervención del Ministerio Público y la Policía frente a ocupaciones o bloqueos, eliminando cualquier reconocimiento del conflicto social como categoría LEGÍTIMA.
- La presión indebida sobre la institucionalidad pública agraria y de justicia, limitando la autonomía del Instituto Nacional Agrario y de los operadores de justicia para verificar, corregir y contener irregularidades en la tenencia de la tierra.
Aunque se sugiera consultar a sectores campesinos o actores vinculados a la reforma agraria, el anteproyecto mantiene sus pilares centrales: la inafectabilidad de la tierra, el licenciamiento acelerado, la deslegitimación de la protesta y la aplicación de respuestas coercitivas inmediatas, por lo que sigue siendo un instrumento regresivo.
Desde el CESPAD, hacemos un llamado urgente a:
- Las organizaciones campesinas y defensoras del territorio, para que permanezcan vigilantes durante la discusión de este anteproyecto en el hemiciclo legislativo y exijan a las instancias competentes que aborden la conflictividad agraria mediante soluciones democráticas y participativas.
- Al Congreso Nacional, a abstenerse de aprobar de manera acelerada una normativa que reconfigura derechos y profundiza los conflictos territoriales. Es fundamental revisar su compatibilidad con el marco agrario vigente y con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, se debe garantizar que no se criminalice a las comunidades afectadas y promover un enfoque basado en soluciones estructurales al conflicto agrario, con participación efectiva de los sectores campesinos y territoriales.
- Al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en seguimiento a la documentación de la conflictividad agraria en Honduras, garantizar la protección efectiva de las organizaciones campesinas y territoriales.
Finalmente, reiteramos que garantizar la alimentación y la sostenibilidad del campo requiere poner en el centro a las comunidades campesinas y a quienes trabajan la tierra, evitando su relegamiento a marcos normativos que consolidan la concentración y la exclusión.
Tegucigalpa, MDC., 20 de febrero de 2026.
Visualiza la sesión del Congreso Nacional aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7uWH4GI1W8s
Lee el anteproyecto de ley aquí