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Ampliación del proyecto térmico en Puerto Cortés: violencia sistemática contra los derechos humanos de las comunidades y de la naturaleza

Escrito por Lucía Vijil y René Estrada, analistas del CESPAD

Apoyo en campo, Jerson Martínez, equipo del CESPAD

Plantel de la planta térmica El Faro durante su construcción. Foto: Cortesía de las comunidades afectadas.

El rechazo a la instalación de una planta de energía térmica propiedad del Grupo Laeisz, por parte de los habitantes de las comunidades de Los Mangos, San Isidro, El Faro, Marejada, San Ramón, organizadas en el Comité Pro Ambiente Vecinos de Puerto Cortés, ha sido histórico. 

Por eso, este artículo pretende caracterizar el entramado empresarial instalado en la zona desde el año 2020, la dinámica de la organización comunitaria y la forma manifiesta de violencia ecológica en el marco del conflicto. 

  • Dinámica empresarial 

La planta generadora de energía térmica El Faro, se encuentra registrada dentro de la sociedad mercantil Rentas Américas Honduras S. A. de C. V., que a su vez forma parte de Grupo Laeisz, propiedad de la familia Hirsch Flores. Rentas Américas se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, con el número de matrícula 10910. 

De acuerdo con la información pública, la actividad primaria de Rentas Américas es la compra, venta, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, venta de aceites, lubricantes, repuestos, mangueras y en general todo tipo de accesorios para vehículos de toda clase.

Asimismo, según la información disponible en la página web de Laeisz Rental, su objetivo principal es resolver las necesidades de energía de distintos negocios. Entre los rubros a los que suplen se enlistan: manufactura, telecomunicaciones, transporte marítimo, generación de energía eléctrica, agroindustria, alimentos y bebidas, construcción, energías renovables, eventos y gobierno

Los contenedores de combustible de la planta térmica El Faro, ubicados en la playa El Faro. Foto: René Estrada / CESPAD.
  • Relaciones empresariales al más alto nivel

El análisis “Redes de poder político-económico en Honduras”, identifica al empresario Bernardo Hirsch, fundador de Grupo Laeisz, como uno de los empresarios con mayor influencia y poder sobre la gran empresa hondureña. En ese sentido, no es de extrañar que Hirsch pertenezca a los sectores de la élite económica del país; de hecho, fue presidente del Club Deportivo Olimpia, equipo de fútbol que está directamente vinculado con los Villeda y los Ferrari, familias que mantiene acciones mayoritarias en el conglomerado de medios de comunicación Televicentro y Emisoras Unidas. 

En el mismo análisis se vincula a Hirsch con algunas empresas bancarias como Banco del País S.A, y agroindustriales (Corporación Dinant S.A.), esta última, una empresa que ha sido la causante de conflictividad a nivel nacional. Por otro lado, es importante resaltar que el poder económico que sostiene Grupo Laeisz trasciende las fronteras del territorio hondureño, debido a que desde el 2012 mantiene una sociedad estratégica con Distribuidora Cummins, una empresa global de desarrollo de sistemas y generadores de energía que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York.

Plantel de la planta térmica El Faro durante su construcción. Foto: Cortesía de las comunidades afectadas.
  • Antecedente de incumplimiento

De acuerdo con los registros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), RENTAS AMÉRICAS HONDURAS, S. A. DE C.V., cuenta con su ficha de inscripción como empresa generadora desde el 28 de junio de 2021, a través de la resolución CREE-36-2021. Sin embargo, basado en registros periodísticos, a la empresa Rentas Américas se le han adjudicado diversos contratos antes de su fecha de constitución. 

Según un artículo publicado en el medio digital Criterio.hn, la empresa Rentas Américas ganó uno de los cuatro contratos de la licitación 100-009/2017 para la contratación de 820 MW de potencia firme, los otros tres fueron ganados por su contraparte Comercial Laeisz. Aunque no existen denuncias respecto al proceso de licitación, en septiembre de 2020, en el marco de la pandemia por la covid-19, se reportaron irregularidades en la ampliación de los convenios. 

José Morán, ex comisionado presidente de la CREE, señaló que los contratos fueron firmados en el 2017 como una medida de urgencia para generar energía en el litoral atlántico, pero que la empresa Comercial Laeisz no cumplió con los plazos. Por eso, cuando en el Congreso Nacional se aprobó una extensión que contemplaba cambios en lo que se refiere a combustible, punto de conexión, incluso, precios y los plazos que tenían para entregar la energía, se consideró fuera de ley

Por otro lado, de acuerdo con el informe “Inspecciones a centrales generadoras de energía eléctrica” de la CREE, se registraron dos incidentes de indisponibilidad en la planta El Faro, uno causado por oscilaciones de frecuencia y voltaje en el sistema interconectado nacional y, el segundo, por falta de combustible requerido para la generación. 

  • La permisividad de la institucionalidad 

Otro factor importante que debe destacarse de la dinámica empresarial de El Faro y, por consiguiente, de Rentas Américas Honduras, es la relación que sostiene con el gobierno local, la municipalidad de Puerto Cortés. Por ser un proyecto de alto impacto ambiental, categoría 4, se necesita de la aprobación de la comunidad, mediante una consulta popular en un cabildo abierto, y de las licencias y permisos ambientales.

De acuerdo con el Comité Pro Desarrollo de Puerto Cortés, el 14 de octubre del 2022 se celebró un cabildo abierto. Sin embargo, el proceso estuvo lleno de vicios: el cabildo debía realizarse de acuerdo con el censo local, es decir, la población que se consultaría era la directamente afectada por los proyectos térmicos, pero la municipalidad movilizó grupos numerosos de personas de otros sectores de Puerto Cortés para alterar la votación, además de sobornar participantes, pagando entre trescientos y quinientos lempiras para sumar votos y conseguir el “sí” a la ampliación de los proyectos. 

A estas irregularidades se suman incidentes, también graves, como el ingreso de personas bajo el efecto del alcohol que causaron ingobernabilidad y episodios de violencia en el interior del recinto donde se celebraba el cabildo; todo esto ocurrió sin que la municipalidad procurara el orden. A pesar de todas las irregularidades y vicios denunciados, el proyecto de ampliación bajo el nombre de «Global Trade» siguió adelante. 

Por otro lado, de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa María Luisa Martell, corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) la emisión de las licencias ambientales, trasladando la responsabilidad de la municipalidad de emitir una opinión al respecto, pasando por alto sus obligaciones en términos de regulación en asuntos ambientales locales. 

  1. Organización comunitaria

La estructura organizativa en el departamento de Puerto Cortés tiene un gran recorrido. Desde el año de 1986 se organizó el “Comité Pro Desarrollo de Puerto Cortés”. Una de sus grandes victorias es que logró es que el Congreso Nacional (Decreto 72-1986) de ese momento, asegurara que el 4% de las ganancias totales del Puerto se destinaran al desarrollo de Puerto Cortés, a través de cuatro líneas de trabajo: relleno, drenaje, alcantarillado y pavimentación. Asimismo, se conformó la “División Municipal de Desarrollo” (DIMUNE), para vigilar el cumplimiento del plan de desarrollo y ejecución del presupuesto mencionado anteriormente. 

En el año 1994, durante el primer mandato del alcalde Marlon Lara, se abolió la División Municipal de Desarrollo y el plan de desarrollo “se redujo a rellenar zonas pantanosas sin instalar alcantarillados ni mecanismos de drenaje, una situación que ha desembocado en los últimos años en inundaciones prolongadas, la reproducción de zancudos y mosquitos, y el debilitamiento de las raíces de la flora local, debido a la acumulación de agua en los suelos”.

Entre los años 1995 y 2002, dos hitos importantes ocurrieron: 

  1. a) madres y padres de familias, la comunidad y otros actores locales impidieron la instalación de una fábrica frente al Instituto Franklin D. Roosevelt, argumentando la exposición a contaminantes y daños ambientales.
  2. b) la instalación de la Zona Libre en Choloma y Puerto Cortés, privatizó el servicio de transporte. 

Ambos sucesos son el reflejo de la exposición del Puerto a los intereses del mercado internacional y la reconfiguración de los rubros empresariales.  

Entre el 2000 y 2004, la población organizada se manifestó en contra de las empresas carboneras, propiedad del Grupo Continental en ese momento. “El rubro del carbón estaba afectando sobremanera a las comunidades del Puerto porque instalaban las carboneras en cualquier sitio sin mayores precauciones. El río Medina y las playas del barrio El Faro fueron uno de los más afectados por las carboneras”. Las presiones ciudadanas lograron que las carboneras se trasladaran a lugares más aislados.

Con el Golpe de Estado del 2009, los procesos de despojo se aceleraron. “Nos organizamos, recibimos apoyo de Berta Cáceres, Padre Andrés Tamayo y radios comunitarias de la Iglesia”. En el 2010 se aceleró el proceso de desalojos de las comunidades San Ramón y El Faro, (próximas a las plantas de la Texaco y otras) hacia la zona conocida como “Nuevos Horizontes”, ubicada en la salida a Choloma, caracterizada como un foco de pobreza y control territorial.

En el año 2013, René Alemán, miembro del Comité fue asesinado. La organización vincula su asesinato con las luchas ciudadanas, pero nunca hubo ninguna investigación que esclareciera los hechos. En el 2017, la alcaldía y la empresa procedieron al “mejoramiento” del terreno donde, dos años más tarde, se construyeron las plantas. El proceso inició con la apertura de calles e instalación de tuberías para distribución de agua.

Durante el 2018, continuó el proceso de relleno masivo de los humedales, luego de la apertura de calles. “En ese momento nadie de las comunidades sabía con certeza a qué respondía este proceso de relleno acelerado”. Paralelamente al relleno de algunas zonas, empezó el proceso de desalojos de la comunidad, que se manifestó de la siguiente forma: 

  1. dejando avisos/advertencias “pacíficas” para que las familias desalojaran los terrenos y se reubicaran en Nuevos Horizontes, con el argumento de que “los terrenos pertenecen a José Raudales” (vinculado a Alan Ramos, ex alcalde de Puerto Cortés).
  2. desalojos violentos con el uso de maquinaria pesada, para la destrucción de las viviendas ocupadas (sin orden judicial).
  3. no se atendieron las solicitudes de las comunidades en temas de información y otros proyectos de desarrollo.

El 6 de octubre de 2018, la empresa llevó a cabo un proceso de socialización de los proyectos de la planta térmica, pero “no se llevó a cabo con las comunidades de la península sino con comunidades de otros sectores de Puerto Cortés, es socialización fue rechazada por la SERNA del 2019”. En diciembre de ese mismo año, la municipalidad hizo la declaratoria del Puerto como “municipio verde”. 

De acuerdo con el testimonio del Comité Pro Ambiente de Vecinos de Puerto Cortés, este evento fue fraudulento ya que no contó con el respaldo legítimo de las comunidades. Las firmas con las que la municipalidad lo respaldó eran de asistencia, no eran respuestas a las consultas relacionadas a declaratorias municipales sobre asuntos medioambientales o instalación de proyectos industriales. El Comité identifica este año como el inicio de un periodo importante en la organización comunitaria, en respuesta a las amenazas.

En el 2020, la empresa inició operaciones con la actual planta de refinería y la térmica, ubicadas en la comunidad de El Faro. Para finales del 2023, “la municipalidad se ha acercado a los patronatos del sector de la península del Puerto para que acepten las ofertas de la empresa que, de acuerdo con el Comité, consiste en aprox. L. 150,000.00 “para el desarrollo de obras y proyectos sociales”. La fecha de entrega de estos fondos coincidió con la fecha del cabildo abierto del 14 de octubre de 2023. 

El Comité manifiesta que los mecanismos usados por la empresa y la institucionalidad nunca han sido formalmente judiciales. Todo ha sido a través de amenazas y avisos, sin embargo, denuncian que el mecanismo ha escalado hasta provocar violencias a través de maras/pandillas en los territorios, para que las familias a las que se pretende desalojar no tengan más alternativa que salir. De acuerdo con el testimonio del Comité, este modelo se ha implementado en las comunidades garífunas de Puerto Cortés.

Para finales del año 2023, la municipalidad organizó un tercer cabildo abierto con el objetivo de aprobar la ampliación de la tercera etapa de la planta de refinería “Global Trade”. Sin embargo, los y las integrantes del Comité indican que el proceso de consulta es sobre la ampliación del proyecto de las plantas que ya está en ejecución. La demanda del Comité es que puedan votar únicamente los vecinos/as de los barrios afectados por las plantas.

La planta térmica El Faro desde las casas del sector Los Mangos. Foto: René Estrada / CESPAD

Como últimos datos relevantes

  1. El 4 de septiembre de 2023, la organización ARCAH emitió un pronunciamiento público demandando que no se llevase a cabo el cabildo abierto hasta que no se hiciese pública la información relacionada a los proyectos térmicos. Finalmente, el cabildo sí se realizó, sin embargo, de acuerdo con la versión de personas veedoras, no se respetó el proceso ya que se alteró el censo electoral y las personas externas a las comunidades afectadas por los proyectos térmicos votaron más de una vez
  2. El 2 de noviembre de 2023, vecinos/as del Barrio San Ramón, de Puerto Cortés, denunciaron públicamente (vía redes sociales) los altos índices de contaminación del aire debido al uso de combustibles y aditivos en el plantel de Global Trade. No hay datos si la denuncia trascendió al Ministerio Público u otra institución competente. 
  3. Y el 3 de marzo de 2024, la Asociación Universitaria de Estudiantes de Puerto Cortés (ASUEPC), emitió un pronunciamiento público demandando el territorio de Puerto Cortés libre de proyectos de alto impacto ambiental (en referencia a la categoría 4).  

III. Sobre la violencia ecológica

Cada una de las distintas modalidades extractivas en el país alteran claramente la dinámica ecológica del espacio. Es decir, ningún entorno volverá a su estado original luego de la intervención humana. Algunas de las preguntas que se deben responder sobre la violencia ecológica son las siguientes: 

 

Tabla 1. Aproximaciones a la violencia ecológica

Pregunta Variables a considerar Térmica en Puerto Cortés
¿A qué dinámica económica está respondiendo este tipo de extractivismo?  Identificación de fuentes de financiamiento de la acción extractiva, actores relevantes de promoción y relaciones de ganancias establecidas. 

Al final, la dinámica económica con la que se responda como extractivismo (procesamiento de materias primas, transformación, generación, etc.) impactará de forma distinta al ecosistema. 

Como se ha descrito en el apartado I de este análisis, las acciones realizadas por Grupo Laeisz responden a una red completa de compra, venta, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, venta de aceites, lubricantes, repuestos, mangueras y en general todo tipo de accesorios para vehículos de toda clase. Asimismo, asumen un rol relevante al proporcionar energía al Estado de Honduras, lo que implica, por ende, mayor extracción de materias primas y su procesamiento que, a su vez, repercute en mayor contaminación (la cual ya ha sido denunciada).
¿Qué narrativa justifica  esa modalidad extractiva? Usualmente los proyectos extractivos asumen una narrativa de “generación de empleo”, “reducción de pobreza” y “trabajo para las comunidades”.  La necesidad de abastecimiento energético a nivel nacional. Asimismo, la satisfacción del consumo.
¿Qué otras especies se encuentran en ese territorio? y ¿qué daños ambientales se identifican? Las comunidades conocen muy bien el entorno que les rodea. Eso implica dimensionar la cantidad diversa de especies en su hábitat y los cambios que se han generado luego de la instalación de la actividad extractiva.  Un biólogo de la zona, comentó de las repercusiones sobre los humedales que han sido rellenados por la empresa: “Aquí hay varias ideas entrelazadas. Vamos a ordenarlas y mejorar la redacción:

actualmente estamos discutiendo únicamente el impacto negativo del relleno en el humedal costero. Este humedal no solo actúa como un filtro esencial para las aguas que fluyen hacia el mar en otras áreas sensibles, sino que también proporciona un hábitat vital para numerosos organismos filtradores. Durante las crecidas, como las fuertes lluvias, el humedal juega un papel crucial al filtrar el agua antes de que llegue al mar, evitando así la contaminación marina. Al eliminar el humedal costero, estamos no solo dañando el ecosistema y su biodiversidad, sino también contaminando directamente el entorno marino”.

¿En la apuesta desde la organización comunitaria existe un reconocimiento a la dimensión ecológica? Cada organización territorial posee demandas sobre su apuesta por el desarrollo desde sus intereses. Es importante identificar los elementos que rescaten la dimensión de la Naturaleza como sujeto ambiental, es decir, más allá de una plena satisfacción de las necesidades humanas. Las comunidades entrevistadas, colocan de manifiesto la forma en que se ha deteriorado el entorno natural. Y, de hecho, la mayoría de demandas en las acciones de protesta o movilización, implican directamente la afectación a la naturaleza, vinculado con daños a la salud. 

Fuente: elaboración propia.

  1. Consideraciones finales
  • Al ser una sociedad comercial dedicada al rubro de la generación de energía, se puede deducir que su principal cliente será el gobierno. Sin embargo, el antecedente documentado sobre el incumplimiento de los contratos otorgados para suplir la demanda energética del litoral atlántico demuestra que no cuentan con las capacidades para ejecutarlos, por lo que es necesario valorar la relación contaminación-producción. 
  • Las y los ciudadanos exigen mayor acceso a información sobre los contratos y formas de producción. Asimismo, la participación ciudadana vinculante en los distintos espacios municipales. Se debe destacar que ha sido la articulación u organización comunitaria, la que, con las demandas y posicionamientos públicos, han logrado detener el avance del proyecto y una mayor destrucción de los ecosistemas.
  • Con la necesidad energética en Honduras, este tipo de conflictos serán cada vez más fuertes y extendidos. Por lo tanto, si la dinámica de disputa de intereses se continúa gestionando como hasta ahora, la escala en violaciones a derechos humanos continuará en ascenso y con mayor detrimento de la democracia.